EL SALVADOR EN LA GEOPOLÍTICA LATINOAMERICANA

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Entre Estados Unidos, Rusia y China, se está viviendo una suerte de guerra fría, en la que se están disputando sus respectivas áreas de influencia, en una nueva estructuración geopolítica, luego del fin de la Guerra Fría. Venezuela, por ahora, es el epicentro en Latinoamérica, pero muy probablemente, éste conflicto se trasladará al área centroamericana, sí Venezuela se consolida como área de influencia rusa.

Desde la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en 1996, por las República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, a las que se le han sumado Uzbekistán (2001), India y Pakistán (2016) en lo cual se ve una maniobra de consolidación en derredor de su “espacio vital”, lo que es previo a una expansión, en sus áreas de influencia (lo cual está ya dándose). El rechazo de Rusia a que Bielorrusia formara parte de este acuerdo, porque ésta, tiene intereses “europeos”, confirma que es un bloque geopolítico.

La influencia geopolítica rusa en Latinoamérica, se revivió en 1999 gracias al fortalecimiento de sus vínculos con el Gobierno de Venezuela y, a los numerosos acuerdos de cooperación comercial, energética, industrial, cultural y militar, con Argentina, Bolivia, Cuba, Brasil, Ecuador, México, Nicaragua y Perú.

Hemos visto en los últimos días, una consolidación interna del chavismo, gracias al dominio de las comunicaciones, los grupos de calle, Ejercito y un repetido discurso nacionalista contra Estados Unidos. Es muy difícil calcular el grado de penetración social, logrado por el chavismo, pues es imposible medirlo con encuestas: tenemos que basarnos en las acciones de la oposición y la resistencia del Gobierno.

Las ayudas que están gestionando Venezuela y sus aliados, desde Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, puede terminar consolidando al régimen, por el desgaste de la oposición, y habría para la ayuda rusa y china, un canal legítimo. Toda dicha ayuda, será en última instancia, para mantener la lealtad del Ejército y de la Milicia.

El equilibrio logrado por Estados Unidos durante la Guerra Fría, gracias a la gestión Nixon (explotando las diferencias entre Rusia y China) y a la supremacía tecnológica y económica de Estados Unidos, ha sido entendido, por estas grandes potencias, para disputar hoy, su hegemonía mundial.  Si no se llega a un acuerdo, como el logrado durante la Crisis de los Misiles, con Cuba en 1962, Estados Unidos se enfrenta ante dos disyuntivas 1) coexiste con un problema geoestratégico como el de Kaliningrado para la UE o, 2) disminuye su área de influencia en beneficio de Rusia o China, para que éstas, le permitan su influencia exclusiva en Latinoamérica.

En el primer caso, el conflicto se trasladaría a Centroamérica; El Salvador y Nicaragua serían nuevamente los antagónicos, como en los años 80´s, pero esta vez China disputaría la región. La disminución de la ayuda al Triángulo Norte, anunciada por Donald Trump, sólo favorecerá la penetración rusa y china.

Existe la creencia, en el Departamento de Estado, que Centroamérica no puede subsistir sin el comercio y relación con Estados Unidos y, que el cese de su ayuda directa, encausará las decisiones de sus Gobiernos; pero la economía centroamericana es tan pequeña que puede ser absorbida por los mercados ruso y chino, si esto, les da un beneficio geopolítico en su lucha contra Estados Unidos: Cuba ha sido ejemplo de ello y hoy, lo es Venezuela. Las pérdidas económicas en tal caso, serían el costo de oportunidad que debe de ser asumido.

No se perfila por el momento en El Salvador, un Gobierno que asegure una alianza firme y confiable a Estados Unidos, debido a que su triunfo ha sido sustentado  por fuerzas anti norteamericanas y que, de ahora en adelante, ejercerán presión contra este Gobierno, a diferencia de lo sucedido en los años 80´s.

SI LA JUSTICIA SE VUELVE CORRUPCIÓN

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

La justicia es el fin último de toda la actividad del Estado y los abogados,  los obligados a velar por su cumplimiento; pero si se busca, creando en esa  actividad, una forma de negocio, la noble gestión se desnaturaliza y vuelve injusta. La historia de El Salvador nos permite reflexionar sobre esta delicada cuestión. La obra más completa e imparcial sobre nuestro pasado conflicto armado es “EL SALVADOR: ARCHIVOS PERDIDOS DEL CONFLICTO” que, en sus tres volúmenes titulados, “Nadie es completamente bueno, ni completamente malo”, “Si vas a juzgar, hay silla para todos” y “¿Valió la Pena?, ese pasado, vuélvese presente en el Derecho, por la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, pese a la resolución en contrario, del año 2000, así  el conflicto aún no se ha cerrado y, comprobamos que  la justicia se vuelto  corrupción:  sólo beneficia a algunos profesionales del Derecho, que actúan, como parte de una transnacional que  pretende sólo lucrarse del pasado.

