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DERECHOS HUMANOS VERSUS CAPACIDAD ESTATAL
GRAVE PELIGRO: LA DESDOLARIZACIÓN
DERECHOS HUMANOS VERSUS CAPACIDAD ESTATAL.
Los días 5 y 9 de noviembre, la Relatoría de los Derechos de los Privados de Libertad, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, realizó un recorrido por las cárceles de nuestro país. Sus conclusiones son contundentes
: “no existen condiciones adecuadas para la guarda y reeducación de los privados de libertad”.
La población penitenciaria sobrepasa en un 300% la capacidad de los centros de detención; además de la falta de higiene: no hay agua potable y la alimentación, deficiente. Además, hay condiciones de registro para las visitas, que lesionan la dignidad humana y por último, la infraestructura para acogerlas cuando estas llegan, no es adecuada para ellos en un centro penitenciario.
Jurídicamente, es responsabilidad del Estado cubrir estas necesidades porque bajo su guarda, están los privados de libertad y, además de estar así establecido en los tratados internacionales y en la legislación penitenciaria.
En opinión de delegados de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al tratarse de ésta, no sólo debe atenderse a que la persona no esté enferma, sino también a que tenga todo lo necesario para una vida digna en un entorno saludable. Después de revisar las estadísticas de nuestro país, publicadas por dicha organización internacional, encontramos los datos siguientes: el crecimiento poblacional (año 2009) es de un 0.5%, el 61% de la población se encuentra en áreas urbanas, el 31% es menor de 15 años, el 65.1% de la población es dependiente y el riesgo de malaria (2006) es de 30.7. Todo este conjunto de datos revela hacinamiento en las ciudades, con mínimos servicios básicos, un bajo nivel de ingresos y un desempleo muy grande, con niveles de alimentación por debajo de los estándares médicos considerados aceptables. Si a este cuadro, ya deplorable añadimos los casos de violencia social, encontramos una situación caótica de nuestra sociedad en cuanto a la satisfacción de las necesidades humanas. Y esto es proclive de la insatisfacción y violencia social: se nos califica como el país de mayor violencia contra las mujeres.
Siempre que se conocen cifras como las citadas, se concluye afirmando:
es responsabilidad del Estado solventarlas.
El fin último del Estado es el bien común y este se realiza como consecuencia natural del bien público, pero para que este último se cumpla, es necesario que previamente se haya plasmado en leyes que son producto o resultado de las políticas públicas. Ahora bien, para que el Estado pueda realizar el bien público de conformidad con las leyes, necesita tener primeramente una clara visión de los derechos de los individuos, partiendo de lo particular a lo general ( de conformidad al Articulo 1° de nuestra Constitución) para consignarlo convenientemente, en el presupuesto general de la nación y, en tal instrumento, deben considerarse dos cosas: a) las necesidades del Estado y b) la financiación de dichas necesidades. Y es en esta coyuntura que se produce la colisión entre los derechos humanos y el presupuesto. Pues considérese que .Ninguna de las acciones realizadas del Estado es gratuita.
Para muchos, tal colisión no es posible pues las necesidades humanas, protegidas por los Derechos Humanos corresponden al terreno de la filosofía y al mundo del deber ser; pero sucede que, en cuanto a la fuente de financiamiento para cubrir esas necesidades establecidas en el presupuesto, corresponden al mundo de la economía y, por consiguiente al del ser. Por otra parte, es dogma constitucional que la vida humana es siempre superior a cualquier bien, y criterio común de todos los constitucionalistas modernos, es derivar del derecho a la vida, el derecho a la salud y, por lo tanto, cualquier costo que esta tenga es incuestionable.
Nuestra nación sigue desde 1950, una corriente garantista, reconociendo cada vez con mayor importancia, la dignidad humana y sus necesidades físicas, teniendo hacia ellas una tendencia proteccionista. Esta corriente ha sido siempre de avanzada, aunque algunos pregonen que precisa avanzar mucho más adelante en ese sentido, pues si no se hace así, la ley será pura letra muerta, o se estaría desconociendo la verdadera dignidad humana.
La cuestión es que la mayor protección del Estado, tiene también sus consecuencias: puédense señalar las siguientes como más importantes:
a) Mayor injerencia del Estado en la vida del individuo;
b) Mayor gasto, para dar la protección debida por ley y;
c) Necesidad de imponer mayor tributación para sufragar dicha protección.
