¿SUSPENDERA EL GOBIERNO EL PAGOS DE PENSIONES?

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 6 de marzo  2016.

El pasado mes de enero, el Gobierno no pagó las pensiones correspondientes al sistema previsional del IPSFA: lo hizo hasta el presente mes. En tal retraso, hay un elemento a considerar, muy diferente a lo que habitualmente se presenta, en otros retrasos de pagos del Estado: el componente político y el cual parece ser,  se volverá una constante en otros casos. Y ha sido el IPSFA,  muy probablemente, el indicado  para iniciar, esta nueva política de incumplimiento de pago.

Ha sido habitual que se retrase  hasta casi un año, a los proveedores del Estado; a los exportadores, se les castiga con no menos de seis a diez meses en la devolución del IVA de sus exportaciones y al presente, ya lleva hasta tres meses de incumplimiento en el canon de arrendamiento, en los inmuebles arrendados por el Estado. Sin embargo, nunca se ha cuestionado dicho pago y,  no se ha justificado, el que para dicho pago, sea necesario  tomar fondos destinados para el subsidio del gas.

Y en esta  justificación está la novedad: advertir a la población de la escases de recursos,  y tomando lo de muchos, para dárselo a unos pocos, porque los pensionados del IPSFA son poco más de 20,000 y quienes reciben el subsidio del gas,  35,465 personas. Así el Gobierno pone de hecho en la balanza, en un platillo  los pensionados del IPSFA y en el otro, las necesidades de los campesinos,  que es donde se ha concentrado dicho subsidio.

Lo que no manifiesta el Gobierno, es que existe una deuda del Estado para con el IPSFA de $ 1,800 millones de dólares y que, por otra parte, luego de los cambios continuos en la forma de entrega del subsidio, hay 19,509 tarjetas no retiradas y por consiguiente, subsidios no pagados,  lo cual significa un ahorro para el Gobierno,  de $ 22 millones de dólares, porque si un subsidio no se cobra un mes, se pierde.

También es de considerar  que, según la Revista de Estadísticas de Pensiones, a marzo del 2011, el promedio de la pensión por vejez, es de $ 515.93, por invalidez es de $231.18,  por viudez es de $ 150.47 y,  por orfandad, es de $ 73.60. Si tomamos estas estadísticas y las comparamos con la propuesta del Gobierno, una pensión de $ 207.00 es muy inferior a la que ahora se tiene en promedio. Con el nuevo sistema,  los afiliados al IPSFA, INPEP e  ISSS, son personas para “descarte”,  sólo se espera de ellos que fallezcan, pues las aportaciones que reciben estas instituciones, son mínimas en comparación con  los egresos mensuales.

Existen 1,128,154 afiliados a las AFP, constituyendo  el 57 %, las personas no mayores de 34 años,  por lo que se la considera una población “joven”,  y en consecuencia  es una buena fuente de recursos. Considerando que los datos aquí presentados, son del 2011, faltan veintiún años, para que este grupo mayoritario comience a jubilarse, por lo que, la intención del Gobierno, es obtener esta población, y así,  pretende llevarse el mayor número de cotizantes: los que perciben mensualmente, menos de dos salarios mínimos y también compartir las cotizaciones del resto. Esta estadística financiera, aplicada a los pensionados y hoy,  cuenta ahorrantes, da la impresión de que el Gobierno trata a las personas, como ganado productor, dividiéndola, según sea su  productividad.

La propaganda Gubernamental dice una cosa,  pero el proyecto de ley dice otra: no hay garantía de que las pensiones actuales se mantengan: podrán fluctuar y no hay garantía en la  continuidad del pago. La razón del experimento social con el IPSFA,  fue para estudiar la reacción en una pequeña población de pensionados. Además, se encubren otras pensiones que están siendo pagadas por medio del FISDL destinadas a pagar una pensión y seguro medico a los antiguos combatientes del FMLN, catalogados en dicha institución, como víctimas del conflicto,  asegurándose así, la adhesión al partido de Gobierno.

