La Publicación N° 14 contiene un editorial que explica la importancia que la ideología solo sirve si se lleva a la práctica. Luego viene una explicación de las características de la empresa de economía mixta. Le sigue un artículo que explica la inconveniencia de la supresión del arbitraje en la ley LACAP como colaboración del Lic. José Roberto Barriere Ayala para esta publicación, como articulo de fondo esta el capitulo final de la serie sobre el levantamiento comunista de 1932 y su consecuencias. Inserto en entre los artículos vienen las definiciones de OCLOCRACIA Y LIBRE EMPRESA.
EDITORIAL
LA IDEOLOGIA SIRVE A LA SOCIEDAD SÓLO SI ES CORRECTA Y SE LLEVA A LA PRACTICA
La vida cotidiana presenta un sin número de problemas prácticos, los cuales tienen que ser resueltos por los individuos, porque les atañen o por el Estado, si es su atribución. Toda solución técnica, conlleva un principio ideológico. Ahora bien, este principio tiene que ser correcto, es decir, de conformidad con la naturaleza humana y generar bienestar a la colectividad, de lo contrario traería consecuencias nefastas para la sociedad.
Para nuestra exposición partamos de lo siguiente: toda corriente ideológica tiene origen en la concepción que se tiene del ser humano, o sea cómo vamos a valorar al individuo y sus atributos. Como en este análisis pretendo dos cosas; primero probar la viabilidad de la ideología liberal, en su forma económica es decir, el capitalismo. Y también dar una respuesta a una interrogante planteada por la izquierda.
José Justiniano Lijerón, ex miembro de la Central Obrera Boliviana y un fiel seguidor de la ortodoxia marxista, ha escrito un intrigante artículo, siguiendo la lógica revisionista, titulado ¿CÚANDO SE ACABARÁ EL SISTEMA CAPITALISTA?, del cual transcribo en siguientes párrafos: “Para tratar de responder a tan importante pregunta que frecuentemente nos hacemos propios y extraños, el por qué hasta ahora no se acaba el sistema capitalista de la faz de la tierra después de tantas luchas, muchos procesos revolucionarios conseguidos y que aun permanecen firmes, algunos dilapidados, otros fallidos y varios intentos ahora en desarrollo, principalmente en América Latina. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos (a la izquierda). Y también ¿por que cuando pareciera que está por retroceder semejante sistema depredador vuelve a renacer?, es decir vuelve a reciclarse y continúa en su carrera desenfrenada, para que unas minorías satisfechas continúen explotando y permanezcan como propietarias de los medios de producción, usufructuando de las plus valía en el mundo, donde impera el sistema capitalista con su premisa principal de la libre empresa, el libre mercado, y su pervertido sistema de acumulación del capital como si fuera una sentencia divina y natural”.
Del razonamiento antes expuesto se deduce la respuesta: el capitalismo es en efecto natural, acorde con la naturaleza del hombre y, si creemos que el hombre es creación de Dios, todo modelo que proceda de la naturaleza humana, es divino.
El economista mexicano Alejandro Nadal, firme defensor del marxismo (visto a la luz de Keynes y sus predecesores: el norteamericano Hyman Minsky y el polaco Michel Kalecki) dice -refriéndose a los errores económicos del modelo capitalista- y tratando de reivindicar a Keynes: “La base de esos modelos es que las economías capitalistas son sistemas de equilibrio general pero con fricciones. Es decir, el capitalismo es siempre bien portado. Pero deja de serlo cuando se enfrenta a estas fricciones que pueden ser de todo tipo: desde regulaciones impuestas por el gobierno, hasta los perversos sindicatos y, desde luego, los choques externos. Así, la academia se ha pasado los últimos 50 años refinando modelos sobre economías capitalistas de equilibrio con fricciones. Ese esquema mental impide pensar a la economía capitalista como fuente de inestabilidades peligrosas”.
Ahora bien, el capitalismo por ser natural, reacciona ante cualquier choque económico, “naturalmente” y lo hace, tal como sucede en la vida, transformándose, desechando las formas poco viables y potenciando las óptimas, a lo que estos economistas izquierdistas aducen de que el modelo capitalista deja de funcionar bien ante las fricciones, o sea la intervención de cualquier tipo es, la única verdad en lo que afirman y es porque cuando el Estado interviene para encausar la economía ocurren los mayores problemas sociales.
Pero la teoría sin la práctica es totalmente inútil, examinemos un caso concreto: el problema del transporte colectivo de pasajeros.
El transporte de pasajeros es un mercado regulado, fundamentado en autorizaciones del Estado. Ya ha sobrepasado la capacidad física del Estado para hacer efectiva esa regulación y, más aún ha llegado a tener injerencia o fuerza política propia – mayor de la que naturalmente debía como gremio- y esto se debe a dos factores: primero, a la necesidad del ciudadano de transportarse y a que el Estado considera que no tiene la capacidad de satisfacer esta necesidad sin contar con su ayuda; Y segundo, el poder económico que ha generado para las empresas el subsidio masivo ( puede parecer pequeño si sólo consideramos lo que recibe un bus, $ 9,000.00 y, un microbús $ 6,000.00) pero seria muy alto si supiésemos cuantos son los buses subsidiados y el numero de personas propietarias de esos buses. No existen datos confiables sobre el número de buses y microbuses en circulación, pues muchos de los permisos carecen del registro respectivo o simplemente son falsos y es de hacer notar que en los debates realizados sobre este problema en ningún momento se ha mencionado su número. Sin embargo, si recurrimos a fuentes derivadas de los estudios sobre el transporte, de la década anterior, había un aproximado de 15, 000 buses en circulación y, más o menos la mitad de microbuses. Pero es significativo que en los préstamos anunciados por el BID, se encuentra una partida de $ 40,000.00 para inversión en transporte, lo que implica que el Estado ya no puede soportar la carga financiera del subsidio al transporte.
Es pues evidente que las excesivas restricciones y el subsidio han distorsionado completamente el mercado del transporte y, la receta económica aplicada: aumentar el subsidio y las barreras de ingreso agravará el problema aún más, tal como lo vemos todos los días en las noticias. Está probado pues, que el modelo intervencionista del Estado ha colapsado en este sector. Veamos pues las posibles soluciones que daría el modelo capitalista.
En primer lugar suprimiría el subsidio y las barreras de entrada como consecuencia habría una tendencia al aumento en el precio del pasaje; sin embargo debido a la saturación de buses en el sistema, como lo han indicado algunos estudios, el precio tendría que mantenerse y, el ingreso de nuevos actores, reforzaría esta tendencia. El ciudadano tendría libertad de escoger transporte, según su gusto y capacidad económica. Estimularía nuevas formas de transporte, como el “pesero” mexicano, el que hemos visto surgir en Soyapango, con la crisis de estos días: el taxi compartido, lo que baja el precio individual de la carrera y aumenta la rentabilidad del taxi. Se ha desarrollado también el sistema de moto-taxi y pick-up para las cargas y el microbús como nuevo taxi. Aún hoy durante la crisis del transporte han mantenido sus precios y SIN SUBSIDIO.