Piden ratificar derechos económicos, Sociales y Culturales en El Salvador La PIDHDD-Capítulo El Salvador, pidió este 06 de octubre de 2010 al Estado salvadoreño la ratificación del protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PF-PIDESC, el cual aunará a la defensa de los derechos de la población salvadoreña. |
En un foro público realizado en la capital salvadoreña con el auspicio de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD, inicio la campaña para la ratificación del referido protocolo. Tomada la noticia de la página web de la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador
Según este estado de cosas, El Salvador ha seguido el ritmo de las corrientes internacionales de los países desarrollados; mas en la práctica, se ha quedado muy a la zaga en cuanto a su economía que le incapacita para el cumplimiento de las de las obligaciones jurídicamente impuestas.
A menos actividad económica, menos hecho generador.
Y aún más, tenemos otra contradicción: el modelo tributario nuestro, comparado con el de los países desarrollados es mucho menor en cuanto a su porcentaje de carga tributaria. El nuestro es producto del modelo liberal que hemos seguido en los últimos sesenta años: Período que cuenta desde la Presidencia del Teniente Coronel Oscar Osorio (1950-1956) hasta las tres Juntas de Gobierno (1979-1982), la Presidencia del Dr. Álvaro Magaña (1982-1984) y la Presidencia del Ingeniero José Napoleón Duarte (1984-1989); en este período el sistema económico tomó un rumbo hacia el socialismo, y el cual no pudo mantenerse por haber causado grave daño a la economía. Después el rumbo liberal fue retomado con mayor fuerza durante los últimos veinte años del gobierno de ARENA.
La capacidad impositiva siempre tiene que verse en razón de la producción y de el posicionamiento del Estado en la economía mundial, atendiendo a sus peculiaridades geopolíticas. No se puede atender únicamente a figuras ideológicas, pues la obtención de recursos sostenibles en el tiempo es interna, y aunque la producción se genera dentro del Estado, el valor de la misma depende de factores de oferta y demanda internacional. Considerar únicamente el aspecto ideológico e interno de un Estado para derivar la acción impositiva, solo sería aplicable en aquellos Estados de economía cerrada, los cuales corresponden al concepto autárquico de Estado, que sólo existió en la antigüedad y en la baja edad media. Y considerar la autarquía (capacidad de auto abastecimiento) como base de la economía es un retroceso en el concepto económico del papel del Estado Moderno en la globalización. Por lo que establecer parámetros impositivos para a igualar con países desarrollados u otros países emergentes fuera del área es un gran absurdo.
La dirección económica no puede ser cambiada abruptamente sin que se den grandes perjuicios y graves acontecimientos sociales.
La tendencia a proteger cada vez más al individuo ha sido una de las más grandes preocupaciones del Estado, sin importar cual ideología guíe sus acciones o cual sea la estructura de gobierno (sobre quien reside el poder público). Quizá el más complejo de todos los sistemas ideológicos es el democrático: En este sistema, todo individuo es depositario de cuatro calidades o roles que debe conciliar:
1°) Es el soberano, en virtud de lo cual, tiene capacidad de decisión política sobre la visión que el Estado tiene del bien común; esta decisión, la toma mediante la elección de sus representantes, a quienes elige según sus ideologías.
2°) Este mismo individuo, debe gozar de los derechos individuales que el Estado debe respetar. Creando una coraza para la no intromisión del Estado en los asuntos privados del individuo, incluyendo la libertad de expresión de su pensamiento.
3°) Pero este mismo individuo pertenece a la colectividad, a la que el Estado también debe respetar y proteger (son los derechos sociales). En el modelo constitucional nuestro, la protección colectiva se logra mediante la protección individual masificada. En el socialismo, la misma protección se logra mediante la masificación de la protección para llegar a la protección del individuo.
4°) El mismo individuo o ciudadano es generador de los impuestos, con el producto de los cuales contribuye al sostenimiento del Estado. Es decir colabora con el producto de su trabajo al socorro del desvalido que, en un pequeño porcentaje, esta exento de tributación.
