“LA METAMOFROSIS SALVADOREÑA”, RECORDANDO A FRANZ KAFKA

 

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓNACCION

 

“La Metamorfosis”, de Franz Kafka, es una crítica profunda a una sociedad que mide el valor y la dignidad de las personas, únicamente, por su valor económico, productividad, y su utilidad dentro de la sociedad.

 

Desde hace más de veinte años, los economistas consideraban que las remesas, producto de la emigración, era la mayor ventaja que tenia El Salvador, por lo que una economía dolarizada, debía ser el reflejo de dicha realidad. Aunque la emigración ilegal, siempre fue combatida, las acciones del Gobierno, tendían a hacia lo contrario: mayor lucha política, restricciones mercantiles, destrucción del agro, y considerando que la industrialización seria muy costosa, pero una sociedad de servicios, basada en las remesas, sería lo mas fácil y conveniente.

 

El salvadoreño en el país, era visto como una potencial mano de obra para la maquila, pero sin descentralizar las zonas francas o favorecer su distribución para lograr un desarrollo social óptimo, el resultado fue una mayor emigración, legal e ilegal. Nuestra clase media profesional, ha emigrado de forma legal y, el obrero especializado, también lo ha hecho, ilegalmente. La escases de mano de obra especializada ha llegado al extremo de utilizar en el campo mano de obra extranjera (hondureña y nicaragüense) o en la construcción (guatemalteca).

 

El salvadoreño ha pasado de ser una persona apreciada en el extranjero, a ser objeto de persecución y deportación. En 2025 fueron deportados 16,051 salvadoreños y hoy en 2026, ya llevamos 10,504 deportados, según datos de Migración.

 

Aquí, se permitió que crecieran las pandillas y que más de medio millón de personas vivieran de lo que producían los pandilleros: se suprimieron los valores cívicos y la socialización, o sea, la introducción del ser humano al sistema de convivencia social; primero el familiar y luego, dentro de la sociedad. Las causas de este fenómeno son varias, pero una consecuencia de la emigración, fue la desintegración familiar, producto de la separación generacional, así que hoy en ves de tratarlos como seres humanos, son encerrados y le adquieren un nuevo valor para el Estado: mano de obra. Sin que haya mucha diferencia con otros centros de explotación humana. (Un ensayo sobre la razón de las pandillas, es “La Norma a la Luz de la Fisiología Humana”, del autor de este artículo, que puede ser consultado libremente).

 

El Gobierno, en vez de procesar al delincuente en base al debido proceso, se ha regularizado un sistema “sine iure” que niega la calidad de ser humano al no reconocérsele el debido proceso y sus garantías constitucionales, pero que tienen un valor añadido para el Estado; el de la obligación de sus familiares de alimentar a su pariente prisionero, creando mayor presión social y elevando el umbral de pobreza extrema.

 

El salvadoreño que aún esta por sobre el umbral de pobreza, ya no es útil para alimentar el sistema económico, pues ha perdido su capacidad de adquirir vivienda propia o de generar más allá del nivel de subsistencia, y son capitales extranjeros, los que vienen a invertir en inmuebles salvadoreós, esperando revalorizar las propiedades o “gentrificación”.

 

El concepto de gentrificación, tiene cuatro elementos: 1) Capital privado, de naturaleza extranjera, que renueva la zona deteriorada, 2) Transformación, que crea nuevas construcciones o adecua el inmueble para otros usos, 3) Revalorización, incrementado el precio de la tierra y los alquileres, y 4) Desplazamiento social: los residentes originales ya no pueden pagan los nuevos precios y son desplazados.

 

Toda persona que ha sido desplazada de su zona, por proyectos de gentrificación, ahora son parias sociales y los vemos siendo perseguidos en el centro de San Salvador y en los municipios en que se ha aplicado este concepto. La densidad poblacional en El Salvador es de 308 habitantes por km2 y la gentrificación aumenta exponencialmente este número en zonas aledañas a las zonas gentrificadas, en la cual el número decrece.

 

En todos los casos aquí citados, el salvadoreño ha perdido su valor e importancia como persona útil, y se ha vuelto indeseable, como lo es un insecto. Así nos ve el Gobierno; el salvadoreño es útil mientras produce para el Estado y si no, es un insecto, por ello, el Gobierno insiste en cobrar impuestos hasta por los aguacates que vende una persona en la puerta de su casa o a quien pone una cosina de barril en la calle, para vender pupusas al obrero, en su viaje a su trabajo.

 

En vez de elevar el nivel de vida en general, promoviendo la inversión extranjera y que llegue la riqueza a todos, según sus capacidades productivas, se centra en la tecnología que no domina el común de las personas. Busca presionar al mas pobre y aleja al inversionista legítimo.

 

Por estas razones es necesario un cambio, en que el salvadoreño recupere su tierra: El Salvador y la libertad para decidir; si no hay un cambio en la dirección nacional, el salvadoreño, seguirá siendo tratado por el extranjero y el Gobierno, como un insecto, que hay que desechar y, sólo mientras aún sea útil, será tratado como un animal doméstico, esperando su fin, que sólo vive mientras den leche y huevos, pues el Régimen de Excepción le ha quitado sus derechos y por último, su dignidad.

¿CÓMO LUCHAR POLÍTICAMENTE EN UNA DICTADURA?