Con estas medidas posiblemente, se incrementaría el uso de la bicicleta y la motocicleta, así como del vehículo compartido para los individuos que tienen un mismo destino laboral. Disminuyendo el uso de combustible.
Al principio posiblemente se originaria un caos, el cual tendría rápidamente a estabilizarse por las leyes de la oferta y la demanda. Hasta llegar a una nueva reglamentación fundada en la realidad del transporte y, sobre todo, que el Estado pueda realmente supervisar.
Veamos otros ejemplos que han seguido la misma lógica: A mediados de los 70´s, recibir clase en la Universidad de El Salvador era imposible por la politización de la misma y la Universidad Centroamericana, todavía no ofrecía todas las carreras. Esta realidad propició que las universidades privadas aparecieran naturalmente, hasta un número aproximado de cien. La primera depuración se dio con naturalidad por las leyes de la oferta y la demanda. Luego, con una regulación sencilla y, un proceso de acreditación basado en los principios de la gestión de calidad, su número ha quedado reducido a 38 instituciones de educación superior, entre universidades, tecnológicos y centros de estudio especializado, además de la Universidad de El Salvador.
La intervención del Estado inhibe la iniciativa natural, fuente del progreso. Veamos dos ejemplos más: el transporte terrestre de carga, funciona con libertad casi absoluta, a no ser por los requisitos naturales para el ejercicio de la profesión de motorista pesado. El gremio ha sabido manejar sus costos al se han dado incrementos naturales, según la condición económica nacional, obligando a la eficiencia y, a salir a del mercado a los menos capaces.
Si realizásemos un estudio comparativo sobre el mantenimiento y tipo de unidades (año de fabricación), entre los sectores de transporte de carga y el de pasajeros, encontraríamos un puntaje abrumadoramente mayor a favor del transporte de carga, que no goza el subsidio gubernamental. La necesidad económica, obliga a la eficiencia y, ésta se crea naturalmente en la afiliación a determinad gremio, que gestiona colectivamente a favor de sus agremiados, en una economía de escala. Por otra parte esta práctica es un filtro natural a la ineficiencia y a la insatisfacción del cliente. Comparativamente, hay menos accidentes en el transporte de carga que en el de pasajeros, lo cual es verdaderamente irónico, pues las cargas viajan más seguras que las personas.
El siguiente ejemplo es el de las aerolíneas, las cuales se desenvuelven de acuerdo a las leyes del mercado y logran eficiencia en sus operaciones, aún en época de crisis. Posiblemente habrá un intervencionismo a mediano plazo pues ya lo anunció así el Superintendente de Competencia.
Concluimos pues que, uno de los graves errores de apreciación de la izquierda, es confundir el capitalismo ( liberalismo económico) con el mercantilismo, en sus diferentes formas: bullionismo (mercantilismo español), colberismo (mercantilismo francés), comercialismo (mercantilismo británico), las cuales sólo son teorías político económicas, destinadas a la consolidación del nacionalismo y el interés nacional y, que carecen de sustento filosófico. El liberalismo considera la riqueza como preciosa para el individuo y, por eso, digna de ser alcanzada como fin en sí misma, por que es condición de la libertad individual: si el individuo procura enriquecerse, es un hecho muy natural. La acumulación de riqueza permite la plena satisfacción de las necesidades humanas y, lo producido y no consumido, pasa a sus descendientes, asegurándoles en cierta medida su satisfacción, lo cual es un anhelo natural en la especie humana.
La riqueza de los ciudadanos contribuya a aumentar la riqueza del Estado. En cambio, para los mercantilistas, la riqueza privada es simplemente un medio, y como tal se subordina al Estado y a sus fines de dominio.
Franz Max, sintetizando el pensamiento filosófico de Ayn Rand (Alisa Zinovievna Rosenbaum), creadora del sistema filosófico basado en el “objetivísimo”, en lo referente al capitalismo liberal dice: “es el único sistema que reconociendo la naturaleza "racional" del ser humano, y, por tanto, la "libertad" como exigencia de ésta, se fundamenta en la relación existente entre la inteligencia, la libertad y la supervivencia del hombre. Sólo en la sociedad capitalista los hombres gozan de libertad para pensar, disentir y crear; y fue esa libertad, señala la autora, la que permitió que el capitalismo superara a todos los sistemas económicos anteriores. Asimismo, sólo en esta sociedad en la que todas las relaciones son voluntarias, se reconocen y protegen los derechos del hombre, comenzando por el derecho a la vida y a la propiedad, sin los cuales ningún otro derecho se puede ejercer. En ello radicaría la justificación moral del capitalismo. Según esta línea de razonamiento, el mercado libre representa la aplicación de una "teoría objetiva de los valores", en la que el valor, o el "bien", no es un atributo independiente de la razón, la realidad, los fines y los actos de los hombres, como ocurre en las teorías "intrínseca" y "subjetivista".
El sistema liberal evolucionó con el correr del tiempo está en la etapa evolutiva de la integración, o sea, la consideración de que la realidad del mercado va mucho más allá que la de un simple ofrecimiento de un producto o servicio; hay una integración con su cliente y hacia sus empleados, en un todo; lo que en resumidas cuentas es solidaridad humana, elemento que la izquierda nunca ha considerado en el individuo, y la atribuye sólo la conciencia colectiva representada en el Estado por medio de sus gobernantes y su intervencionismo.
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
EDITOR
Concepto de libre empresa:
Es el sistema económico en que los factores de producción están sujetos a la apropiación privada y se utilizan para obtener beneficios para sus propietarios, produciendo bienes y servicios que se venden directa o indirectamente a los consumidores. Los dos rasgos principales de un sistema de libre empresa lo constituyen la propiedad privada de los bienes de capital y la producción para el mercado, con el componente de riesgo e incertidumbre que esto último implica.
La libertad de empresa implica, que todo aquel que desee ingresar a desarrollar una actividad económica es libre de hacerlo y, que se pueden combinar las actividades económicas de la manera cómo se crea más conveniente, de tal modo que cada agente económico está en libertad de conducir y administrar sus negocios de la manera que crea mejor y de ofrecer los servicios y bienes que estime apropiado.
Toda libertad nunca puede ser irrestricta y la libertad de empresa no es la excepción, el único que la puede limitar es en interés del bien común, pero en aquellos casos que la necesidad lo exija según sea el o interés público.
Art 102. Cn. Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social.
El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país.
OCLOCRACIA
Un termino que todos deberíamos conocer, pues nuestro gobierno pudiera fácilmente según los movimientos sociales que advertimos resolverse en una OCLOCRACIA.