Ahora bien, estas calidades descritas son casi siempre antagónicas: en ellas prevalece por razón natural, el interés individual y para elegir al gobernante siempre elegirá al candidato que ofrece realizar obras para su comunidad o entregar dadivas individuales de cualquier tipo, dando apariencia o justificándolo como una ayuda social.
Pero consideremos que por mas que haya ofrecido un candidato o funcionario en previsión de futuras elecciones, cuando ya esta investido por una elección de primer grado (Presidente de la República, Diputado o Consejo Municipal) siempre se encontrará con el mismo problema: para cumplir lo ofrecido necesitará dinero, el que deberá ser recaudado por vía de impuesto. Ahora bien, la capacidad impositiva no tiene más límite legal que la confiscatoriedad, es decir: que no puede ser lesiva o más bien hasta que no disminuya el patrimonio y la capacidad generadora del contribuyente y este límite, no tiene más parámetros que la visión del bien común.
De la conjugación de la economía y la visión del bien común, se derivan los principios de la “Ciencia de la Hacienda”, que básicamente son dos: la eficiencia económica y la equidad tributaria.
La tributación tiene que ir acorde con la tributación.
Contracción en la industria de la construcción. Es un indicador reflejante de la actividad económica de un país. Y a excepción de China continental, una constante en las demás economías mundiales.
Por esto la clasificación de los impuestos se hace en dos clases: distorsionantes (que producen desequilibrio económico) y no distorsionantes. Ahora bien como en el avance en la técnica de recaudación ha hecho que en la mayoría de los impuestos sean distorsionantes se ha corregido un poco el concepto y se ha elaborado “el principio de neutralidad” el cual establece que aunque el sujeto obligado al pago de una carga tributaria, intervenga para modificar su carga, ésta, seguirá siendo la misma; lo cual aparentemente es igual al principio de eficiencia económica, sin embargo no es así, porque como vemos, incluye la posibilidad de alterar el importe de la carga impositiva como consecuencia de la actividad económica que realiza el sujeto. Esto es lo que vivimos a diario en los pagos de IVA. La idea es que todos los contribuyentes paguen justamente y para lo cual es necesario que el Estado establezca, fuera de concepciones jurídicas el limite tributario que ha de llevar a la práctica y esta concepción de este limite es muy difícil, más aun cuando las necesidades del Estado son muy grandes y el Estado tiene la tentación de subir impuestos para evitar alguna manifestación pública que dañe su imagen. Como lo hemos visto con las manifestaciones de sindicalistas del seguro social y del ministerio de salud, cuyas pretensiones laborales fueron solventadas en gran medida, y el Estado para prevenir otros reclamos ha anunciado un alza en los salarios mínimos estatales, sin otra consideración que la necesidad de tranquilidad en el ejercicio de su administración. Creando un problema laboral latente para el sector privado.
Industria< crédito > consumo
Esta relación crediticia nacional revela una baja capacidad productiva y que las remesas siguen siendo un pilar fundamental de nuestra economía.
La Alcaldía Municipal de Santa Ana ya anuncio un incremento en sus impuestos y tasas para poder realizar obras sociales
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha dado a conocer que la banca en El Salvador, ha tenido un decremento del crédito de vivienda y del resto del sector industrial, y un leve aumento en el crédito de consumo, a pesar de que aún poseen la solidez para poder satisfacer todas las necesidades crediticias. El crédito a la industria y a la construcción son dinamizadores de la economía nacional. Sin embargo, hay dos puntos de vista coincidentes: la inversión, por el clima político y económico interno, hacen riesgosa la inversión, tanto lo ve así el inversor como el prestatario de la inversión (Banca), y por lo tanto es lógica la contracción en dichos sectores. También es de interés el Fideicomiso de 200 millones de dólares aprobado por la Asamblea Legislativa, a iniciativa del Gobierno Central, para poder crear un flujo de caja más dinámico a favor de las municipalidades, pues en la mayoría de las Alcaldías del país, el 40% del FODES se utiliza en el pago de deuda ya adquirida y gastada con anterioridad.
Hace un año se hablaba de que el nivel de endeudamiento no debía pasar del 40%, ahora que ya llegamos al 50%, se establece un techo del 60%. Y los funcionarios de gobierno aseguran que la dinamización de la economía depende de la inversión en el gasto público pero ¿de donde sale el gasto público y quien lo pagará en resumidas cuentas, si no es el contribuyente de hoy, o del mañana. Esta política pública ya ha demostrado que es contraproducente para las economías, y no sólo en países subdesarrollados sino que por el contrario en los países que han sido lideres en el desarrollo mundial.
