Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
El peligro que connotados
abogados y antiguos constituyentes advierten, sobre un cambio en la
Constitución, entrelazase con la política práctica que favorece dicho cambio y
el cual, se produciría, sin resistencia social; por hoy, se ve sólo como
ignorancia de la ley, frente a las necesidades nacionales.
El Ejecutivo ha
ignorado la ley o, ha procurado torcerla hasta su quiebre, generando repetidos
conflictos con la Asamblea Legislativa y con el Órgano Judicial: inicio de un
cambio que terminará modificando la Constitución, en forma contraria a su
mandato.
El Ejecutivo
aprovechó la pandemia, para utilizar ciertas atribuciones, que excepcionalmente
permite la Constitución, pretendiendo volverlas de uso cotidiano. Una es la
limitación de libertad individual y otra, la limitación del régimen económico que,
generando un dinamismo negativo, para los intereses del Estado, constituirá la
plataforma para los futuros cambios constitucionales, por ser ya de “necesidad
para el Estado y la sociedad”.
El aislamiento y
la limitación de la actividad de la población, ha sido eje de las acciones del
Gobierno, pretendiendo no advertir sus consecuencias: la baja en la economía y
el colapso de varios sectores económicos, que hoy necesitan el auxilio estatal.
Si la Asamblea
Legislativa y el Órgano Judicial no se imponen en el respeto a la ley;
seguiríamos aún encerrados en nuestras casas, por tiempo indefinido, esperando
que califiquemos para algún tipo de asistencia. El Gobierno ha intervenido en
los asuntos privados al suspender los alquileres y el pago de servicios,
suspendiendo la actividad productiva, alterando el orden económico y poniendo
en riesgo el sistema bancario.
Debido a los
gastos excesivos e incontrolados del Gobierno, se ha establecido que las
necesidades de éste, son primero y, que la totalidad de los recursos del
Estado, deben ser para su consumo, y que la actividad privada, tendrá que ser,
en función de los intereses de éste. La falta de auditoria pública no permite
establecer la responsabilidad de los funcionarios, y así gastan
arbitrariamente, sin control, siguiendo la “necesidad popular”. Un ejemplo es
la asistencia con alimentos, cuando ya no hay cuarentena, prometida por el
Presidente.
El anuncio del
Ministro de Hacienda, de que posiblemente en el mes de septiembre, no haya para
pagar salarios, plantea que dependeremos, para el gasto corriente, de préstamos
internacionales y que un alza de impuestos, será inminente, en una economía
deprimida, por lo cual debe de esperarse mayor coacción, hacia la iniciativa
privada. Esta situación puede justificar el ingreso del colón, en paridad con
el dólar para las importaciones, controlado por el Ejecutivo, e implementar el “corralito”.
Si el Gobierno
controla la libertad, en su libre ejercicio y también la economía, toda la vida
social estará en sus manos: la libertad política quedará coartada y desaparecerá
la institucionalidad.
Por ahora, se
plantea un cambio constitucional en la parte orgánica, para hacer más “fluido” el
desempeño del Ejecutivo. Se dará fin a la autonomía municipal, pues al
restringir o cesar los fondos FODES (ya se anuncia un retraso en su pago),
tendrá que haber una fusión de los mismos o, sujeción hacia el Gobierno
central.
La constitución no
puede reformarse hasta dentro de dos legislaturas, sin tocar los artículos
pétreos y garantías constitucionales, pero como ha dicho un analista afecto al
Gobierno: “la Constitución no la percibe el pueblo”, por lo que, el
desprestigio a la Asamblea, justifica un cambio constitucional ante la
población, para que la nueva Constitución sea aceptada sin protesta, que pueda
desestabilizar al Ejecutivo.
La Constitución
actual ha permitido el bienestar de que gozamos, evitando que el Ejecutivo se
erija en dictadura, pero su defensa tan necesaria, depende de cada ciudadano.