La oclocracia es el gobierno de la plebe, es decir de la multitud desorganizada pero voluntariosa. Pretende hacer un uso indebido de la fuerza para obligar a los gobernantes a adoptar políticas, decisiones o regulaciones contrarias al interés público. Al presente es nuestro caso, pues la clase política, representada en el gobierno y los partidos políticos ceden en favor de la fuerza de la multitud que desfila por las calles, en favor de una falsa gobernabilidad y del voto futuro de la multitud.
Lo que genera la OCLORACIA es la incapacidad de gobernar de acuerdo con el bien común, por lo que la multitud se lanza a las calles reclamando que el gobierno ceda a todas sus exigencias, aunque sean imposibles de cumplir o de sostenerse en el tiempo. Si por debilidad, el gobierno cede a las exigencias de la multitud, la fuerza se impone por sobre el voto soberano.
“Si los súbditos (ciudadanos) se niegan a obedecer, el desorden sucede al orden, y obrando la fuerza y la voluntad de acuerdo, el Estado disuelto cae en su despotismo o en la anarquía” Juan Jacobo Rousseau
Las huelgas y manifestaciones que hacen al gobierno retroceder en sus decisiones, anulan el verdadero mandato soberano, y el funcionario que negocia la aplicación de la ley ante la presión de la multitud, pierde su legitimidad.
EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA: ¿ DISTORCIONANTE DE LA LIBRE COMPET
EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA: ¿DISTORCIONANTE DE LA LIBRE COMPETENCIA?
La soberanía, según definición clásica, es el poder absoluto del Estado acatado por los ciudadanos y reconocido por el extranjero. En la sociedad moderna, sin embargo, liberal, democrática y globalizada, o en el Estado Social Democrático, la aplicación de este concepto no es estricta; la realidad exige que haya cierto acomodo pacífico entre el poder soberano y la actividad natural de los particulares y, que dicho acomodo, este siempre reflejado en el orden constitucional y, esto obliga al Estado en determinado momento, a actuar conforme a los principios de subsidiariedad, sin que se afecte la libertad individual ni sufra el concepto de bien público, según la fisión ideológica que de éste se tenga, por mandato soberano de sus ciudadanos. Veamos dos vertientes de la soberanía según el concepto moderno: Primero la relación del Estado con los particulares en un asocio productivo-utilitario, como en la empresa de economía mixta; segundo: el derecho regulatorio realizado por medio de las superintendencias, o entidades con iguales características, aunque no se les llame de esa manera.
Los rasgos comunes de estas dos instituciones son:
1) Origen en el principio de subsidiariedad,
2) Propósito de alcanzar el bien común.
El entorno ideal de estos dos principios es que se desarrollen dentro de un modelo liberal democrático y no, socialista.
La razón de estas muy particulares instituciones es que el Estado pueda lograr más fácilmente sus objetivos (de bien común). Utilizando otras vías distintas y suavizando su autoridad, creando la política de “mano extendida”, en substitución con “mano con puño cerrado” y sin que se ponga en juego el ejercicio de omnipoderoso de la soberanía.
En la actualidad conviene analizar la empresa de economía mixta porque el Gobierno ha propuesto como medio de reactivación de la economía la organización de este tipo de empresas sin detallar el nivel de intervención y de número de actividades a desarrollar. Y se ha modificado la estructura orgánica de las superintendencias, con el fin de que el Estado tenga mayor poder para regular y sancionar.
La aplicación de estas dos políticas en la vida del Estado indica que éste, ha llegado a cierto grado de evolución: que pueda intervenir en la economía como si fuese un particular sin crear distorsión del mercado, con el único fin de encausar el desarrollo natural de la economía, a favor del bien común.
Ahora bien, el actuar del Estado por medio de las superintendencias consiste solo en regular las fuerzas naturales de la economía, previniendo distorsiones que pudiesen afectar al sistema y, por consiguiente, al bien común.
La evolución del ejercicio de la soberanía en el Estado Liberal Democrático se da en dos mecanismos de un todo, que actúan simultanéate: uno grueso y otro fino. El grueso será dado por los efectos tradicionales de la ley: mandar, prohibir y permitir y, el segundo ajustará las fuerzas naturales del mercado mediante acciones quirúrgicas realizadas por entidades subsidiarias ya sea por entes naturales como empresas y gremios o artificiales como en las autónomas regulatorias, pero que en resumen se rigen se rigen por los principios de subsidiariedad.
La aplicación de estas dos políticas en la vida del Estado indican que éste, ha llegado a cierto grado de evolución: que puede intervenir en la economía como si fuese un particular sin crear distorsión alguna del mercado, con el único fin de encausar el desarrollo material de la economía a favor del bien común. Ahora bien, el actuar del Estado, por medio de las superintendencias, consiste solo en regular las fuerzas naturales de la economía, previniendo distorsiones que pudiesen afectar al sistema y, por consiguiente, al bien común y, por esa razón, las sanciones que están en sus manos realizar, son únicamente de ordenar el cese de practicas distorsionantes y de aplicar multas, aunque no están desprovistas de las capacidades investigativas propias del Estado.
Para entender con claridad el papel de la economía mixta, consideremos lo siguiente: tratase siempre de mantener la economía de mercado pero agregándole un mecanismo corrector o impulsador que, sin ser distorsionante del mercado sirva al bien común. Evitase, en consecuencia, toda distorsión que afecte al sistema y al bien común. La empresa de economía mixta es la que esta constituida por la asociación de una entidad pública con una o unas particulares.
Desde el punto de vista de su gestión semejase en un todo, al funcionamiento de cualquier empresa privada: el Estado interviene como lo hace un particular y dentro del órgano de administración según su aporte, pero sus políticas serán establecidas de conformidad con la visión que el Estado tiene del bien común, por que de lo contrario una inversión con fondos públicos no tendría razón de ser.
Las diferencias entre la empresa pública y la privada, serán establecidas por sus administradores pudiendo ser de la manera siguiente:
1) La continuidad del asocio privado-estatal estará determinado por decisiones políticas y no, por los resultados financieros.
2) La misión-visión, metas, objetivos y precios, son fijados por el Estado; y, esto, porque de lo contrario la inversión Estatal sería inútil o tendría objetivos diferentes a las necesidades propias del bien común.
3) Las estrategias de la empresa mixta no pueden prolongarse mas allá de los períodos de los gobernantes que tienen a su cargo la administración de estas empresas pues el asocio establecido es en razón de la visión del bien común de conformidad con el elector.
Las empresas de economía mixta son creadas dentro de una estructura económica capitalista, en la cual el Estado para intervenir sin distorsionar el mercado, o apalancar a las empresas privadas, invierte fondos públicos. El monto de su participación y la solidez de ser el Estado, da a la institución una seguridad extrema hasta donde puede llegar el riesgo país.
