EXTERNALIZACIÓN, SOBERANIA Y RESPONSABILIDAD

 

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓNACCION 

 

Analistas oficialistas, exponen que la “externalización” de los servicios carcelarios salvadoreños (ofrecerlos al servicio de potencia extranjera), es una forma de industria estatal lucrativa para el país; beneficiosa para la seguridad global y acorde con la política norteamericana, de la que espera El Salvador, provenga ayuda diplomática internacional. Esta nueva política carcelaria merece un análisis, pues presenta muchos problemas, de los cuales, se derivarán responsabilidades para los funcionarios salvadoreños.

 

La “externalización” es un concepto económico, que se describe como “encomendar la realización de tareas o servicios propios a otra empresa”. La detención, reclusión, o internamiento, es la privación temporal de la libertad de una persona por parte de una autoridad competente, por lo que es un acto exclusivo de la soberanía de un Estado. Esto implica que solo el Órgano Judicial, puede ordenarlo o se inicie por un acto administrativo para luego judicializarlo.

 

Si la prisión de los deportados, se originó en Estados Unidos de forma administrativa, pero un Juez Federal, emite una resolución sobre su no deportación, es que el Órgano Judicial estadounidense considera que están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, aunque dicha resolución fuera materialmente incumplida.

 

Si los deportados volaron en nave con bandera de Estados Unidos, hasta que pisaron suelo salvadoreño salieron de la jurisdicción de dicho país, y es en ese punto donde las cosas se complican. En Estados Unidos hay consenso en que dichas personas fueron “depositadas” en El Salvador, o sea, siguen a la orden de Estados Unidos, pues si no fuera así, al pisar suelo salvadoreño, su libertad estaría garantizada.

 

Al ser su prisión, a petición de un Gobierno extranjero y continuar esta en el país, se da la externalización del servicio carcelario, o sea estas personas están detenidas contra la legislación salvadoreña y por disposición de la norteamericana, con la consecuente responsabilidad no solo de la detención, sino de lo que les suceda en El Salvador, la responsabilidad va desde los funcionarios salvadoreños hasta los funcionarios estadounidenses, por lo que se les puede aplicar la Ley de Estados Unidos a nuestros ciudadanos que han participado en esta situación. En El salvador, es un caso de “Plus Super Omnia” (poder superior a la soberanía) y en Estados Unidos de “Rusticis pro exccesu imperii” (responsabilidad por exceso en el ejercicio de la soberanía), en ambos casos, los antecedentes sólo se encuentran en el Derecho antiguo.

 

Esta situacion claramente ilegal, tiene como razón un pago, por lo cual, El Salvador, al alquilar sus cárceles, alquila una función soberana y el funcionario, en su carácter personal adquiere responsabilidad de Crímenes de Lesa Humanidad, en responsabilidad directa con quien le ha contratado.

 

Las razones por las cuales Nayíb Bukele realiza acciones de este tipo, es para que se olvide que ha ofrecido a China ser parte de la Ruta de la Seda; a Rusia, ser parte del desarrollo nuclear en Centroamérica junto a Nicaragua; a ofrecido a inversionistas ser el centro de la explotación de la criptominería usando energía de los volcanes; a asegurado a canadienses la explotación de oro y plata y a los salvadoreños, proyectos de inversión financiera por medio del Banco Central de Reserva.

 

La realidad bajo estos proyectos fantásticos es que tenemos: oficiales estudiando con el Ejército Rojo de China, asimilando su visión militar antinorteamericana; el país utiliza su economía para el lavado internacional de activos; y que sin el Régimen de Excepción sería imposible ejercer la gobernanza, pues es un país coaccionado. La economía colapsa por las decisiones manadas por el Gobierno.

 

El Gobierno salvadoreño necesita hacer de la internación, su modelo de Gobierno y desarrollo económico.