No me refiero a las transnacionales que quitan o ponen gobiernos o, que promueven conspiraciones mundiales, para defender grandes intereses corporativos y las economías de las potencias, sino a quienes, cual carroñeros, se lucran de las consecuencias de esas luchas, promoviendo “justicia” para las víctimas, previo enjuiciamiento, a quienes han cumplido con sus obligaciones constitucionales, para hacer que los Estados paguen cuantiosas sumas de dinero, el cual nunca llega a las víctimas:  es repartido en ese impresionante aparataje transnacional. Una verdadera industria que explota y revive el dolor de un país, para tener lucro personal:  no hay diferencia entre esta, y una gran corporación que compra gobiernos para su lucro personal:  Caso Odebrecht, que ha salpicado a toda Latinoamérica (hasta al Gobierno de Funes).

El Centro de Justicia y Responsabilidad (The Center for Justice & Accountability, CJA por sus siglas en ingles), una escisión de Amnistía Internacional y que con el patrocinio inicial, del Fondo Voluntario para Víctimas de Tortura de las Naciones Unidas, inicia una corporación que litiga en Bosnia, Chile, China, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Indonesia, Somalia y otros países africanos, Asia, Europa del Este y el Oriente Medio.

Su negocio consiste en crear  condiciones para dar continuidad a los conflictos, y cobrar a los Estados jugosas indemnizaciones, alegando que hubo violaciones a los Derechos Humanos, por lo cual deben de indemnizar a las víctimas, que sólo reciben en definitiva, compensación insignificante, en comparación con lo que queda a  esta transnacional y sus filiales locales.

En El Salvador, esa filial es el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) por medio del cual, querella indirectamente el The Center for Justice & Accountability (Almudena Bernabéu, una de las administradoras de la Transnacional afirma, que su entidad litiga en El Salvador). Por muchos años, Benjamín Cuellar ha sido miembro de dicha organización y, David Morales ha representado al Estado de El Salvador hasta su condena y, hoy, está litigando contra las acciones del mismo, en un doble papel, que sólo beneficia a sus intereses.

Este hecho y situación  ha sido denunciado también en Argentina, por medio del libro “EL NEGOCIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, humildes estafados, progres engañados, trampas y corrupción: los verdaderos sueños compartidos entre el gobierno y las organizaciones de DDHH”. El Salvador es un calco de Argentina.

Que el salvadoreño trabajador, no pague las cuentas de estos abogados voraces, ni se use la sangre y esfuerzo de un pasado conflicto, para nutrirles en el presente y en el futuro. Detener esta nueva forma de corrupción en El Salvador, es absolutamente necesario.

LA ESTAIZACIÓN DEL AGUA

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

La estatización del agua es la finalidad de la campaña “no a la privatización del agua”. Hasta hoy y desde 1859 (fecha de promulgación del Código Civil) el agua es un bien nacional: puede ser usada a discreción, por todo habitante que la desee y necesite. Por causa de la ineficiencia del ANDA y la corrupción en la planificación urbanística estatal, el Estado está reclamando mayor dominio del agua, lo que le daría un control absoluto sobre la industria y la producción agrícola. En apoyo de los manifestantes, el Presidente electo envió una muy peligrosa señal que sólo puede augurar el principio del caos

El Art. 576 del Código Civil dice; “Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, son bienes nacionales de uso público”. Quiere decir que todo salvadoreño puede usar el agua, de acuerdo a la legislación de avenamiento pertinente; sin embargo, la tendencia es a crear un ente centralizador, que regule todo uso del agua:  significa que todo particular que extraiga agua de un poso, aunque hecho por él, o tome agua de un rio, tendrá que hacerlo previo permiso y pagando el aforamiento respectivo, lo cual provocara encarecimiento, en la producción agropecuaria e industrial. En consecuencia, se verá afectado el consumo humano del agua.

La industria del agua embotellada ha sido necesaria, por el deficiente servicio del agua brindada por ANDA (fundada en 1961), pues en muchos casos la calidad del agua servida, la hace impropia para el consumo humano. La ineficiencia de ANDA como ente estatal, ha agravado el problema del consumo de agua en un país, golpeado por el cambio climático.

