EL GOBIERNO CONCEDE A LAS MARAS STATUS DE BELIGERANTES

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Por                                                                                                     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 7 de junio de  2016

Mauricio Funes, al solicitar a la OEA y a la Iglesia Católica, que interviniesen –mediante la creación de un grupo técnico de asesoramiento – entre las maras, para que éstas no continuasen asesinándose entre sí, reconocen la imposibilidad del Estado para controlar la fuerza de las pandillas y, de facto, está concediéndoles el status de beligerantes y, da a grupos criminales, la misma categoría que se le concedió al FMLN, durante la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. Esta, dicha mediación, fue pagada con fondos públicos, sin consideración de las extorsiones, secuestros y tráfico de droga que son de las pandillas su fuente de ingresos. Y no se consideraron así mismos, las muertes de los inocentes que no ceden ante las pandillas, ni a los miles de desplazados internos o migrantes.

Fue un solemne engaño, lo planteado a la OEA y a la Iglesia Católica, pues las atribuciones  de Presidente de la República, no implican facultades para iniciar negociaciones con fondos públicos, que favorezcan a grupos criminales, en su lucha por el control del territorio nacional. No le facultan tampoco, a reconocer a una u otra persona, como representante de la sociedad civil cuando, claramente, en base al Art. 83 Cn. ésta, recae en el pueblo y sus representantes: son los ochenta y cuatro Diputados. Los beneficios concedidos a las pandillas constaran seguramente, en dichos acuerdos, pero por ahora, están secretos.

La vigencia del “ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Y EL GOBIERNO DE EL SALVADOR RELATIVO AL PROCESO DE PACIFICACIÓN ENTRE LAS PANDILLAS LIDERADO POR LA IGLESIA CATOLICA Y LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVES DE LA MISION DE APOYO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIEDAD PUBLICA EN EL SALVADOR (MAS – El Salvador),  es desde diciembre del 2012 y. de acuerdo a lo pactado,  debe notificarse, la terminación de dicho convenio,  con sesenta días de antelación, por lo menos. Hasta la fecha, no se sabe que éste, haya sido revocado,  por lo que es de presumir que el presente Gobierno, continúa con dicho proyecto. El documento está firmado por el Dr. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y por el General David Munguía Payés, Ministro de Justicia y Seguridad Pública de la República de El Salvador.

Son tres las preguntas a plantearse: ¿Continúa en vigencia dicho acuerdo? ¿Cuál fue su costo y de qué cual partida se erogaron sus fondos? ¿Cuáles fueron las recomendaciones de dicha comisión técnica? Importantísimas son las respuestas a dichas preguntas aunque, el presente Gobierno, niegue la existencia de dicho acuerdo, pues además, se presume que de dichas recomendaciones,  derivase una política fiscal, que afecta al conglomerado social y afectará la productividad; también es necesario conocer el nuevo status de las pandillas, pues existe incongruencia entre la política con las maras: la encubierta y, la hecha pública.

Ningún Estado debe reconocer en un grupo de delincuentes, una fuerza igual o superior a la del Estado – aunque realmente la tengan – como lo aceptaron Mauricio Funes y David Munguía Payes; dicho reconocimiento, implica darles beligerancia y crear un status de orden político. Por esta razón, Mauricio Funes y David Munguía Payes, insistieron, al igual que Raúl Mijango,  en que las maras se estructuraran en fuerza política partidaria. Se hizo partícipe de tal aberración social y jurídica, a la Iglesia Católica.

Hoy que el Gobierno clama por más recursos para contener a las maras, es necesario exigir que  esos fondos, no sean encubiertamente utilizados, para beneficiar a las maras. Es evidente que tal beneficio, no sólo se los da el Gobierno, sino también, las Municipalidades.