Ningún sistema de pensiones es sostenible en el tiempo, si no es constante la pirámide población-crecimiento económico. Y menos aún si la modifican intencionalmente, creando nuevos modelos económicos a los anteriores. La seguridad de que habrá un colapso en los sistemas previsionales es total, y la pregunta que nos debemos hacer es ¿Estaremos dispuestos a impedirlo y podremos hacerlo?

CONTESTANDO A LA COMPAÑÍA DE JESUS, POR LA CAPTURA DE MILITARES EN SITUACIÓN DE RETIRO

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 3 de marzo  2016.

Los salvadoreños,  veteranos del conflicto armado y las víctimas de la ilegítima agresión armada e intelectual, sufrida durante la Guerra Fría, desarrollada en Latinoamérica, deseamos paz, perdón y olvido. La misma población, que ha servido de modelo en las Naciones Unidas, por su capacidad de poner fin y recuperarse satisfactoriamente, de un conflicto fratricida, la que se ve hoy, alterada en su tranquilidad, por las ansias de venganza y lucro personal, de ideólogos inescrupulosos que  amenazan la paz interna de los pueblos libres y es lo que hoy está sucediendo en nuestro país: la pretensión de captura de 17 militares en situación de retiro, es una afrenta a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional, porque pretenden llevarnos a un retroceso social la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

1. No ha habido ni un asesinato político desde 1992,  pero sí, persecución y cárcel para quienes participaron en el conflicto armado y voluntariamente depusieron las armas, cumpliendo a cabalidad los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Hoy, el Alto Mando militar de aquel momento, es perseguido físicamente ¿Quiénes realmente atizan la polarización y provocan inestabilidad? ¿los que defienden los Acuerdos de Paz con la amnistía que conlleva o, los que se abocan a causas fenecidas e invocan una justicia que sólo ellos reclaman, abrogándose un derecho y sentir social que no existe en el pueblo salvadoreño?

2. La amnistía es el instrumento para poner fin a todo conflicto armado y evitar un derramamiento innecesario de sangre. Este instrumento es considerado legal por el Derecho Internacional y, más aún, cuando ha sido avalado por las misma Naciones Unidas. La amnistía, no sólo permite la paz, sino también que sus participantes tomen el camino de la lucha política partidaria, en elecciones libres para lograr  sus aspiraciones de cambio social,  lo cual, ha permitido que el FMLN, con su anterior dirigencia de las FPL, en su estructura de guerra,  llegue hoy al poder, ya en su segundo período y, permitiendo que haya existido una transición pacífica y armoniosa entre las anteriores fuerzas en conflicto. Ha amparado la amnistía a 408,000 personas entre ambos bandos, dándoles estabilidad y seguridad jurídica.

3. El perdón que ofrece y reclama la Compañía de Jesús, consiste en juzgarlos bajo la autoridad del Estado, condenarlos, encarcelarlos y obligarlos a una cuantiosa reparación económica de los daños, primero pagadera por los participantes y luego, por las arcas del Estado, lo que de ninguna manera es un perdón.

4. El imperio del Derecho lleva en sí mismo, la aplicación de la justicia,  pero incomoda a quienes no ven sus deseos satisfechos. Hoy, el Derecho salvadoreño, ampara a toda persona que realizó hechos de sangre, durante el pasado conflicto armado. Sin embargo,  la enseñanza de los Juicios de Núremberg, es que también son responsables  los ideólogos que siembran ideas aberrantes en la sociedad, y que permiten la justificación de un conflicto armado, como quedó evidenciado en el “Juicio a los Jueces”; igual conducta es atribuible a Ignacio Ellacuría y los otros sacerdotes jesuitas que, desde la cátedra de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, atizaron con sus doctrinas, el fuego  de nuestro conflicto armado, convirtiéndose en referentes estratégicos, para la justificación del conflicto.