La economía mixta generalmente se organiza en industrias de tecnología o de servicio de interés nacional porque un número significativo de la población goza de sus beneficios o labora en la misma. En estos casos no hay distorsión alguna, porque generalmente, la competencia interna es inexistente o mínima; pero si el Estado interviene en asocio con particulares dentro de un segmento de una industria, habrá distorsión: que afectará a los competidores de estas empresas. El grado y profundidad de la distorsión será determinado por el número de competidores no favorecidos con el asocio y en razón del número de competidores existentes.
Los criterios económicamente aceptados para la justificación de empresas de economía mixta son:
1) Equilibrar y reestructurar la economía nacional poco después de una crisis o una guerra.
2) Asegurar al ciudadano el mínimum vital de un servicio o de un producto.
Un ejemplo de este tipo de asocio, se dio a raíz de la crisis financiera del 2008 con el apalancamiento a la banca y a ciertas industrias vitales en los Estados Unidos y Europa. Lo que permitió a los Estados intervenir en las decisiones de dichas empresas.
Un compromiso de esta naturaleza exige la solidez del Estado que se esta comprometiendo a una inversión de salvamento. En el caso que citamos sucedió así: el Estado compró participación accionaria en las empresas, pero las condiciones de dicha ayuda fueron: reglamentación interna, con restricción a salarios y bonificaciones, discrepancia en la política de crecimiento de la política de crecimiento y producción de las empresas. Estas condiciones no fueron de la entera satisfacción de muchas empresas, que consideraron mejor pagar dicha participación Estatal, recuperando en consecuencia, su libertad, que no tiene más límite que las naturales reglamentaciones propias de su sector.
Los desacuerdos entre el particular y el Estado son muy comunes, basta recordar el caso del asocio CEL – ENEL en la LaGeo, empresa generadora de energía eléctrica en base a los recursos geotérmicos. El contrato firmado inicialmente en el 2001, ha generado muchos altibajos en la relación con estado – particular, hasta el extremo de llevar el conflicto por la participación accionaria, a una medicación internacional por $120, 000,000.00, por pretender el Estado modificar a su favor el contrato original. Y en estos días CEL ha sido protagonista de nuevos conflictos en cuanto a su dirección, pues públicamente ha dicho el Presidente Funes que “ha metido sus manos” para la corrección de las políticas internas de la autónoma, solicitando por medio del Ministro de Economía la renuncia de ciertos funcionarios, lo que nos prueba que aunque el espíritu de la ley en su momento promueva plena autonomía, de hecho, sigue al pie las políticas del Ejecutivo.
En este caso, las inversiones del Estado no ocasionan distorsión alguna en el mercado, pero pueden ser perjudiciales a los intereses del asociado, hasta llegar al punto de conceder préstamo sin intereses en base a utilidades no repartidas, para que el Estado pudiese cumplir sus compromisos adquiridos de subsidio, como sucedió en el 2009, en que la Junta Directiva de LaGeo aprobó un préstamo al CEL por 15.7, millones de dólares, los cuales fueron destinados al subsidio de la energía eléctrica. Y ya había sido anunciada la necesidad de nuevas inversiones para mayor generación de energía eléctrica.
Sin embargo, evidente es que para justificar el asocio a una empresa no basta con declarar que es “de utilidad pública”, pues si la inversión no se aplica indebidamente, puede provocar dos situaciones:
a) Distorsión del mercado.
b) Aprovechamiento de los fondos públicos por parte de los particulares, favoreciendo así la corrupción.
Debemos también conocer cuales son las “razones de utilidad pública”:
A) Razones de orden político relacionadas con la seguridad nacional
B) Inexistencia o insuficiencia de mercado.
Para mejor comprensión de la discrepancia puntualizamos estas desventajas:
I) Desconfianza reciproca entre los propietarios de la empresa y los funcionarios del Estado delegados a dirigir la empresa de economía mixta.
II) Confusión entre los intereses de ambos administradores. Estando la responsabilidad compartida por ambos grupos dirigentes, se corre el riesgo de comprometer el patrimonio común.
Ahora bien, no existe sistema eficaz para valorar la actuación de las empresas de economía mixta, pues los objetivos de unos y de otro socio son diferentes a menos que el Estado no tuviese otro fin que la utilidad económica, y no el bien común.
Las empresas de economía mixta bien utilizadas son una fuente de desarrollo y estabilidad económica dentro del Estado, pero siempre que cumplan con las condiciones antes dichas, de lo contrario las distorsiones en el mercado serán inevitables. Veamos en que caso:
1) En niveles medios de la economía.
2) Favorecimiento de las empresas de economía mixta en las licitaciones estatales.
3) Favorecimiento en los trámites y autorizaciones sobre importaciones y realización de operaciones.
4) Beneficios financieros por su solidez frente a la competencia.
Ahora veamos otros mecanismos de corrección del mercado con guante blanco: las superintendencias y la el arbitraje.
Las superintendencias, que al igual que la Defensoría del Consumidor, realizan una labor muy sutil de contraloría, la cual permite ejercer con suavidad el poder del Estado. Y al ser instituciones de Derecho público y tienen una relación con el gobierno por medio del ejecutivo, ya sea directamente del Presidente de la República y su Consejo de Ministros o por medio de los Ministerios de ramo, lo que a final de cuentas siempre son dependencias del ejecutivo.
Mucho tiempo ha pasado desde la creación de la Superintendencia de la Real Hacienda, durante el Gobierno del Conde de Oropeso ( 1685 a 1691), en que su función fue poner orden en las finanzas del Rey Carlos II de España ( 1665 a 1700). Su función contralora ha ido perfeccionándose a través del tiempo, y se ha convertido en una institución muy usada en los países democráticos.
Las superintendencias, modernamente, son el producto de la concepción moderna del “poder policía” del Estado, o sea que el Estado puede vigilar toda la actividad que se desarrolla dentro del mismo. Primero como vigilante y luego como regulador, pues es contrario a todo principio de libertad que el Estado intervenga y decida sobre los particulares. La noción de orden público se extiende mucho mas allá de las manifestaciones que alteren ostensiblemente la vida de los particulares, hasta llegar a la intervención en un sentido de protección, más que de coacción. Bajo este espíritu es que se crean las Superintendencias, y dos rasgos característicos son: la independencia y un poder sancionatorio “suave”, utilizando dos mecanismos: las multas en primera instancia y, ordenando el cese de la práctica por último. Y un rasgo interesante a la luz del derecho es que la sanción recae sobre el “agente económico”, por que es a él al que se quiere regular, no a las personas que lo pueden conformar (Junta Directiva, Socios etc.), a no ser que por circunstancias propias del Derecho Societario, deriven la responsabilidad civil en sus representantes y propietarios subsidiariamente ante el incumplimiento de la sociedad misma con su responsabilidad.
