Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



domingo, 29 de julio de 2012

EL SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS HA FUNCIONADO HASTA AHORA


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Por Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN
San Salvador, 29 de julio de 2012

A pocas horas de conocer que la tercera ronda de negociaciones en Casa Presidencial, se ha entrampado, ante la pretensión de una “ratificación” de la elección del 2012, ya declarada inconstitucional, es una confirmación que, hasta ahora, sí, ha funcionado el sistema de pesos y contrapesos de nuestra Constitución.
Un sistema de contraloría de poderes, entra en funcionamiento, cuando el gobernante se ha excedido en sus funciones, operando primero, en un plano estrictamente jurídico, pero, de ser necesario, si la prohibición no es suficiente, se activa un último mecanismo, el del Art. 87 de la Constitución, el cual literalmente dice:

“Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución.
El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución, y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución.
Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución”

Este Artículo constitucional, sigue, inmediatamente  después, del precepto que establece dos ejes fundamentales, en nuestro sistema de Gobierno: 1°) “El poder público emana del pueblo” y 2°) “Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.”.  El Articulo 87, es el último contrapeso para “trabar” cualquier pretensión inconstitucional, basado en criterios estrictamente políticos. El término, “trabar”, es el comúnmente utilizado, pero, el vocablo apropiado, es “consumar”, pues, la presión social, evita su legitimación.

La sociedad, manifestándose de cualquier forma, desde una protesta, manifestación, o acción violenta que, evite el rompimiento constitucional, está amparada en el Art. 87 Cn., sin la necesidad que se dé la deposición del funcionario, por vía de fuerza directa; esta afirmación es, basándola en el principio: “si permite lo más, permite lo menos.”

La presión pública, ha creado inestabilidad en el país; esto prueba la ingobernabilidad existente y, en un mundo globalizado, un proceso de este tipo, causa inquietud. Además, si bien, salvadoreños se han abocado a los Estados Unidos y, a la Unión Europea, advirtiendo el peligro de un rompimiento del orden constitucional y sus consecuencias jurídicas y sociales, y con el cual, está en desacuerdo la ciudadanía, se ha recurrido también, a instancias Nicaragüenses y Venezolanas, procurando, las fuerzas políticas contrarias a las manifestaciones de la ciudadanía,  consolidar un nuevo orden constitucional.

La solicitud del FMLN de  que "no intervengan otras fuerzas de la sociedad" y del Presidente Funes, de que “hay personas de que sin para qué, se meten, si no tienen nada qué hacer” carece de sentido, pues, si se está negociando, en  forma clara y abierta, es, precisamente, por la fuerza de la sociedad indignada. Por ahora, no se ha vuelto a manifestar  esta sociedad de manera directa, tal como lo hizo el día doce del corriente mes, pero, eso no significa, que la misma posibilidad y exigencia, no exista.

Siguiendo el orden Constitucional, se ha permitido que, el partido político de oposición, negocie conjuntamente con un partido minoritario, consciente del problema. Sin embargo, al incluir el FMLN, otros temas, fuera del  de el cumplimiento de las Sentencias de la Sala de lo Constitucional, su acción es proclive a otro rompimiento del orden Constitucional y, apropiándose el FMLN de lo que no ha hecho: ejercer el derecho de insurrección; el que pretende romper el orden Constitucional, no puede imponer condiciones. Todos los que participaron  en dicha marcha y, han exigido el restablecimiento del orden Constitucional, no quieren más modificaciones a la Constitución, sino SU RIGUROSO CUMPLIMIENTO.

Toda modificación a la legislación, debe concretarse en la ley secundaria, pues la Constitución no ha sido hecha para modificaciones, producto de problemas mediáticos. La Constitución por su naturaleza, puede  y debe interpretarse a la luz de la realidad nacional, según el sentir de la población y, es atribución de todo funcionario público, buscar el bien común, mediante la aplicación de la misma, en actos concretos; sin embargo, la autoridad máxima para interpretarla en casos de conflicto, vale decir, cuando un órgano la interpreta según su interés, es la Sala de lo Constitucional, la cual tiene la facultad de LEGISLAR EN SENTIDO NEGATIVO, o sea, dejando sin efecto, los Actos,  que a su criterio, son INCONSTITUCIONALES. Por esa razón, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son nombrados por mayoría calificada.

Debemos tener claro que, de reelegir a los Magistrados del 2012, estarían legitimando lo actuado por la Asamblea Legislativa 2009-2012, lo cual, de hecho, no subsanaría el fondo en cuestión: la Corte tiene que renovar el pensamiento ideológico-jurídico, según sea la tendencia política del país. Esta renovación, se hace, mediante la substitución  de  Magistrados, que sustentan la corriente ideológica- jurídica predominante, según el mandato soberano, expresado en la conformación de la Asamblea Legislativa.

Este sistema, de renovación del pensamiento, en la Corte Suprema de Justicia, al ser cada tres años, va cambiando, siguiendo la lógica política, en la Asamblea Legislativa; permitiendo así, adecuar de manera insensible, el pensamiento ideológico en la Corte Suprema de Justica, mediante cambios parciales en sus distintas Salas.

Sin embargo, este sistema lo degenera,  la Asamblea Legislativa, por dos razones: la primera, es al considerar los  partidos políticos, la existencia de “cuotas” de Magistrados, lo cual, crea una dependencia directa del Magistrado, hacia el partido político que lo propuso. Y, la segunda, es cuando, las cuotas de Magistrados, son asignadas, según sea la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, pues, una coalición, jamás puede considerarse fuera del recinto legislativo. La voluntad del  ciudadano, va en razón de una simpatía ideológica o personal, con el diputado. Por otra parte, incluso la representación popular, se ve desnaturalizada, por el perverso sistema de cocientes y residuos. Este sistema equipara, jurídicamente y  soberanamente, a quienes en  realidad, no son comparables: pues de aceptar esta equiparación, afirmamos que 25,000 votos (voluntades soberanas) tienen el mismo valor que  5,000. En este caso, al equiparar la representación de un diputado por cociente, con uno, por residuo, damos más fuerza soberana al que no lo tiene y, la  restamos al que la tiene.

Estas deformaciones de la voluntad soberana, en la elección de primer grado, son potenciadas en la de segundo grado, por lo cual, la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, no es representativa de la voluntad electoral, existiendo  siempre  la posibilidad de manifestaciones en contra de las decisiones de la Asamblea Legislativa, en cuanto se alejen del sentir del soberano.

sábado, 21 de julio de 2012

EL GOBIERNO QUE PIERDE AUTORIDAD Y, REALIZA ALIANZAS CON FUERZAS ILEGÍTIMAS.



Por Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador 21 de julio de 2012.

Cuando el gobernante pierde autoridad, porque es desconocido por sus electores, procura nuevas alianzas con las distintas fuerzas políticas que gozan del favor electoral o, legitima su poder por medio de una nueva elección. Estos son medios para que nacionales y extranjeros, admitan como real, la legitimidad de su mandato.

En tales casos, como en Europa o Israel, la solución es el cambio del gobierno o la recomposición del mismo, pero buscando siempre seguir la corriente del sentir nacional o soberano.

Pues, actualmente, en nuestro país, estamos comprobando un fenómeno similar, pero nuestros funcionarios, no procuran la aceptación del ciudadano, sino, buscan nuevos asideros en fuerzas que, por su naturaleza, son opuestas al sistema democrático o, a la lógica constitucional.

