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sábado, 25 de enero de 2025

ENERO: HECHOS HISTORICOS DE 1932 Y 1992

 

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓNACCION

 

Enero, es el mes en que, en el país, se han dado dos sucesos históricos: el levantamiento comunista de 1932 y los Acuerdos de Paz de 1992, que puso fin a la participación salvadoreña en la Guerra Fría (1947-1991). Lo sucedido y significado de sus hechos, no puede variar por su naturaleza histórica, pero la política actual, procura presentarlos con un significado diferente, acorde a revolución cultural que se vive en El Salvador; una revolución que busca el cambio geopolítico y la instauración de la dictadura en base al populismo, desechando el concepto: un Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

 

En 1932, el Partido Comunista Salvadoreño, lidero un levantamiento, utilizando las últimas estructuras de poder político de las Cofradías indígenas de Izalco, que extendían su influencia por la Cordillera del Bálsamo, razón por lo que el levantamiento se realizó en Sonsonate, Ahuachapán, La Libertad y en los límites de Santa Ana con la sierra Apaneca-Lamatepec.

 

La contención del alzamiento fue tan violenta como su aparecimiento: dos meses fueron suficientes para la pasificación. Su contención, comenzó antes de su estallido, por la delación del mismo a la policía de Guatemala; pues el alzamiento no contaba con el aval soviético, solicitado por Farabundo Martí en 1931, recomendándole su aplazamiento, por lo menos hasta 1934 o 1935.

 

El levantamiento comunista en El Salvador, pretendía ser la chispa que reavivaría la recién finalizada Revolución mexicana y llegaría hasta Estados Unidos (según expresiones de Farabundo Martí en la reunión de paridos comunistas latinoamericanos),  Esta ilusa pretensión, complicaría las relaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña, generando un recelo prematuro y de desconfianza durante la construcción del canal Volga-Moscú y la reconstrucción de la industria pesada soviética, que necesitaba capital y tecnología occidental para su desarrollo.

 

Por lo que el levantamiento en El Salvador, tuvo motivación nacional (la última manifestación de la estructura de poder político local colonial), ahora alentado por el comunismo, pero sin participación soviética. Sólo dos barcos de guerra norteamericanos, uno canadiense y la inteligencia británica, ofrecieron su ayuda para sofocar la rebelión, pero fueron rechazados, por considerarse sofocado el alzamiento y significar una intervención extranjera en suelo nacional.

 

La Guerra Fría, como conflicto militar en El Salvador se dio entre 1980 a 1992, pero nuestro involucramiento comenzó en 1962 durante la presidencia del Teniente Coronel Julio Adalberto Rivera, que inicio la preparación militar e ideológica para lo que sería el Conflicto Armado en El Salvador. Al mismo tiempo, en Cuba, se prepararon los primeros insurgentes salvadoreños: “El Grupo”, jóvenes del Partido Comunista y la Democracia Cristiana. En España, se preparaban los sacerdotes jesuitas que vendrían a El Salvador, bajo los principios del progresismo católico, que desembocaría en la Teología de la Liberación.

 

Hoy se pretende extender dicho conflicto mediante juicios a militares por crímenes de guerra, aplicando criterios modernos, que no existían en nuestra legislación o se mencionaban en el mundo jurídico. El término “Justicia transicional” se acuña en 1990 en universidades progresistas de Estados Unidos; concepto del cual se derivó la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, en el año 2016, sin haber sufrido modificaciones la Constitución de 1983, reformada en 1992, que facultaran tal resolución.

 

Pretender hoy, desmerecer los Acuerdos de Paz, negar la magnitud de nuestro conflicto armado, o señalar como inicio del conflicto militar 1980-1992, el alzamiento comunista de 1932, es un error histórico, que pretende justificar la dictadura en la que vivimos, al igual que pretender suprimir el sistema democrático partidario, creado por los Acuerdos de Paz, suprimiendo la deuda política y restringiendo su financiamiento privado.

 

 

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