Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



martes, 31 de mayo de 2016

EL MOZOTE, HISTORIA INCONCLUSA

EL MOZOTE,  HISTORIA INCONCLUSA
Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 28 de mayo de  2016.

Treinta y cuatro años después de acaecidos los hechos del Mozote, el Procurador de los Derechos Humanos, exige condenar a los miembros de la Fuerza Armada que participaron en dicha operación militar, siguiendo una agenda política , dirigida desde la Sala de lo Constitucional, por el Magistrado Florentín Meléndez, que ha propiciado, desde su cargo, la apertura del proceso ya fenecido, juzgándolo desde la perspectiva de la Justicia Transicional y la Justicia Restaurativa, en aplicación del “derecho a la verdad”.

Consideremos que no sólo las víctimas, tienen Derecho a la verdad; lo tiene toda la sociedad  más, se quiere privilegiar los intereses de las víctimas, analizando los hechos pasados, bajo un contexto moderno: aplicación retroactiva del Derecho y la política. Presúmese  que el Estado es siempre un ente superior: esta presunción,  conlleva la sumisión al mismo, pero se extingue  dicha sumisión, en quienes toman las  armas contra él, que representa a la mayoría. Cuando la minoría, representa los intereses geopolíticos extranjeros,  el Estado está facultado para el uso de la coercibilidad y la coacción.

Diéronse los hechos del Mozote en el Frente de Guerra Nororiental “Francisco Sánchez”, - Departamentos de Morazán, San Miguel y la Unión – conforme a la estrategia militar del FMLN y, de acuerdo a los planes generales de la Dirección Revolucionaria Unificada. En el contexto de Guerra Internacionalizada y de beligerancia del FMLN, reconocida por México y Francia, la zona del norte de Morazán era ocupada por el ERP, como tierra ya liberada, en consecuencia,  todos sus habitantes fueron incorporados por el ERP, al movimiento revolucionario, sin que estos, tuviesen conocimiento de las consecuencias de los hechos en que participarían: servirían de escudo a los combatientes armados y milicianos, según la estrategia de Salvador Cayetano Carpio: substituir el ocultamiento en las montañas, por el ocultamiento en la población; una estrategia que según el Derecho Internacional Humanitario, es considerada  Crimen de Guerra.

Hoy las cuestiones jurídicas a  plantearse son: si la secesión del territorio es lícita o no y, de allí, partir sobre la licitud de las operaciones militares sobre el terreno. También debe de plantearse la responsabilidad de Joaquín Villalobos (Comandante Atilio) y Jorge Meléndez (Comandante Jonás) junto al resto de la comandancia del ERP, por la exposición intencional de civiles a los rigores del combate, de conformidad a los Protocolos de Ginebra. Fueron  los civiles como escudos humanos, conforme a la estrategia vietnamita. La deducción de responsabilidades está implícita en lo reclamado hoy, por la Justicia Transicional, pues el objetivo de ésta, es evitar la repetición de lo sucedido.

Era responsabilidad directa del Órgano Ejecutivo, mantener la integridad territorial y, en ese momento, estaba conformado dicho Órgano, por la Tercera Junta de Gobierno, integrada por el Coronel Jaime Abdul Gutiérrez Avendaño, el Ing. José Napoleón Duarte, el Dr. Antonio Morales Ehrlich y el Dr. José Ramón Ávalos Navarrete, por lo que es preciso dictaminar si las órdenes giradas a la Fuerza Armada, en ese momento, fueron jurídicamente, acordes al Derecho y, con el propósito de despejar elementos relativos a la responsabilidad y cadena de mando. Según testigos de la época, fueron explicadas a la Junta Revolucionaria de Gobierno, las implicaciones de las operaciones militares contra el ERP y autorizadas personalmente, por el Ing. José Napoleón Duarte, en el teatro de operaciones.


El Derecho a la verdad  debe ser total: de  lo que hizo el FMLN se niega. Las atrocidades de nuestro  pasado conflicto armado no deben repetirse: la verdad no es unilateral, es exposición de la totalidad de los hechos y, sin la verdad,  no tendremos reconciliación

sábado, 28 de mayo de 2016

PRESEA PARA LAS FUERZAS ARMADAS LATINOAMERICANAS.


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 28 de mayo de  2016.

El Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ha pronunciado Sentencia condenatoria, contra catorce militares en situación de retiro, por acciones en la década de los años setenta. Acciones que evitaron la muerte de miles de sus conciudadanos y que su Estado, fuera consumido al servicio de una potencia extra continental. Actuaron, a semejanza de todas las Fuerzas Armadas latinoamericanas.

Hoy se las ha perseguido, juzgado y condenado, pero esta persecución,  no puede cambiar lo que fue real: gracias a su lucha, la insurgencia se vio, en la necesidad de negociar la paz, sometiéndose a la vida democrática. Su servicio, no ha tenido fin, continúa por razón de esta condena, y su condena es en realidad, una presea, que premia sus acciones pasadas en defensa de la Patria.

Y es porque la gloria, no se alcanza sólo en la victoria: también en el sufrimiento de la humillación y el escarnio, venganza del vencido que hoy logra, por otros medios, lo que no pudo por la fuerza de las armas. La Justicia Transicional es la nueva arma política, empleada por medio del Derecho. La acción de los militares en las luchas intestinas latinoamericanas era en virtud, del legítimo derecho de defensa del Estado, pero hoy, la coercibilidad de los jueces, ejercida contra los militares, mana también del Estado; sin embargo, hay profunda diferencia: antes, fue para proteger a la mayoría de los ciudadanos y a sus instituciones democráticas; hoy, es todo lo contrario: para satisfacer los intereses de una minoría que aún vive en el pasado conflicto armado, por lo que estos procesos son continuación de la subversión armada.