Advertimos que la legitimidad, en nuestro caso, no la ha perdido  el Gobierno en su conjunto, dicha pérdida la sufren sólo cuarenta y nueve diputados, diez magistrados y el Presidente de la República.

La lucha que se manifiesta, no es entre izquierdas y derechas sino, entre demócratas y totalitaristas y es que,  el espectro político de cada grupo, es como una línea continua, que va desvaneciéndose hasta confundirse con la contraria. En efecto, las doctrinas, pueden definirse claramente en el mundo abstracto o sea, del deber ser, pero en la práctica o, sea en el mundo del ser, la visión ideológica se presenta como  solución, a cada uno de  los problemas del ser humano, dando respuesta específica a cada problema,  según las convicciones del individuo  y, por lo cual, la posición política de éste, será la sumatoria de sus diferentes visiones y, esta posición política, no corresponderá, en todos los casos, a una solución política específica, o sea, a lo que una doctrina política dicte, según su ser. Y, es esta realidad, la que hoy, en los actuales eventos, hace posible la unidad de los ciudadanos de todas las ideologías,  quedando separadas claramente, las ideas de democracia  versus totalitarismo, las cuales son irreconciliables, tanto en la mente del ciudadano, como en la vida nacional y la doctrina.

La clase electora perdió confianza en el FMLN, y esta pérdida, se manifestó claramente así, en el descenso de su votación, en cerca de 200,000 votos. Esta baja, obligó a dicha entidad política, a concertar alianzas parlamentarias con GANA, CN y PES; asegurando de este modo, su dominio en todas las instituciones públicas.

En cuanto al Presidente Funes, debe observarse que el retiro de funcionarios del Ejecutivo de militancia del FMLN, ha sido proclive al distanciamiento del Presidente con su partido y que, como consecuencia, busque el Presidente, alianza con GANA y su jefe, el ex Presidente Saca, resultando que este último, aunque perdió las elecciones como jefe máximo de ARENA, hoy realiza un cogobierno con Funes.

Esta curiosa y muy extraña relación de fuerzas, que pugnan por mantenerse en el ejercicio del poder, ha provocado la alianza entre dos fuerzas ideológicamente antagónicas, pero presas de  un sentimiento común: ejercer el poder en forma totalitaria y, por esta ambición, han disimulado sus diferencias ideológicas, aceptando, ya  elementos ideológicos de derecha, ya de izquierda, según sea favorable a sus designios – es una relación muy similar a la que presentó el Peronismo en Argentina y, en el mismo país, se presenta hoy, con el partido Justicialista.

No obstante, alianzas más extrañas se están pactando en nuestro país, y que profundizan la distancia entre los demócratas y los totalitarios.

La primera alianza  que se pretende, es con las Maras. El Gobierno, no ha podido someter a las Maras al Derecho vigente en nuestro país. Así,  hoy está a punto de concretar con ellos, acuerdos que los convierten  en fuerza beligerante. Las peticiones giran en relación a tres puntos fundamentales: 1°) Restricción, de parte del Estado, en el uso de la Fuerza Pública y, de la Fuerza Armada, en tareas de Seguridad Pública; 2°) Derogatoria de la legislación que condena  la existencia de las pandillas y que, permite su procesamiento; 3°) Indulto para muchos de sus miembros que se encuentran guardando prisión y, beneficios económicos para ellos y sus familias.

Estas peticiones, fueron consideradas por el Secretario General de la OEA,  José Miguel Insulza, como “razonables”, para dar inicio a una “hoja de ruta en vía de una negociación”; agregando: “Creo que las propuestas que ustedes hacen son tremendamente claras”, aplaudió, “y ahora es hora de entrar a una negociación y a una discusión que no puede demorarse mucho, porque estas cosas tienen un ritmo y ese ritmo tiene que cumplirse de manera que nadie pierda la fe en lo que estamos haciendo”.  El cumplimiento de esta negociación, implicaría una nueva ruptura de la Constitución, en cuanto a las acciones que a las Maras se refieren, y a los derechos de las victimas y, la responsabilidad del Estado, en la manera de la preservación de la paz pública – ortopraxis- ,  lo cual es responsabilidad del Órgano Ejecutivo.

Por otra parte, dicha negociación  creará una relación de lealtad de la Mara, hacia quienes están permitiendo esta negociación: por una parte, hacia el Presidente Funes y, por la otra, hacia el ex – Diputado  del FMLN, Raúl Mijango.

Procúrase mantener fuera de la opinión pública, estas negociaciones, por “lo delicado de la situación”, según expresaron los Mareros ante el Secretario General de la OEA, pues, en su conciencia, existe  la certeza de que,  si las miles de victimas, se volcasen a la calle, a manifestarse en contra de tal negociación, esta vez, no habría espacio en el Centro Histórico de San Salvador para contenerlas: son seis millones de victimas de las Maras en este país, mientras que ellos, son solamente  treinta mil y sus familias. La entrega simbólica de armas, por parte de los familiares de las Maras, denota el poder real de éstos sobre la población, que espera protección de su Gobierno.

La segunda alianza que está por concretarse, es con los desmovilizados de la Fuerza Armada aunados con los de la antigua guerrilla, que por motivos de conveniencia personal, no militan con las cinco organizaciones de veteranos,  ni son parte de las cincuenta y tres organizaciones de ex guerrilleros, pero que  hoy ofrecen sus servicios al Presidente Funes, mediante la solicitud de beneficios, por su condición de ex combatientes. Sus pretensiones, siempre han sido desdeñadas por todos los gobiernos anteriores, aún por el actual, por no estar debidamente organizados ni utilizar los canales pertinentes para dirigir sus reclamaciones o, por lo absurdo e inviable de las mismas. Pero ayer, los vimos marchar en las calles, con presencia militar y policial, no para contenerlos, como se pretendió en la marcha blanca por la constitucionalidad del país, del jueves 12 de julio, sino para escoltarlos y protegerlos.

Una tercera  alianza pretende  el Presidente Funes realizar. Es  con las empresas Transnacionales, pues la empresa privada, al considerar la participación del Ejecutivo en un Golpe de Estado, se ha retirado de la mesa de dialogo conjunto para el establecimiento de políticas económicas nacionales. Esta alianza con las Transnacionales, es muy difícil de realizar y, es que es política de toda Transnacional, cumplir con la legislación interna de cada Estado, en donde mantiene operaciones y sustentar siempre una opinión políticamente neutra y en el caso de ser forzada a ayudar a una fuerza política, lo hacen, pero con todas. El Presidente Funes, pretende substituir la participación de empresa privada, con la participación de las Transnacionales, en la discusión de los asuntos políticos y económicos. Sin embargo, es  difícil  cambiar la situación de inestabilidad jurídica y de riesgo de inversión en el país. Además, algo importante es la discusión sobre la política económica, que es una extensión de los Derechos Políticos, pues toda determinación al respecto, afectan o benefician la vida de todos los salvadoreños, afectando un aspecto del bien común. De aceptar las Transnacionales esta nueva relación pública con el Ejecutivo, sería visto como una intromisión en los asuntos internos del Estado, lo cual iría contra sus propios intereses económicos.

La alianza Legislativa y Ejecutiva que ha sido proclive a  este creciente caos jurídico y social en El Salvador, podría agravarse en los días siguientes, si las dos primeras alianzas mencionadas – Mara y ex combatientes - lograsen concretarse, pues se ahondaría la división entre  la sociedad salvadoreña y su Gobierno.

