Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Rusia inicia la guerra
contra Ucrania, en febrero 2022; un mes después, en marzo, Nayíb Bukele,
anuncia “la guerra contra las pandillas”, desarrollándola de manera continua,
bajo un Régimen de Excepción y hoy, cuando se anuncia una “nueva ofensiva”
contra las pandillas, coincide con que Ucrania, anuncia su “contraofensiva”
contra Rusia, para recuperar el territorio ocupado. Es similitud, que se basa
en el sensacionalismo y el populismo, del presente Gobierno salvadoreño.
El alza de homicidios, en
marzo de 2022, coincidió con el rompimiento del pacto entre el Gobierno y las
pandillas: pacto ilegal, entre el Gobierno y los mareros, a quienes se
reconoció como fuerza política, en vez de combatirlos como grupo terrorista,
declarados así, ya por la Sala de lo Constitucional.
Tal situación, iniciada y
concretada por los dos primeros Gobiernos de izquierda (el de Mauricio Funes, y
el de Salvador Sánchez Cerén), según ya ha sido probado judicialmente, en el
proceso contra el General David Munguía Payés, pacto retomado por el tercer
Gobierno de izquierda, el de Nayíb Bukele: con un enfoque diferente, pues no se
fundamenta en una concepción ideológica, sino en el populismo mediático:
ocultar las acciones de las pandillas, simulando dominio sobre ellas, y dándoles diferentes
beneficios económicos y. permitiéndoles, utilizaran su control territorial,
para el paso de droga y tráfico humano lo cual, de alguna manera, el Gobierno
fue obligado a interrumpir momentáneamente, por presión internacional.
Las cifras exactas de
detenidos, procesos realizados y, las consecuencias del Régimen de Excepción,
así como el estado actual, de las pandillas, se mantiene en absoluto secreto,
por lo que sólo es posible calcular estas cifras, por fuentes externas,
dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos. CRISTOSAL, ha documentado 138
muertes, dentro de los penales y 68,000 detenidos, entre los cuales, hay un
mínimo de 20,000 personas bajo arresto, sin antecedentes penales ni relaciones
con las pandillas, según la inteligencia policial.
Estas acciones,
violatorias de los Derechos Humanos, no garantizan la seguridad de la
población, pues los pandilleros, afines al Gobierno y sus estructuras, aún
persisten en libertad, desarrollando actos criminales. Prueba de ello, ha sido el
alto número de desaparecidos y, las diferentes maniobras realizadas por el
Gobierno, para evitar las extradiciones de pandilleros. Siendo juzgados, sólo cuando
son capturados, fuera del territorio nacional.
El efecto conjunto, de
estas dos circunstancias, causa zozobra generalizada, pues están juntos el
terror de las pandillas y el terror causado por el Estado. Que amenaza para
cada disposición gubernamental, con “la aplicación del Régimen”, siendo ya, frase
coloquial, de todo funcionario, cuando amenaza con la coacción.
La consecuencia de estas
circunstancias, que hará inevitablemente, intervenga la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y el proceso llegará, hasta la Corte Penal Internacional,
en base a los tratados firmados por El Salvador, en épocas anteriores.
Las preguntas deben ser:
¿Están conscientes los funcionarios actuales, de que en el futuro serán
juzgados? ¿Saben que, en el mejor de los casos, tendrán el país por cárcel? ¿Saben
que, por regla general, en este tipo de procesos, se señala a la Fuerza Armada
y a la policía, como los principales violadores de los Derechos Humanos? ¿Saben
que los delitos relacionados a Derechos Humanos, no prescriben o no son sujetos
de negociación política?
Todos los salvadoreños
queremos un estado de paz y respeto a la ley, para tener orden y prosperidad.
Las diferencias ideológicas deben ser dirimidas democráticamente y, sobre todo,
ser parte de un bloque geopolítico de comercio globalizado, respeto a la
autodeterminación y, de principios democráticos occidentales. Todo esto, sólo se
puede lograr con el respeto al Estado de Derecho, que establece nuestra
Constitución.
