EL FUNCIONARIO PÚBLICO Y SU PACTO CON LA REPÚBLICA

 

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓNACCION 

 

Toda elección a cargo público, es un pacto implícito entre el gobernado y el gobernante, o sea, que hay un acuerdo basado en principios preestablecidos (una Constitución) que garanticen el acomodo pacífico de las libertades individuales del gobernado con el poder del Estado, ejercido por el gobernante. La presente elección en El Salvador, que culminará el 1 de mayo de 2027, con la toma de posesión de la nueva legislatura, obliga a plantear las responsabilidades adicionales a los políticos opositores, que puedan formar parte de la nueva legislatura en El Salvador, la que funcionará dentro de un sistema que se puede calificar como “democradura”, o sea, existe la institucionalidad democrática formal, pero sin que ésta opere como tal, por estar dominada por un poder central, sin llegar a considerarse formalmente como dictadura, pero teniendo efectos similares.

 

El concepto “democradura”, fue acuñado por el político y académico argentino-irlandés, Guillermo O´Donnell, en sus investigaciones sobre el autoritarismo en América Latina; no describe un concepto jurídico formal, de Teoría del Estado, sino que lo formula desde de las ciencias política y la sociología, planteándolo como un sistema “hibrido” entre la formalidad de la democracia y los efectos del autoritarismo, pero que destruye el Estado de Derecho y deja al funcionario público, sin legitimidad.

 

La pasada elección de 2024: presidencial, legislativa y municipal, fue un proceso muy cuestionado, por su forma y ejecución; reelección presidencial “contra legem”, disminución de la representación legislativa y cambio en la forma de recuento del voto, en detrimento del pluralismo político y disminución de la representación municipal, todo, mediante reformas inconstitucionales e interpretación de dichas normas, que claramente reñían con la hermeneútica jurídica, con el objetivo de favorecer el autoritarismo.

 

El Tribunal Supremo Electoral, declaró que en la elección pasada hubo una votación del 52%, pero documentos filtrados de ese organismo, aseguran que la votación fue del 23.6%. El voto en el exterior se contabilizó en 331,756, cuando en el 2019, había sido de 3,643 votos, sin que existan variables que expliquen el aumento en la votación. La diferencia entre el padrón del 2019 con el del 2024, tiene un aumento de más de 1,300,000 ciudadanos; lo que excede varias veces el aumento poblacional natural, de los mayores de edad que debieron engrosar dicho padrón en 2024. El 2006 hubo un aumento poblacional de 2.06% o sea, de 163,000 bebes y, considerando que existen en el extranjero entre 2.5 a 3 millones de salvadoreños, debieron de nacer, 61,000 salvadoreños fuera de El Salvador (la tasa de natalidad en el exterior, suele ser menor a la media nacional) por lo que el aumento máximo del padrón electoral en 2024 sería de 224,000 personas, por lo que se puede inferir, que existe un padrón inflado, para fines de fraude electoral. (Los datos de natalidad aquí citados, fueron tomados de la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESYC).

 

La creación de circunscripciones en el extranjero, rompe el principio de soberanía nacional expresado en el Art. 84 de la Constitución; cuando el voto en el exterior, ya estaba garantizado y regulado por el Código Electoral. La finalidad de esta reforma, ha sido limitar el número de diputados efectivos en los Departamentos de San Salvador y La libertad, para elevar el umbral mínimo de elección, para que éste sea mucho mayor que el que alcanzaron los tres únicos Diputados opositores actuales.

 

Esto plantea dos hipótesis: el oficialismo busca consolidar el sistema de partido único, como lo es actualmente en Cuba, o pretende, un cambio de rostros opositores, buscando que estos no se consoliden como líderes nacionales, para minimizar su impacto político, siguiendo en este modelo, el ejemplo del chavismo venezolano. Cualquiera de las dos estrategias, acerca el modelo político salvadoreño al autoritarismo, sumándolo al de Nicaragua.