Nuestro país cuenta con ocho superintendencias, pues aunque sólo seis llevan esta denominación (Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, del Sistema Financiero, de Pensiones, de Valores, General de Electricidad y Telecomunicaciones y de Competencia), la Defensoría del Consumidor y el Consejo Superior de Salud Pública, de hecho, según sus fines y estructura son Superintendencias, pues su función de la primera es la de regular la relación proveedor – consumidor y, la segunda supervisar y regular todo lo relacionado con los medicamentos y el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud. En la práctica cada una de las Superintendencias existentes se complementan entre si para la protección del particular dentro de segmentos específicos del mercado.
En nuestra estructura de supervisión estatal, la Superintendencia de Pensiones, tiene características muy particulares, pues al supervisar a las entidades previsionales, quienes tienen a su cargo el patrimonio laboral individual de la sociedad salvadoreña, la supervisión es muy distante, de parte del Estado, además por sus funciones de invertir dichos fondos, aunque por ley sus inversiones estas casi limitadas a la compra de bonos estatales, la contraloría de dicha actividad sería mas eficaz si estuviese bajo la Superintendencia del Sistema Financiero o directamente del Banco Central de Reserva.
Existe en la actualidad una tendencia cada vez mayor de restar independencia a estas entidades, siempre a favor del gobierno central. Veamos lo que esta sucediendo en nuestro medio: Al aprobar la Asamblea Legislativa la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, y de hecho fusionar dentro de una gran superintendencia, las que la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia del Sistema Financiero, les ha restado autonomía y poder de decisión, tal como lo han expresado en sus considerandos los diputados. Igual tendencia lleva el Consejo Superior de Salud pública, sobre el cual existe el debate de la necesidad de compartir o suprimirle atribuciones, para que las ejerza el Ministerio de Salud.
La tendencia de concentración de poder por parte del Gobierno central, en cada una de las actividades de libre ejercicio y regulados principalmente por las fuerzas naturales de la economía va desapareciendo.
La tendencia intervencionista por parte del Estado, va a propiciar a mediano plazo, graves crisis económicas dentro de nuestro país, y una confrontación de entidades públicas, cuyos procesos podrían agravar la ya precaria situación de las Salas de lo Constitucional y lo Contencioso Administrativo.
Pongamos un ejemplo: la intervención del Estado por medio de empresas de economía mixta, si crean una tendencia favorable a ellas, habría una competencia desleal, frente a las otras empresas, lo que obligaría a recurrir a la Superintendencia de Competencia, y cuya ley es hasta este momento muy clara: velar por la libre competencia, con exepción de aquellas actividades propias del Estado o en las que ejerza monopolio.
NO DEBE ELIMINARSE EL ARBITRAJE ESTATAL.
Por el Lic. José Roberto Barriere Ayala
Estamos en tiempos difíciles, ante un aparato estatal que está fragmentado por diversas razones, lo que le impide tener total capacidad de dirección. Se están incrementando los abusos contra la empresa privada, siendo necesario que existan controles del poder de la administración pública, de lo contrario, estaremos frente a la tiranía y la violación de los derechos fundamentales.
Específicamente en el tema de las adquisiciones y contrataciones públicas, desde los gobiernos anteriores se han dado abusos que han afectado a empresas, algunas de las cuales han tenido que cerrar, o están involucradas en procesos legales para revertir los daños.
En ese contexto, la institución del arbitraje ha sido una ayuda eficaz para corregir esos abusos, pero desde las reformas del año 2009, se ha pretendido restarle fuerza y las próximas reformas a la LACAP contemplan eliminarla virtualmente. No necesito decir que al eliminar el arbitraje se está privando a la nación y a la empresa privada de un mecanismo de control del poder público, por tanto, es un grave retroceso, generando mayor inseguridad y anarquía.
En la reforma se plantea que los conflictos que surjan de los contratos administrativos serán resueltos en la vía judicial, salvo que exista pacto expreso de someterse al arbitraje, lo cual es una forma no muy honesta de eliminar el arbitraje, pues no debemos olvidar que no existen juzgados competentes para ese tema y no es muy probable que una institución pública se someta al arbitraje, pues representa un mecanismo de control.
Desarrollando las ideas: No existen juzgados competentes para conocer de conflictos contractuales, pues éstos son materia de Derecho Administrativo, que es una rama especial de las Ciencias Jurídicas totalmente diferente a las demás, no siendo posible que un Juez de lo Civil y Mercantil conozca del tema pues no es su especialidad. Es como pedirle a un dermatólogo que haga una operación de corazón abierto. Y tampoco la Sala de lo Contencioso Administrativo puede conocer de ese tema pues su competencia es para actos administrativos unilaterales, no para contratos, que son bilaterales, además que está sobrecargada. Sería necesario entonces establecer juzgados de lo administrativo y formular una ley de procedimientos administrativos, de lo contrario no hay juez competente y mal se hará en darle competencia a juzgadores que no son especialistas en el tema, quienes deberán declararse incompetentes.
La otra idea, la posibilidad que las partes pacten un arbitraje, no es posible, pues los contratos públicos o administrativos son contratos de adhesión, en los cuales las instituciones redactan las bases de licitación y el contrato de forma unilateral, por tanto la posibilidad que se llegue a ese acuerdo es nula, pues lamentablemente todavía no tenemos el nivel de ética gubernamental suficiente para hacerlo.
Vemos como la posible reforma, de continuar igual, está dejando a los contratistas sin un mecanismo de defensa. Es entonces vulneradora de la Seguridad Jurídica, del Derecho de Defensa, del Debido Proceso, etc. que son Derechos Fundamentales importantísimos, creando un clima totalmente desfavorable para la inversión nacional y extranjera, y dotando a las instituciones del poder de abusar de los contratistas sin ningún control, lo que puede degenerar en confiscación del trabajo o en trabajo forzado, como si estuviéramos en un estado totalitario.
Aún cuando fuera posible que conocieran de ese tema algún tribunal existente –que insistimos que es ilegal e inconstitucional-, esa reforma está impactando más sobre los contratos que sobre los contratistas, pues acudir a la vía judicial para resolver los conflictos contractuales implica un pleito que durará mucho más tiempo que el arbitraje, para mientras, los contratos estarán suspendidos y los fines que los mismos persiguen también. No creo que sea eso lo que pretendan nuestros legisladores.
Es imperativo que los señores diputados reflexionen sobre el tema y que no partan de desagradables experiencias del primer órgano del Estado en el tema arbitral, o que tomen a mal que la mayoría de arbitrajes los han ganado los contratistas, pues ese hecho, no es revelador de malos manejos en los procesos arbitrales, sino que revelador de malos manejos en la planeación y ejecución contractual, lo que es culpa de las instituciones, lo que no puede dejarse sin control, pues de lo contrario, están vistiendo de impunidad a los abusos y errores de la administración pública, y estoy seguro que nadie votó por los diputados para que formulen leyes en las cuales se desproteja a los derechos de los particulares y de las empresas.
