Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓNACCION
Toda elección a cargo público, es un pacto implícito entre
el gobernado y el gobernante, o sea, que hay un acuerdo basado en principios
preestablecidos (una Constitución) que garanticen el acomodo pacífico de las
libertades individuales del gobernado con el poder del Estado, ejercido por el
gobernante. La presente elección en El Salvador, que culminará el 1 de mayo de
2027, con la toma de posesión de la nueva legislatura, obliga a plantear las responsabilidades
adicionales a los políticos opositores, que puedan formar parte de la nueva legislatura
en El Salvador, la que funcionará dentro de un sistema que se puede calificar
como “democradura”, o sea, existe la institucionalidad democrática formal, pero
sin que ésta opere como tal, por estar dominada por un poder central, sin
llegar a considerarse formalmente como dictadura, pero teniendo efectos
similares.
El concepto “democradura”, fue acuñado por el político y
académico argentino-irlandés, Guillermo O´Donnell, en sus investigaciones sobre
el autoritarismo en América Latina; no describe un concepto jurídico formal, de
Teoría del Estado, sino que lo formula desde de las ciencias política y la
sociología, planteándolo como un sistema “hibrido” entre la formalidad de la
democracia y los efectos del autoritarismo, pero que destruye el Estado de
Derecho y deja al funcionario público, sin legitimidad.
La pasada elección de 2024: presidencial, legislativa y
municipal, fue un proceso muy cuestionado, por su forma y ejecución; reelección
presidencial “contra legem”, disminución de la representación legislativa y
cambio en la forma de recuento del voto, en detrimento del pluralismo político
y disminución de la representación municipal, todo, mediante reformas
inconstitucionales e interpretación de dichas normas, que claramente reñían con
la hermeneútica jurídica, con el objetivo de favorecer el autoritarismo.
El Tribunal Supremo Electoral, declaró que en la elección
pasada hubo una votación del 52%, pero documentos filtrados de ese organismo,
aseguran que la votación fue del 23.6%. El voto en el exterior se contabilizó
en 331,756, cuando en el 2019, había sido de 3,643 votos, sin que existan
variables que expliquen el aumento en la votación. La diferencia entre el
padrón del 2019 con el del 2024, tiene un aumento de más de 1,300,000
ciudadanos; lo que excede varias veces el aumento poblacional natural, de los
mayores de edad que debieron engrosar dicho padrón en 2024. El 2006 hubo un
aumento poblacional de 2.06% o sea, de 163,000 bebes y, considerando que
existen en el extranjero entre 2.5 a 3 millones de salvadoreños, debieron de
nacer, 61,000 salvadoreños fuera de El Salvador (la tasa de natalidad en el
exterior, suele ser menor a la media nacional) por lo que el aumento máximo del
padrón electoral en 2024 sería de 224,000 personas, por lo que se puede inferir,
que existe un padrón inflado, para fines de fraude electoral. (Los datos de
natalidad aquí citados, fueron tomados de la Dirección General de Estadísticas
y Censos, DIGESYC).
La creación de circunscripciones en el extranjero, rompe el
principio de soberanía nacional expresado en el Art. 84 de la Constitución;
cuando el voto en el exterior, ya estaba garantizado y regulado por el Código
Electoral. La finalidad de esta reforma, ha sido limitar el número de diputados
efectivos en los Departamentos de San Salvador y La libertad, para elevar el umbral
mínimo de elección, para que éste sea mucho mayor que el que alcanzaron los
tres únicos Diputados opositores actuales.
Esto plantea dos hipótesis: el oficialismo busca consolidar
el sistema de partido único, como lo es actualmente en Cuba, o pretende, un
cambio de rostros opositores, buscando que estos no se consoliden como líderes
nacionales, para minimizar su impacto político, siguiendo en este modelo, el
ejemplo del chavismo venezolano. Cualquiera de las dos estrategias, acerca el
modelo político salvadoreño al autoritarismo, sumándolo al de Nicaragua.
El decrecimiento económico en Centroamérica, es
directamente proporcional a prácticas autoritarias, por lo que, a mayor
autoritarismo en El Salvador, habrá una mayor crisis económica y con ello, aumentará
el riesgo de influencias extracontinentales, en su lucha contra Estados Unidos,
recibiendo México, el primer impacto.
