Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La actual legislación electoral
salvadoreña, está diseñada para legitimar el oficialismo, sin que este tenga la
aceptación necesaria, de un Gobierno legítimo; y por eso, fomenta el
abstencionismo y, desincentiva la participación electoral. Esta estrategia
inicia con el descrédito de los partidos políticos y, del sistema electoral,
finalizando, con la división de la oposición y la destrucción, de las
estructuras políticas municipales.
El voto electrónico, con
padrones electorales recompuestos y, la emisión de documentos en el exterior,
de muy dudosa legitimidad, hacen pensar en un fraude, indicador de una mayoría
de voluntades, en el exterior, que sobrepasen, la voluntad de los salvadoreños,
en el territorio nacional.
La imposibilidad de
lograr un candidato presidencial opositor, de consenso nacional; se debe a la
multiplicidad de intereses a conciliar y, la amenaza sobre bienes e intereses
particulares, de quien quiera competir por lo que la mayoría de los aspirantes,
provenga del extranjero, pues la extraterritorialidad, los protege, pero sin tener
la conexión necesaria con las estructuras políticas locales.
Los candidatos ya
propuestos, por la seudo oposición, cumplen la función de legalizar lo ilegal
del régimen: dar la apariencia de elecciones “normales” y, dentro de la
legalidad. Si hubiera un candidato de unidad nacional, este reuniría los
requisitos constitucionales, compitiendo con la candidatura inconstitucional,
de Bukele, quien ya ingreso formalmente en el proceso electoral.
Entonces tendríamos un
candidato “legal”, compitiendo en igualdad de condiciones, con un candidato
“ilegal”, lo cual rompe el Estado de Derecho. Pero esperando el oficialismo,
que tal ilegalidad, sea superada, por un voto mayoritario, que se imponga a la
Constitución y a la Ley, como un “poder originario”. Esto permitiría, un cambio
constitucional posterior, aunque violase los derechos humanos y, el Pacto de
San José.
La forma de romper este
esquema electoral perverso, impuesto por el oficialismo, sin un candidato
opositor fuerte, es fomentar el voto positivo, en favor de los candidatos
opositores, y, si no hubiese conformidad con los candidatos, votar nulo, pero
no abstenerse de votar, pues esto es la manera de expresar el descontento contra
el oficialismo.
El oficialismo confía en
la imagen de Bukele, para sostener las candidaturas de su partido, de allí el
voto presidencial por rostro, esto denota su flaqueza debido a su mal gobierno.
La manera que el ciudadano, pueda expresar su descontento con el régimen, es su
voto de confianza a un candidato y voto nulo en rechazo a las maniobras del
oficialismo. No debe de haber abstención, sino participación.
La nueva estructura
municipal atenta contra el espíritu democrático de los gobiernos plurales, lo cual
atenta en su esfera electoral, contra los Derechos Humanos. Disminuyendo en un
80% la representación municipal pues va contra la pluralidad política,
convirtiéndose en una entidad dependiente, de la centralización del Estado.
Por esta esta modificación,
los municipios, cobran ahora, mayor importancia ante las pretensiones
dictatoriales del oficialismo, pues la futura conexión con el voto popular,
será por medio de las estructuras municipales, porque el presente Gobierno,
procura anular las organizaciones partidarias. Por lo cual deben formarse
nuevas estructuras, en función de los intereses derivados de la autonomía municipal,
o sea, anteponer los principios municipales (municipalismo) al autoritarismo
que procede, de la centralización del Estado.
El equilibrio de poderes
políticos, que se daba en la Asamblea Legislativa, por la participación de
todas las corrientes ideológicas (sustentad por el sistema de cocientes y
residuos), no permitieron cambios políticos bruscos. Ahora el equilibrio
político, será desde los municipios, en resistencia al autoritarismo centralista
y, el voto nulo, será la forma de expresar, rechazo a ese autoritarismo.