Así como las alianzas ya establecidas entre el Ejecutivo y el Legislativo, han permitido crear una Corte Suprema de Justicia paralela, como lo ha advertido el Fiscal General de la República, de concretarse una alianza del Ejecutivo con las Maras y,  con los ex combatientes, podríase crear una fuerza paramilitar paralela a la Fuerza Armada de El Salvador, y esta fuerza paramilitar estaría al servicio exclusivo del Ejecutivo, siendo leal al Totalitarismo.

miércoles, 18 de julio de 2012

COMO LUCHAR CONTRA LA RUPTURA DE LA CONSTITUCIÓN SIN ROMPER LA CONSTITUCIÓN



Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 18 de julio de 2012

El día lunes 16 de los corrientes, en un inusual Editorial del Washington Post, se hace una relación de la situación actual de El Salvador y de los hechos que aquí, se realizarían en ese día: la toma de posesión y, por la cual se coloca a El Salvador, entre el grupo de países que han llegado al Socialismo, por la vía democrática: Venezuela, Nicaragua y Bolivia. 

Por dicho editorial, nos damos cuenta, de que la visión que se tiene de nuestro país en el extranjero, es la misma que tenemos nosotros aquí, pero con un poco de más detalle, por nuestra presencia en   los acontecimientos: hemos presenciado la ruptura del orden constitucional, pactado como consecuencia  de los Acuerdos de Paz de 1992. Buscando afianzar su poder, un grupo de Diputados de Izquierda, conforme a sus principios ideológicos, ha  forzado el orden Constitucional,  en uso impropio de él,  utilizando el poder legislativo,  amparado con el del  Ejecutivo y destruido el sistema de pesos y contrapesos, que amparan al  Estado, en su estructura republicana.

Las acciones de quienes han ejercido abusivamente su mandato Constitucional, totalmente contrarias a Derecho, han trastornado la realidad material y jurídica, pese a las reiteradas denuncias de notables juristas y asociaciones cívicas y gremiales.  Se ha usado hasta,  la amenaza, en sus diferentes formas, para evitar las reuniones que planean  los eventos de protesta y, se ha ejercido la fuerza física contra las manifestaciones públicas. Esto último, no ha sido ejercido por la Fuerza Pública, sino por agrupaciones sindicales  afines al partido de Gobierno, lo cual, en definitiva, constituye un paramilitarismo de Estado, con la comisión por omisión de la Fuerza Pública.

Es fácil entender este nuevo fenómeno en el uso de la fuerza, recordando los años ochenta en Nicaragua, cundo grupos de agitadores, eran enviados para hostigar y disolver manifestaciones de la oposición, con el fin de mantener, en apariencia, la neutralidad de la Fuerza Pública,  pero sí la “agresividad popular”. Se llamó  a este tipo de grupos "turbas", a lo cual, su creador, Tomás Borge, llamó "turbas divinas".  En un articulo de Fraser Pirie R, publicado en NACIÓN.COM(Costa Rica) el 4 de enero del 2008, refiriéndose a las turbas divinas nicaragüenses, escribe así : “Esa táctica de inspirar miedo, terror y después total doblegación, la presencié en Nicaragua. Cuando Tomás Borge mandaba a sus “turbas divinas”. Llegaban 200 hombres en formación militar y empezaban a gritar las consignas de terror: “vendepatrias, gusanos...”, refiriéndose a Nicaragua y a los hechos de 1947, cuando en San José rondaron grupos de choque aplicando "pronta y cumplida justicia", a los jóvenes que no eran partidarios de los movimientos comunistas, y que se expresaban exigiendo el respeto a la democracia.”

La situación política de ruptura del orden constitucional, en que nos encontramos, nos obliga a preguntarnos ¿Qué podemos hacer para luchar a favor del  orden constitucional? Pues bien, lo primero que el ciudadano tiene que hacer, es  afirmar  la plena vigencia de la Constitución Política, reformada en 1992,  actuando conforme a su mandato, según los principios del Derecho.


Es imperativo por parte de todas las agrupaciones sociales formales y de hecho, la denuncia pública de los hechos que conllevan una ruptura del orden constitucional.  Pues, si ésta cesase,   se estará legitimando, con la paz, el nuevo régimen autoritario. Por otra parte, también, debe  haber un desconocimiento de las Autoridades, negándoles la legitimidad de su cargo, desviado de la voluntad popular y otorgada originalmente por vía del voto.

La sustentación jurídica de tales acciones, se deriva del principio de que la autoridad del cargo, debe ejercerse de forma pacífica y, con el reconocimiento o aceptación tácita o expresa de los gobernados. El filosofo y jurista Luis Recasens Siches, dice que el mando se basa en la textura social, lo cual implica que el tejido social debe  ser, terso y liso al tacto del legitimo gobernante e, irregular, duro y áspero, al sentir del usurpador.

En este caos constitucional,  el único faro que nos puede señalar la legitimidad de nuestras  acciones es la figura del Fiscal General de la República, quien por su cargo, vela por el interés público y la legalidad de éste, que se ha pronunciado, públicamente, en defensa de la Constitución: ha declarado que la actuación de la Asamblea Legislativa es inconstitucional.

En tiempos normales, la representación soberana recae en nuestros funcionarios, tanto de de elección popular como de segundo grado, pero en los momentos de rompimiento del orden constitucional, la soberanía se manifiesta y recae en las asociaciones que representan los interés nacionales, en busca del bien común, hasta alcanzar la plena vigencia de la Constitución. Por eso las manifestaciones públicas contra el autoritarismo y la ruptura del orden constitucional, son legítimas.

Toda acción debe tender a  la resistencia y, no a  la agresión, pues, ésta última, deslegitimaría la protesta, al ser  fuerza contra fuerza y, tal situación, legitima al vencedor y, no, al que posee el Derecho. Sin embargo, en las manifestaciones de calle, si la población es agredida por las “turbas divinas”, impera el derecho de legitima defensa, por lo cual, débese emplear una fuerza igual y, proporcional a la agresión; suficiente para neutralizar al agresor, preservando el derecho a la libre asociación y al derecho a la libre expresión.

Si el funcionario público, comprueba que sus Actos, afirman el estado de inconstitucionalidad, debe presentar su dimisión al cargo, o no realizarlo, para no ser participe de un gobierno ilegítimo. La Fuerza Armada, tiene que juzgar los  acontecimientos actuales, conforme a su Doctrina, y actuar conforme a la misma y a lo que dicte su conciencia. Esto es tanto para soldados, clases, oficiales y jefes, tanto en Servicio Activo como fuera del mismo, pues un soldado siempre es un soldado, le ata, de por vida al destino de la patria, su juramento.

El Diputado Roberto Lorenzana - en un programa de opinión, trasmitido por un prestigio medio televisivo - al ser preguntado , sobre la posibilidad de que la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, convocara a un paro nacional, manifestó que, respondería de manera ortodoxa: "no pasarán". Refiriéndose, con su respuesta, a la frase utilizada por Dolores Ibárruri (La Pasionaria) en el Frente de Madrid, durante la Guerra Civil Española (1936-1939).  Por esta frase, Lorenzana quiso decir que  emplearán todos los medios a su alcance, para oponerse a la ANEP, ARENA, los frentes cívicos y a  todo el que se oponga a sus planes totalitarios.