5. Las capturas y la petición de extradición, son cuestión estrictamente jurídica,  pero que se encuentra manipulada políticamente.  Nadie puede negar el peso político de la Compañía de Jesús en el mundo y, es ese mismo peso,  el que incita a torcer la justicia en su favor. Ya la Revolución Francesa estableció el principio de separación del poder eclesiástico del terrenal y, en nuestro suelo quedó formalmente roto, desde la Constitución de 1886;   sin embargo, no basta el establecimiento formal de esta separación de poderes, debe ser efectivo y quedar claro, por los acontecimientos que se están dando,  que ese poder, aquí en el país, ha sido retomado por la Compañía de Jesús,  por lo  que la defensa de los militares hoy perseguidos, sea una causa aún más grande, que la solicitud de justicia bajo la aplicación de la ley vigente. Obliga a que nuevamente se luche por la separación de poderes y que fue iniciada en nuestro país por  el Capitán General Gerardo Barrios y retomada por infinidad de juristas y activistas políticos liberales, a través de nuestra historia.

La obligación de todo militar, luego de jurar ante la bandera, es defender la integridad del territorio nacional y  las leyes vigentes, en una obediencia absoluta al poder civil, y conforme  las órdenes de sus superiores, “aún a costa de sus vidas”. Y es situación que ha vuelto al servicio activo de la patria, a quienes ya llevan más de veinticuatro años en situación de retiro, pues militar nunca han dejado de ser, pues militare se es por  profesión y por convicción, lo que les da un derecho propio de ser militares, luego de prestar  juramento a la bandera de la República de El Salvador.

6. La muerte de los señores jesuitas, se dio dentro de un conflicto armado,  en el cual ambos bandos, pretendían eliminar  las estructuras del mando enemigo, no circunscribiéndose el conflicto sólo a los combatientes. Pensar que sólo los soldados deben morir, es un concepto militar derivado de la Edad Media, que establecía una clara diferencia entre el noble y el villano, y  que se cambió durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos;  por esa razón, el Derecho Internacional Humanitario, sólo protege a quienes no combaten, realizan acciones pastorales o labores médicas.  La labor de Ignacio Ellacuría y sus compañeros nunca fue una labor pastoral, sino teológico- política.

7.  Todo salvadoreño conoce la verdad sobre nuestro pasado conflicto armado, pues la mayoría de la población adulta lo vivió; puede haber diferentes opiniones sobre el mismo y no necesita saber más sobre él,  pues hoy se tiene la aflicción de un promedio de veintitrés asesinatos diarios, más una grave crisis económica. El Salvador, no necesita remover su pasado para conocerlo, pero hay quienes aún viven en él,  aunque son los menos, pero recogido y atizado su odio social, por la persistencia de la Compañía de Jesús y de la misma, los querellantes a sueldo. El Informe de la Comisión de la Verdad fue elaborado por extranjeros,  no por salvadoreños y, encontramos en el tiempo, que las mismas organizaciones que en su elaboración trabajaron en El Salvador, son los que han participado en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Guatemala, siempre como activistas políticos, lo cual desmerece las opiniones vertidas dentro de dicho informe y más aún, cuando se presentan constituyéndose clandestinamente, en Tribunales Internacionales, para la Justicia Restaurativa en El Salvador.

8. La actuación del Gobierno al respecto, deja mucho que desear. Se está dejando manipular por la Compañía de Jesús, cediendo a la presión de sus querellantes y rompiendo los principios penales y legales de nuestro país, denegando la justicia  a sus ciudadanos.

9.  El Procurador de los Derechos Humanos, ha actuado como un activista político y no, por velar  los intereses difusos del pueblo salvadoreño; todas sus apariciones públicas giran en derredor a la Justicia Transicional y la Justicia Restaurativa, viendo de menos el alto número de homicidios y el reclamo público de los servicios de agua y sanidad.

10. El imperio de la justicia como el fiel cumplimiento de la legislación vigente, es lo que necesita el Estado de El Salvador y no, revivir un  un conflicto fenecido que ya no es nuestro, sino de mentes que nunca lo vivieron y pretenden ser los redentores de El Salvador. El poder político de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas subsiste por su activismo político, recogiendo las últimas chispas del pasado conflicto armado, las cuales hay que extinguir ya, en beneficio de las generaciones futuras.

Audi alteram partem (Escucha a la otra parte) Para juzgar con imparcialidad, es preciso oír la defensa después de la acusación.