Sirvan estas líneas como excitativa para que legislen de acuerdo a la Constitución de la República evitando pisotear los derechos y los intereses de las personas honradas que pagamos impuestos. Y sobre la base de lo expuesto, que no eliminen la institución del arbitraje en los contratos públicos. De lo contrario, la patria les demandará que cumplan el juramento que hicieron al tomar posesión de su investidura.
Colaboración para
PUBLICACIÓN ACCIÓN de
José Roberto Barriere Ayala
“Una Visión Legal al Servicio de Ofertantes y Contratistas”
EL LEVANTAMIENTO COMUNISTA DE 1932.
PARTE IV. HECHOS POLÍTICOS DEL 32.
Introducción
Después de un receso por causas imprevistas e involuntarias, reanudamos el trabajo con este último artículo de la serie sobre EL LEVANTAMIENTO COMUNISTA DE 1932, y del cual todavía hay personas que lo recuerdan con tristeza, con aflicción y aún con verdadero espanto. Por esta razón nos parece que no es conveniente en este artículo narrar fríamente los sucesos de esos días, los cuales han tenido en el transcurso del tiempo una honda repercusión en la vida nacional, además de que, en cierta medida, los descendientes o parientes de quienes tomaron parte en aquella tragedia, aún siguen en la palestra política, como continuación generacional de un problema ideológico aún no resuelto en El Salvador.
Por consiguiente, creemos más conveniente y útil para nuestra vida nacional hacer algunas reflexiones sobre los aspectos subjetivos que fueron determinantes en ese momento, tanto por parte de las autoridades de la época, como de los promotores del alzamiento.
Este enfoque tiene por fin penetrar en la intencionalidad de los participantes, pues los hechos han sido expuestos por múltiples autores. Sin embargo, es de hacer notar que en la medida en que va transcurriendo el tiempo, los hechos han tendido a mitificarse y, a juzgarse con una lógica política y doctrinaria moderna, totalmente alejada del pensamiento de la época en la cual tuvieron efecto.
El tiempo ha palidecido la imagen de los terribles sucesos de 1932, por el fallecimiento natural de todos los que lo vivieron o fueron actores directos. Lo que solemos recordar es el conflicto armado que finalizó con los Acuerdos de Paz de 1992, cuando en realidad, ha sido una lucha continua del comunismo, por implantarse como sistema de vida en la nación, desde antes de 1932. Y, si bien se le ha combatido militarmente, cuando han tomado las armas en dos ocasiones, no se les ha combatido ideológicamente. Ha sido sólo, el sistema liberal democrático, el que ha impedido que las ideas comunistas penetren en la mayoría de los ciudadanos que conforman en conjunto, la conciencia nacional.
Siembra de las ideas
Antes que nada, es conveniente precisar el lugar en donde las ideas comunistas germinaron por vez primeras en nuestras tierras: fue en la Universidad Nacional de El Salvador, en el año de 1919. Fue allí donde funcionó paralelamente, La Universidad Popular, cuya finalidad fue la enseñanza del marxismo. Algunos de sus profesores fueron el Doctor Salvador Ricardo Merlos, Zoila Argentina Jovel, Francisco Luarca, Francisco Marín y Esteban Pablestieh (de origen peruano y de padre croata).
Algunos establecen los orígenes del comunismo en El Salvador, en la Sociedad Confederada de Obreros de El Salvador, fundada en 1904; sin embargo, los postulados de esta, son congruentes con los movimientos gremiales obreros norteamericanos y europeos de la época, no relacionados con el comunismo; más bien, son una reacción contra el liberalismo imperante en la época.
Las ideas comunistas nuestras, provienen de México, donde fueron sembradas por los Hermanos Flores Magón, en los albores de la Revolución Mexicana de 1910 que trataron de capitalizar sin éxito, el movimiento agrario de Zapata. Y con posterioridad, volcaron sus ideas hacia Guatemala y El Salvador.
Esta referencia es capital para entender los sucesos salvadoreños de la época, pues fue precisamente en la Universidad de El Salvador, donde Agustín Farabundo Martí adquiere estas ideas y se convierte en un activista político.
En 1920, Martí, al ser encarcelado por primera vez (por apoyar al derrocamiento del Presidente de Guatemala Rafael Estrada Cabrera), la Asociación de Estudiantes Universitarios de El Salvador pide su liberación. Con posterioridad, colabora con los obreros comunistas mexicanos hasta 1925, desempeñándose en dicho país, como líder del Socorro Rojo Internacional, fundado en 1922 y el cual, en México, funcionaba bajo el nombre de Liga Pro Luchadores Perseguidos.
Años mas tarde ser expulsado del Estado Mayor del General Augusto Cesar Sandino, pronuncia celebres sentencia “Cuando la historia no se puede escribir con la pluma, se escribe con el rifle”. En esta afirmación podemos advertir claramente, lo que en el futuro serian los sucesos de enero de 1932 y, además de su muerte en el paredón de fusilamiento, afirmando su atea fe revolucionaria, y negando la fe católica, en la que había sido criado y que en ese momento, le ofrecía el último consuelo.
Este pensamiento de Martí, suele ser citada en sus múltiples biografías y en otros escritos comunistas, pero ésta en particular, la he tomado de “Farabundo Martí. Apuntes para su Biografía” del Argentino-Venezolano Fernando Ramón Bossi, Secretario de la Organización Bolivariana de la Emancipación de los Pueblos.
Expansión de la doctrina comunista
Ya en nuestro país el movimiento comunista, toma para sí las organizaciones sindicales obreras ya existentes, las cuales ya habían sido reconocidas como fuerza política (en un sentido amplio) a partir de 1911, llegando a su punto más alto en 1918, habían seguido un desarrollo lógico y congruente con la transformación del país y como resultado de los beneficios producto del desarrollo de la caficultura como principal fuente de los ingresos nacionales.
Cuando el Ingeniero Arturo Araujo, durante la presidencia de Don Carlos Meléndez en 1918, financia totalmente la realización del primer congreso obrero salvadoreño, dio como resultado la creación de la UNIÓN DE OBREROS SALVADOREÑOS, esta organización marca un cambio en la dirección del sindicalismo nacional: por vez primera, la organización cuyos fines eran sólo los propios del gremio se atan a los intereses políticos partidarios, o para la búsqueda del poder.
La organización de dicho congreso estuvo a cargo de Don Alberto Masferrer y del Doctor Salvador Ricardo Merlos, quienes establece una relación política que duró hasta la llegada a la presidencia, del Ingeniero Araujo, quien recibió el apoyo de los grupos comunistas, por ser convenientes a sus fines y además, por allanar el camino en su lucha revolucionaria.
La política de penetración comunista, en los años inmediatamente posteriores al triunfo de la Revolución Rusa de Octubre de 1917, era penetrar y apoderarse de organizaciones obreras ya existentes, pues consideraba que era en ese segmento de la población, donde se manifestaban claramente las diferencia de clases y, por tanto, la lucha de clases. En consecuencia en los primeros años, el comunismo de nuestro país, no se relacionó con los sectores campesinos, pues eran considerados “de otra clase”.