Otra diferencia está en qué, esta nueva corriente de pensamiento político – jurídico, amenaza las mismas bases del Derecho: los conceptos de amnistía, como medio de solventar un conflicto, de prescripción, de retroactividad y las penas absurdas, obligan a pensar en un Derecho Injusto, ampliamente expuesto y desarrollado por el abogado, juez, camarista y filósofo católico argentino, Juan Alfredo Casaubon, que explica desde el pensamiento tomista, lo justo “simplecita” y lo justo “segundum quid” (lo justo relativamente tal) que significa que, dada la imperfección humana adapta el Derecho a su realidad y conveniencia (la “utilitas” humana) a la que se refiere Santo Tomás. Por esta razón debemos de referirnos como “normas injustas”; sin embargo, cuando la Justicia Transicional y la Justicia Restaurativa, buscan crear una estructura jurídica mucho más allá de las simples normas y pretende abarcar Derecho de Propiedad, Derechos Humanos y las demás relaciones del Estado con el Particular, se está frente a un peligro real, dentro del Derecho: el planteamiento de una estructura intrínsecamente injusta que altera los valores tradicionales cristianos que, juntamente con la tradición jurídica romana y la política griega, conforman nuestro ser cultural occidental. La política no puede hacerse a través de la Justicia Transicional, porque esta, destruye el fin del Derecho: la armonía social.

Los expedientes judiciales podrán llevar los nombres de los militares y, reclamarlos por  medio de la Difusión Roja de Interpol; más  los miles de latinoamericanos que vivieron tal época, saben la verdad de esos aciagos tiempos y pensarán siempre que, gracias a las Fuerzas Armadas, cumplidoras de su deber, no fueron asesinados como en “La Cabaña” por Ernesto “Che” Guevara o utilizados como escudos humanos y mercancía política, en la toma de Palacio, en Bogotá.

La Fuerzas Armadas Latinoamericanas no actuaron solas: en el plano político, miles de ciudadanos pusieron parte del esfuerzo, rechazando a la insurgencia izquierdista y manteniendo el aparato del Estado en funcionamiento y, cuando fue necesario, muchos se sumaron a la resistencia armada, como sucedió en Nicaragua, hasta el triunfo del sistema Democrático.


Este día,  los militares en situación de retiro, argentinos, salvadoreños, chilenos, guatemaltecos y peruanos, no están siendo condenados pues estas condenas son presea, en reconocimiento a sus pasados servicios a Latinoamérica.

jueves, 26 de mayo de 2016

CON PROPAGANDA EL GOBIERNO PREPÁRASE PARA UN COLAPSO


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 26 de mayo de  2016.

El Gobierno ha anunciado, en los últimos meses, que está preparándose para evitar un golpe de Estado y, lanza una alerta a sus bases: es propaganda, para justificar la crisis económica y social que se presentará a final de este año. Nuestro Gobierno, sólo replica así, lo que han hecho otros países del socialismo del siglo XXI, cuando colapsan sus economías o se descubre la corrupción generalizada.

En conferencia de prensa, FUSADES, el día 25/5/2016, dijo que el desbalance económico, en las finanzas públicas: poco más de $1700 millones, pudiese llegar a iliquidez en el tercer trimestre de este año. Pudiese entonces, pasar dos cosas: a) El salvador se declara en iliquidez con sus acreedores internacionales, b) dejándose de pagar salarios y pensiones. Desde el 2013, viene FUSADES advirtiendo la necesidad de un ordenamiento en las finanzas del Estado, para evitar dicha situación, pero los economistas del Gobierno, recomendaron siempre, un mayor gasto público, para dinamizar la economía y, lo que ha sido un error, pues la inversión pública, se ha diluido en clientelismo político. Desde el 2014 nos endeudamos en $ 2.1 millones diarios, en LETES y aprobamos los presupuestos, en base a un crecimiento irreal de la economía.

Esta situación de crisis, creada por la mala administración del Gobierno, es condición ideal para la desdolarización, justificándola “por los intentos  de la Derecha para apoderarse de la economía”. Culpar al contrario de los errores propios, es típico de los países del Socialismo del Siglo XXI.

Es imposible en El Salvador, un golpe de Estado: no existen condiciones internacionales e internas para que prospere  tal movimiento. El pensamiento del militar en servicio, es ser obediente al Alto Mando y al Ministro de Defensa; si está descontento, solicita su baja, luego de prever responsabilidades por las órdenes confusas y ambiguas recibidas durante la tregua o ya no ve, posibilidad de avanzar en su carrera, por la ideologización que hoy  preténdese establecer dentro de la FFAA.

Un golpe de Estado, paralizaría el país y ningún empresario desea que sus empresas sean perjudicadas. Afirmar que la derogatoria de la Ley de Amnistía, provocaría un golpe de Estado, es falso, pues la corriente mayoritaria, entre los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y Corte, es que  sólo desde el Estado puede cometerse  Delitos de Lesa Humanidad,  lo que excluye a la guerrilla de toda responsabilidad en su actuación,  pero abre la persecución para los antiguos militares, hoy en retiro y, prueba de ello, es la apertura de la causa fenecida del Mozote, a instancia de la Corte.

El FMLN es el único favorecido con esta amenaza,  pues permítele crear cohesión entre sus estructuras y  tener presencia, en los medios de comunicación  respondiendo, ante cualquier señalamiento, con un “¡¡ golpe de Estado!!”. Pura propaganda ante un desastre inminente.

La situación en la que nos encontramos hoy, es muy similar a la de la Argentina, durante el Gobierno de los  Kirchner: desconocimiento de la deuda externa, reducción de pensiones, impago de salarios, sobre contratación estatal, un alto grado de corrupción Estatal y  buen manejo de medios,  descargando responsabilidades en los opositores y, sobre todo, en “las pretensiones del capitalismo y el imperio yanqui”. Lo que se mantiene hasta que sus propios correligionarios, pasan hambre y sus dirigentes rebosan en la abundancia.