 

El decrecimiento económico en Centroamérica, es directamente proporcional a prácticas autoritarias, por lo que, a mayor autoritarismo en El Salvador, habrá una mayor crisis económica y con ello, aumentará el riesgo de influencias extracontinentales, en su lucha contra Estados Unidos, recibiendo México, el primer impacto.

 

Los grandes proyectos de construcción pública en El Salvador, están siendo ejecutados por reos y empresas extranjeras, los proyectos tecnológicos, se comportan económicamente, como “capital golondrina”, por lo que no hay inyección real de efectivo a la economía, salvo el proveniente de las remesas provenientes de Estados Unidos, que amenaza finalizar con el TPS. La gentrificación y especulación inmobiliaria, deja al salvadoreño, por su limitada economía, sin la posibilidad de adquirir nuevos inmuebles, cediendo su tierra a capitales especulativos extranjeros.

 

Es innegable la baja aceptación del partido Nuevas Ideas, por su deficiente gestión política; primero la municipal, al ceder todas sus funciones al Órgano Ejecutivo, o entidades semi autónomas dependientes de Casa Presidencial. Segundo, los cincuenta y siete diputados oficialistas, han realizado su gestión alejados de sus departamentos, sin contacto con la población, por lo que el oficialismo ha realizado una purga en sus filas de funcionarios legislativos, poniendo nuevos rostros en los lugares de mayor desgaste o, y tercero,  el Ejecutivo, por buscar la gobernabilidad mediante el uso indebido de la Fuerza Armada y el Régimen de Excepción. Por lo que ha potenciado a partidos minúsculos, en aquellos lugares en que el repudio al oficialismo, es total.

 

En el caso que se permita que nuevos Diputados opositores puedan conformar la futura Asamblea Legislativa, seguramente serán en número inferior a una cuarta parte del pleno legislativo, pues si se sigue el patrón de la votación anterior, no se entregaran actas de Junta Receptora de Votos a los representantes de los partidos opositores, “por fallas en las impresoras”. Los escaños de los opositores Claudia Ortiz, Marcela Villatoro y Francisco Lira, fueron ganados gracias a lo masivo de sus votaciones, sin embargo, ocuparon las últimas posiciones en sus departamentos.

 

Sin embargo, es aquí donde debemos considerar el concepto de “gobernanza”; conjunto de reglas, procesos e instituciones mediante los cuales el Estado, el sector privado y la sociedad deciden y gestionan los asuntos públicos de manera conjunta, para lograr “la gobernabilidad”. Siendo actores fundamentales: el gobierno, la empresa y los ciudadanos, pues en su conjunto, se centra toda la actividad económica y la estabilidad nacional.

 

Por lo anterior, la primera responsabilidad de los Diputados opositores electos es procurar reestablecer la gobernanza desde la Asamblea Legislativa. El Régimen de Excepción, ya lleva cincuenta y tres meses de vigencia, sin garantizar que se hayan capturado a los pandilleros, pero sí tienen a 90,000 personas en detención sin un debido proceso y deben de demostrar, que el Régimen de Excepción, sólo destruye el sistema político y económico, pero que hay otros métodos que pueden salvaguardar la seguridad pública, sin coartar las garantías Constitucionales.

 

La rendición de cuentas del gasto público es esencial, para que el sistema económico pueda seguir funcionando, pues en la medida que se ocultan los gastos públicos, se resta maniobrabilidad al Estado en el manejo de sus finanzas, porque los pocos recursos que se logren obtener, son a un muy alto costo y de manera muy condicionada. A la larga, es una carga que inexorablemente será trasladada al sector empresarial, en la figura de “gran contribuyente”, o sea que su actividad, abarca un área tan grande de la actividad económica, que se vuelve quien recoge inicialmente el impuesto indirecto.

