Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 30 de
octubre de 2016.
Después de los Acuerdos
de Paz, 1992, el FMLN no ha cambiado su estructura de mando, ni los fines y
objetivos del conflicto armado: contrariamente, ha acumulado mayor poder,
permitiendo un esquema de corrupción e impunidad, manteniendo el control del Ejecutivo,
del Legislativo y otros órganos menores, estructuras paralelas de poder armado,
en coordinación con el narcotráfico y el crimen internacional organizado. Se ha
aplicado, solamente a los débiles, la Justicia Transicional, persiguiendo a
antiguos enemigos militares como una aplicación extemporánea y totalmente
ineficaz, de los principios de transición hacia la democracia.
El Gobierno salvadoreño
reconoció como estructura político
militar al FMLN, después de que, como tal, tuviese el reconocimiento
internacional y, se subscribiesen los Acuerdos de Paz; las personas firmantes
de dicho documento, son las mismas que hoy están en el poder y que, en el
pasado, fueron reconocidos como dirigentes de la insurgencia armada del FMLN (a
excepción de unos pocos del ERP). Esto prueba la continuidad de pensamiento y mandos del FMLN, en el tiempo.
El profesor y Dr. Kai
Ambos (alemán) de la Universidad de Göttingen y Pierre Hazan (periodista
investigador y analista francés), ambos teóricos de la Justicia Transicional,
insisten en sus obras, en que la Justicia Transicional, debe desarrollarse en
diferentes etapas y siendo la de largo plazo, la que viene después de los veinte años, no
siendo posible que ésta sea alcanzada, si continúa en el poder la fuerza
dominante, o no se transforma. En nuestro caso,
la estructura política que dirigía al Estado durante el conflicto, ha perdido
el poder y se ha transformado; el FMLN
en cambio, ha consolidado su poder: disponer
de dos estructuras paralelas y antagónicas de fuerzas armadas: el poder
coercitivo del Estado, por medio del
control institucional de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, y las estructuras pandilleriles, contratadas a
manera de mercenarios, con fondos públicos propios o, derivados de los
préstamos internacionales, como lo han
revelado la investigación de la Fiscalía General de la República y las fuentes
periodísticas independientes (El Faro). Gracias al financiamiento extranjero de
fuerzas antidemocráticas, ha consolidado su poder político electoral.
Esta estructura
paralela sostiene las actividades de narcotráfico de José Luis Merino, como
apoyo a la estructura de la insurgencia colombiana y, del FML. Se impide su
procesamiento al igual que al de Mauricio Funes, por una red internacional de impunidad y
corrupción, relacionada con la estructura geopolítica del ALBA, de la que el
FMLN forma parte.
Bajo los principios de la
Justicia Transicional, pudiera
cuestionarse la legalidad y legitimidad del poder del FMLN, pues su
legalización, se derivó de acuerdos directos con el Órgano Ejecutivo y el FMLN
armado, pese a que, el Fiscal General de
la República, en representación del Estado, recomendó negativamente, su inclusión
como partido político, si no cumplía los requisitos de ley
Los asesores de la Sala
de lo Constitucional, han enfocado la Justicia Transicional contra la antigua
Fuerza Armada, en visión primitiva y desfasada, en relación con el tiempo
transcurrido. Esta visión ha enfocado la persecución, en el más débil, creando
una industria de persecución, que ha generado millones de dólares para los
querellantes: se transfieren, por medio de Cancillería salvadoreña, utilizando
incluso, los fondos destinados a seguridad.
La resistencia a colaborar
en el combate internacional a la delincuencia, se debe a que socavaría el poder
interno del FMLN, no el institucional, sino su poder real, dentro de El Salvador;
a la luz de la Justicia Transicional, debería
cuestionarse la existencia y poder del FMLN, para la evolución política de El
Salvador, hacia un Estado democrático.