El país sigue una tendencia hacia el socialismo, en la cual, la iniciativa privada se ve cada vez más restringida, creciendo el poder estatal; en dicho proceso, florecen la corrupción y el poder de los partidos políticos, que se venden a conveniencia.

La ley de Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, despoja al propietario de su dominio: sólo le deja la nuda propiedad, restringiéndole de tal modo, que ya no puede decidir sobre sus bienes. Lo mismo sucede con la Ley de Ordenamiento Territorial, la cual da a las Municipalidades, la potestad de decidir sobre el uso del suelo, de acuerdo con la Secretaría Técnica de la Presidencia. Esto es porque las leyes no son “incentivas” sino “restrictivas”:  que restringen la conducta, no promueven la libre iniciativa. Es un largo, pero seguro camino hacia el socialismo, en el cual se extingue la iniciativa privada, que promueve el desarrollo nacional.

Los eventos del día miércoles 20/3/2019 en el que la turba, ataco a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia, Nayib Bukele exige la libertad de los capturados; fue muy mal mensaje:  augura que gobernará con acciones de calle y no con la concertación democrática. Por otra parte, puede preverse que actué como liberal y leal a Estados Unidos en las relaciones exteriores y socialista populista en el país, lo cual es insostenible en términos de desarrollo.

La protesta de ayer, dirigida por la Universidad Nacional y su reacción negativa para con la fracción del FMLN, muestra que éste ya no tiene control sobre la masa, hoy la tiene Bukele, con los mismos principios del FMLN guerrillero. Pedir la libertad para los detenidos con amenaza contra la PNC, es violación expresa del Art 164 de la Constitución, e indica rompimiento de la institucionalidad. Y si a tal proceder, le sumamos la tendencia socialista, el país muy difícilmente, podrá alcanzar las metas de crecimiento económico, tan necesarias para el bienestar de los salvadoreños.

SENTIMIENTO NACIONAL Y REALIDAD

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Ha llegado a su punto crítico el repudio a la corrupción y al abuso de poder de los políticos, porque de allí genéranse todos los males de El Salvador:  permiten el narcotráfico, la ineficiencia de las instituciones públicas, la emigración por motivos económicos y de inseguridad. El ciudadano común expresó ese rechazo con su voto, pero en a la imposibilidad de que su voz sea escuchada por sus “representantes políticos”,  espera una CICIES para  castigo a los políticos de antaño: tal deseo,  puede traer consecuencias irreparables para la patria. El Salvador perderá la soberanía nacional.

Nayib Bukele buscará la aprobación de una CICIES, que busque que la ONU y la OEA ejerzan acción directa, con un poder supranacional, en el cual, en el mejor de los casos, la Fiscalía General de la República, será sólo un ente operacional. Para la conformación de dicho organismo, buscará el beneplácito de la Asamblea Legislativa, dando apariencia de legalidad, a la delegación de la soberanía. Políticamente sería algo dirigido a sus opositores políticos: los partidos que anteriormente, han ejercido el poder, por lo que, la ONU y la OEA, consolidarían el poder de Bukele.

Es de suponer que será tildado de corrupto, todo salvadoreño que se oponga y será el primer objetivo a investigar. Por ello, al reconocer Mauricio Interiano que ARENA ha sido corrupta, la está señalando como una estructura de poder (ver las nuevas teorías penales derivadas de la Justicia transicional y Restaurativa), creada para la corrupción misma y, por lo tanto, deberá ser objeto de investigación y sanción. Al reconocer tal hecho, ARENA no se puede oponer a la CICIES, pues reafirmaría que es un partido corrupto. Ante una delegación de soberanía (que es inconstitucional y puede considerarse acto de traición a la Patria) como fracción tiene que abstenerse de votar, pues hacerlo, sería traicionar sus principios, por lo que debe de razonar su abstención.

El acercamiento político de Nayib Bukele a Estados Unidos, entregando un discurso “liberal y democrático” en la Heritage Fundation, riñó con sus discursos de campaña y, puede inducir al alto empresariado a creer, que ya no necesario que haya una oposición fuerte en el país. Pero no hay que olvidar que todo el apoyo firme de Bukele, proviene del  ala más radical y ortodoxa del FMLN, pues han considerado seguir, los valores primigenios de la revolución en El Salvador: su rechazo a la cúpula del FMLN, ha sido por su “aburguesamiento”, lo cual dará origen a los primeros desgastes políticos de Bukele.