No obstante, la historia nos dice que por más frases de "No pasarán", coreados por los comunistas y anarquistas en el Frente de Madrid, éste, fue roto por los Nacionales y pasaron, restaurando el orden sobre el caos. Esta frase, no es original de La Pasionaria, sino  fue acuñada por el General francés Robert Nivelle en el Frente de Verdun (1914-1918), pero  si tomamos su sentido original, podemos afirmar que, la resistencia cívica y patriótica, como expresión de la conciencia nacional, en defensa de su Constitución, va a ser larga y penosa, sin embargo, la decisión de preservar la libertad, se mantendrá firme y, al fin, revertirá los procesos que en este momento, está realizando la fuerza autoritarita de El Salvador.

El Derecho a la Auto Determinación de Los Pueblos y, la delicada relación geopolítica de la región centroamericana, hará que el desenlace de estos acontecimientos sea resultado de lo realizado por los mismos salvadoreños y no, por fuerzas externas, aunque haya que tomar en cuenta que, los nuevos autócratas del país, han recurrido a instancias extranjeras y que, por principio soberano, en respeto a nuestra Constitución,  nosotros  no debemos solicitar una intromisión extranjera, y sólo debemos participar en instancias internacionales, en las cuales ellos ya iniciaron acciones, con el sólo fin de contrarrestarlas. Los diferentes países juzgarán o tomarán posición respecto a los acontecimientos nuestros, en la medida en que éstos les afecten o que, posean un interés particular en El Salvador. Por el momento, lo que esta claro es el interés que poseen Venezuela y Nicaragua, sobre nuestro suelo, y que debemos, como salvadoreños, enfrentarlos, en defensa de nuestra soberanía patria.

DIOS UNIÓN Y LIBERTAD

domingo, 15 de julio de 2012

PÍLDORA DE DERECHO ADMINISTRATIVO: SÓLO HAY UNA CORTE



Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 15 de julio de 2012.

Preparado está el escenario  para la toma de posesión de Ovidio Bonilla como Presidente de la Sala de lo Constitucional y, en consecuencia, como Presidente de la Corte Suprema de Justicia. El hecho necesita, sin embargo, un análisis  de estricto Derecho. Para comenzar, tómese en cuenta lo siguiente: de conformidad, con  la Doctrina Norteamericana, un funcionario de derecho, deja de serlo, cuando el órgano que lo eligió,  no era competente o, cuando ulteriormente por una ley o decreto legislativo, es declarado inconstitucional.

De conformidad con este concepto jurídico, al declarar la Sala de lo Constitucional la inconstitucionalidad, de la elección de Magistrados 2012, perdió vigencia el Decreto Legislativo del nombramiento que lo sustenta. Y, aunque exista una resolución en contrario de la Corte Centroamericana de Justicia,  ésta, al carecer de potestad para juzgar asuntos internos de los Estados, carece su auto, de sustentación jurídica, la cual  invalida dicha resolución, a la luz del Derecho Procesal. Además, por su naturaleza del Auto de la Corte Centroamericana de Justicia, es una interlocutoria, la cual aumentaría el caos interno, fin que no pretende el Derecho.

Por consiguiente, aunque se proclame Ovidio Bonilla como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y lo reconozcan las autoridades que lo nombraron, le falta, a su nombramiento lo fundamental, según la Doctrina Francesa,  que dice:  lo que diferencia a un funcionario de hecho, de un usurpador, es la “plausibilidad u opinión pública”, lo que significa que, de ser el cargo ocupado, pública y pacíficamente, el ejercicio de su función sería legitimo, por la aceptación popular, pues  si ésta no existe, estaría el funcionario advertido de su falta de investidura, y por lo tanto, consciente de la usurpación que realiza.

Por otra parte, no podemos ignorar que el representación legal de los intereses del Estado, recae constitucionalmente en la figura del Fiscal General de la República, quien ya reconoció la legalidad de la Sentencia de inconstitucionalidad que descalifica a la elección de Magistrados, para el período 2012-2021, y que  ha visto reafirmado por la aceptación de una demanda contra ocho Diputados, de la  por el Delito de Desacato.

Los hechos: de necesitar  la Fuerza Pública, aunada a la fuerza física de un Sindicato, es notorio que existe el rechazo y, la no conformidad con la toma de posesión de dicho cargo por parte del funcionario y, que éste, en consecuencia, es un usurpador. Por otra parte, el anuncio de la ANEP, de estar preparada para brindar apoyo jurídico a sus asociados, contra las resoluciones firmadas por esta nueva administración de justicia, por considerarla de funcionarios usurpadores, también es un signo del no reconocimiento de los funcionarios, ya declarados inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Vemos que la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, es la organización gremial que aglutina a 139 empresas contribuyentes y, a 49 gremiales; que en conjunto, aglutinan el 100% de la actividad económica del país. Y, cuando  la ANEP dio su apoyo al movimiento cívico, Aliados por la Democracia, para luchar por la institucionalidad del país, se concretó, la mayor alianza para un mismo objetivo común que, tiene el apoyo directo, de por lo menos, cinco millones de ciudadanos.

Las manifestaciones que se han dado en las calles y también  en los distintos medios de comunicación, carecen de color partidario, lo cual  constituye un Frente Cívico y, su número, legitima sus acciones y no, la correlación de fuerza que se haya dado en las elecciones pasadas, recompuesta luego, por criterios coyunturales de las distintas facciones políticas.

Este Frente Cívico que se ha creado, por las necesidades políticas de la Nación, es motivado por la pretensión  de cambiar nuestro sistema democrático, republicano y representativo  y, quienes están interesados en este cambio, son las cúpulas del FMLN-GANA, por lo cual  se cuenta en el Frente Cívico,  con el apoyo de grupos  de izquierda democrática, que en otras circunstancias, no habrían colaborado, contra sus diputados electos.

Establecido el repudio hacia las personas que se autodenominan “funcionarios públicos”, cabe preguntar, si el Gobierno, en la nueva situación, carecería de una Corte Plena y de una Sala de lo Constitucional. La respuesta es NO: la ley previene estos casos. Asumiría la Presidencia de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, el Primer Magistrado, designado así, por las autoridades pertinentes, desde antes de que se diera esta situación anómala y, le correspondería asumir el cargo al Dr. Florentín Meléndez, quien es de una trayectoria intachable y, quien, bajo las ideas de izquierda, ha sido un defensor de los Derechos Humanos y jamás podríasele atribuir servir  a la Derecha por personales intereses. Así  a  partir de mañana lunes, será el Dr. Florentín Meléndez Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, con el apoyo de cinco millones de ciudadanos.


sábado, 14 de julio de 2012

SE REALIZÓ LA PRIMERA MARCHA ¿Y DESPUÉS?




Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN
San Salvador, 14 de julio de 2012

En defensa de la constitucionalidad, se realizó la primera marcha el día doce de los corrientes,  pero es claro, por la reacción de los partidos contumaces al cumplimiento de la Constitución: FMLN-GANA,  no cederán ante el repudio popular,  no obstante la fuerza incontestable de su número.  Se ha probado también, que el pueblo salvadoreño, conciencia de lo que es el Estado de Derecho, que lo manifiesta y que esta dispuesto a defenderlo.