Para el presente Gobierno,  los golpistas son los medios de comunicación que dan a conocer el desastre que se avecina, las entidades gremiales que la señalan y, toda persona persona cuya opinión, sea contraria al Gobierno y señalando su estrategia de encubrimiento político.



miércoles, 25 de mayo de 2016

ARENA: A LA BAJA EN LAS ENCUESTAS ¿POR QUÉ?


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 25 de mayo de  2016.

Pueden ser explicadas, tanto el descenso de ARENA como la superioridad del FMLN en las distintas encuestas. La superioridad del FMLN, pese a la peor gestión Gubernamental desde los Acuerdos de Paz,  es notable. En cuanto a ARENA, se explica por sus luchas internas por el poder, por el descuido de la agenda nacional y, el no existir el manejo comunicacional de los errores políticos del FMLN. Todo junto, motiva que el ciudadano común, se desinterese de la política, viendo que no es posible influir en ella.

Las distintas encuestas señalan a ARENA entre y cinco y trece puntos abajo del FMLN; esta diferencia no puede hacerse de lado ignorando la realidad, pues es el resultado de variados factores: la lucha de poder interno trasciende, por un lado, hacia los grandes financistas del partido y, por otro, a la apatía hasta del más humilde votante.

Ante el gran capital, ARENA es una marca, en constante pérdida de su valor, pues  su capacidad de influencia, es cada vez menor y, aún más, algunos dirigentes  han planteado lo innecesario de su ayuda para el funcionamiento cotidiano del partido, pensando en que ésta, sólo es necesaria, para el tiempo de campaña y, debe  acomodarse, a lo que diga el liderazgo interno del partido, manejado por ellos.

La lucha por alcanzar el poder interno del partido crea nuevas estructuras; éstas entran a su vez, en pugna con las del contrario. El error está en creer que, una vez cesada la pugna y alcanzado el equilibrio político, todo volverá a la tranquilidad entre las estructuras, pero no se considera que se hayan herido susceptibilidades, que rompen la armonía futura, dentro del partido. También se piensa que ARENA puede subsistir sin los sectores que lo conforman, es decir, únicamente con las estructuras de los alcaldes y diputados, guiados por una estructura de activistas pagados por el partido. Es craso error: ARENA es, en conjunto, una alianza y, sin sus partes, no existe.

Es  percepción común, de que a ARENA no le interesan los temas de nación: le ha traído un efecto negativo, su intención, al principio, de abstenerse a participar en el tema de las pensiones, para que en esta lucha, no se la relacionase con su política partidaria. No dijo nada sobre los $3,000 millones de los ahorros de las cooperativas, los cuales el Gobierno quiere controlar. Para evitar la presión sobre el impuesto predial, apoyará los $153 millones de créditos, pero con su aprobación o no, el impuesto predial siempre se impondrá, para que sea pagado en los primeros meses del 2018, restando capacidad de financiamiento a ARENA, además de llevar más dinero a las arcas del Estado, para sostener sus programas sociales que sólo son una forma de clientelismo político.

Cuando se habla del manejo de medios, ARENA proyecta grandes y millonarias campañas publicitarias, que sólo pueden ser concebidas en época de campaña; el FMLN, por lo contrario, piensa en la movilización de sus bases para una campaña de boca a boca, la cual llega hasta el último de sus militantes y a sus allegados, utilizando el sistema de “control del rumor”, lo cual les da mayor efectividad, a un costo más bajo; proceder que no sigue ARENA.


El Tribunal de Primera Instancia de ARENA,  resolviendo en favor de Muyshondt y de Ruano, ha sembrado el ataque contra el partido, en su punto más vulnerable. ARENA debe comprender, que el cáncer de su división interna, si no es detenido,  pondrá en peligro a la única institución que puede realizar una verdadera oposición política al FMLN.

martes, 24 de mayo de 2016

EL SALVADOR: ESTADO DEBIL


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 24 de mayo de  2016.

Los conceptos de Estado Débil, Fallido o Colapsado, implican relativos parámetros políticos, usados por los analistas, para determinar la situación interna de un Estado y, lo que  puede representar, como  amenaza, a la seguridad de la comunidad internacional. La situación presente de El Salvador,  permite suponer que ya ha sido analizada bajo este contexto, pues en los últimos meses, ha  habido claramente,  un deterioro institucional muy rápido en su condición interna,  que terminará afectando,  no sólo el sistema democrático, sino la estabilidad del Triángulo Norte, y por consiguiente, El Salvador representa hoy, un Estado Débil.

Para el presente análisis, se tomará en cuanta: a) el monopolio de la violencia, b) la percepción del ciudadano, en relación a las funciones normales y básicas del Estado, c) la funcionalidad de los partidos políticos y ch) la posición internacional de El Salvador. El mayor o menor riesgo, será determinado por la alteración del sistema democrático y el grado en que El Salvador sirva, como plataforma para el crimen organizado y el terrorismo internacional.

El monopolio de la violencia ya no es exclusivo del Estado: las pandillas actúan con impunidad. El Estado no tiene capacidad de evitar las acciones letales de las mismas, ni evitar la obtención de recursos, mediante las extorsiones y por medio del terror, el control poblacional. El ciudadano teme más a las pandillas, que al poder del Estado, al que considera infiltrado, no sólo en la FFAA y la PNC, sino dentro del Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República. Sufre el ciudadano, una grave privación de los servicios de agua y de salud. Y considera nulo el sistema educativo público,  pues un alto porcentaje de los estudiantes, deserta del sistema y   así,  adquiere sólo las capacidades de un obrero promedio.

