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Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 7 de
junio de 2016
Mauricio Funes, al
solicitar a la OEA y a la Iglesia Católica, que interviniesen –mediante la
creación de un grupo técnico de asesoramiento – entre las maras, para que éstas
no continuasen asesinándose entre sí, reconocen la imposibilidad del Estado
para controlar la fuerza de las pandillas y, de facto, está concediéndoles el
status de beligerantes y, da a grupos criminales, la misma categoría que se le
concedió al FMLN, durante la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. Esta, dicha
mediación, fue pagada con fondos públicos, sin consideración de las
extorsiones, secuestros y tráfico de droga que son de las pandillas su fuente
de ingresos. Y no se consideraron así mismos, las muertes de los inocentes que
no ceden ante las pandillas, ni a los miles de desplazados internos o
migrantes.
Fue un solemne engaño,
lo planteado a la OEA y a la Iglesia Católica, pues las atribuciones de Presidente de la República, no implican
facultades para iniciar negociaciones con fondos públicos, que favorezcan a
grupos criminales, en su lucha por el control del territorio nacional. No le
facultan tampoco, a reconocer a una u otra persona, como representante de la
sociedad civil cuando, claramente, en base al Art. 83 Cn. ésta, recae en el
pueblo y sus representantes: son los ochenta y cuatro Diputados. Los beneficios
concedidos a las pandillas constaran seguramente, en dichos acuerdos, pero por
ahora, están secretos.
La vigencia del
“ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Y EL GOBIERNO DE EL
SALVADOR RELATIVO AL PROCESO DE PACIFICACIÓN ENTRE LAS PANDILLAS LIDERADO POR
LA IGLESIA CATOLICA Y LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVES DE LA MISION DE APOYO AL
PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIEDAD PUBLICA EN EL SALVADOR (MAS – El
Salvador), es desde diciembre del 2012 y.
de acuerdo a lo pactado, debe notificarse,
la terminación de dicho convenio, con
sesenta días de antelación, por lo menos. Hasta la fecha, no se sabe que éste, haya
sido revocado, por lo que es de presumir
que el presente Gobierno, continúa con dicho proyecto. El documento está
firmado por el Dr. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos y por el General David Munguía Payés, Ministro de
Justicia y Seguridad Pública de la República de El Salvador.
Son tres las preguntas
a plantearse: ¿Continúa en vigencia dicho acuerdo? ¿Cuál fue su costo y de qué cual
partida se erogaron sus fondos? ¿Cuáles fueron las recomendaciones de dicha
comisión técnica? Importantísimas son las respuestas a dichas preguntas aunque,
el presente Gobierno, niegue la existencia de dicho acuerdo, pues además, se
presume que de dichas recomendaciones, derivase
una política fiscal, que afecta al conglomerado social y afectará la
productividad; también es necesario conocer el nuevo status de las pandillas,
pues existe incongruencia entre la política con las maras: la encubierta y, la
hecha pública.
Ningún Estado debe
reconocer en un grupo de delincuentes, una fuerza igual o superior a la del
Estado – aunque realmente la tengan – como lo aceptaron Mauricio Funes y David
Munguía Payes; dicho reconocimiento, implica darles beligerancia y crear un
status de orden político. Por esta razón, Mauricio Funes y David Munguía Payes,
insistieron, al igual que Raúl Mijango,
en que las maras se estructuraran en fuerza política partidaria. Se hizo
partícipe de tal aberración social y jurídica, a la Iglesia Católica.
Hoy que el Gobierno
clama por más recursos para contener a las maras, es necesario exigir que esos fondos, no sean encubiertamente
utilizados, para beneficiar a las maras. Es evidente que tal beneficio, no sólo
se los da el Gobierno, sino también, las Municipalidades.