Sin embargo fue a partir de la candidatura del Ingeniero Araujo en 1930 (Partido Laborista Salvadoreño) en que se fija como segmento poblacional a conquistar, el campesinado, algunas de las obras de Don Alerto Masferrer ayudan a preparar este camino :
Estas ofrecen un marco político e ideológico favorable al quehacer revolucionario en nuestro país y, durante la campaña del Ing. Araujo, Masferrer ofrece repartir tierras a los campesinos, creando en estos, expectativas irrealizables y, que con posterioridad, frustraron los deseos de éstos, lo que creó un campo fértil para las ideas comunistas de la época y el levantamiento campesino de enero de 1932.
Influencia del Comunismo Internacional
El comunismo internacional entra como fuerza política relevante en 1930 y realiza un proselitismo muy activo, aprovechándose de las coyunturas políticas del momento y de los resabios de antiguas disputas, por la tenencia de la tierra y privilegios políticos perdidos.
En esta coyuntura eleccionaria se fijan como objetivo a conquistar, las antiguas organizaciones indígenas coloniales (Las Cofradías), que habían sufrido detrimento en su poder, con el establecimiento de El Salvador como estado independiente y la secularización del Estado.
El campesinado desde el tiempo del coloniaje estaba organizado en agrupaciones religiosas, llamadas cofradías y hermandades, las cuales poco a poco van separándose del poder político de la Iglesia Católica, hasta poseer vida propia, este fenómeno muy bien estudiado en la investigación “El Salvador, 1932: Los cofrades insurrectos. Herencia corporativa colonial en la sociedad salvadoreña” de Pablo Benítez. Presenta una realidad sociológica muy particular en nuestro país en ese momento, y que explica algunas acciones de la época.
Siendo las cofradías o hermandades instituciones de herencia hispánica colonial, encontramos también que ya en Guatemala, en 1947, tratan de abolírseles por medio de decreto, pues el poder político de las mismas era enorme, considerando que más de las tres cuartas partes de la población de la época, era conformada en dicho país, por indígenas campesinos, los cuales estaban organizados políticamente de esta forma.
Análisis de las fuerzas en conflicto
Para entrar a valorar los acontecimientos de 1932, tenemos que ver tres puntos de vista: la concepción política comunista de la época dentro del contexto de “lucha anti imperialista”, así como su método de lucha y propaganda. Luego, considerar las peculiaridades políticas del momento, dentro de un entorno centroamericano y, su relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Por último, se valorará la doctrina militar de la época y la concepción que se tenía sobre el Estado.
Los acontecimientos de enero de 1932, son el desenlace de acontecimientos iniciados en la campaña electoral de 1930, por que el comunismo entra de lleno a la política, propiciando las candidaturas de sus cuadros a las Alcaldías Municipales, esto como punto de inicio para su escalada al poder y, ejerciendo sus miembros el derecho soberano a acceder a cargos públicos y a elegir a sus representantes, aunque no se les hubiese reconocido como partido contendor, su participación política estaba asegurada (Por analogía: el FMLN es partido político, pero sus tendencias internas, como las FPL o el PC, no están reconocidos legalmente, pero existen mediante el ejercicio individual del poder soberano de los miembros del partido político).
(Tehuantepec, Nicaragua, Panamá, a propósito del canal de Suez)”, en la que hace una relación de cuarenta intervenciones armadas en Latinoamérica entre los años 1900 a 1933, tendremos idea clara de la situación geopolítica de Centroamérica en esa época: por sus operaciones en Nicaragua, los barcos de guerra estadunidenses y canadiense, pudieron realizar por un muy breve plazo, un desembarco el día 24 de enero, a dos días de iniciado el alzamiento, pues es de suponer que desde los acontecimientos de diciembre ya patrullaban nuestras costas.
a Feliciano Ama por su actividad en la campaña electoral dirigida por el Partido Comunista, para advierte que ese "hueso tenía hormigas coloradas". Ama le respondió: "Si las hormigas coloradas me devoran, no importa", conversación referida por Miguel Mármol. Y aclara que el gobierno conocía las actividades la zona de Izalco de los comunistas y, así también sabía de las actividades realizadas en la Sierra Apaneca-Lamatepeq y en la Cordillera del Bálsamo.
Por su parte, los partidos no comunistas, mantuvieron rivalidades hasta el momento último de la votación, lo cual permite inferir que sí tenían conciencia del peligro común y, que debían sobreponen sus diferencias en razón de este interés común, como lo habían hecho ya en las elecciones anteriores en Ahuachapán, en que se habían presentado tres planillas y el día de la votación, habían hecho una sola lista los opositores a los comunistas, dejándolos fuera de la contienda, como lo refiere el Dr. José Enrique Silva en un articulo periodístico refiriéndose al la pureza de las elecciones en ese momento.
“ El jefe de Operación de la Zona Occidental de la República, General de División José Tomás Calderón, saluda atentamente en nombre del gobierno del General Martínez y en el suyo propio, al almirante Smith y Comandante Brandeur, de los barcos de guerra Rochester, Skeena y Wancouver, y se complace comunicarles que la paz en El Salvador está restablecida, que la ofensiva comunista ha sido totalmente abatida y dispersa y que se llegará a la completa exterminación. Que están liquidados cuatro mil ochocientos Bolcheviques” f. General José Tomás Calderón
Ley de Amnistía 1932
DECRETO No. 121.- (julio 1932)
Art. 1.- Se concede amplia e incondicional amnistía a favor de las personas que hubieren participado en la rebelión comunista de los días veintidós y veintitrés de enero próximo pasado, en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán o en otras poblaciones; quedando exceptuados los individuos que aparecieren culpables de los delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio, violación y lesiones graves.
Art. 2.- Asimismo se concede amplia e incondicional amnistía a favor de los funcionarios, autoridades, empleados, agentes de la autoridad y cualquiera otra persona civil o militar, que de alguna manera aparezcan ser responsables de infracciones a las leyes, que puedan conceptuarse como delitos de cualquier naturaleza, al proceder en todo el país, al restablecimiento del orden, represión, persecución, castigo y captura de los sindicados en el delito de rebelión antes mencionado.
PALACIO NACIONAL: San Salvador, a los trece días del mes de julio de mil novecientos treinta y dos.
Cúmplase,
MAXIMILIANO H. MARTÍNEZ
Presidente Constitucional
MIGUEL ANGEL ARAUJO,
Ministro de Justicia.
Art. 1.- Se concede amplia e incondicional amnistía a favor de las personas que hubieren participado en la rebelión comunista de los días veintidós y veintitrés de enero próximo pasado, en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán o en otras poblaciones; quedando exceptuados los individuos que aparecieren culpables de los delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio, violación y lesiones graves.
