Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Minimizar la
magnitud e importancia histórica de nuestro pasado conflicto armado, sería
desestimar las 11,000 bajas de la Fuerza Armada y los 10,000 mutilados por las
minas terrestres empleadas por el FMLN, las cuales fueron aprovisionadas por
Cuba, Nicaragua, China y la Unión Soviética y que, gracias a la acción heroica
de nuestros soldados, hoy tenemos el sistema democrático, pactado con los
Acuerdos de Paz de 1992.
Los hechos del
Mozote, fueron provocados por la agresión armada del Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP), intentando la secesión del país, luego del acuerdo
Franco-mexicano. De no haberse dado los hechos del Mozote y, la operación de
contrainsurgencia en Chalatenango, tendríamos hoy, dos países, El Salvador del
Norte y El Salvador del Sur, aun luchando, por nuestra reunificación.
No se trata hoy de
recordar el pasado sino, de ver hacia el futuro, vislumbrando las perspectivas
nacionales: si se desconociesen los Acuerdos de Paz y, la estructura política derivada
de los mismos. Ofrecer helicópteros eléctricos de juguete, cuando hay muchos
indigentes que duermen en las calles de San Salvador, amparados únicamente por
las organizaciones privadas altruistas, no tiene sentido, considerando que la
capacidad de endeudamiento del país, ya llego al límite y que, se está
ofreciendo lo que el país no tiene, o no podrá satisfacer.
Pero todo cobra
sentido al escuchar al vicepresidente Félix Ulloa, dice: una de las reformas
constitucionales, será sobre la relación tributaria, entre el Estado y el
particular; esto no sólo augura mayores impuestos: reestablece la responsabilidad
del individuo, para con el Estado. No existe por ahora, la cárcel por deuda con
el Estado, salvo en caso de falsedad: ¿querrán ponerla?, o ¿el Estado podrá
confiscar por utilidad pública, a criterio del Ejecutivo?, ¿se dará por
presunción, el hecho generador?; no podemos saberlo, por la vaguedad de los
conceptos que se esgrimen, argumentando sólo “favorecer al pueblo” o, “el
pueblo así lo quiere”.
Por los
ofrecimientos de Nayib Bukele, puede inferirse que, el país será un Estado
asistencialista, aunque no se ve, de donde podrán obtenerse los fondos
necesarios: la actividad privada está deprimida, es la peor del área y, el
Gobierno hace todo lo posible, por deprimirla más, siendo cada vez menos transparente
en sus finanzas.
La educación
especializada, base de todo desarrollo industrial tecnológico, es muy limitada
y sólo desarrollada privadamente, por algunas Universidades, debido a las
limitaciones y reglamentaciones impuestas por el Ministerio de Educación. Y si
consideramos la educación básica, que suprimió la formación moral y cívica, por
considerada innecesaria en la formación del individuo, ha causado la
degradación social que hoy nos aqueja.
El financiamiento
ofrecido por el Ejecutivo, es enfocado a la prestación de servicios, lo cual
necesita estabilidad jurídica y política, para que pueda florecer, siendo el
Gobierno el primero en subvertir e ignorar, que la economía nacional, es una
red que cubre desde el grande hasta el pequeño, enlaza la industria con el agro
y el comercio, en una estrecha trama, imposible de separar la una de la otra,
sin afectarlas.
La perspectiva es
que seguramente, el Gobierno no podrá conseguir más financiamiento externo, a
no ser que sí se lo den, quienes tengan intereses geopolíticos contrarios a los
países democráticos y, que tendremos un mayor populismo. La división entre los
salvadoreños se acrecienta: entre aquellos conscientes de la realidad y los que
aún creen que, con la destrucción del otro, obtendrán mayor bienestar. Las
tendencias políticas, abandonan sus posiciones tradicionales, para aliarse
contra el autoritarismo, que es cada vez más visible; mientras, el Ejecutivo
prepara un posible cierre, para evitar una explosión social en su contra.
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