Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
EL triunfo de Nayíb
Bukele, autoproclamado, a altas horas de la noche, constituye la legitimación
de un fraude, finamente elaborado: iniciado con la destrucción de la
institucionalidad del Estado y finalizado, con la manipulación de las
elecciones;: hace parecer estable y conforme a un país, pero revela un mayor
peligro, pues rompe el principio de respeto a las minorías, el imperio de la
Ley y la identificación del Bien Público, con los intereses de Nación. vislumbrándose
un giro geopolítico hacia el autoritarismo, quebrando la tradicional tendencia
del continente americano, hacia la democracia y su defensa de la integridad
humana.
La destrucción del
equilibrio de poderes, mediante el dominio de la Sala de lo Constitucional y del
Fiscal General de la República, permitió fácilmente, el dominio del resto de la
institucionalidad del Estado: si había ya control de la Hacienda pública y se
podía pactar con las pandillas, en beneficio del crimen organizado. El régimen
de excepción (suspensión de las garantías individuales y los derechos
políticos), presentado como de interés común para la salvaguarda de la
integridad física, permitió la apariencia de la posibilidad del ejercicio
democrático, cuando esto no era posible, por lo antagónico de la situación,
pues se dio el ejercicio de un derecho, sin poseerlo: trampa en la que
incurrieron las cupulas opositoras.
El correr de candidatos
opositores junto a la candidatura inconstitucional de Bukele, legitimó esta
última. Y la manipulación realizada por el Tribunal Supremo Electoral, al
realizar cambios de última hora, dejó a la oposición, fuera de la estructura
temporal y de verificación del voto. Su último acto: no dar el papel de
impresión para las actas partidarias o entregar aparatos defectuosos a las JRV
para la transmisión de datos, fue la culminación de este proceso, pues se esperó
a que no hubiese vigilantes opositores, para autorizar la elaboración manual de
actas. Nunca se habían hecho actas a mano, sino en formulario impreso.
La no entrega de la deuda
política, deja a los partidos opositores sin la posibilidad de contratar el
aparato necesario para la defensa en la próxima elección, creando un resentimiento
hacia los candidatos que solicitaron su colaboración. El partido está
condicionado a dicho pago, al presentar las actas recolectadas por los
vigilantes, pero si el mismo tribunal no las emite, este requisito impuesto a
los partidos, es imposible de cumplir.
Los partidos opositores,
no denunciaron convenientemente este fraude, ahora están en peligro las
siguientes elecciones, pero la pregunta es ¿Qué riesgo hay en el triunfo de
Bukele? Lo primero es un triunfalismo que permita imponer a la oposición,
medidas coercitivas y se establezca una economía dirigida, en la cual los
millonarios aliados suyos y el crimen organizado, puedan laborar a sus anchas,
sin la posibilidad de un desarrollo sostenible y socialmente homogéneo.
Su relación con las
pandillas y los carteles de droga, se profundizarán, siendo un polo de peligro
para el resto de países democráticos, facilitando una dictadura de familia,
como de los Somoza o como la que tienen hoy Nicaragua y Venezuela.
El Salvador, se decantará
hacia los países autoritarios, precisamente en el momento en que la nueva
Guerra Fría, se agudiza, por las pretensiones del expansionismo ruso y chino.
De igual manera, se facilitará la penetración del islam, en detrimento de las
Iglesias evangélicas y la Iglesia Católica, favoreciendo al final, el
radicalismo Islámico que, en El Salvador, presenta peculiaridades únicas:
mezcla de sunismo y chiismo.
Este proceso es para
justificar la supresión de los derechos individuales y políticos, solicitando
que se respete tal decisión, por lo cual se puede aplicar la coercibilidad a la
disidencia fundada en la democracia.
