El Vicepresidente Oscar
Ortiz y el Ministro de Seguridad afirmaron, en una cantinflesca conferencia de
prensa, que los pandilleros atentarán contra la vida de policías y
soldados, pero no intimidarán al Estado
y que pronto, serían dominados. Mientras esto se dice, varios habitantes de
Soyapango salen a patrullar sus colonias,
para evitar que las maras, desde sus bases en el municipio, expandiéndose, tomen éstos territorios.
Se dice ahora que la
delincuencia ha escalado a un conflicto social y, la PNC y la Fuerza Armada, hacen una parodia
de Seguridad Pública; recordemos que ya hemos vivido esa situación: efervescencia
social, desafío a la autoridad pública,
disputa de territorio y el uso definitorio de la Fuerza Armada. Hoy, la Fuerza
Armada se encuentra en veinticinco puntos de San Salvador, pero su presencia, es irrelevante, porque carece de la fuerza disuasoria de los
años 70´s y 80´s. Los homicidios han aumentado pues existe duda política, en el
empleo de la coacción de la ley.
La situación en que hoy
se encuentra El Salvador, se asemeja mucho a lo expuesto por Oscar Martínez
Peñate, La diplomacia paralela en la Declaración
Franco – Mexicana en el Seminario Internacional “Historia, Sociedad y
Memoria: El conflicto armado en el 20 aniversario de los Acuerdos de Paz”, los
días 15, 16 y 17 de febrero de 2012. El hecho es que igualmente, hoy se
combinan acciones militares con acciones políticas, para asegurar el control territorial o sea, restringir la soberanía nacional, en
favor de rebeldes grupos armados.
En diciembre de 1981,
durante la Presidencia del Dr. Álvaro Magaña,
hubo un reclamo territorial de parte del ERP, en la zona desmilitarizada
de los bolsones del norte de Morazán, consecuentemente, la Fuerza Armada tuvo
que dirigir una operación de pinzas, contra aquel puesto de mando, en La Guacamaya. Resultado
fue, el confuso hecho del Mozote, por el
cual son hoy juzgados penalmente, el
Estado Mayor y la oficialidad del Batallón Atlacatl, ejecutores de aquella
operación.
Hoy, el vicepresidente
Ortiz, está en condición semejante a la
del Presidente Álvaro Magaña, en una
Diplomacia Paralela, negando el poder de la Mara y en su contra, midiendo la
fuerza del Estado. Hoy, el problema legal es que, al negar la naturaleza de un
conflicto nacional internacionalizado (CANI) los protagonistas son juzgados
como criminales de guerra, pero sus
acciones mantuvieron la integridad nacional y aunque la guerrilla mantuvo una
persistencia, no ejerció poder soberano, a diferencia de lo que la mara está
haciendo hoy.
Se enfrenta al mismo
dilema, el actual Gobierno: ¿reconocerá ya, la existencia de un conflicto armado y, tomará la defensa de
la soberanía, como base de sus acciones? Al parecer no será así. Se están
siguiendo los mismos principios de la Diplomacia Paralela, pero ahora, es Gobierno – Mara. Ignoramos
cuál será su posición final.
Se juzga hoy a quienes
defendieron la integridad nacional, pero
no se protesta cuando el Gobierno actual, abandona la soberanía nacional, a
manos de las Maras. En el proceso judicial del Mozote, el elemento faltante, es el reconocimiento de la defensa de la integridad
territorial contra una fuerza de Derecho Internacional y, que el Estado, en cada perdón pedido públicamente, por los hechos de los
años 80´s, reconoce acciones de guerra por parte del Estado.
Mauricio Funes pidió perdón en su Gobierno,
hoy lo pide el Canciller Hugo Martínez y, cada declaración, es un Acto
administrativo, pues se trata de una declaración de voluntad intelectual,
derivando de ésta, una política de Estado antes, de acción y, ahora de
reparación, de acuerdo a la Justicia Restaurativa.