 

El candidato opositor, al buscar la gobernabilidad y gobernanza, para reestablecer el Estado de Derecho, logra tres objetivos: 1) Luchar contra el autoritarismo desde dentro del sistema político. 2) Reconstruir la imagen de su partido político, dañada por el populismo, nacido del presente autoritarismo. 3) Dar esperanza al salvadoreño, que su país, aún puede ser el lugar donde puede desarrollarse y permanecer, sin tener que ir a buscar otros lugares donde desarrollarse y vivir. Si no se logran estos objetivos, el autoritarismo, nos llevará a concluir, que sólo la violencia social o fuerzas extranjeras, pueden cambiar el destino de El Salvador, como ya reconocen algunos académicos, que será el destino de Nicaragua, por su presente autoritarismo.

 

 

MODELO BUKELE: APLICACIÓN MODERNA DEL PENSAMIENTO DE CARL VON CLAUSEWITZ, A LA POLÍTICA INTERNA DEL ESTADO.

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓNACCION 

 

El “Modelo Bukele”, es presentado como un sistema político de seguridad único, que garantiza la permanente efectividad del cumplimiento de la Ley, por medios coercitivos; el encierro o prisión de todo ser antisocial y, el control de la institucionalidad bajo un mismo criterio, en detrimento de las garantías Constitucionales o los Derechos inalienables del hombre.

 

Este modelo es muy bien visto en el extranjero; entre quienes tienen conflictos sociales o amenazas internas, que provoquen alarma social: sin embargo, el “Modelo Bukele”, se basa en la guerra continua del Estado, contra el ciudadano, para beneficio del Gobierno o el poder fáctico; lo que constituye una perversión en la utilización del “realismo político”, que lleva a considerar la “guerra, como parte de la política interna”, y el interés nacional es confundido con el interés de un grupo familiar, por lo que es conveniente analizar el “Método Bukele” y la conveniencia  o no, de su replicación y, las vulnerabilidades que presenta, en el nuevo contexto mundial.

 

 

El uso de la guerra continua o permanente, para alcanzar fines políticos, es premisa central de la filosofía política y la estrategia militar contemporánea. La idea de que el conflicto no es un evento aislado, sino una herramienta de dominación y gestión del poder político, ha sido abordada de dos formas: la subordinación de la guerra a la política y, que la paz, es una simulación. El estratega clásico prusiano, Carl von Clausewitz acuñó el axioma fundamental de esta forma de pensar, en su obra, “De la guerra”: "La guerra es la continuación de la política por otros medios". O sea, la guerra es un instrumento, más nunca un fin en sí mismo.

 

Solo es un vehículo violento y explícito, para forzar al adversario a cumplir la voluntad política de un Estado. Este realismo se basa en los intereses colectivos hacia el exterior del Estado y no hacia el interior, o sea, nunca en contra de su ciudadanía, que es de donde nace la legitimación del poder mismo, en el sistema democrático y republicano, sino en contra de otras soberanías o estructuras geopolíticas.

 

Clausewitz sostiene en el realismo pragmático, que combina la aceptación de los hechos físicos y objetivos de la realidad, con el criterio de que el valor y la verdad de una idea, se miden por sus consecuencias prácticas y su utilidad, en la resolución de problemas. La guerra abstracta o "pura" tiende conceptualmente al uso absoluto de la fuerza sin límites éticos.

 

 Advirtió que "introducir un principio de moderación en la filosofía de la guerra es un absurdo". En lugar de principios éticos, propuso que la naturaleza de la guerra está dominada por tres fuerzas dinámicas indispensables: 1) La pasión y el odio (vinculados al pueblo). 2) El juego de las probabilidades y el azar (vinculados al talento del jefe militar). 3) La subordinación política y la razón (vinculados al gobierno que dirige el conflicto). Estos tres elementos los podemos distinguir en el “Modelo Bukele”.

 

Significa que el uso de la fuerza hacia el interior de El Salvador, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta extrema que el Gobierno utiliza cuando la gobernanza y gobernabilidad dentro de la institucionalidad del Estado, impiden los objetivos propios del Gobernante. La lógica de Clausewitz, en su obra “De la Guerra”, argumenta que la política es la mente rectora y la guerra es únicamente el instrumento. Pero advierte que todo conflicto bélico, debe estar subordinado a un objetivo político claro, lo que, en nuestro caso, son los intereses de Bukele, su familia y allegados políticos.

