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jueves, 2 de mayo de 2024

LA CONSTITUCIÓN DE LA DICTADURA (II)

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

En sus primeros considerandos, el espíritu del Proyecto de una nueva Constitución, se expresa contra los Estados Unidos y asegura que el cambio constitucional, debe darse para armonizar la legislación salvadoreña, con las nuevas tendencias mundiales, por lo que la nueva Constitución debe tener un alcance soberano, que englobe al ciudadano en el exterior, por lo cual es necesario, primeramente, reflexionar, sobre lo que es la Constitución.

 

Una Constitución puede clasificarse por su forma, origen, procedimiento de reforma, extensión y contenido ontológico (los valores), pero por sobre sus diferencias, tiene elementos comunes que son: reconocer los derechos fundamentales que la estructura del Estado, no puede vulnerar y, la capacidad normativa del Estado, como ente colectivo, que ejerce un poder soberano, en un territorio y en las personas que lo habitan. En los países republicanos, la entidad que elige a sus gobernantes, es su misma población nacional.

 

En este contexto, la Constitución, va de la realidad presente, hacia el futuro y por ello, las razones de cambio constitucional, son las necesidades de armonía social de los Derechos, que por naturaleza, posee el hombre, nacido en dicho territorio o, con lazos de consanguinidad, que lo aten a dicho territorio.

 

Por lo que llama la atención que, en los considerandos, se menciona que Estados Unidos tenía desconfianza de la constituyente de 1950 y que las estructuras oligárquicas de poder, también se oponían, citando o parafraseando un informe del Embajador de la época, sin poder apreciarse el contexto, dando a entender que hoy, habría igual desconfianza.

 

Por lo que me referiré, a la Jornada Conmemorativa del Cincuentenario de la Constitución de 1950, la que se recoge, en una publicación del 2002, titulada CONSTITUCIONES. DERECHO CONSTITUCIONAL. PODER JUDICIAL.” En dichos documentos, no se menciona la desconfianza del “poder oligárquico”, ni de ningún Gobierno extranjero.

 

El Dr. Fernando Basilio Castellanos, primer Ministro de Trabajo, por mandato de dicha Constitución, reconoció la influencia de la Constitución mexicana de 1917 en los derechos sociales, la Constitución de Alemania de 1919 (República de Weimar) en los derechos sociales y, en las atribuciones y delimitaciones de los Órganos del Estado.

 

El Teniente Coronel Julio Adalberto Rivera, Presidente de la República entre 1962 y 1967, recomendó a los jóvenes Capitanes, que estudiaran la Guerra irregular, pues la enfrentarían en el futuro, dentro de una defensa común del continente americano. El General José Guillermo García, Ministro de Defensa, entre 1979 a 1983, fue uno de esos Capitanes, modificándose también, el pensum de la Escuela Militar, siendo “la Tandona”, la primera promoción de oficiales, graduada bajo la visión de defensa común continental. Por lo que la desconfianza de Estados Unidos y de la oligarquía, no tiene otras referencias, por lo que se puede tomar como una desconfianza actual de Estados Unidos, por el acercamiento que el presente Gobierno, tiene hacia intereses geopolíticos chinos, rusos e iraníes, que son contrarios a los continentales de América.

 

El nuevo Proyecto de Constitución, reconoce que los Crímenes de Lesa Humanidad son imprescriptibles y son de naturaleza de Derecho Público, por lo que pueden perseguirse hacia el pasado, por las acciones políticas y las militares realizadas. Estos conceptos ya son aplicados de facto, por varios Tribunales, por lo que el General García, enfrenta procesos en El Mozote, Calabozo y Periodistas holandeses, siempre por el hecho de haberse desempeñado como Ministro de Defensa, por lo que es un proceso de facto “contra el cargo y su desempeño político”. La Fiscalía tiene en investigación, varias decenas de procesos iguales, siempre contra los mismos y la nueva Constitución, facilitaría su procesamiento, por haber defendido intereses continentales en la Guerra Fría, no acordes con el pensamiento actual del Gobierno.

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