Para advertir sobre la responsabilidad gubernamental por sobre los intereses de campaña conozcamos el caso de Gran Bretaña, que consciente de su déficit fiscal y lo lesivo que sería para su economía el incremento de los impuestos, ha decretado, por medio del Ministro de Economía George Osborne, una moratoria en el aumento impositivo, hasta el 2015, además de una fuerte reducción en el gasto público, que afectará a medio millón de empleados que tendrán también reducción en los beneficios de desempleo. Esta medida, totalmente impopular, ha sido anunciada visualizando el interés colectivo a largo plazo, y la cual ha sido anunciada como “Un camino difícil, pero que conduce a un futuro mejor”. Estas palabras sonarían absurdas a nuestros funcionarios actuales, pero su apego a la realidad económica es absoluto. Nuestra posición económica no puede compararse con la de Gran Bretaña, pero deberíamos reflexionar sobre sus propósitos: están anteponiendo el bienestar futuro al bienestar actual. La última vez que se tomo una decisión de esta naturaleza y trascendencia fue cuando Sir Winston Churchil dijo “solo ofrezco trabajo, sudor y lagrimas”.
Veamos un poco más: Osborne justificó ante la BBC la decisión de "poner freno al aumento de las facturas de las prestaciones" cuando abordó el tema de la necesidad de seguir financiando el Sistema Nacional de Salud (NHS) y las escuelas. Los recortes van mucho más allá de los destinados a dar ayuda al necesitado: abarca otras áreas sensibles como es la reducción del ejército. La reforma incluye también un impuesto permanente a la los bancos, pues en la crisis pasada, se usaron fondos públicos para rescatarlos o evitar quiebras que lesionarían la economía británica. El Secretario del Tesoro, Mark Hoban dijo que "los bancos pagan una contribución justa en función de los riesgos que hacen correr al sistema financiero británico" al sustentar la necesidad de este impuesto y se espera medio millón de despidos en el sector privado para lograr su reactivación.
Este plan a implementar en Gran Bretaña, es la concreción de una tendencia iniciada luego del colapso económico de Grecia.
España y Francia han iniciado tímidamente este mismo camino: prueba de ello fue la reciente aprobación a las reformas de pensiones, aunque mínimas en verdad, en comparación con las realizadas en Inglaterra y, han generado una muy grave protesta, y votaciones muy cerradas en el parlamento francés: (177-153). Estas reformas impopulares, han sido forzadas por la insostenibilidad del modelo de protección Estatal frente a la crisis económica mundial actual.
El actuar gobierno irlandés ha anunciado que retrasará la aprobación de su presupuesto para el ejercicio 2011 con la finalidad de anunciar un plan de austeridad, el cual se basa en recortes a la inversión pública y en los gastos corrientes del Estado.
Por el contrario a las tendencias europeas actuales, El Salvador, en estos catorce últimos meses ha incrementado a un 50% su deuda pública, y no se ve posibilidad alguna de una reducción del gasto, por el contrario, con nuevos proyectos se está ampliando el gasto público, solicitando refuerzos presupuestarios para el presente ejercicio, los cuales están fuera del presupuesto del ejercicio 2011, pero su ejecución se efectuará en ese año. Esto último implica un fraude de ley, el cual es el método de incumplimiento indirecto del Derecho objetivo. Para este caso, es el fin del Presupuesto General de la Nación.
La reciente aprobación del uso del FODES para financiar el gasto corriente de los últimos dos mes faltantes del año, reflejan una falta de liquidez municipal, no por baja en la recaudación tributaria, sino por el descalce de sus ingresos frente a sus egresos. La justificación es que el endeudamiento municipal es producto de administraciones anteriores y que no se puede realizar en la actualidad obras. Siguiendo esta lógica el endeudamiento municipal crecerá hasta el infinito, pues cada nueda administración querrá “hacer obras” pero que las pague el siguiente Consejo Municipal”. Esto es insostenible: La inversión es para ser recuperada en administraciones futuras y ningún consejo quiere asumir la deuda del anterior. Procedimiento similar es el que sigue el gobierno central.