Sigfrido Reyes, ha dicho en un medio de comunicación: “Se aferran a su última trinchera, la Corte Suprema de Justicia y dentro de ella, particularmente la Sala de lo Constitucional, el último bastión de poder que ARENA pelea con fuerza… incluso movilizando a sus sectores sociales afines”. Esta opinión, expresa con toda claridad, que la visión política que de este movimiento tiene el Presidente de La Asamblea legislativa,  es la de una guerra, en la cual, es necesario “tomar” determinada posición. A  la luz del Derecho y, de nuestra Constitución, la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional, son una estructura o entidad de autoridad, que forma parte del Gobierno y no, un objetivo militar que se toma por “asalto”.  El partido ARENA es el medio político constitucional, que posee la derecha, para tener representatividad política y que, en las pasadas elecciones, recibió más votos que el FMLN o GANA separados. Esta visión de “tomar” a la Sala de lo Constitucional, es clave para determinar, con exactitud,  lo que se avecina para los próximos días.

Aunque se haya querido dar un viso de legalidad mediante un comunicado de la Asamblea, sometido al pleno para su aprobación, informando la ratificación futura de las elecciones 2006 y 2012,  lo que se ha hecho, no es una ratificación y, mucho menos este comunicado, ha puesto fin al conflicto. Es sólo, un intento de hacer creer a la población que los Magistrados, declarados inconstitucionales, gozan de la autoridad pertinente. Esto es un intento de legitimación, por vía aceptación popular, mediante un engaño; el problema,  sin embargo, no está en los Magistrados, sino en el ejercicio del poder, fuera del marco constitucional, por lo cual de esperar  es, que la resistencia social se afirmará.

Los señalamientos del FMLN, GANA y del Presidente Funes, responsabilizando de las protestas, primero, al partido ARENA,  luego, a la ANEP y, después,  a otras organizaciones cívicas, es un intento de encubrir la magnitud de la protesta, la cual, se va afirmando cada vez más, en la conciencia de la sociedad salvadoreña. Y, en la medida en que se atribuya responsabilidad  a más organizaciones, en un claro intento de inducir al miedo y se envíe grupos de choque contra las manifestaciones, en la misma medida, crecerá el repudio hacia el Gobierno, en beneficio de la oposición política partidaria.

Fue interesante escuchar al diputado y miembro de la comisión política del FMLN, Ramiro Vásquez, invitando a la población salvadoreña “a estar pendientes para poner paro a las pretensiones de los grupos oligárquicos que desnaturalizan cada vez más los Acuerdos de Paz” y, así mismo, oír  a la organización piquetera,  Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre, hacer un llamado a la población salvadoreña, a manifestarse contra el movimiento de blanco. Esto nos demuestra la intención del FMLN - GANA, de evitar que los salvadoreños nos manifestemos, libre y pacíficamente.

La toma de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, por parte de los sindicalistas del Órgano Judicial, anticipa que la Corte legalmente constituida, podría ser materialmente disuelta o, impedida a realizar su trabajo, en beneficio de un grupo de personas que pretenden usurpar dicha función. Esto obligaría a la sociedad civil, a manifestar su descontento públicamente en las calles, pues los espacios políticos han sido cerrados por el FMLN-GANA y el Presidente de la República, Mauricio Funes. Sólo cabe esperar la reacción violenta de los grupos de piqueteros que apoyan a la Asamblea Legislativa, y de la PNC, por considerar ellos, que el derecho de la ciudadanía a expresarse públicamente es contrario a su derecho constitucional, como lo manifestó una diputada del FMLN, explicando las razones que tuvo para solicitar a la PNC detener la marcha que llegaría a los pontones de la Asamblea Legislativa para entregar una carta firmada por más de doscientas organizaciones cívicas y gremiales, conformadas  por CIUDADANOS SALVADOREÑOS

miércoles, 11 de julio de 2012


EL CIRCO POLÍTICO

Por el Cnel. (R). DEM Julio César Yanes López

"Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados.Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear." (MAHATMA) GANDHI (1869 - 1948)
 

Ante los acontecimientos políticos recientes y actuales que vive nuestro país, desencadenados por un sector de nuestros representantes legislativos, mediante el nombramiento de los señores Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para el siguiente período.

En ese estado de cosas, con sus importantes e irresponsables repercusiones, pienso que la confusión sembrada en la ciudadanía, constituye un injusto irrespeto  más, al ciudadano salvadoreño, por parte del sector gubernamental, que nos quieren hacer sentir como “Una nación de borregos”, lo cual está muy distante.

Aunque para nuestros jerarcas políticos criollos, la situación no reviste tanta gravedad, ya que es parte del quehacer político. De los problemas en el país, no hay crisis, todo se justifica, todo está bien.
Nunca he visto un abuso tan grande contra un pueblo tan sufrido.Una nueva agresión de la administración de turno.

Aún ante la certeza que vemos a diestra y siniestra, que en forma nefasta, se aplica aquello de que “El fin justifica los medios”. Que permite la estructuración de un circo para darle vida a una participación política anodina, mediocre y malévola.

Pero ante la presencia de realidades lógicas como la intención de desacreditar la Sala de lo constitucional, para propiciar su desaparecimiento, mientras no se plieguen a ciertos intereses. Colocando en mal predicado a los conocedores del derecho sobre su capacidad e idoneidad jurídica, en cuanto a su unidad de interpretación y criterio legal.

Creo que ante la tácita existencia de una“LEY DE LA SELVA”,la Sala de lo constitucional, ha puesto el dedo en la llaga, salpicado diferentes esferas del gobierno, en cuanto al mal endémico que constituye el ambiente de corrupción existente. (Actos de corrupción dentro de la CSJ. Hechos, canal 12 del 4jul12).

Ya que existe la posibilidad de que no hayaun conflicto, solamente comisión del DELITO DE DESOBEDIENCIA CON SUS RESPECTIVAS CONSECUENCIAS. Punible por nuestra legislación.
¿Quienes tendrán la responsabilidad de todas las consecuencias?, ¿se establecerán responsabilidades posteriores? o seguiremos con impunidad institucional.

En un Estado de Derecho, ¿para que se promulgan leyes?, si no es para respetarlas, cumplirlas y velar por que se cumplan.

Pero ya no importa quien gana o pierde en el caso  de la Asamblea, el fin justifica los medios,si se satisfacen los intereses sectoriales o grupales, el perdedor es el país. Hay terquedad  en su interpretación jurídica de acuerdo a apoyos que se logran por hambre o por el cuido de sus atractivos cargos o son los conocidos tontos útiles o compañeros de viaje,

La especulación natural del ciudadano, atribuye el origen del problema a causas de carácter endógeno, tal como: lucha por poder, deficiencia administrativa de justicia, corrupción generalizada, deficiencia de la administración pública, desorden y ambiciones políticas, vacíos que dejaron los Acuerdos de Paz en materia jurídica, engaño para justificar incapacidad gubernamental, etc.

Pero yo pienso y estoy seguro que en primer lugar, Los acuerdos de paz no lograron su objetivo de dar fin a la guerra, sino que modificósustancialmente su modalidad de lucha y anuló un contendiente.

En segundo lugar, para muchas fuerzas oscuras, la guerra no ha terminado, manteniendo vigente la intención deimportar la revolución de Castro,o la imposición del Socialismo XXI de los 5 jinetes del apocalipsis y nuestro desorden político actual abona estas nefastas intenciones.

Y en tercer lugar, la lucha electoral ya arrancó.

