Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
El debate Constitucional
en El Salvador es ahora, sobre la legitimidad del modelo de Gobierno y no,
sobre su continuidad en el ejercicio del Poder, por un mismo Gobierno. Este
debate se debe, al rompimiento constitucional, por parte del TSE, al haber
inscrito las candidaturas de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, siendo presidente y
vicepresidente, en ejercicio de su función.
El Derecho
Constitucional, es más amplio que la propia Constitución, pues abarca la
legislación electoral y los principios fundamentales de los Derechos Humanos.
La inscripción inconstitucional de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, substrae su candidatura
de la mera elección, a un debate de orden Constitucional: la equiparación de la
ilegalidad, con la legalidad, avalada, por la institucionalidad del Estado.
O sea, que su inscripción, avalada inicialmente por
Nuevas Ideas y luego, por el TSE, ha aceptado el transfuguismo formal, en una
estructuración de hecho, de partidos afines al Gobierno, en contravención constitucional,
aceptada frente a una oposición, apegada al Derecho. El aceptar esta situación,
por parte del TSE, como organismo colegiado, no refleja la posición de los
partidos de oposición, allí representados, como vigilantes del proceso
electoral, lo cual afirma el rompimiento del Derecho y la legitimidad del
proceso electoral.
El planteamiento paulatino de esta polémica, ha sido
iniciado, con la aceptación de la eliminación de 262 municipios, convocados
previamente a elecciones, por 44 nuevos municipios inexistentes, que cobrarán
vida el día 3 de marzo de 2024. Encontrándose hoy en un período de “gestación”
o acomodo, en el cual el Órgano Ejecutivo, va tomando muchas funciones
municipales: registro de personas, catastro, obras municipales, presupuesto, autonomía
etc.
Competir electoralmente, en paridad de condiciones, entre
candidatos legales e ilegales, contamina de origen, la elección, pudiendo al
final, “legitimar” el cambio jurídico y, con este, el Constitucional. Las
candidaturas estarán sometidas a un árbitro adverso; el TSE, si ha roto los
mayores principios electorales, seguramente romperá a conveniencia del
oficialismo, la legislación secundaria.
Para su existencia, la República exige un proceso de transmisión
de poder, basado en el apego a un sistema preestablecido de Derecho y, aunque este
puede cambiarse, a voluntad del mismo
Estado, por el Gobierno, exige que sus reglas sean aprobadas de forma legal, en
cuanto a forma y fondo y, un rompimiento de este principio, contamina todo el
sistema constitucional y, pone en riesgo, la elección de funcionarios, cuyas
candidaturas pertenecen a la oposición, pues se tendría un “árbitro” parcial, a
favor del oficialismo.
La contaminación de este proceso, puede afectar a sólo
los candidatos presidenciales o, puede deslegitimizar todas las elecciones,
según sean los argumentos esgrimidos. Esto dependerá de los políticos y no, de
los Abogados, pues el ejercicio de la fuerza, ha anulado el Derecho y, las
acciones a considerar, no se encuentran dentro del marco que la Ley establece,
sobre todo si el Gobierno autoritario pretende encasillar las acciones de la
República a su favor o, para un beneficio personal, ajeno a la naturaleza del
Bien Común, que es propiedad de la colectividad.
El temor individual, de no ser electo, puede nublar la
visión jurídica y política general, sin embargo, todo candidato e instituto político,
tiene que razonar sobre este particular, sin importar su ideología o su
naturaleza. De dicho razonamiento, puede depender la legitimación o no, del
régimen dictatorial y con ello va el destino de toda la nación, pues la
actividad económica nacional, está siendo absorbida por los allegados al
Gobierno, aprovechando su posición de poder, mientras se utiliza el régimen de excepción,
como la fuente formal de coercibilidad, para controlar a la población y a la
disidencia.