Ha decaído la credibilidad en los partidos políticos, luego de conocerse los videos de sus negociaciones con las pandillas: el FMLN dando su respaldo a los Ministros que negociaron con las pandillas, al igual que ARENA, luego de desechar la acusación interna,  iniciada en el Tribunal de Primera Instancia del partido, contra Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano. La credibilidad en los otros partidos, ya se ha perdido,  por los diferentes escándalos de las relaciones de algunos diputados con el narcotráfico y las noticias del otorgamiento de plazas, en la Asamblea Legislativa, con fines diferentes a la naturaleza de las mismas y, en beneficio personal de los Diputados.

La necesidad de recurrir a financiamiento externo, para solventar el gasto corriente del Estado y, realizar proyectos sociales, créale una dependencia hacia sus cooperantes y a las instituciones multinacionales, pero lejos de guardar una armoniosa relación y de hacer un esfuerzo, para ordenar, mediante el ahorro, el gasto público, confía en que éstas entidades, proveerán  un fondo de financiamiento inagotable, aumentando el gasto corriente, como  medio de sostener la corrupción interna y el clientelismo político.  Por otra parte, da su apoyo internacional a Gobiernos antidemocráticos  y a facciones palestinas, no aceptadas por el pleno internacional.

La apariencia de la existencia de legalidad del sistema y la migración, mayormente limitada al territorio nacional, son lo único que nos salva de considerarnos  un Estado Fallido. Pero si se diese un pacto político con las pandillas,  romperíase esa barrera pues, abiertamente, el crimen organizado dirigiría las estructuras políticas, forzando una migración acelerada y sería imposible, la captación de inversión extranjera. La baja moral en la FFAA y la PNC,  pueden ser un factor que exploten quienes favorecen a las pandillas. Seriamos entonces, un Estado Fallido y  por lo tanto, una amenaza para la seguridad de los países que nos rodean.




domingo, 22 de mayo de 2016

EL GOBIERNO VRS LA SOCIEDAD


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 22 de mayo de  2016.

El Diplomático canadiense, Adam Blackwell ex Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA),  luego de sus declaraciones, deja en claro que hubo solicitud formal, del ex Presidente Mauricio Funes,  para realizar en El Salvador, un proceso de paz negociada, bajo el auspicio de la OEA y de la ONU. Aunque se tenía la convicción moral de que así fue, no existía  la certeza jurídica; debe ser hoy diferente, el planteamiento de responsabilidades y, débese plantear  que éste proceso, aún continua, ya que el Gobierno no ha hecho, en contrario, solicitud formal.

Mauricio Funes planteo la somalización de El Salvador, así como la incapacidad de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, para contener a las pandillas: fue una solicitud formal del Estado de El Salvador a la comunidad internacional, sin que importase las implicaciones que esto pudiese tener, en el aparato productivo del país o, en la población en general  y que, por su naturaleza, comprometía el  ejercicio de la soberanía nacional, por lo que tal iniciativa, no era atribución exclusiva del Órgano Ejecutivo.  Fue una visión muy particular, influida por necesidades políticas partidarias y ego propio. Esta solicitud de intervención internacional, conllevó la responsabilidad  del Presidente, el Vicepresidente y del Consejo de Ministros.

La dimensión jurídico-política alcanzada por causa de la tregua, permite creer que el Fiscal General de la República, no podrá procesar a Mauricio Funes ni a David Munguía Payés, ni mucho menos prosperaría un aviso  contra  Adam Blackwell, ni ninguna reclamación a la Unión Europea, por haber financiado este proceso. Sin embargo, los salvadoreños que no apoyan una tregua con las pandillas, en base al ejercicio de su propia soberanía, colectivizada en una acción común, podrían oponerse a que, este proceso de paz con las pandillas, continúe y se consolide mediante alguna figura jurídica, que lesione la integridad colectiva de los salvadoreños.

Las acciones del Gobierno, están golpeando las estructuras de las pandillas, al grado de disminuir los homicidios, pero no han disminuido las extorsiones. Aunque la vida humana y la integridad física, son los bienes más preciados y, a los que el Estado les debe la mayor protección, no es para las pandillas lo principal  en su lucha, para ellas,    son los frutos humanos  (extorsiones) y el control territorial, para fijar sus cotos de explotación humana. Ni las extorsiones han disminuido, ni han perdido el control territorial.

Si el Gobierno de Funes,  decidió que era necesario un pacto entre el Estado y las pandillas y hoy se las combate fácilmente, es que la apreciación de Funes fue errada,  provocada por una conveniencia política. Y si las pandillas no pueden ser controladas, como lo ha afirmado el General David Munguía Payes, es que la nueva doctrina militar  de la FFAA, adoptada luego de los Acuerdos de Paz de 1992, fue equivocada y necesario sería, volcar hoy,  todos los recursos del Estado contra las pandillas. Con recursos,  no me refiero a más impuestos, sino a poner a todas las estructuras sociales, en  lucha directa contra las pandillas.

El dilema que se nos presenta es sobre la libertad,  en aplicación del Art. 4 Cn. Nos someteremos a las pandillas por su fuerza….. siendo sus “vacas lecheras” o estaremos sometidos por medio de un pacto….. siendo las “vacas lecheras” para que el Estado se alimente y les dé, a las pandillas, los productos ya procesados.


Más de dos millones de salvadoreños han preferido su libertad fuera del país, pero los que aún están aquí, tienen que contestarse: ¿defenderemos nuestra libertad aquí, o migraremos? La respuesta es de la conciencia individual.

sábado, 21 de mayo de 2016

UN CAMBIO SOCIAL DESDE EL PENSAMIENTO JURÍDICO


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 21 de mayo de  2016.

Es lo normal que los cambios sociales de naturaleza política, creen una nueva estructura jurídica, que norma la conducta humana a futuro. Pero hoy vemos que, el pensamiento jurídico de unos pocos, tiene el poder, por medio de Sentencias, de imponerse al pensamiento jurídico mayoritario.