Durante mucho tiempo he escuchado los ofrecimientos demagógicos de los partidos políticos y sus candidatos, produciéndome mucha preocupación, el tema de los cambios, que nunca han sido claros en lo quefavorecea nuestro país, ¿será que esconden la exportación de la revolución castrista o el socialismo XXI?. O ¿cuales son los cambios?, solo así lo han mencionado, no hay nada concreto que se presente como el proyecto de beneficio para los salvadoreños, que se fije como un proyecto de gobierno con suficiente claridad. El pueblo salvadoreño merece transparencia.

Creo que ya comienzan los efectos de esta turbulencia político-jurídico a la que se nos ha llevado:
El “Fondo para la paz” en su informe anual del 2012, hizo público el índice de “Estado Fallido” correspondiente al 2012. El Salvador aparece como clasificado como un “Estado en alerta”, es decir a  solo un paso de convertirse en “Estado Fallido” (Diario de Hoy 4jul12).

Ausencia dañina de capacidad presidencial, para mediar sobre el caso, salvo una parcialidad irresponsable.
Se mantiene vigente el estribillo famoso de que: el gobierno anterior les heredó el problema, hasta cuando se harán dueños de sus acciones, incluyendo las negativas o deficiencias gubernamentales.

Por esta actualidad ridícula, la opinión pública internacional arremete con publicaciones burlonas y agrias.
Esta situación disimula las consabidas cortinas de humo, que opacan la importancia y la imposibilidad gubernamental de solución a los problemas económicos y de seguridad.

Y lo peor está por venir, ya que cada día se complican mas las cosas, al no vislumbrarse soluciones inmediatas, manteniéndose el interés en el rio revuelto.

El caso ha dado lugar a traer a la luz, tradicionales malas prácticas legales, de tal manera, que el método ilegal, empleado actualmente es disimulado, pero, estaríamos sentando un dañino mal precedente, si la desobediencia se quedase impune,  aunque luego, se fijen procedimientos utópicos de perfección y solución.

Y como el sector político responsable, ya encontró la razón de los cambios, sobre vacíos legales de procedimiento que se han venido ejerciendo. El peligro es que ya hay justificaciones basadas en legislación, que necesitan cambiar, lo cual reviste mucha importancia y sería saludable, si no hubiese intenciones nefastas ocultas.

Pienso como prioritario, darle término a solucionar, el incumplimiento ilegal, que dio origen al problema y luego se proceda al cambio y actualización de leyes, sería un mal precedente el incumplir disposiciones legales de organismos legalmente constituidos.

Creo, que exclusivamente una reforma constitucional, no es la solucióndel problema, ya que por la naturaleza humana de sus creadores, no podríamos llegar a la perfección y siempre aparecerían vacíos involuntarios, aprovechables como elementos de interpretación, hay que tener presente que la Constitución no llega hasta el último detalle, para eso existen las leyes secundarias y los reglamentos.

Y dialogar, entre gente obcecada, terca, fanática o corrupta, es difícil pero no imposible.

Pero en fin, los garantes de fortalecer y mantener la democracia, somos todos los ciudadanos, somos nosotros los que tenemos el poder para obligar a los responsables a solucionar los problemas.
Adelante salvadoreños, hay que tener presente que:“Cuando las palabras no solucionan un problema, hay que pasar a los hechos”.

ESTOS SON PUNTOS DE VISTA PERSONALES, QUE RUEGO SE HAGAN CIRCULAR PARA QUE LLEGUEN AL CONOCIMIENTO DEL NIVEL DE LA, O LAS PERSONAS CON CAPACIDAD PARA HACER ALGO Y SE DÉ EL MILAGRO, ANTES DE QUE NO TENGAMOS REGRESO
Todo lo que es necesario para el triunfo del mal, es que los hombres de bien no hagan nada.
(Edmund Burke).
Cnel. (R). DEM Julio César Yanes López
IX Curso de Seguridad y Desarrollo (Colegio de Altos Estudios Estratégicos CAEE)

XV – 6jul12

martes, 10 de julio de 2012

VERDADES Y MENTIRAS DE LA VALIDEZ JURÍDICA DE UNA RESOLUCIÓN DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA




Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN
San Salvador, 10 de julio de 2012.

El presente debate sobre la validez de una Sentencia de la Sala de lo Constitucional, ha rebasado los límites patrios y ha llegado a ser conocido por la Corte Centroamericana de Justicia y, amenaza aún, con llegar a otras esferas internacionales, continentales o mundiales. Por lo que cabe preguntarse: ¿es jurídicamente válido o, simplemente, se está usando al Derecho con fines políticos?

Constitucionalmente, toda la base jurídica aplicable a nuestras relaciones internacionales, es prescrita por el Art. 89 Cn., el cual dice textualmente:

“El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con las del istmo centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales.
También propiciará la reconstrucción total o parcial de la República de Centro América, en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía de respeto a los principios democráticos y republicanos y de los derechos individuales y sociales de sus habitantes.
El proyecto y bases de la unión se someterán a consulta popular.”

Este artículo contiene tres partes, correspondiendo, cada una, a un párrafo: la primera se refiere  a nuestras relaciones internacionales en general,  la segunda, se refiere a la integración centroamericana en particular y, la tercera, es la que nos interesa en este momento, pues,  para que un organismo o instancia supranacional, esté, por sobre  nuestra  Constitución, debe  haber previamente, una “consulta popular”, esto es, un plebiscito, en el cual, todos los salvadoreños, debemos votar. Esta consulta popular, debe ser por voto directo, y no, por vía de representación.

Y como no se ha efectuado este plebiscito, todo lo pactado y derivado del PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA, el 13 de diciembre de 1991, dentro del marco de una Centroamérica con ruta común; tiene rango de Tratado Internacional y, no, supra Constitucional, rango que se pretende darle. El objetivo del PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA  es buscar una integración regional, que de luego espacio para Belice (2000) y República Dominicana (2003). Originalmente, fue subscrito por Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

Con una intención unionista, la Licda. Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, quien se desempeñaba  en ese momento, como Directora General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de La República de El Salvador, escribe un artículo intitulado “SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) ASPECTOS RELEVANTES 2006, publicado por la ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (ASADIP), el 24 de marzo del 2008, y al respecto transcribo cuatro párrafos seguidos:

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es el marco institucional del actual proceso de la integración regional de Centroamérica que fue constituido el 13 de diciembre de 1991 con la suscripción del “Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) de 1962″, por parte de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Posteriormente se adhiere Belice como Estado Miembro y República Dominicana como Estado Asociado; participando como Observador Regional los Estados Unidos Mexicanos y como Observadores Extrarregionales el Reino de España y la República de China (Taiwán).
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como marco jurídico-político de la integración regional, es la expresión de la transformación que se opera en Centroamérica y representa la consagración de la visión más pragmática y futurista de los estadistas centroamericanos, en la óptica de lograr la integración y el desarrollo, como resultado de los esfuerzos de una democracia participativa regional, cuyos frutos estén al servicio y utilidad de los centroamericanos.
El “Protocolo de Tegucigalpa” es el molde que dio forma jurídica a la nueva Centroamérica, al recoger las experiencias, principios, objetivos y anhelos contraídos por los Presidentes Centroamericanos durante el “Proceso de Esquipulas”, los cuales a su vez han impulsado la pacificación, la democratización y el desarrollo del área desde 1986.