Una oposición fuerte, evitó que el FMLN fuese radical, prefiriendo el enriquecimiento personal. El reciente discurso de Bukele en Estados Unidos, recuerda los discursos de Hugo Chávez, en los que sólo pretendía acabar con la corrupción y potenciar el sistema democrático. Sería craso error no fortalecer en el país, la oposición liberal.

El desafuero del magistrado Escalante Días, ha probado que la institucionalidad sí funciona, siempre que no se trate de personajes políticos o, con poder fáctico. Si se aplicase tal celeridad para enjuiciar a José Luis Merino, Mauricio Funes y a la cúpula del FMLN por sus Crímenes de Guerra o, deducir las debidas responsabilidades a los líderes de las pandillas, una CICIES sería inútil.

Una CICIES, implicaría la perdida de la soberanía:  reconoceríamos nuestra incapacidad para gobernarnos y hacer cumplir nuestras propias leyes: estimularíamos la delincuencia, el narcotráfico y la emigración, que son reflejo de esos males. El Salvador no puede, no debe delegar su soberanía en extranjeros, eso sería traición a la Patria.

PERSPECTIVAS PARA LA DERECHA.

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

El resultado de las pasadas elecciones presidenciales, no fue sobre ideología o plataformas de gobierno, sino repudio a las dirigencias partidarias: Ni ARENA ni el FMLN, han comprender dicho sentir, que viene desde la elección de los diputados actuales.  ARENA no ha comprendido que las imposiciones de su cúpula y la falta de contenido ideológico de sus acciones, son causa del alejamiento del votante, que  aspira a militar en un partido auténticamente democrático, en el cual militen todos los sectores en igualdad de condiciones, con un solo interés: la búsqueda del bienestar común, sin diferencias de riqueza económica, pero en comunidad ideológica, por lo que  debe  alejarse de confabulaciones partidarias, considerando sólo el aspecto fundamental de la derecha: su ideología, buscando sobre ésta, solución  a los problemas nacionales.

Si entre todos los sectores sociales no hay integración igualitaria, córrese el riesgo de crear un partido de empleados: muchos obedecen porque perciben un salario o esperan recibirlo. O un partido populista en el cual importa sólo lanzar ideas a gusto de  la muchedumbre, pero cuyo resultado es, a la larga, el caos social,  o la manipulación del ciudadanos por el narcotráfico y la mara, que  persiguen su beneficio  a costa de la corrupción nacional.

Toda persona  excluida de las decisiones partidarias, pero liberal de convicciones: su horizonte político, la libertad, sin otros límites que los más firmes valores familiares, las normas de convivencia y la lealtad a la patria, debe solidarizarse con sus iguales ideológicamente buscando solución a los problemas sociales, a la luz de esos valores  políticos, planteando soluciones con otros grupos, hasta que el clamor general sea unificado y afecte las decisiones de los políticos: pues está claro que éstos pueden manipular a sus partidos pero no,  el voto de hombres libres con firme ideología.

Ciertos políticos en El Salvador, buscan crear redes paralelas a las estructuras partidarias y en muchos casos, substituyen éstas, a las del partido. Dichas redes no se sustentan en la ideología, sino en el asistencialismo y el clientelismo (dependencia del Señor feudal), obligando al partido a garantizarles una nueva elección. Así se forman los feudos políticos, que luego son comerciados para obtener favores: se denigra la calidad de ciudadano, pues el político considera que esta puede ser comprada por promesas, láminas, y un plato de sopa con un tamal.

Tres son los problemas principales sobre que el ciudadano debe debatir: 1) que el Estado no le quite el ahorro de sus pensiones, pues es una amenaza a vida futura y sus derechos. 2)  la apatía de los jóvenes a participar en la vida democrática, que se debe a la deficiente educación en las escuelas que también no permite al país desarrollarse tecnológicamente. 3) las maras son un cáncer social, que asfixia la vida económica del país y limita los derechos de todos los salvadoreños.

En base a la ideología liberal, pueden resolverse estos tres problemas y   se debe discutir y exigir a nuestros políticos, su formal solución y, si éstos no atienden, entonces los ciudadanos preocupados por el país, deben de substituirlos, pues sus feudos no deben sobrevivir sin la aprobación de la ciudadanía que consiente de su libertad, no podrá ser obligada a dar su voto por quien no sabe cumplir sus aspiraciones.