Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Al incumplirse el
ordenamiento jurídico, por causa de las acciones del Gobierno, crease un ritmo diferente,
entre el jurídico y el político, alejándose de la gobernanza, desarrollando un
ambiente de ejercicio de la fuerza y, de distanciamiento del sistema
democrático mundial.
La gobernanza es
la interacción y acuerdos, entre gobernantes y gobernados, para solucionar
conflictos sociales, creando las oportunidades para el desarrollo sostenible.
En El Salvador, no se da tal situación, porque el Gobierno genera la
ingobernabilidad, para lograr el control absoluto de la población, mediante su
incumplimiento de la ley: esto causa el reclamo internacional, pues la cooperación
extranjera, se da conforme a la ley y por ello, hay reticencia de continuarla.
El Gobierno exige que sea en sus términos. y no, dentro del concierto democrático
internacional.
La gobernanza
procura que exista un engranaje fluido, en base a la normativa jurídica y la
participación ciudadana, creada por el sistema democrático, dentro de un
equilibrio geopolítico, con otros Estados. Y si el Gobierno incumple la ley, no
por mala interpretación ocasional de la misma, sino por generalizado cambio de
concepto, para realizar en su beneficio, una lucha política, consolidar su
poder y alejarse del concierto internacional que lo señala como dictador, pide
que se acepte su concepción autoritaria o
que, buscará la ayuda de regímenes diferentes, al modelo democrático.
Por ello, se
marcan dos ritmos diferentes: la del derecho y las de acciones políticas del
Gobierno. Las primeras van a la zaga, pues el mecanismo jurídico busca la
certeza, mediante el procedimiento; el Gobierno quiere el dominio político y,
al haber fallado el control constitucional de la Fuerza Armada y, haberse
vuelto ineficaz la coacción policial, se hace aún más lento, el mecanismo
jurídico.
Se ha revelado que
el dinero sí existe, pero el Ejecutivo no quiere entregarlo, considerándolo su
patrimonio. Asegurar que hay dinero para pagar el FODES, pero ha hecho que la
Corte de Cuentas de la República, no pueda acceder a las cuentas del Ministerio
de Hacienda, por lo cual, no puede saberse con certeza, si aún existe la contrapartida
para FOMILENIO II; las acciones del Gobierno son propias, para incumplir dichos
acuerdos y, buscar un alejamiento de los Estados Unidos, debido a sus continuos
señalamientos por el rumbo autocrático que lleva el país.
El Ejecutivo, al
negar los fondos a las Alcaldías, busca que colapsen las pequeñas, para causar daño
electoral a sus Consejos Municipales, pues sólo pueden superar tal contingencia
los municipios populosos, aunque rompiendo el principio de autonomía municipal;
pone trampa a los Alcaldes, para que usen fondos que tienen diferente destino
específico y, poder acusarlos de malversación. Todas estas acciones, rompen el
principio de gobernanza en el país.
El actuar más
lento del sistema judicial, impide que haya justicia y, si ésta exige la actuación
de la PNC, la cual no se da, el sistema falla. El ejemplo más claro, ha sido la
negativa de cumplir el apremio de la Asamblea Legislativa, que hubiese permitido
saber sobre las finanzas del Estado o, que la Corte de Cuentas de la República
y la Fiscalía, actuaran con más celeridad, por la información oportuna.
La prisa del
Gobierno por llevar al país, a un nuevo orden constitucional, pretende evitar
que las ilegalidades cometidas actualmente, puedan en el futuro, ser
sancionadas; no obstante, lo más peligroso, es la manipulación que quiere hacerse
de la Fuerza Armada y, las demás instituciones públicas, que en el futuro serían,
el verdugo de los salvadoreños, sin que los señalamientos internacionales
pudiesen hacer mella en el Gobierno.