 

Por lo tanto, la guerra es una extensión del "comercio político". Los medios violentos cambian la naturaleza de la interacción, pero la finalidad sigue siendo moldear un nuevo orden político favorable para el vencedor. Esta forma de pensar, quedo claramente expuesta cuando exigió a la Fuerza Armada, obediencia hacia su persona y combate a los enemigos internos, lo que ha implicado en la práctica, la anulación de los Derechos individuales y los Derechos propios del ciudadano.

 

Von Clausewith, pensaba que la cabeza del Estado era un monarca y su finalidad esa la unificación del pangermanismo, una realidad distinta a la nuestra. El “modelo Bukele”, lo vuelca hacia el interior del mismo Estado, o sea contra sus propios ciudadanos, en el entendido que la mayoría de los mismos, transgrede la legislación o las normas de convivencia, establecido por el mismo poder soberano.

 

Las consecuencias de este modelo son dos: 1) Una lucha interna que impide el desarrollo social y económico, por lo que los recursos del Estado son consumidos en su existencia y no en la satisfacción de las necesidades públicas y subsidiariedad. De la primera consecuencia se deriva la segunda: 2) Consumo de la riqueza nacional, sin posibilidad de ser regenerada.

 

La deuda pública ha llegado en El Salvador al 92% del PIB, o sea a $ 34,630.96 millones, con un incremento de 0.48% mensual. Es de hacer notar, que según el estudio “Growth in a Time of Debit” (Crecimiento en Tiempos de Deuda, publicado el 2010), elaborado por los economistas de la Universidad de Harvard Carmin Reinhart y Kenneth Rogoff, establece que toda deuda arriba del 90%, se convierte en una deuda de altísimo riesgo y frena toda posibilidad de crecimiento económico, lo que explica que El Salvador, es casi tan riesgoso como Argentina, el país de mayor riesgo de América. Si modificamos los parámetros, y comparamos recursos naturales y capacidad productiva latente – industrial y agrícola- (para Argentina) versus maquila, exportaciones industriales limitadas a Centroamérica y remesas (para El Salvador), el país con mayor riesgo es El Salvador, por lo que este país es por su alta densidad poblacional y poseedor de un grave daño medio ambiental, facilitado desde el Gobierno, un potencial polo de desestabilización para Centroamérica: todo generado por el “Modelo Bukele”, el cual actúa como un precursor de todos los conflictos sociales latentes, previamente acumulados.

Los riesgos de adoptar el “Modelo Bukele” son tres: 1) Crear a mediano y largo plazo mayores problemas sociales, que los que pretende evitar. 2) Consumir mas recursos que los que la nación puede producir y 3) Favorecer la emigración hacia lugares donde existe mayor seguridad jurídica y satisfacción de las necesidades sociales y personales.

 

P.D.

 

En las elecciones internas del partido ARENA, llevadas a cabo el día 26 de julio de 2026, obtuve la primera posición en las elecciones para Diputados por el Departamento de Santa Ana, por lo que, luego de las publicaciones realizadas por la Comisión Electoral Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, hago pública mi intención de competir por uno de los cinco curules que le corresponden al Departamento de Santa Ana, en la creencia, que la imagen del partido por el cual participo, puede reconstruirse y recuperarse, mediante las acciones directas de los candidatos que hoy aspiran a un cargo público.

En la convicción que el desarrollo y estabilidad nacional, dependen de la libertad que pueda tener el individuo y el respeto que el Estado tenga de la propiedad privada, como extensión de la personalidad. Que el manejo responsable de las finanzas públicas, es lo que puede garantizar la acción subsidiaria del Estado, sin la cual, los conflictos sociales tienden a ser más agudos y que sólo, el debido proceso, puede garantizar la represión de la delincuencia y el combate del crimen organizado. Espero poder difundir el pensamiento conservador desde las diferentes plataformas que la ley permite; con la intención de presentar una alternativa a la realidad que preténdese imponer mediante el “Modelo Bukele”.