Quizá el mal de nuestro modelo político es que el votante ve siempre su conveniencia particular por sobre el interés general, y cuando está consciente de poseer un derecho, lo exige con toda propiedad, sin importar las consecuencias a largo plazo para el Estado y como es natural para él mismo. Esto es producto de la falta de conciencia patriótica, la cual es alentada por los pregoneros del socialismo y comunismo, pues ven el interés de la clase social por sobre el interés patriótico. Esto queda demostrado en el lema “los pobres no tenemos patria”, que escriben en las paredes luego de una protesta callejera precisamente en los días en que se celebran las fiestas patrias.
El partido político por medio de sus candidatos hacen ofrecimientos, a veces incumplibles al votante, y para luego, tener que reconocer que una cosa es la oferta de campaña y otra es lo que se hace en el gobierno, como lo reconoció públicamente el Presidente Funes, esta práctica generalizada constituye un fraude al electorado.
Sin embargo, la democracia representativa es nuestro modelo, y si lo comparamos con otros, aún sigue siendo el mejor, con todos sus defectos, y lo único que debemos hacerle es perfeccionarlo, pero en el entendido que toda creación humana siempre será imperfecta. Aquellos que pregonan sistemas políticos de justicia perfecta son los que nos quitan nuestra libertad a favor del autoritarismo, y crean las mayores injusticias dentro de la sociedad.
Los gastos del Estado tienen que estar acordes con los ingresos públicos y no seguir doctrinas políticas, pues de lo contrario se exponen a graves crisis económicas que tardarán décadas en poder sanar.
EDITORIAL
DESDOLARIZACION E IMPUESTOS: GRAVE AMENAZA A NUESTRA ECONOMÍA.
La tendencia actual de un gasto desmesurado por parte del Estado, y con un endeudamiento del 50%, y una recaudación insuficiente para el sostenimiento del Estado y sus proyectos de inversión pública, nos presenta un escenario económico sombrío, el cual puede tener dos variantes o la conjugación de ambos.
El crecimiento económico de un 2.5% pregonado por el actual gobierno, es totalmente ilusorio, si vemos el decremento de las economías Europeas y la devaluación del dólar estadounidense frente al Euro y el Yen, concluimos que estos hechos golpearan duramente a El Salvador por nuestra relación con la Economía Norteamericana. El deterioro en el sector de la construcción en los Estados Unidos, rubro en la que labora un gran número de compatriotas. También la nueva conformación del Congreso norteamericano, indica que una reforma migratoria favorable no será posible a un mediano plazo, lo que no asegura flujos constantes y crecientes de remesas familiares.
El primer camino es un aumento desmesurado de la carga tributaria, junto a un aumento en los costos de producción, por el aumento de los salarios, lo que podría traer como consecuencia, un decremento en la actividad económica nuestra y una falta de competitividad frente a otros países del área.
Si el gobierno no recauda lo suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones como país, podría revertir la dolarización, y para ello simplemente aplicaríase la actual Ley de Integración Monetaria en sentido inverso: el BCR da colones y retiene dólares. Todo esta en manos del Ejecutivo. Esta maniobra aseguraría al gobierno disponer de cantidades ilimitadas de efectivo para el pago de empleados públicos, pero al no tener respaldo, tendríamos en pocos meses una hiperinflación, además que producto de la misma, al incrementar el riesgo, incrementarían los intereses y los particulares no tendrían capacidad de cumplimiento de sus obligaciones. El planteamiento público de una desdolarización generó alarma pública, por la cual el Presidente Funes ha asegurado la no implementación de esa política, sin embargo los hechos económicos indican lo contrario. De no corregirse la política actual de endeudamiento, se llegará inevitablemente a ella, lo único que se ha hecho es asegurar el no tomar esa medida, lo cual es una simple promesa sin valor alguno, tendiente a calmar los ánimos en el presente.
La realidad económica siempre se impone a las promesas e incluso a la ley.