La evolución del pensamiento jurídico es normal y necesaria en una sociedad, pero cuando dicha evolución se impone, sin  aceptación general de la nueva conducta humana, el engranaje de las relaciones personales intersubjetivas, se fuerzan y detienen, creando un caos social, cuyo origen, muchas veces,  pasa inadvertido, pero no,  sus efectos devastadores.

El Foro,  “Aspectos Constitucionales de la Extradición en El Salvador”, promovido por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, celebrado el día 19 de los corrientes, claramente ha hecho evidente esta situación: los Dres. Enrique Borgo Bustamante, Mario Solano, y José Luis Lobo Castelar,  han expuesto, mediante un razonamiento  sencillo y claro, los aspectos constitucionales relativos a la extradición, concluyendo que,  la extradición de los militares hoy perseguidos, es imposible a la luz de la interpretación de la norma constitucional. El Lic. Fernando Marroquín Galo,  representó en dicho Foro, esa nueva corriente y,  aunque fue categórico al afirmar que su opinión era a título personal,  no le eximió, de considerársele defensor de la nueva corriente de pensamiento jurídico, ni tampoco de su cargo, dentro del Órgano Judicial, y cuya opinión comparten muchos jóvenes asesores o resolutores, dentro de las distintas Salas y Cámaras.

Por esta nueva corriente de pensamiento jurídico, se sostiene que los tratados internacionales, son supraconstitucionales y que, lo expresado en el Art. 28 Cn, es meramente una disposición procesal y no, una garantía constitucional, mientras que el Derecho Social al trabajo, es una garantía constitucional.

También son partidarios de que se interpreten las discusiones de los constituyentes, de conformidad con su redacción gramatical, aun cuando éstas, no fuesen expresadas con tal rigurosidad. Rebatir tales posiciones, sería pérdida de tiempo,  pues  ya lo hicieron ampliamente los panelistas presentes, además de quienes  tomaron la palabra, en dicho Foro.

Estas novedosas teorías, sostenidas por el Lic. Marroquín Galo, son el resultado de la aplicación de los principios jurídicos de la Justicia Transicional y la Justicia Restaurativa,  las que para ser aplicadas, después de una integración legal, tendríase que ser muy creativos, al grado de torcer la exégesis tradicional y cayendo a veces en el absurdo jurídico.

Comprobamos hoy la aplicación de tales principios, en los debates correspondientes al caso de extradición al Reino de España, en perjuicio de los reclamados por la Real Audiencia. Solamente el haber considerado tal extradición, no obstante la vigencia de la Ley de Amnistía y de existir varias resoluciones, conforme a ella dictadas, se ha prescindido de nuestro cuerpo legal vigente, para proceder a la persecución y captura de los por ella beneficiados, lo cual pone en duda, la plena vigencia en la práctica, de la Constitución.

Que un Gobierno extranjero dude de los procesos judiciales en El Salvador y, de su capacidad para decretar una Ley de Amnistía, carece de relevancia, dentro de nuestro territorio, pero  cuando las mismas instituciones, que deben  aplicar y defender las garantías constitucionales salvadoreñas,  dan preferencia al poder soberano extranjero, sí es de preocuparse.

Estas ideas novedosas, no sólo se limitarán al caso de los reclamados por España, lo estamos viendo también en las materias de medio ambiente, electoral, tributaria y en algunas leyes especiales como la Ley de Ordenamiento Territorial. En realidad, toda la sociedad se ve afectada por esta nueva corriente, que ha actuado inadvertidamente, por lo cual, no debe ser debate exclusivo del foro jurídico.



lunes, 16 de mayo de 2016

IRRESPETA EL SALVADOR LA CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 16 de mayo de  2016.

Al retirar a nuestro embajador ante Brasil y, expresar públicamente su disconformidad con los procesos constitucionales y judiciales de dicho país, El Salvador ha faltado a los principios que rigen la OEA y la Carta Democrática Interamericana y,  más grave aún, es que lo ha hecho, siguiendo los lineamientos de una potencia extranjera, Venezuela. Al faltar a dichos principios, ha afectado la soberanía interna de El Salvador, en relación a su mandato constitucional y al desconocer al legítimo Gobierno del Brasil, por cuestiones ideológicas, lesiona la soberanía de dicho país.

El Artículo 1° de la Carta Democrática Interamericana dice: "Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla". En tal sentido, todo acto realizado en apego al orden constitucional de Brasil, debe ser respetado por todos los Estados miembros de la OEA y, si hubiese alguna situación de grave alteración del sistema constitucional, debería aplicarse el Artículo 20° de dicha Carta, y proceder dentro del seno de la OEA. No lo han hecho los Gobiernos ni de El Salvador, ni de Venezuela

Débese entender que la representación de que gozan el Señor Presidente de la República y sus Ministros, es dentro de los intereses propios del pueblo salvadoreño, en apego estricto al orden Constitucional e Internacional vigente. Las simpatías partidarias, a favor del Socialismo del Siglo XXI, obedeciendo  peticiones  del Gobierno de Venezuela,  quedan fuera de toda consideración válida, para el ciudadano salvadoreño: han alterado el orden Constitucional salvadoreño, tanto el Presidente como su Canciller.

La Carta Democrática Interamericana, resulta vinculante para los Estados Miembros, en virtud de la “opinio juris”, esto significa que los Estados aceptan y reconocen  como uno de sus principios fundamentales, el fortalecimiento de la Democracia representativa y, la aplicación de las diferentes contralorías de poder, considerando además, que la democracia es el único sistema válido. La suspensión de la Presidenta Dilma Rousseff por 180 días, es precisamente por haber realizado actos contrarios al sistema democrático brasileño, declarado así,  luego de los respectivos procesos en la Asamblea y en el Senado.

