Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓNACCION
“Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, y se
olvida de que el Estado vive a expensas de todo el mundo.” Frédéric Bastiat. El
anterior concepto del economista liberal francés del siglo XIX, servirá de
marco, para explicar la relación de la política con la economía, porque hoy El
Salvador, enfrenta una crisis económica, que profundiza las desigualdades
sociales, sin que el Estado cumpla su función de mantener la paz interior,
orden y subsidiariedad; necesarios para un desarrollo sostenible.
El Estado salvadoreño, con el reordenamiento territorial de
San Salvador, ha realizado una reforma urbana encubierta: aumento de impuestos
y restricción de libertades al comercio, propiedad, circulación y expresión
religiosa. Este ejemplo debe de explicar el fenómeno de la relación de la
política con la economía.
Toda acción política que tienda a limitar la libertad más
allá de lo que establecen las garantías constitucionales, no desarrollará
convenientemente la actividad pública ni la privada; y no generará las
ganancias suficientes para el pago de impuestos, satisfacción de las
necesidades personales y la solidaridad social, que está presente en toda
conciencia humana. Si el Estado, no percibe los impuestos necesarios, no puede
sostener el orden interno, ni realizar la subsidiariedad necesaria.
Los impuestos decretados para el Centro Histórico, fueron
excesivos y tuvieron que retirarse ante la insostenibilidad de la actividad
económica del sector formal en dicha zona. El vendedor informal realiza su
actividad económica por necesidad y acorde a sus habilidades y posibilidades,
pero fue desalojado por “afear el nuevo Centro Histórico”. Su desalojo solo
hace más difícil su situación, pues se ha tenido que trasladar a zonas con
menor actividad económica, entrando en competencia con otros vendedores ya
establecidos en dichos lugares, generando una presión social innecesaria.
La concepción de un Centro Histórico, por decreto, no
obedece a la realidad económica sino al interés de unos pocos que han podido
adquirir inmuebles en esa zona, en detrimento de los propietarios anteriores,
lo que no asegura un retorno de recursos económicos constantes para los
inversores, si no es mediante el sostenimiento artificial de este nuevo sistema
económico, que tendrá que ampliarse, para ser sostenible, por lo que el Centro Histórico,
tendrá que crecer para garantizar su rentabilidad, en detrimento de los
capitalinos.
El endeudamiento progresivo del Estado, ya es de 31,200
millones, aumentando en 12,000 millones durante los seis años en que Nayíb
Bukele ha estado en el poder. El endeudamiento nacional, fue significativo
desde la reforma agraria de 1980. El 25.8% de toda la deuda externa, se ha
generado en los últimos seis años. Con un aumento promedio de 500 millones por
año desde 1980 a 2019 y durante este Gobierno, ha sido de 2 mil millones
anuales, o sea, cuatro veces el endeudamiento “normal” de Gobiernos anteriores,
inclusive durante la guerra, la reconstrucción y los desastres naturales.
El Estado, ha tratado de mantenerse a fuerza de populismo y,
al decrecer la economía por las mismas políticas de Estado, carece de los
recursos para sostenerse y cumplir con las obligaciones naturales que posee. Lo
significativo ha sido que ha desaparecido el Estado de Derecho y la economía ha
decrecido, mostrando la relación entre ellas.
Al ignorar esta relación, el Gobierno entra en un “túnel o sesgo”,
que no le permite apreciar y corregir sus errores, ahondándolos. Ahora tenemos
una crisis de gestión pública y credibilidad, donde la aceptación del Gobierno
ha decrecido del 70% a 30% o menos, obligando a ejercer mayor fuerza para la
contención social, restringiendo libertades, lo que agrava la situación económica
ya existente.
Para que las libertades sean restringidas desde el Gobierno,
en clara violación a la Constitución, ha tenido que hacerse por funcionarios corruptos,
que ejercen el poder para su beneficio, siendo la corrupción un factor que
agrava el declive económico, así, al disminuir la economía privada, ingresa
menos recursos al Estado y el efecto de la corrupción se hace más notorio; pues
se recurre al endeudamiento externo sin que se aprecien los beneficios.
La amenaza de decretar impuestos a las remesas, de
“confiscar tierras ociosas” y de asumir funciones municipales para aumentar la tributación,
son síntomas de un sistema enfermo, que se niega a reconocer su enfermedad.
Sólo el retorno a la libertad y al Estado de derecho, puede
garantizar una economía sana y que el Estado, pueda cumplir con las funciones
que ha abandonado: atención medica efectiva, educación pública y funciones
municipales.