No es lo mismo pagar dólares con dólares, que dólares con moneda local, lo que implica un costo doble, el interés alto y el costo de la convertibilidad. La desdolarización es una idea atractiva para el Ejecutivo en cuanto puede recobrar un instrumento económico, pero que es perjudicial para el particular. La dolarización, la cual fue inconsulta en su oportunidad, nos trajo en un principio alteración en los precios y luego sujeción a una economía diferente de la nuestra. Pero por otro lado, nos ha dado una relativa estabilidad, sobre todo en cuanto a nuestros compatriotas que envían remesas, complementando lo que nuestra economía interna no puede hacer.
Consideremos este comentario tomado de Dolarización o Desdolarización, de Alberto Acosta, en la página web de flacso.org.ec. Hay que tener muy claro, tal como afirman Michel Aglieta y André Orleán, que la moneda no se sostiene ni como mercancía, ni en el Estado, ni en un contrato, sino en la confianza, tal como se resaltó anteriormente. Es una suerte de fe social el fundamento último que provoca la aceptación de la moneda por parte de la sociedad o de una comunidad, en tanto cada uno de sus integrantes asume como que todos los otros miembros la desean. Y la moneda, siguiendo a estos autores, en tanto instrumento, se consolida como la institución primera entre los fundamentos de una economía de mismo” Veamos este otro comentario tomado de Desdolarización forzada: La versión extrema, de de Daniel C. Hardy y Ceyla Pazarbasioglu, publicado por el Banco Central de Reserva del Perú. “A principios de la década de 1980, la inflación crónica y la inestabilidad macroeconómica trajeron como resultado una dolarización amplia de los activos financieros en Bolivia y el Perú, porque los agentes privados buscaban proteger su riqueza de las pérdidas de capital y no estaban dispuestos a ahorrar en activos que tenían retornos reales inciertos. En noviembre de 1982 las autoridades bolivianas convirtieron de facto los depósitos existentes en dólares –que representaban en esa época 43 por ciento del agregado monetario M2– en pesos bolivianos al tipo de cambio oficial (véase el gráfico 11.1). Las autoridades también declararon que era ilegal abrir nuevas cuentas bancarias en moneda extranjera. El Perú promulgó medidas similares para forzar la conversión de DME en moneda nacional en agosto de 1985 –el año anterior, los DME eran alrededor de 58 por ciento de los depósitos totales–. En ambos casos la imposición de controles de moneda extranjera fue acompañada de una gran devaluación que deterioró la riqueza de los residentes medida en dólares. Luego de varios años de extrema inestabilidad macroeconómica, sin embargo, eventualmente ambos países permitieron la apertura de cuentas de depósitos en dólares a medida que la intermediación en moneda local declinaba fuertemente y la mayoría de depósitos se canalizaba hacia el extranjero.
Bolivia levantó las restricciones a los DME nacionales en 1985, luego del episodio de hiperinflación. Las autoridades peruanas adoptaron una medida similar en setiembre de 1988. En ambos casos, estas medidas fomentaron una rápida redolarización de la economía, que ha persistido hasta hoy a pesar de la reducción significativa de la inflación.”
Una desdolarización nos traería muchos problemas económicos a un breve plazo: hiperinflación, disminución de las importaciones, especulación cambiaria y un posible corralito para las remesas familiares.
Por lo que si analizamos el problema con una óptica globalizadora, la dolarización nos ha permitido de hecho integrar a nuestros compatriotas en el extranjero directamente a nuestra economía, funcionando ya no con una economía de país, sino con una economía de nación.
La posibilidad de un alza de impuestos ya esta planteada, lo mismo que una desdolarización. Son ambos malos para el ciudadano común, y el mal puede ser mayor si se dan juntas estas dos perspectivas.
La dolarización fue nuestra salvadora económica en su momento: evitó que el Estado tuviese la tentación de producir el dinero que necesitaba, además de los beneficios cambiarios, sin embargo, dada nuestra economía interna siempre hemos tenido una inflación superior a la de la economía norteamericana, sin embargo son males menores frente al mal mayor que seria tener una hiperinflación.
Esta realidad de insostenibilidad del gasto público se hará patente al llegar al endeudamiento del 60%, según los economistas entendidos en la materia. Si los niveles actuales de endeudamiento se mantienen, posiblemente la crisis nos alcanzará dentro de los cuatro años siguientes, sin embargo, de aumentar el ritmo de endeudamiento, y aumentar la tributación, podríase generar un a crisis económica y social antes de ese tiempo.