Queda pues, claro que  los organismos derivados del PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA, son exclusivamente de integración y no, sobre la jurisdicción interna de cada uno de los Estados miembros. La Corte Centroamericana de Justicia, tendrá como fin, dirimir conflictos suscitados entre los diferentes Estados, en los asuntos comprendidos entre los Artículos 12 y 35 del PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA, por lo cual, la Corte se rige por EL CONVENIO DE ESTATUTO DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, y de su exposición de motivos, extraigo el siguiente párrafo: Como se ha hecho referencia, la creación de la Corte Centroamericana de Justicia, no sólo ha sido un deseo y anhelo de los países centroamericanos, sino que además en el Sistema de la lntegración Centroamericana, se vuelve un Organismo que puede dictar sentencia de carácter jurídico vinculatorio para la solución de los conflictos regionales. Esta exposición de motivos, deja claro que, el objetivo de la Corte Centroamericana de Justicia, es para resolver problemas regionales, mientras que, la Sentencia de la Sala de lo Constitucional, es un asunto meramente interno y no, relativo a la integración Centroamericana.

En el Artículo 22 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, del inciso “a” hasta el “k”, se encuentra detallada la competencia de la Corte y, en ninguna de sus potestades, se encuentra  algo que indique su competencia para ser una instancia, de los Tribunales y de su las Sentencias  emitidas por los Estados, en cuestiones propias de su jurisdicción. Esto tiene que ser así pues cada Estado es un ente independiente, y sólo podría tener jurisdicción dicha entidad, si fuésemos un Estado Centroamericano federado, o confederado.

Sin embargo, podríase dirimir un conflicto inter órganos, si las partes así lo dispusieren, pero para el caso concreto, eso no es posible, pues el “conflicto” es por el cumplimiento de una Sentencia y no, por un choque de poderes; es más, aunque  la Corte Plena, solicitase revisar esta situación ante la Corte Centroamericana de justicia, sería improcedente, pues las sentencias de la Sala de lo Constitucional, competen exclusivamente, a dicha Sala, por precepto constitucional y no, a otra entidad jurisdiccional del Órgano Judicial.

Lo que existe en verdad, es una utilización política de un ente jurisdiccional centroamericano; que en los últimos días, ha pronunciado dos resoluciones sin fundamento jurídico, atendiendo a intereses propios de Nicaragua: el apoyo de dicho Gobierno a sus pares ideológicos de El Salvador y, en beneficio a sus socios geopolíticos: Iran, China continental y Corea del Norte y Venezuela.

Las facciones de la Asamblea Legislativa, que han acudido, a este inexistente recurso, ante la Corte Centroamericana de Justicia, no sólo han cometido desacato, ante un órgano jurisdiccional salvadoreño, violando la Constitución, sino demás,  han atentado contra los esfuerzos de integración centroamericana. El hecho de buscar un poder soberano extra nacional, para sostener posiciones políticas partidarias es un ACTO DE TRAICIÓN A LA PATRIA.

jueves, 5 de julio de 2012


PERDEMOS TODOS, ES UNA LUCHA DE INTERESES SIN SESGO IDEOLÓGICO,
PERO QUE TENDRÁ 
REPERCUSIONES IDEOLÓGICAS
Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN
San Salvador, 5 de julio de 2012

La lucha de los partidos dominantes de la Asamblea Legislativa, por ejercer el control del Estado, por fin ha tenido éxito: el ejercicio de su facultad de nombramiento a los funcionarios de segundo grado, se lo permitió con seguridad. Esta lucha, simiente que se sembró  desde 1983, con el Art. 86 de nuestra Constitución.  En ese momento dicho  artículo tenía un solo y único propósito: sostener la institucionalidad política de este país, excluyendo toda posibilidad de participación política a una agrupación armada, cualquiera fuese origen y constitución, en virtud de dicho artículo el  FMLN se vio obligado a convertirse   en fuerza política dentro del sistema. Lo cual,  implicó también, la refundación de nuestro Estado, mediante los Acuerdos de Paz de Chapultepec,  el 16 de enero de 1982.

Sin embargo, la protección prevista por el Art. 86 Cn., dio origen al mismo tiempo, a que surgiera amenazador, un leviatán; transformando en una sola y poderosa fuerza, lo que por naturaleza deben ser partes antagónicas, funcionando como un sistema contralor del pensamiento político nacional: habíase destruido la relación natural de los partidos políticos con sus representantes, atendiendo exclusivamente a sus intereses de grupo o partido, cambiando así la naturaleza y el fin de la institución partidaria, dentro del foro legislativo.

En virtud de esta nueva situación política, el FMLN, se distancia de sus antiguas bases de combatientes, que se sienten y con razón, traicionadas; vuélvese  mas lento el esquema revolucionario del FMLN, pero sin que por eso lo abandone, por el contrario, lo sostiene, pero sólo lo suficiente para mantener la apariencia hacia sus cuadros y también para el socialismo internacional, pero en un estatus que le permite gozar,  de los beneficios de corrupción, que fueron antiguamente  su crítica de batalla.

ARENA también se beneficia del famoso artículo y procede a crear una estructura partidaria sostenida por los allegados de las estructuras creadas por Diputados y Consejos Municipales, que han hecho de sus cargos, una profesión, pero alejada  cada vez más de sus apoyos naturales: la empresa, el agro y  la Fuerza Armada.
Los partidos pequeños, artículos de comercio, pretenden tener sujetas a sus bases, mediante su contratación en la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas y las dos Procuradurías.

Esta situación, formose  y mantúvose  en equilibrio político, por diecinueve años, hasta que se presentaron tres fenómenos: La escisión de ARENA  -acción del ex Presidente Saca-, el triunfo de Mauricio Funes y, su posterior distanciamiento del FMLN. Estos tres fenómenos crearon un cambio en la correlación de fuerzas, pues surgieron alianzas no tradicionales: FMLN-GANA, que atrajeron a su ámbito de gravitación, al CN y al PES, y por el otro lado, ARENA y  el CD.

El conflicto fue inevitable: estalló, primero, con las Sentencias de la Sala de lo Constitucional, interpretando el Art. 86 Cn., en una Demanda de Inconstitucionalidad presentada, hacía muchos años, por el Lic. Felix Ulloa, sobre las listas cerradas, con la prelación del partido político. Después, se presenta el conflicto del  Decreto 743, como el primer paso de la Asamblea Legislativa, para imponer su poder partidario. La inadmisibilidad de la demanda presentada por un grupo de ciudadanos contra los Diputados disidentes de ARENA, ante el Tribunal de Ética Gubernamental -cuyos funcionarios fueron propuestos por el ex Presidente Saca- fue una pequeña muestra de lo que se daría en los años subsiguientes, pues el criterio de las cúpulas de las fracciones legislativa, impusieron el principio: “HACEMOS LAS LEYES, TENEMOS EL PODER POLÍTICO”. El poder de las fracciones legislativas, ha llegado a imponerse, en algunas ocasiones, a los criterios de las cúpulas partidarias.

La lucha desde los curules legislativos, es una estrategia muy hábilmente librada por el FMLN, desde su época de oposición: se puede obstaculizar al Ejecutivo, evitando  crearse un desgaste político. También  saben manejarlo que, en los primeros meses de la presidencia de Funes, llegaron a declarar: “en adelante, seremos oposición”, en un intento de limitar el poder del Presidente Funes y separarse del desgaste político de él, y que se quedaría sin partido político que lo sostuviese; sin embargo, tal vacío fue aprovechado por el recién formado partido de Tony Saca; GANA   se convierte así en partido de Gobierno.

