INGOBERNABILIDAD POLÍTICA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La ingobernabilidad es la incapacidad del gobernante, para solucionar o, satisfacer las necesidades nacionales, para el desarrollo sostenible, en un plano de armonía social, dentro del concierto de las naciones. El Gobierno de El Salvador está ahondando, las crisis sociales ya existentes y, poniendo en riesgo, la estabilidad geopolítica del área, sin que los ciudadanos, tengan voz ni voto, en las políticas públicas, debido a la elección de funcionarios, fuera de un equilibrio e independencia dentro de los poderes públicos.

 

La crisis económica que se avecina, provocada por la adopción del Bitcoin y la iliquidez nacional, tiene su origen en la falta de controles efectivos en la contraloría de fondos  públicos. Así, la separación de poderes, esencial para el convivir armónico de la sociedad, ha desaparecido, al unificar las estructuras del Poder Legislativo, Judicial, Ministerio Público, y Corte de Cuentas, bajo el criterio único, del Órgano Ejecutivo, conllevando la desaparición de la autonomía municipal, para poder convertir el ordenamiento jurídico, en un instrumento de presión política, a criterio de la conveniencia del Presidente de la República.

 

La utilización política del Órgano Judicial, se ha dado muy lentamente, para procurar deducir responsabilidades, sobre Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad, que se dieron durante nuestro conflicto armado. Instrucción de cinco años, sin claridad en el futuro cercano, de ser elevado a plenario, con imputados que no estuvieron en el lugar de los hechos y juzgados por un tribunal, sin jurisdicción. Esta aberración jurídica, fue por cuestiones políticas, no finalizadas con los Acuerdos de Paz. Aunque sus efectos, no lesionan en general la institucionalidad, sí abren el camino, para la politización de la institucionalidad jurídica, al servicio del autoritarismo.

 

Cuando Bukele, pidiendo la inspiración de Alá, se toma la Asamblea Legislativa, el nueve de febrero de 2021 y, ante el desconcierto de la mayoría de Comandantes de las diferentes unidades militares, el país entra en un proceso de destrucción y, unificación de facto de los distintos poderes que conforman el Estado, hasta culminar con la remoción de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República.

 

Sólo así, ha podido mantenerse en prisión, a antiguos funcionarios del FMLN quienes, según el Código de Procedimientos Penales, deberían gozar medidas substitutivas. Igual suerte, ha corrido el exalcalde Ernesto Muyshondt o, no habría sido desaforado el Diputado Norman Quijano. Estos casos son emblemáticos, pero la remoción forzosa de jueces, a finales de 2021, también ha atentado contra la seguridad jurídica, así como los miles de empleados públicos despedidos ilegalmente, pues los mecanismos o recursos legales, han sido inexistentes, como medio de alcanzar la justicia y, solventar un conflicto.

 

La confiscación de la sede de ARENA, carece de fundamento, salvo por la conveniencia política del Gobierno, igualmente la reapertura del caso Jesuitas o, el impulso dado al caso Calabozo.

 

La comunidad jurídica está obligada a estudiar estas situaciones, desde el punto de vista del rompimiento del orden Constitucional, pues sus efectos, ya se manifiestan en el incumplimiento de tratados internacionales que en definitiva, ha beneficiado al crimen organizado y a la consolidación del control territorial de las pandillas.

 

La aventura del Bitcoin, apenas comienza y ya nos ha costado la iliquidez de nuestra economía. Sólo podrá ser parado, por la acción de la Corte de Cuentas, pero ésta no puede operar, fuera del sistema jurídico efectivo, el cual ya no existe.

 

Los problemas del país, no son ya políticos o económicos, sino de institucionalidad, por lo que es necesario que el orden Constitucional, sea reestablecido, de lo contrario, la función del Abogado, Juez y Profesor de Derecho, serán en el futuro, para la sociedad salvadoreña, innecesarios.