Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 2 de
junio de 2015.
El Gobierno central no
ha querido o no ha podido, explicar cuál es la razón, de que se recrudezca la violencia en nuestro
país, siendo ésta, causa inequívoca, de la descomposición social, del deterioro
de la economía y de la administración
pública; que la criminalidad sea factor que se arguye para justificar la
solicitud de la cooperación extranjera, sin que se tenga manifiestamente,
verdadera intención de frenar esta última, primero porque es un factor que
justifica el apoyo al Gobierno y, segundo, porque – según se argumenta, de
forma errónea- es la violencia, resultado forzoso de la iniquidad social y que
sólo un cambio estructural de la economía, puede prevenirla.
Salvador Sánchez Cerén,
justificó la mala calificación que su gestión ha recibido en materia de Seguridad
Ciudadana, diciendo el 30/mayo/2015: "ningún
gobierno ha salido bien (evaluado) en tema de seguridad porque el país es
inseguro desde hace muchas décadas". Justificación ésta, realmente
muy baladí y despreciativa del significado de 622 asesinatos perpetrados en
mayo del presente año.
Las maras adquirieron
conciencia de su poder político durante el Gobierno de Mauricio Funes que se
valió de ellas, para la obtención del caudal de votos necesarios para favorecer
el éxito de su campaña; fueron, de este modo, las maras muy bien manipuladas,
pero después, fueron señaladas como una amenaza a la estabilidad nacional por
el mismo Gobierno que habiéndolas unificado, las contrató y les ofreció
beneficios a cambio de serle adictas.
Pertenecer a la mara se
ha vuelto hoy, una “carrera profesional”,
consiste la tal, en mantener bajo una bandera (MS 13, Locos Revolucionarios,
Sureños, Mao Mao etc.) un control territorial como fuente de ingreso y el cual
puede esquilmarse por ser ya de su propiedad, que defenderán de la forma más
fiera posible, aún con la muerte de los posibles rivales de su misma mara o de
las maras rivales (Benito Lara, Ministro de Seguridad) estima que esta lucha se
manifiesta con el 60% de los asesinatos). Siendo además, asesinadas todas las
personas que se nieguen a obedecer a su autoridad, lo cual representa poco más
del 38% de los asesinatos.
Síntoma relevante de la
inoperancia de las distintas fuerzas del Estado al combatirlas, es el
desplazamiento de doscientos ochenta y tres mil ciudadanos que, por temor a ser
asesinados por las maras, abandonan su habitación, en busca de seguridad,
aunque sea dentro del mismo territorio.
Las maras realmente
actúan bajo la visión que tienen del territorio nacional: su patrimonio
personal es la tierra con todos sus habitantes y de la una y de los otros
obtiene cuanto necesita para vivir, por lo que ejercen su poder como dueños
legítimos de la tierra y sus habitantes, a quienes considera sus esclavos. Esta
visión rompe los principios constitucionales básicos de nuestro Estado
republicano y de libertad, y sobre todo que este, por medio de su Gobierno, no puede evitarlo.
Mientras el Gobierno
central niega tener conocimiento de las reglas nuevas impuestas por la mara,
contesta a quienes le solicitan ayuda y protección: “mejor no se meta, venda y váyase
a otro lugar”. En muchas ocasiones y en el mejor de los casos, los mismos
camiones de la Fuerza Armada, son los que colaboran con el desalojo a que se
ver obligados los propietarios del lugar, lo cual es considerado, por el
Ministerio de Defensa y el Estado Mayor, como “ayuda a la comunidad”, cuando su
acción es un sometimiento total a la mara y colaboración a sus métodos. Y para
el Ministro de Seguridad, Benito Lara, las amenazas de las maras son sólo rumores sin fundamento.
Si el Gobierno anuncia
la creación de tres batallones para combatir la delincuencia, las maras anuncian
que ellas tienen uno: esto no es lucha por el control poblacional ni por el
restablecimiento de la soberanía nacional,
es solamente propaganda, a grado tal, que se llega a dudar de la
autenticidad de los comunicados anónimos y de la veracidad de la propaganda
gubernamental.
De cuanto se observa,
se ve con claridad que la mara extiende cada vez más su control poblacional aumentando
también el número de sus miembros, lo cual redunda en un número mayor de personas que viven de las
extorsiones y del tráfico de drogas. Y además, las maras están consolidando su
identidad al grado de que ya dictan
reglas de vestir y de adorno personal así como de la música que puede ser
escuchada. Es evidente también que sólo hay que esperar que, para controlar a
la mara, no haya que sacrificar las garantías individuales y los bienes de las
personas honradas, que viven y trabajan en el territorio salvadoreño.
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