En vista de que las relaciones exteriores de El Salvador, están siendo regidas por intereses políticos partidarios, la Asamblea Legislativa, puede recomendar que se normalicen las relaciones con Brasil, antes que éstas se deterioren. Hemos visto otros serios errores diplomáticos: Preferir el Frente Polisario por sobre Marruecos, nuestro tradicional canal de comunicación diplomática con el mundo árabe; esta preferencia, se debe a la línea revolucionaria y separatista del Frente Polisario, que pretende segregarse de Marruecos. Hemos preferido a Palestina,  por la ayuda que dio la OLP al FMLN, durante su lucha armada, sin atender nuestras relaciones diplomáticas tradicionales con el Estado de Israel. Ahora preferimos seguir las decisiones políticas de Venezuela, por la relación partidaria del FMLN con el ALBA.

El Salvador también manipuló  al ex - Secretario General de la OEA,  José Miguel Insulza, involucrando a esta entidad internacional, en un proceso de tregua, que no sólo fue fraudulento, sino ilegal, e inconstitucional.


Todos estos errores políticos, perjudican las relaciones internacionales de nuestro país y considerando que no debemos intervenir en los asuntos internos de otro Estado, muy conveniente sería que se restableciesen las relaciones con Brasil. La simpatía existente entre quienes creen en el Socialismo del Siglo XXI, no debe de traspasar las fronteras de quienes las sostienen,  pues de hacerlo, se estaría interfiriendo con la soberanía de otra nación latinoamericana. La visión geopolítica del ALBA, es nociva para la unidad latinoamericana, dentro del seno de la comunidad continental. 

domingo, 15 de mayo de 2016

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS DE LA TREGUA


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 15 de mayo de  2016.

En una migración interna, la tregua ha generado el desplazamiento de sus hogares de 289,000 personas, según datos dados a conocer en Ginebra, Suiza, en Mayo de 2015, por el Secretario General del Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), Jan Egeland, en conjunta declaración con  el Jefe Adjunto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Volker Turk. Señalaron, como responsable de tal catástrofe, a la violencia en que vive el país. Sabemos hoy que, son el Gobierno y las pandillas responsables de tal catástrofe y, de la violación de los Derechos Humanos de las víctimas.

La responsabilidad directa, recae en las pandillas, pero el Gobierno tiene una doble responsabilidad: “comisión por omisión” cual lo señaló Volker Turk al expresar: "primero se desplazan, pero luego intentan huir de sus países porque se sienten totalmente desprotegidos". En otro documento,  publicado por el Servicio Social Pasionista, se plantea la responsabilidad directa del Estado, por haber facilitado el desplazamiento poblacional, como  política de Estado.

Como primera responsabilidad, el Estado de El Salvador, por medio del Gobierno, está obligado a la protección de sus ciudadanos, en el goce y preservación de su integridad física y de todos los otros Derechos, como el de la libre permanencia dentro del territorio nacional. Su negativa, a reconocer la magnitud de la violencia, elude su responsabilidad constitucional y, con una clara representación de los efectos, convierte su negligencia, en un hecho intencional pues, para su conveniencia política, ha encubierto la magnitud de los hechos.

Al justificar la migración salvadoreña como consecuencia de la extrema pobreza, el Estado de El Salvador ha evitado que, en instancias internacionales, se valoren, erróneamente, las solicitudes de asilo; pese a ello, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), otorgó el 2014 el status de refugiado a 10,969 salvadoreños, habiendo 18,037 solicitudes pendientes de refugio, y en el 2015, fueron presentadas 12,959 solicitudes más.

Responsables de manera directa, entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, han sido la FFAA y la PNC. Se han realizado veintisiete desplazamientos   forzados de comunidades, al amparo de estas autoridades, siendo diecinueve, al amparo de las FFAA y, ocho, de la PNC. Justifican dichas acciones “como ayuda a la población civil, para que puedan salir de manera segura, debido a las amenazas de las pandillas”. Por consiguiente, al conocer la complicidad del Gobierno en acuerdos secretos con las pandillas, podemos especular que dicha “ayuda a la población civil” fue en acuerdo con las pandillas, para limpiar la zona de toda persona que les fuese ajena. Así, clara está la complicidad de las altas esferas del Gobierno, de los mandos medios y aún, de algunos elementos de la PNC.

Las acciones de los pandilleros y la del Gobierno, no sólo son sancionados por nuestro Código Penal, sino también contemplados por el Estatuto de Roma; pueden así ser juzgados, en instancias internacionales, si la justicia nuestra no puede hacerlo. Es notorio que ni el Procurador de los Derechos Humanos ni el Fiscal General de la República, se han pronunciado al respecto, siendo tan clara, la situación. Mucho menos se plantea la reparación del daño causado y de los efectos negativos en otros Estados.


La responsabilidad que se deriva de la “responsabilidad del mando”, alcanza en este caso al Ministro de Defensa Munguía Payés y a Mauricio Funes, aunque nieguen ellos su participación en la tregua. Por sus cargos, era su obligación conocer y actuar en los casos en que los Derechos Humanos estaban siendo violentados. Esta situación alcanza hoy plenamente, a Salvador Sánchez Cerén. 

miércoles, 11 de mayo de 2016

FINANCIAMOS NUESTRA PROPIA DESTRUCCIÓN.


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 11 de mayo de  2016.

Si  para iniciar la tregua, se financió a los cabecillas de las pandillas, con doscientos mil dólares ¿de cuánto sería para el país, el costo total de dicha tregua? Consideraremos que, según varios estudios publicados, cuesta a El Salvador esta violencia, como daño emergente, el 10.8% anual del PIB. Sólo el costo de la seguridad, es del 2% del PIB, siempre anual. Con tales cifras, y las pérdidas de lucro cesante, por falta de competitividad, asciende el costo, entre el 2009 y el 2015, al 71.8% del PIB. ¿Podría la tregua, llevar a la ilegitimidad del presente Gobierno?

Situación que es, fiscalmente insostenible y quien ha provocado esta descomposición social es el Gobierno, invirtiendo los fondos públicos sin control. Esta es contradicción, imposible de aceptar por los nacionales e, intolerable para los prestamistas del Estado; sobre todo si éstos esperan el retorno de dichas inversiones y es preocupación por haberse consumido fondos internacionales,  que se recibieron para ayuda y desarrollo.

El problema de las pandillas se inició poco después de los Acuerdos de Paz de 1992. Los Gobiernos anteriores a Mauricio Funes, las combatieron de manera ineficiente y errónea, pero sin financiarlas. Imposible es creer  que la visita del Presidente de la OEA a los pandilleros, fuese ajena al Gobierno y al conocimiento de Cancillería y que, el discurso de Mauricio Funes, en la ONU, no haya sido con el propósito de que le diesen apoyo a su proyecto de “tregua”, con las pandillas.

Las preguntas naturales son: ¿continuarán dando créditos al Estado de El Salvador, dado su riesgo país? ¿Estarán los cooperantes, anuentes a financiar obras en El Salvador, si el Gobierno gasta sus recursos propios y de los créditos, para favorecer el crimen organizado transnacional? El Gobierno salvadoreño confía contar con la inversión no  occidental (China continental) y, con el fondo de las pensiones, solventar su problema de caja. Hechos que plantean la necesidad de medidas extremas: la CICIES y mecanismos de contraloría alternos o ajenos al Gobierno. Estos dos mecanismos se derivan lógicamente, del razonamiento del mismo Gobierno: “no aceptamos ninguna injerencia extranjera o mecanismos que condicionen al Gobierno, porque sería un cogobierno”.

Y no lo son, ni la CICIES ni una supervisión de la empresa privada, en lo referente a los gastos de seguridad; son la adecuación de la democracia a una realidad política. Considera el FMLN, que el poder público ejercido por los funcionarios, debe ser total e irrestricto, lo cual no puede ser y, cuando los mecanismos normales fallan, porque son dirigidos por una misma entidad, dictador o poder centralizado, no existe la función de los organismos democráticos y, esta ausencia, obliga a contener ese poder, dentro de los límites constitucionales, mediante la función  de mecanismos alternos, no prohibidos por la Constitución.

Signo de su apoyo claro pero encubierto a las pandillas y, de su complicidad con ellas, es la negativa del Gobierno a destituir a los Ministros David Munguía Payés y a Arístides Valencia, por causa de sus vinculaciones con las pandillas. La gravísima cuestión es  ¿continuaremos sí, o no, financiando  con nuestros impuestos y préstamos, la consolidación de las pandillas, en detrimento de la seguridad del Triángulo Norte?


Consideremos otro punto: ¿Cómo juzgaremos unas elecciones que se realizaron bajo la coacción de las pandillas, cuya actividad fue financiada con fondos públicos? Si fue la coacción sobre más de seis mil personas, ¿Podría considerarse la ilegitimidad del presente Gobierno? Las investigaciones efectuadas por la Fiscalía General de la República, darán la respuesta.

lunes, 9 de mayo de 2016

TRES CORRIENTES POLITICAS Y SU EFECTO EN LAS PANDILLAS

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Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 9 de mayo de  2016.

Vívese actualmente en El Salvador, conforme a tres praxis políticas, cuyo análisis permite vislumbrar algunos sucesos futuros. Estas tres corrientes de pensamiento, basan su estructuración en el constante debate ideológico, frente a la realidad existente y los objetivos trazados. La primera corriente es  la del partido Gobernante, la segunda, corresponde a la oposición, claramente definida y, la tercera, a la de los socialistas disidentes.

Mantiene el partido Gobernante, la misma estructuración de fines y objetivos revolucionarios perseguidos desde 1962, año en que se decidió la expansión revolucionaria en Centroamérica, y que se ha desarrollado en cuatro fases: primero la subversiva, concebida en 1962, segunda, la lucha armada, definida en 1975, tercera, la toma del poder, estructurada entre 1988-89,  y cuarta, la consolidación en el poder, planificada desde el 2006.

Conveniente es para un correcto análisis atender, no a la fecha de realización  de los objetivos, sino a su concepción, planeación y definición teórica pues, a partir de allí, habrá una constancia en la que el tiempo no importa. Una vez trazados los objetivos, son inamovibles para serán los dirigentes futuros, estableciéndose, en la praxis política, una línea continua y firme.

Se encuentran hoy esta corriente, en la fase de consolidación, por lo que el poder económico, es decisivo en su arsenal político; más,  debido a su poca o ninguna capacidad empresarial, en todo antagónica a su lógica política, no ha podido, dicho poder, desarrollarse a plenitud. Creadas al amparo del dinero del ALBA, sus empresas sólo pueden subsistir al amparo del Estado y éste, por esa razón, ataca furibundo a la empresa privada, pretendiendo anularla, tildándola de enemiga política,  persecución que puede arreciarse en los próximos meses. El Gobierno considerará como su enemigo político, a todo movimiento, gremio o persona, que exprese una opinión contraria. Esta pétrea forma de pensar, no toma en cuenta la realidad económica y social imperante y, sus acciones, sólo empeoraran la situación nacional. La revisión de objetivos, sólo se hará, si se logra el control absoluto del Estado o se pierde el poder.

La segunda corriente es la de la actual oposición al Gobierno: la conforman todos aquellos que fundan sus ideas en los principios de libertad y de la propiedad privada. Algunas veces esta corriente, conformada por la mayoría de los salvadoreños, es fragmentada y discontinua en el tiempo, pues en diferentes momentos históricos, cambia su curso y modifica sus fines y objetivos, cambios que no serían trascendentes, si no existiese un enemigo que pretende destruirla, para crear una nueva realidad.

Esta corriente, seguida por la mayoría de los salvadoreños, es fragmentada y discontinua en sus acciones, estableciendo fines y objetivos de muy corto plazo, según sean las necesidades del mercado, ignorando cualquier amenaza de mediano y largo plazo. Sus acciones responden a las necesidades individuales y no, a las de la mayoría, lo que  les impide enfrentar convenientemente, cualquier amenaza común; reacciona cuando el peligro es patente para todos y, aún en esos momentos, no es clara la unidad de acción, porque algunos ven, en tal circunstancia, la destrucción de sus competidores internos  y, cuando hay debate, éste es superficial,  y públicos los ataques personales, con gran resonancia en los medios, lo que no abona  la unidad política, frente a un enemigo cohesionado y se procede así, dando  falsa apariencia de relevancia política.

La fragmentación y discontinuidad, han sido por causa de no fijar objetivos comunes ni definir planes coordinados de acción, a mediano y largo plazo, como resultado de un debate ideológico y de la aplicación de los principios de libertad, motivando las alianzas temporales, sostenidas sólo en momentos coyunturales. Esto aclara la causa de que la Izquierda tuviese la capacidad para ascender al poder: aprovecho los errores de los gobiernos de ARENA y hoy busca consolidarse, no obstante su galopante desgaste, aprovechando las divisiones existentes en el gran empresariado, el cual se ve en la disyuntiva de colaborar con quienes buscan su destrucción, pero que les permite tener utilidades a corto plazo o, sacrificar éstas, en favor de una estructura política no sólo minoritaria, sino también, sin visión política.

La tercera corriente es de la izquierda que no gobierna: ha ido formándose lentamente desde la transformación del FMLN en partido político, a partir de 1992. Su origen está en las rivalidades personales nacidas de las preeminencias de las organizaciones que conformaron el FMLN guerrillero y, a las que se han unido, otros grupos de izquierda, ajenos al movimiento armado.

Esta tercera fuerza, por su concepción ideológica y conveniencia, ve en las maras un segmento social, pero “excluido”, con el cual ha creado afinidad: grupo misántropo, cuyo actuar cotidiano es la transgresión del sistema normativo que nos rige. Mauricio Funes fue el primero que vio en este sector social, un potencial político y quien tomó  contacto directo con él, durante su campaña electoral y con la anuencia del ex - Presidente Saca, que consideró que era ésta, una gestión estéril, dentro de la campaña electoral.  

A esta tercera corriente responden todos los voceros de las maras: Raúl Mijango, el Padre Antonio Rodríguez Tercero, Paolo Lüers y también David Munguía Payés y Monseñor Colindres. Sin embargo, este último no seguía originalmente esta forma de pensar, pero fue arrastrado por dicha corriente, en su relación con las pandillas.

En la captura de Mijango y de toda la estructura que permitía los beneficios a los mareros, ha habido una aceptación general de la gestión del Gobierno, pero se va a revertir a mediano plazo, en cuanto poco a poco, se vayan conociendo las relaciones de las pandillas con el Gobierno, quien buscó en ellas, un apoyo político-electoral. Resultará como en España, las negociaciones secretas entre el PSOE y ETA, durante el gobierno de Zapatero (2004-2008), un desgaste político impresionante para el Gobierno. Mientras ETA estaba llegando a su fin, como entidad político-terrorista, aquí las maras están desarrollando su potencial, en vista de lo cual, es conveniente  analizar la cuestión más a fondo.

Un peligro a la seguridad Nacional es que las maras ya disputan el poder al Estado, lo cual ha trascendido las fronteras patrias, generando al Gobierno presión internacional, con la exigencia de que se las contenga; esta presión ha permitido que se conozcan muchos entretelones de la tregua. El FMLN, en esta coyuntura, busca cumplir tres objetivos: 1) contener a las pandillas, para destruirlas o someterlas, para una utilización futura 2) relacionar a las pandillas con la oposición política,  para revertir su propio desgaste y 3) manipular a ARENA para que apruebe, de manera irrestricta, todos los préstamos que solicita el Gobierno.

Para la desarticulación de las pandillas no será suficiente, la captura de las cabezas visibles de las negociaciones; creará ésta, un nuevo clandestinaje y cohesión entre las maras que tendrán que enfrentar a un enemigo común. Y se podrá hacer así, porque las acciones del Gobierno son limitadas y no suficientemente contundentes. Las pandillas están abandonando las ciudades y asentándose en las zonas rurales y también emigrando a Honduras. Al observar el número de enfrentamientos de la PNC y las Fuerzas Armadas con las pandillas, que van en ascenso y cada vez mejor estructuradas, no sería de extrañar que el contacto de éstas, con disidentes de la Izquierda, sean los que les están proporcionando los esquemas de guerra, usados durante el pasado conflicto armado.

Débese aclarar que ya no existe la polarización política en El Salvador, porque la lucha ideológica y política actual está, dentro de los parámetros normales del sistema democrático; sin embargo, las pandillas ejercen la violencia utilizando armas, lo cual prueba que existe polarización en la sociedad salvadoreña: a) mareros y sus allegados (400,000 personas) beneficiados con utilidades ilícitas y b) la población que sufre las consecuencias del actuar ilícito (5,500,000 personas). Esta situación encaja a la perfección, en los presupuestos que plantea el brasileño Carlos Marighella, en su obra “Guerra de Guerrillas Urbana”. Sólo una respuesta rápida y extensa del Gobierno, puede evitar que estos grupos delincuenciales, cambien a una lucha política y se cumpla así, lo que, en su visión plantea   Dagoberto Gutiérrez, dándose la “somalización” del país.  

La destitución y captura de los funcionarios implicados en la tregua y la de los particulares que colaboraron, no debe ser para castigar una ya pasada conducta, según un concepto penal, sino para evitar una amenaza presente,  a la Seguridad Nacional: en tal sentido, la remoción de los Ministros de Defensa y el de Gobernación son imprescindibles, pues con ellos aún existe la estructura que planeó la utilización política de las maras.