Alejados los partidos políticos de sus representados naturales, se ven en la necesidad de fundar su fuerza en las instituciones del Estado, las  que entonces pretenden controlar y, es en este intento, en el cual, la Sala de lo Constitucional, ha sido su contrapeso: se ha mostrado independiente en su criterio, tratando de interpretar la Constitución, a la luz de la realidad actual. En la práctica, ha significado una serie de Sentencias que han sido en contra de la empresa privada y de los entes de gobierno, sin atener nada más que a las peculiaridades del caso, sin valorar intereses partidarios. No obstante lo cual, las únicas reacciones adversas, han sido las que, en ese momento, han significado un freno al poder partidario, en la forma del ejercicio del voto, buscando una mayor capacidad de elección del votante y, en cuanto a la idoneidad de los funcionarios de segundo grado y, al ejercicio del derecho a elección de los mismos. Este es el origen verdadero  de la crisis institucional que estamos viviendo. Esta posición, contraria  a la actuación de la Sala de lo Constitucional, ha determinado posiciones partidarias solidarias, al igual que de la sociedad civil, sin distinción de tintes ideológicos.

La coyuntura actual, ha obligado a la creación de alianzas interpartidarias y extra ideológicas: el FMLN, al perder aceptación popular y descender en el número de diputados, para no obstante poder tener el control legislativo, realiza una alianza con GANA, desplazando a su aliado ideológico, el CD, y sumando a su esfera de influencia, al CN y al PES, que necesitan una alianza con el más fuerte, para asegurar su subsistencia partidaria, porque sin las ventajas que le dan sus alianzas, ya habrían desaparecido tiempo a tras de la palestra política; no olvidando que su desaparición y mutación de supervivencia, ha sido forzada por la Sala de lo Constitucional.       

Por otra parte, el partido ganador en las recientes elecciones, ha resultado el minoritario en el ejercicio del poder soberano en la Asamblea Legislativa y, su posición adversa inicial, hacia la actual Sala de lo Constitucional, se ha revertido; hay dos factores en juego para que sea así: el primero fue que su triunfo se debió  a la estrategia de voto por rostro, siguiendo la Sentencia de la Sala de lo Constitucional y, al desgaste político que están siguiendo sus adversarios FMLN-GANA, en el conflicto actual.

La alianza coyuntural del FMLN-GANA, tiene su origen en tres factores: el primero de ellos, es el de la necesidad de fortaleza ante enemigos internos. Estos son para el FMLN, su sector radical y para GANA, la necesidad de crecimiento frente ARENA, sobre el que úrgele un dominio, que necesita los recursos que le dé su relación con el Ejecutivo. La segunda, es la necesidad de protección y manipulación de los funcionarios electos por ellos, y quienes por tal motivo, les deberán lealtad de algún tipo, lo cual no  puede lograrse, si no se cuenta con la Corte de Cuentas de La República y la Fiscalía General de La República; y, tercero, es la necesidad inminente, de preparar un escenario favorable para las próximas elecciones, mediante el control del Tribunal Supremo Electoral y las Salas de lo Constitucional y lo Contencioso administrativo.

Estas alianzas, extra ideológicas, son lo que ha propiciado, una desnaturalización partidaria, que no ha pasado inadvertida al electorado. Por una parte, los partidarios de la izquierda, tildan a los diputados de Izquierda de “contra revolucionarios, burgueses y traidores”, por velar únicamente por sus intereses partidarios y su alianza con un partido, naturalmente de Derecha y, que sueña  suplantar la posición de ARENA. Pretendiendo mantener esta alianza coyuntural con el FMLN, hasta que logre el control o la fusión con ARENA, situación que ya han advertido los sectores de Izquierda, y también, temida por la Derecha

La alianza coyuntural del FMLN-GANA, tendrá dos consecuencias: la primera, la consolidación del poder legislativo en manos del FMLN; partido que, por más intereses personales que tenga en juego, siempre será de izquierda y, por lo tanto, contrario a las ideas de libertad: es, por lo tanto peligroso para la institucionalidad del país. Por su posición actual, es repudiado por la sociedad civil,  que ha visto en el FMLN-GANA, un peligro para sus libertades.

Esta situación, ha obligado a la sociedad civil, forjar alianzas, no ideológicas, frente a un enemigo común, que pretende el ejercicio del poder para el lucro personal;  que no  ejerce su poder político, en beneficio de la solución de los problemas nacionales conforme a su ideología. El partido ARENA, por posición coyuntural, se ha distanciado de los intereses comunes partidarios, pero su actuación es aún muy débil, no sólo, frente al problema actual, con la Sala de lo Constitucional, sino también con los problemas colaterales  a éste, como son el paro en el Ministerio de Hacienda y la intromisión extranjera  en los conflictos internos, mediante la Corte Centroamericana de Justicia.

Ante el agrupamiento de fuerzas de Izquierda y de Derecha, protestando contra la dictadura FMLN-GANA, se está tratando de desviar la atención,  mediante propaganda destinada a exaltar posiciones ideológicas, en este momento coyuntural; lo cual es irrelevante. El ataque de Funes, a la empresa privada y a ARENA, señalando a ambos, de responsables y beneficiarios del resultado de la permanencia de la actual Sala de lo Constitucional, tiene como objetivo, tildar a los Magistrados de la Sala, de “Derecha oligárquica”, lo cual es de hecho, un insulto para quienes se han dedicado a defender el pensamiento jurídico de izquierda durante toda su vida profesional. La Universidad Centroamericana UCA, ha publicado un ilustrativo comunicado, explicando este problema, además, nunca podríamos alinear a la UCA con la Derecha, pero sí en una posición contra el abuso de poder, por parte de la Asamblea Legislativa y de Funes-Saca.

La sociedad civil, únicamente pretende, que se respete la institucionalidad del país, sin importar su pensamiento ideológico, por lo que, una negociación interpartidaria, que implique una concesión a la institucionalidad del país, será rechazada por la sociedad civil, y será en detrimento de la credibilidad de dicho partido.

En este momento, ante la presión de la sociedad civil y, de la comunidad internacional, que han rechazado tanto la dictadura legislativa, como la injerencia de la Corte Centroamericana de Justicia, han obligado a que el FMLN-GANA, busquen una solución negociada con ARENA, sin embargo, la propuesta del Diputado Parker, es la ratificación de los nombramientos inconstitucionales, sin embargo, la sociedad civil, no avalaría esta posición, pues en definitiva, siempre sería la acumulación del poder en manos del FMLN-GANA con sus aliados CN y PES.

Esta negociación, conllevaría de hecho, la retardación de la resolución de casos de inconstitucionales, que la sociedad civil, espera, para que se restablezca el orden constitucional violado en otros nombramientos de segundo grado. De efectuarse esta situación, la opinión pública no sería condescendiente con ARENA, que no supo defender la constitucionalidad y, ante su fracaso, la representatividad de los intereses nacionales, rehería de hecho sobre las agrupaciones gremiales.

De consolidarse el poder partidario FMLN-GANA, no sólo se destruiría la institucionalidad del país, sino que nuestras libertades sufrirían y, habríamos avanzado un paso más hacia el Socialismo del Siglo XXI. La Derecha y la Izquierda pueden coexistir siempre y cuando su poder, esté sujeto a la voluntad soberana, y que no que pretenda tener un poder artificial o sostenido, por las áreas de influencia, de los países suramericanos.