Art. 2.- Asimismo se concede amplia e incondicional amnistía a favor de los funcionarios, autoridades, empleados, agentes de la autoridad y cualquiera otra persona civil o militar, que de alguna manera aparezcan ser responsables de infracciones a las leyes, que puedan conceptuarse como delitos de cualquier naturaleza, al proceder en todo el país, al restablecimiento del orden, represión, persecución, castigo y captura de los sindicados en el delito de rebelión antes mencionado.
PALACIO NACIONAL: San Salvador, a los trece días del mes de julio de mil novecientos treinta y dos.
Cúmplase,
MAXIMILIANO H. MARTÍNEZ
Presidente Constitucional
MIGUEL ANGEL ARAUJO,
Ministro de Justicia.
LA VERDADERA VIDA
“To be or not to be…”
Viven tan solo aquéllos que combaten;
los que ante el sufrimiento no se abaten;
aquéllos que en el alma y en la frente
lucen un noble ideal fosforescente;
los que animados de ambición gloriosa
llegan hasta la cúspide escabrosa;
aquellos que caminan pensativos
persiguiendo sublimes objetivos;
ésos que de noche y de día, a toda hora
sueñan con una obra redentora,
o tienen la visión, que los domina,
de un gran amor y una piedad divina.
Esos son ¡oh, Señor! Los que reciben
El aliento inmortal; son los que viven.
Compadezco, Señor, a los restantes,
que yacen en la sombra, agonizantes,
embriagados, en medio del vacío,
con un extraño aburrimiento frío.
No se concibe carga más pesada
Que existir sin vivir, que no ser nada;
Que agitarse en estéril aislamiento
Sin elevar el alma al firmamento;
que arrastrar, apartados de la lumbre
De belleza, la muda pesadumbre,
La carga triste, inútil y pesada
de existir sin vivir; de no ser nada.
José Henríquez Figueira.
Estos versos, recuerdan a los héroes que murieron gloriosamente por haber combatido la doctrina extraña y feroz del comunismo internacional desde 1932 hasta nuestros días. Soldados, clases, oficiales y jefes caídos en el cumplimiento de su sagrado juramento. Y de los civiles que combatiendo ideológicamente y cayeron en un segundo alzamiento comunista, dentro de los que se destacan: Lic. Edgar Chacón, Ing. Gabriel Payés, Padre Francisco Pecorini Letona, Dr. Francisco José Guerrero y Dr. Antonio Rodríguez Port.
Los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992, tuvieron por objeto poner fin al conflicto armado, para entrar a un proceso político, por lo que se promulgó la LEY DE RECONCILIACION NACIONAL, el 23 de enero de 1992, con la finalidad de cerrar esa etapa de la vida nacional como ya se había hecho anteriormente en 1932.
Sin embargo, el comunismo nunca ha cejado y, en varias ocasiones se ha intentado la derogación de la ley antes mencionada, para poder juzgar a los actores que en su momento se opusieron a sus planes. Los Generales Osmin Aguirre y Salinas y José Alberto Medrado, ya ancianos y excluidos de la política del momento, fueron asesinados. Los Generales Juan Rafael Bustillo y Eugenio Vides Casanova, son procesados en el extranjero por sus acciones, junto con otros oficiales. Las acciones de todos ellos estuvieron enmarcadas dentro de sus estrictas atribuciones militares.
Desde el momento en que una tropa en tiempo de guerra, traspasa la Comandancia de Guardia y, se le ordena aprovisionar y cargar sus armas de equipo, estan plenamente consientes que su obligación es la neutralización del enemigo, para eso ha sido su entrenamiento de acuerdo a un mandato Constitucional y, que la captura del enemigo esta condicionada a la resistencia que este presente dentro del teatro de operaciones y, los procedimientos a aplicarle con posterioridad, estarán condicionados a la utilidad o información que pueda proporcionar para facilitar operaciones futuras en defensa de la soberanía nacional.
De igual modo, se esta consiente de la posibilidad de morir en el cumplimiento del deber o de ser capturado por fuerzas enemigas. Pedir una conducta diferente en tiempos de guerra es contrario a la lógica y al derecho mismo. Pues el derecho derivado de la guerra se fundamenta en la reciprocidad o JUS GENTIUM y no, en los derechos derivados de la persona misma, pues por la axiología misma de la guerra, el enemigo siempre desconoce el derecho del contrario, por que le asigna valores negativos, por esa razón ha sido regla per se la reciprocidad y la plena identificación a las fuerzas a las que se pertenece.
Toda convención y tratado sobre prácticas de guerra, se fundan en estos principios. El derecho moderno pretende establecer responsabilidades según la cadena de mando bajo la doctrina de la responsabilidad del mando, la cual en la práctica es de muy difícil juzgamiento, e incluso la de determinación de la extensión de la cadena de mando; ¿ hasta que punto de la línea de mando llegara la responsabilidad?, pues la cadena de mando se origina en el mismo sitio del origen del poder soberano y su determinación para fines prácticos, va limitada por criterios eminentemente políticos. Y a su vez, las acciones particulares de los mandos inferiores responderán a entrenamientos previos a la ejecución de las operaciones, por lo que sus acciones tienen que ser valoradas mas allá del jefe inmediato superior.
Mucho podemos hablar sobre doctrina militar y su responsabilidad a la luz del derecho, sin embargo, la realidad de la responsabilidad en el teatro de operaciones y sus consecuencias no pueden ser expresadas de mejor forma que en las palabras del Doctor (abogado) y General Francisco Zeledón Rodríguez, quien el 2 de octubre de 1912, al enfrentar a una fuerza conjunta de marines estadounidenses y conservadores nicaragüenses, de cinco mil quinientos hombres, en Nindirí, en las cercanías de Masaya, se le pide su rendición junto al ejercito bajo su mando, para evitar muertes innecesarias, porque poseía fuerzas marcadamente inferiores, a lo que respondió:
“Señor, no se trata de mi persona, sino de un deber sagrado que tendré que cumplir hasta que muera. Yo no me pertenezco, pues sirvo a mi Patria”.
Días después el General Zeledón muere luego de ser capturado y herido en combate, con posterioridad a su captura, el Coronel Pendelton de las fuerzas norteamericanas, en un oscuro telegrama, avala la muerte del General vencido, por considerarlo conveniente a sus interese militares. Parte de la oficialidad que acompañaba al General Zeledón en la defensa del suelo nicaragüense, eran militares salvadoreños voluntarios.
En el conflicto armado en nuestro país, la Fuerza Armada de El Salvador comparativamente, respeto más veces la integridad de los capturados que lo que hizo la guerrilla.
Los asesinatos de antiguos militares y la intención de procesar a quienes ya no tienen mando y están fuera de la política; no es exclusivo de El Salvador, lo mismo se ha hecho con militares en Chile, Argentina y Colombia. La lucha y afán de venganza con fin ejemplarizante de la izquierda, y de quienes pretenden ser superiores, es constante y son implacables, para con quienes se les han opuesto.
