Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓNACCION
El Gobierno salvadoreño debe su estabilidad a dos pilares:
La Fuerza Armada y el Régimen de Excepción. La legitimidad, derivada de un
proceso electoral libre, no reviste al segundo gobierno de Nayíb Bukele, y su
gobernanza, depende de acuerdos políticos frágiles, por estar construidos a
fuerza de corrupción y autoritarismo.
La gobernabilidad, como capacidad de ejercer el poder
público en un estado de equilibrio, para la solución de las demandas sociales y
la capacidad de atenderlas de forma eficaz, estable y legítima, no existe; pues
las acciones del Gobierno van encaminadas a satisfacer sus intereses y, la
gestión pública, consiste en satisfacer emociones o sentimientos, no
relacionados con el interés público o bien común.
La marcha de protesta del pasado 19 de octubre, fue objeto
de sabotaje: grandes controles policiales en la periferia de San Salvador,
desinformación e intento de fraccionar a los gremios convocantes. Por último, más
de un centenar de personas fueron despedidas por expresar pacificante su
disconformidad y algunas han sido encarceladas.
Es imposible ocultar el descontento social provocado por la
crisis económica en que vive el ciudadano. La clase media, como motor de la
economía y epicentro de la sociedad, ha desaparecido. Las varias encuestas,
reflejan una pobreza en aumento, que se encuentra entre el 64% y el 70% de la
población.
Las medidas económicas del Gobierno y la economía
subterránea del crimen organizado, ha creado una distorsión en las finanzas
nacionales, pues aumenta la pobreza del nacional, disminuyendo su capacidad
adquisitiva, pero ingresa liquidez al sistema financiero, que crea una
inflación de precios, que separa a la sociedad y oprime al que opera bajo estándares
lícitos.
Desde el 2020, periodistas y juristas, citan en relación con nuestra
realidad, el Protocolo de Estambul: Manual de las Naciones Unidas para la Investigación
y Documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles. Su mención
es en relación con los tratos a los reos en El Salvador, basandose en las
mismas fotografías y descripciones publicadas por el Gobierno.
El Protocolo de Estambul, no es vinculante directamente,
pues su aplicación se deriva de otros tratados sobre Derechos Humanos, y se
refiere a parámetros medio-legistas, para determinar si se comete tortura.
Dicho Protocolo, fue enviado el 24 de mayo de 2018 a la Asamblea Legislativa pues
El Salvador es signatario de los diferentes Protocolos de Ginebra y del
Estatuto de Roma, por lo que el respeto a la dignidad humana, en las formas
protegidas por el Estatuto de Estambul, son aplicables.
Las varias investigaciones señalan como tortura las
condiciones en que se encuentran los más de 90,000 reos bajo el Régimen de
Excepción. Limitados en medicinas, agua, alimentación, tortura física y sin
derechos procesales efectivos. Todo el sistema carcelario, ha sido diseñado
para infundir miedo y disuadir el descenso político o social.
Por estas razones, el Gobierno, solo es mantenido por el
Régimen de Excepción y las acciones de control ciudadano, aplicadas por la
Fuerza Armada. Para darle mayor eficiencia al control social, se planea la fusión
de la Seguridad Pública con la defensa de la soberanía nacional, cambiando los
principios de gobernanza y gobernabilidad.
La tensión social acumulada no llega a un punto de ruptura,
gracias a la emigración y a las remesas que sostienen nuestra economía, pero al
deteriorarse las condiciones económicas del país y cerrarse los espacios
políticos (prohibición de movimientos, organizaciones sociales o la libertad de
culto, en cualquier forma), se estará llegando a un punto de ruptura.
Los cambios revolucionarios en El Salvador excluyen al
ciudadano, en beneficio de extranjeros y de estructuras de corrupción, que no
persiguen el ser del salvadoreño.
