Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Por el anuncio de Nayíb
Bukele, de inscribirse el día 24 de octubre del presente año, como candidato
presidencial, se generará una crisis constitucional, aún mayor de la actual. A
lo cual, habría que sumar, las protestas por las arbitrariedades ocurridas,
durante el régimen de excepción y, la falta de fondos del Gobierno, debida a
las condiciones internas, que no han permitido nivelar las finanzas públicas, ni
con fondeo extranjero.
De darse la inscripción
de la candidatura de Nayíb Bukele, su inconstitucionalidad traería inicialmente
sanciones directas, para los miembros del Tribunal Supremo Electoral, como las
que ya sufren los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, luego, cerrará
las pocas ventanas de fondeo (crédito internacional) que aún existen,
complicando las finanzas del Gobierno. La población en general, no resiente
directamente, las violaciones constitucionales, pero sí, las consecuencias que
se derivan de estas (disminución del PIB, mayor dependencia de las remesas y,
una menor inversión extranjera), situación que se da, por la incomprensión de
los procesos legales y la propaganda oficialista, que utiliza un proceso sobre
retiro de derechos políticos, para promover la reelección presidencial, justificándola,
aunque claramente inconstitucional; expresado en el considerando, de una Sala
de lo Constitucional, cuyas actuaciones, son las del funcionario de hecho.
La carta dirigida al
Gobierno, por Patricia Álvarez y a la que las redes sociales y el rotativo La
Prensa Gráfica han hecho eco, el 21/octubre /2023, representa el clamor
desesperado de una madre, cuyo hijo, se encuentra preso y con derrame cerebral,
a causa de la supresión intencional de sus medicinas. Este clamor, es el mismo
de miles de madres, esposas o hijos presos, por el régimen de excepción,
aplicado, sin apego a las garantías procesales que la Constitución prescribe.
Tal reclamo humanitario, permite
razonar sobre, la responsabilidad por los efectos negativos del régimen de
excepción, los cuales recaerán sobre las autoridades directamente responsables
de ejercerlo. La tendencia del presente Gobierno, es descargar responsabilidad de
sus actos. La corrupción durante la pandemia, ha sido ahora descargada en Juan
Pablo Duran. La responsabilidad por las capturas arbitrarias y las muertes en
los penales, será descargada en las autoridades militares, policiales y de
Centros Penales.
Cada una de estas
descargas de responsabilidad, acarreara una nueva crisis, pues el circulo en
derredor del presidente Bukele, será más reducido y quienes le sirvan, pensarán
¿cuándo seremos nosotros, las víctimas?
La pugna interna dentro
de Nuevas Ideas, llevó a la cárcel a Jorge Alejandro Muychondt Álvarez, quien incondicionalmente,
sirvió a Nayíb Bukele, siendo luego acusado de terrorismo, para encajar al tipo
penal, dentro de las modificaciones penales del régimen. Juan Pablo Duran y
Carlos Cáceres, también sirvieron al régimen actual y, han sido destruidos
civil y físicamente, a tal grado, que son incapaces de acusar al régimen por su
corrupción. Igual suerte corren sus opositores: Ernesto Muychondt, en el hospital
psiquiátrico y Catalino Miranda en la cárcel y sus bienes, incautados.
Los niveles bajos de la
Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, son quienes reciben los mejores sueldos
del Estado, en relación con sus sueldos tradicionales y de acuerdo a su
capacidad productiva, por lo que están conformes con el régimen, pero el resto
del estamento público, no lo está, pues son sometidos a presión política o
despidos. Los proveedores del Estado, al no cancelárseles lo adeudado, financian
al régimen.
La intención del régimen,
es buscar apoyo en países autoritarios (Rusia, China, Ruanda etc.), pero quiere
la ayuda económica de Estados Unidos y Europa. Al pretender utilizar el
terrorismo de Hamas, para justificar la permanencia del régimen de excepción,
se queda sin el apoyo de unos y de otros y si reduce, su círculo de allegados,
se desestabiliza más.