Los grandes proyectos de construcción pública en El
Salvador, están siendo ejecutados por reos y empresas extranjeras, los
proyectos tecnológicos, se comportan económicamente, como “capital golondrina”,
por lo que no hay inyección real de efectivo a la economía, salvo el
proveniente de las remesas provenientes de Estados Unidos, que amenaza
finalizar con el TPS. La gentrificación y especulación inmobiliaria, deja al
salvadoreño, por su limitada economía, sin la posibilidad de adquirir nuevos inmuebles,
cediendo su tierra a capitales especulativos extranjeros.
Es innegable la baja aceptación del partido Nuevas Ideas,
por su deficiente gestión política; primero la municipal, al ceder todas sus
funciones al Órgano Ejecutivo, o entidades semi autónomas dependientes de Casa
Presidencial. Segundo, los cincuenta y siete diputados oficialistas, han
realizado su gestión alejados de sus departamentos, sin contacto con la
población, por lo que el oficialismo ha realizado una purga en sus filas de
funcionarios legislativos, poniendo nuevos rostros en los lugares de mayor
desgaste o, y tercero, el Ejecutivo, por
buscar la gobernabilidad mediante el uso indebido de la Fuerza Armada y el
Régimen de Excepción. Por lo que ha potenciado a partidos minúsculos, en
aquellos lugares en que el repudio al oficialismo, es total.
En el caso que se permita que nuevos Diputados opositores
puedan conformar la futura Asamblea Legislativa, seguramente serán en número
inferior a una cuarta parte del pleno legislativo, pues si se sigue el patrón
de la votación anterior, no se entregaran actas de Junta Receptora de Votos a
los representantes de los partidos opositores, “por fallas en las impresoras”.
Los escaños de los opositores Claudia Ortiz, Marcela Villatoro y Francisco
Lira, fueron ganados gracias a lo masivo de sus votaciones, sin embargo,
ocuparon las últimas posiciones en sus departamentos.
Sin embargo, es aquí donde debemos considerar el concepto
de “gobernanza”; conjunto de reglas, procesos e instituciones mediante los
cuales el Estado, el sector privado y la sociedad deciden y gestionan los
asuntos públicos de manera conjunta, para lograr “la gobernabilidad”. Siendo
actores fundamentales: el gobierno, la empresa y los ciudadanos, pues en su
conjunto, se centra toda la actividad económica y la estabilidad nacional.
Por lo anterior, la primera responsabilidad de los
Diputados opositores electos es procurar reestablecer la gobernanza desde la
Asamblea Legislativa. El Régimen de Excepción, ya lleva cincuenta y tres meses
de vigencia, sin garantizar que se hayan capturado a los pandilleros, pero sí
tienen a 90,000 personas en detención sin un debido proceso y deben de
demostrar, que el Régimen de Excepción, sólo destruye el sistema político y
económico, pero que hay otros métodos que pueden salvaguardar la seguridad pública,
sin coartar las garantías Constitucionales.
La rendición de cuentas del gasto público es esencial, para
que el sistema económico pueda seguir funcionando, pues en la medida que se
ocultan los gastos públicos, se resta maniobrabilidad al Estado en el manejo de
sus finanzas, porque los pocos recursos que se logren obtener, son a un muy
alto costo y de manera muy condicionada. A la larga, es una carga que inexorablemente
será trasladada al sector empresarial, en la figura de “gran contribuyente”, o
sea que su actividad, abarca un área tan grande de la actividad económica, que
se vuelve quien recoge inicialmente el impuesto indirecto.
El candidato opositor, al buscar la gobernabilidad y
gobernanza, para reestablecer el Estado de Derecho, logra tres objetivos: 1)
Luchar contra el autoritarismo desde dentro del sistema político. 2)
Reconstruir la imagen de su partido político, dañada por el populismo, nacido
del presente autoritarismo. 3) Dar esperanza al salvadoreño, que su país, aún
puede ser el lugar donde puede desarrollarse y permanecer, sin tener que ir a
buscar otros lugares donde desarrollarse y vivir. Si no se logran estos
objetivos, el autoritarismo, nos llevará a concluir, que sólo la violencia
social o fuerzas extranjeras, pueden cambiar el destino de El Salvador, como ya
reconocen algunos académicos, que será el destino de Nicaragua, por su presente
autoritarismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario