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lunes, 19 de mayo de 2025

RELACION DE LA POLÍTICA CON LA ECONOMíA

 

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓNACCION

 

“Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, y se olvida de que el Estado vive a expensas de todo el mundo.” Frédéric Bastiat. El anterior concepto del economista liberal francés del siglo XIX, servirá de marco, para explicar la relación de la política con la economía, porque hoy El Salvador, enfrenta una crisis económica, que profundiza las desigualdades sociales, sin que el Estado cumpla su función de mantener la paz interior, orden y subsidiariedad; necesarios para un desarrollo sostenible.

 

El Estado salvadoreño, con el reordenamiento territorial de San Salvador, ha realizado una reforma urbana encubierta: aumento de impuestos y restricción de libertades al comercio, propiedad, circulación y expresión religiosa. Este ejemplo debe de explicar el fenómeno de la relación de la política con la economía.

 

Toda acción política que tienda a limitar la libertad más allá de lo que establecen las garantías constitucionales, no desarrollará convenientemente la actividad pública ni la privada; y no generará las ganancias suficientes para el pago de impuestos, satisfacción de las necesidades personales y la solidaridad social, que está presente en toda conciencia humana. Si el Estado, no percibe los impuestos necesarios, no puede sostener el orden interno, ni realizar la subsidiariedad necesaria.

 

Los impuestos decretados para el Centro Histórico, fueron excesivos y tuvieron que retirarse ante la insostenibilidad de la actividad económica del sector formal en dicha zona. El vendedor informal realiza su actividad económica por necesidad y acorde a sus habilidades y posibilidades, pero fue desalojado por “afear el nuevo Centro Histórico”. Su desalojo solo hace más difícil su situación, pues se ha tenido que trasladar a zonas con menor actividad económica, entrando en competencia con otros vendedores ya establecidos en dichos lugares, generando una presión social innecesaria.

 

La concepción de un Centro Histórico, por decreto, no obedece a la realidad económica sino al interés de unos pocos que han podido adquirir inmuebles en esa zona, en detrimento de los propietarios anteriores, lo que no asegura un retorno de recursos económicos constantes para los inversores, si no es mediante el sostenimiento artificial de este nuevo sistema económico, que tendrá que ampliarse, para ser sostenible, por lo que el Centro Histórico, tendrá que crecer para garantizar su rentabilidad, en detrimento de los capitalinos.

 

El endeudamiento progresivo del Estado, ya es de 31,200 millones, aumentando en 12,000 millones durante los seis años en que Nayíb Bukele ha estado en el poder. El endeudamiento nacional, fue significativo desde la reforma agraria de 1980. El 25.8% de toda la deuda externa, se ha generado en los últimos seis años. Con un aumento promedio de 500 millones por año desde 1980 a 2019 y durante este Gobierno, ha sido de 2 mil millones anuales, o sea, cuatro veces el endeudamiento “normal” de Gobiernos anteriores, inclusive durante la guerra, la reconstrucción y los desastres naturales.

 

El Estado, ha tratado de mantenerse a fuerza de populismo y, al decrecer la economía por las mismas políticas de Estado, carece de los recursos para sostenerse y cumplir con las obligaciones naturales que posee. Lo significativo ha sido que ha desaparecido el Estado de Derecho y la economía ha decrecido, mostrando la relación entre ellas.

 

Al ignorar esta relación, el Gobierno entra en un “túnel o sesgo”, que no le permite apreciar y corregir sus errores, ahondándolos. Ahora tenemos una crisis de gestión pública y credibilidad, donde la aceptación del Gobierno ha decrecido del 70% a 30% o menos, obligando a ejercer mayor fuerza para la contención social, restringiendo libertades, lo que agrava la situación económica ya existente.

 

Para que las libertades sean restringidas desde el Gobierno, en clara violación a la Constitución, ha tenido que hacerse por funcionarios corruptos, que ejercen el poder para su beneficio, siendo la corrupción un factor que agrava el declive económico, así, al disminuir la economía privada, ingresa menos recursos al Estado y el efecto de la corrupción se hace más notorio; pues se recurre al endeudamiento externo sin que se aprecien los beneficios.

 

La amenaza de decretar impuestos a las remesas, de “confiscar tierras ociosas” y de asumir funciones municipales para aumentar la tributación, son síntomas de un sistema enfermo, que se niega a reconocer su enfermedad.

 

Sólo el retorno a la libertad y al Estado de derecho, puede garantizar una economía sana y que el Estado, pueda cumplir con las funciones que ha abandonado: atención medica efectiva, educación pública y funciones municipales.

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