Para ser sujeto de la
cooperación de los Estados Unidos, El Salvador debe cumplir dieciséis
indicadores, todos relacionados, con la aplicación de los principios de
“Transparencia y Buen Gobierno”. Y tal condición se debe a las necesidades geopolíticas de dicho país
en el Triángulo Norte y, en aplicación, de las necesidades de Seguridad
Nacional e intereses de su Gobierno; pero la corrupción nacional de nuestro
país, impide que sus funcionarios públicos, comprendan tal realidad.
En sus memorias: Tony Blair dijo: “Los desafíos
mundiales exigen soluciones mundiales. Las soluciones mundiales requieren
alianzas mundiales. No pueden construirse alianzas mundiales sobre la base de
unos estrechos intereses nacionales. Tienen que basarse en unos valores
globales compartidos”. La Transparencia
y los principios de Buen Gobierno, son el nuevo estándar mundial de
gestión pública.
Los requerimientos de
los Estados Unidos pueden resumirse en tres
básicas exigencias: combate a la corrupción, transparencia y condiciones que impidan la emigración hacia los Estados Unidos. Sin
embargo, son la corrupción y las
estructuras clandestinas, creadas durante el pasado conflicto armado que, precisamente,
sustentan el poder de nuestro Gobierno.
Asume el Gobierno
Salvadoreño, que la cooperación
internacional es deber de todos los países desarrollados y que, el beneficio de
dicha cooperación, deberá ser en su beneficio partidario. No considera que el
objeto del país cooperante, es el desarrollo nacional en un entorno globalizado
y en consecuencia, la corrupción, es el mayor obstáculo a dicha cooperación.
El Gobierno, no
obstante, sírvese de la corrupción, porque ésta le asegura lealtad política: tanto si es la personal de
los funcionarios, como si es la que se trata del manejo de los fondos públicos,
para la ayuda social que sirve de apoyo a su estructura partidaria.
Las estructuras nacionales que prontamente deben
señalar todo acto de corrupción, son la
Corte de Cuentas de la República, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de
Justicia y la Unidad Civil de la Fiscalía. Si estas tres instituciones, están al servicio de
estructuras políticas que usan su poder como moneda, pierden la importancia de
sus fines: estos resultan nulificados y, por consiguiente, la institución
pierde su importancia. Ejemplos han sido los finiquitos que se le otorgaron a
Saca y a Funes o, el inexplicable enriquecimiento de Sigfrido Reyes. Esta
corrupción, permite que los grandes narcotraficantes, puedan negociar con los funcionarios
y políticos, para tener cobertura política, favoreciendo sus negocios.
Las estructuras tejidas
por el FMLN, desde su época de clandestinaje, subsisten aún; son de naturaleza política. Luego de la
relación descubierta de nuestros funcionarios con la guerrilla colombiana y otras
estructuras clandestina, el Estado salvadoreño, se ha movido
internacionalmente, salvaguardando los
intereses de esos grupos y, ha otorgado cargos, de Ministros sin cartera, a
quienes fueron intermediarios con dichos grupos.
Si las estructuras nacionales
no pueden evitar la corrupción, el siguiente paso, será la denuncia pública y
la presión social y si éstas fuesen
desoídas y tildadas de maniobras electorales, corresponderá a los cooperantes,
imponer sus condiciones. El ex - Embajador
de Alemania en El Salvador, fue
muy crítico en ese sentido pues, tanto Holanda como Alemania, han sido pioneros en el desarrollo de los
principios de “Transparencia y Buen Gobierno”, como base para un modelo de desarrollo económico y
democrático.
Claro está que el FMLN
no cumplirá tales requerimientos; por el contrario, procurará cerrarse tal como lo ha hecho
Venezuela, su luz y guía, sin comprender que la vida de un Estado gira, en
torno de las relaciones internacionales y que, su hacer interno, no puede estar divorciada del comercio y la
cultura globalizada.
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