Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓNACCION
El corazón de Estados Unidos como potencia hegemónica, es el
Departamento del Tesoro, y la emisión de bonos, sostiene el poder económico estadounidense
en el mundo; pero la recompra de su deuda, para mantener estable y baja la tasa
de interés de la misma, marca el inicio de una devaluación acelerada del dólar,
agudizada por el fin del acuerdo del petrodólar, debido al conflicto en oriente
medio, por lo que compradores países tradicionales de dicha deuda, como Japón, y
los fondos fiduciarios privados estadunidenses , estén liquidando dichos bonos
por otros productos financieros o, adquiriendo oro como reserva.
En Estados Unidos, el diésel ha alcanzado un promedio de $ 6.00
por galón, amenazando el transporte por inviabilidad económica y de $ 7.00 por libra de carne molida, y la reducción
del transporte aéreo por escases y encarecimiento de turbosina; sin que el fin
del conflicto con Irán se vislumbre antes de las elecciones de noviembre, pero
pudiendo agudizarse en sus consecuencias económicas para occidente, por el
cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, plantea el inicio de una crisis económica,
que afecta directamente al 14% de la economía mundial.
Todos estos hechos, sumados a una baja en la industria
hotelera e inmobiliaria en Estados Unidos, hacen anticipar una recesión económica,
que afectará a quien este dolarizado y sostenga su economía a base de remesas,
y en su PIB, destaque la economía de servicios, por sobre la de producción,
especialmente la agrícola e industrial; por lo que es conveniente analizar la
composición del PIB en El Salvador y su relación con otras medidas tomadas por
el actual Gobierno salvadoreño, que nos acerca a sumar, a los efectos negativos
del tsunami económico norteamericano, a los nuestros.
El 71% del PIB salvadoreño, lo conforman servicios (comercio,
banca, turismo y transporte), el 15%, es maquila, un 9% de actividades varias y
sólo el 5%, es de café, azúcar y otros cultivos. Del total del PIB, el 26.3%,
proveniente de las remesas; gastándose el 90% en el gasto diario de los hogares
que lo reciben.
Son 533,875 familias que dependen de las remesas para
cubrir sus gastos diarios y el 27% de los hogares, tienen las remesas como
única fuente de ingresos y el resto, aunque realizan trabajos varios, las
remesas son su principal entrada económica, pues con ellas pagan electricidad,
agua y telefonía, que son su gasto principal. Por lo que 1,575,378 personas
subsisten de las remesas.
San Salvador recibe el 18.2% de las remesas ($ 1,080.5
millones), San Miguel, el 11.1% ($ 659.4 millones), Santa Ana, el 7.8 % (461.8
millones), pero son Chalatenango, con ($ 452.30 millones), Cabañas, con (444,40
millones) y Morazán, con ($ 410. 50 millones) quienes reciben los mayores
porcentajes per cápita de las remesas y figuran como los departamentos más
pobres del país, o sea, que no podrían subsistir sin las remesas.
Los trabajadores informales, generan el 21.4% del PIB y las
pequeñas y medianas empresas que operan en la informalidad, generan el 40% del
PIB y entre el 68 % y 70% de los empleos corresponden al sector informal.
Todos los datos aquí empleados, son cifras oficiales, pero
parece que el mismo Gobierno las ignora, pues la propaganda oficial dice que la
seguridad es la principal fuente de bienestar económico del país, cuando la
primera obligación del Estado es la paz interior, la segunda, el ordenamiento
interno de su actividad económica y convivencia armónica y la tercera, es la
subsidiariedad.
Todas las medidas económicas del Gobierno son populistas y
debilitan una economía ya en crisis sistémica, que será golpeada por una crisis
internacional. Proyectar que la economía salvadoreña crecerá a fuerza de
retornos de capitales provenientes de salvadoreños en Estados Unidos, es una
ilusión, como la autorización de asentamientos poblacionales nuevos a costa de
la depredación del medio ambiente, sin que estos esten al alcance de la
población.
El ordenamiento del sector informal a fuerza de amenaza de
la aplicación del Régimen de Excepción, convierte un instrumento de seguridad
pública excepcional en política pública, que solo asegura una mayor pobreza o
la agudización de los problemas internos.
La compra de alimentos en el extranjero, ha servido para
destruir la seguridad alimentaria nacional, que en una crisis económica proveniente
de el exterior, nos hace vulnerables a una hambruna y con ello a la emigración
o a una explosión social que sólo podría ser reprimida por un régimen
excepcional, pero si este ya esta desplegado, fácilmente podría ser superado
por el descontento social. El Régimen de Excepción, consume mas recursos que
los que provee, por ello, ha sido necesario recortes en educación y salud.
La actual falta de gobernanza y gobernabilidad nos hace mas
vulnerable a una crisis externa, pues los efectos serán potenciaos por nuestra
propia crisis. Necesitamos un cambio de rumbo, para poder adaptarnos a la nueva
realidad geopolítica.
