BOICOT AL CASO EL MOZOTE

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

El caso El Mozote, y el caso Jesuitas, como procesos penales, han sufrido un continuo boicot, que ha impedido que la justicia, por medio de la aplicación del Derecho, logre su objetivo, pues la política y, los factores económicos resultantes, han deformado los procesos, con la pretensión de construir una realidad, que se ajuste a intereses políticos presentes y, que concuerde, con estructuras ideológicas preconcebidas.

 

En el caso El Mozote, se encuentran enjuiciadas personas que no participaron en los hechos o cuyas órdenes, impartidas como mandos superiores, sólo señalaban la recuperación del territorio, proclamado  “territorio liberado” , por la insurgencia y, sobre el cual ésta ejercía control por medio de las armas, reclutando de manera forzosa a sus habitantes, aunque éstos no tuviesen la capacidad de ser combatientes, exponiéndolos, de esa manera, a los rigores de la guerra.

 

El caso Jesuitas, fue juzgado bajo la observación diplomática, especialmente de España y Alemania, en coordinación con la Iglesia Católica. Se verificó la transparencia del proceso, seguido en el Juzgado 4° de lo Penal, resultando en la condena de los implicados y únicos responsables (según la investigación policial y judicial). Sin embargo, en la presunción política de una “conspiración gubernamental”, se ha pretendido reabrirlo cuatro veces más, terminando con sentencias, que cierran en cada instancia, el proceso definitivamente, pero que, en el presente, se da una quinta reapertura.

 

El incidente del Mozote, inició como un señalamiento de violación a los Derechos Humanos, para evitar que se ejerciese presión militar, sobre los territorios que reclamaba la insurgencia. El Mozote, fue sobre el control territorial que pretendía el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). El Mozote inició como una operación de contrainteligencia del FMLN, y luego de los Acuerdos de Paz de 1992, se convirtió en el centro de la Justicia Transicional y Restaurativa en El Salvador, la cual permitiría, sostener la industria de las reclamaciones por Crímenes de Guerra.

 

En muchos casos, la reclamación de daños e indemnizaciones por Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad son tan grandes, que justifican procesos que dilatan años y, sostienen a organizaciones que se lucran de ello.

 

La principal organización que realiza esta industria, es el   Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), que recibe subsidio de la Unión Europea,  donaciones particulares y la mayor parte de las reclamaciones contra los condenados, que finalmente, terminan pagando los Estados. Funciona como una controladora o “holding” transnacional, pues al rastrear a los querellantes en cada caso, siempre se termina en el CJA, que también ejerce su influencia, en los distintos organismos que señalan o deciden, sobre violaciones a Derechos Humanos y Crímenes de Guerra. 

 

El caso El Mozote, ya debería haber sido cerrado, pues ya lleva casi cinco años, en fase de Instrucción y, ésta no avanza, ni es diligenciado por el Tribunal al que corresponde la jurisdicción y, por lo tanto, no es competente. Pero sí es necesaria una condena, para que procedan las reclamaciones civiles contra el Estado, pues éstas condenas serian el resultado de actos del servicio activo, por órdenes del Estado.

 

Al ser los procesos politizados, siguen la conveniencia de los intereses del momento, por eso se ofrecen pruebas que no existen, se ocultan las reales, se impiden las diligencias judiciales o se fuerzan éstas, contra Derecho.

 

Mientras no cerremos nuestro pasado, se continuará utilizándolo, para cubrir las arbitrariedades del presente y, justificar cuantiosas reclamaciones al Estado, como la que favorecerá directamente, a la actual Canciller.

 

Sólo librándonos de las cargas del pasado, podremos enfocarnos en las arbitrariedades del presente y no desangrar más, las arcas del Estado.