 

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓNACCION

 

Cuando un sistema político, rechaza determinadas ideas, sin importar la razón de las mismas, se recurre a la violencia, por esta razón, todos los manuales de lucha fuera del sistema democrático, implican violencia, como ejemplo cito: “La Guerra de Guerrillas”, “Manual del Guerrillero Urbano”, “Guerra de Guerrillas”, “Documentos y escritos del FSLN”, “Escritos Tácticos del ERP y Montoneros”. ¿Pero es que, si se cierran los espacios democráticos, inexorablemente tenemos que recurrir a la violencia, para enfrentar un régimen autoritario o “democradura? Creo que no, el camino fácil es la violencia, existen otros métodos, más efectivos, pero hay que entender la estructura y esencia del poder, y es sobre lo que debemos reflexionar.

 

La lucha violenta, puede dar resultados desestabilizadores rápidos, pero con tres riesgos: 1) Un resultado incierto, 2) Efectos secundarios inesperados, como la destrucción de la economía y la inestabilidad nacional y, 3) La intervención extranjera, para el sostenimiento de intereses geopolíticos y con ello, pérdida de la soberanía.

 

Otra opción es la lucha pacífica, que se realiza desde dentro del sistema político ya dañado; sus acciones, son de largo plazo y mueve la conciencia nacional hacia un objetivo común.

 

Débese considerar, que el poder de la dictadura, depende de la obediencia social, o sea del conglomerado de sus habitantes, pero si el ciudadano, adquiere la conciencia de su naturaleza soberna y que las disposiciones de la dictadura les son lesivas, deja de acatarlas; entonces la dictadura pierde fuerza, pues queda aislado de su influencia, esto se debe a que el poder (visto desde la sociología y psicología) no es monolítico, sino se ejerce en múltiples ramas.

 

En El Salvador, ya tenemos muchos ejemplos, que se han dado espontáneamente: los medios digitales que se han exiliado, junto con sus periodistas, siguen señalando los efectos y las acciones de la dictadura desde el extranjero, como si estuvieren en el territorio nacional. Los vendedores desalojados del Centro Histórico, siguen llegando una y otra vez, en una forma de resistencia, aprendiendo a huir de la policía, o se resisten a regularizarse como quiere la alcaldía y el Ministerio de Hacienda, y ponen sus ventas en la periferia del Centro Histórico, pero sólo permanecen unas horas y luego se retiran, para burlar a los enviados del Gobierno.

 

Las organizaciones de Derechos Humanos que defienden a los presos del Régimen de Excepción, ya se encuentran en la clandestinidad, encubriendo las fuentes de sus financiamientos, para que la Ley de Agentes Extranjeros no pueda ser usada para impedir su funcionamiento. Cuando uno de sus abogados es preso o se tiene que exiliar, hay otro que lo substituye y el que ya no puede ejercer la defensa técnica en El Salvador, se vuelve un activista en el extranjero, para conseguir recursos para su organización.

 

Los catalizadores de esta lucha, deben de ser los partidos políticos opositores, presionando mediante las campañas de sus candidatos, para la desobediencia de las ordenes ilegítimas manadas del ejercicio del poder dictatorial, por carecen éstas de legitimidad. El partido político, al recibir votos en favor de sus candidatos, es la prueba objetiva del malestar social y aunque exista la manipulación del voto, envía el mensaje, que el gobierno nacido del autoritarismo es “ilegítimo” y por lo tanto, sus relaciones internacionales pueden cuestionarse y quedar aislado.

 

La resistencia individual, erosiona al régimen, pero no crea liderazgo. Pero la campaña política partidaria, si puede crear liderazgos sólidos, aunque el régimen cometa fraude electoral. El mayor enemigo de un régimen autoritario, es el liderazgo opositor, porque deja al descubierto su autoritarismo y obliga a que la “democradura”, se despoje de la pátina de democracia, con que se escuda, pues siempre dice: “la institucionalidad me sostiene”, cuando esta no puede operar, porque sus funciones están inoperativas. Ejemplo de ello, es la derogatoria tácita de la Constitución, por la formalidad de modificar los artículos pétreos que la regían, dándole su calidad de “permanente”. Hoy la constitución puede ser modificada fácilmente y hasta con dispensa de trámite al gusto de los diputados oficialistas.

 

Es recomendable leer las obras del filósofo estadunidense Gen Sharp, que muestras forma de lucha no violenta, pero hay que adaptarlas a nuestra realidad, todo para mantener la estabilidad nacional y reestablecer el Estado de Derecho.

 

Sólo el Derecho puede garantizar el desarrollo nacional y asegurar que todo salvadoreño pueda permanecer en el país y, sustentar sus necesidades y las de sus hijos. La dictadura sólo asegura que el ciudadano, pierda sus derechos y, que tenga que emigrar. Una revolución violenta, solo asegura la destrucción y colapso, haciendo que el ciudadano, pierda la posibilidad de encontrar sustento y cobijo, en su patria.

¿QUIEN VIGILARÁ A LOS VIGILANTES?

 

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓNACCION 

 

El concepto latino “Quis custodiet ipsos custodes”, se aplicó inicialmente en el Derecho Civil, para referirse al encargado de preservar la fidelidad conyugal, que puede provocar la infidelidad o como dice el dicho popular “amarrar al perro con chorizos”, luego se aplica modernamente a todo sistema de contraloría institucional y trata, sobre el principal problema político del sistema democrático moderno: ¿Quién vigilará a los vigilantes?, por lo que Jósif Stalin dijo: "Los que votan no deciden nada. Quienes cuentan los votos lo deciden todo". Apliquemos estas ideas a la presente realidad electoral en El Salvador”.

 

La tendencia en el sistema electoral salvadoreño, es la tecnificación, y hacerlas cada vez más dependientes de la tecnología moderna, pero dicho proceso, depende del entendimiento del funcionamiento de software y hardware especializados, a los que sólo un reducido número de personas designadas por el Tribunal Supremo Electoral, pueden acceder, sin una verificación real de los partidos político y menos, del común de los ciudadanos.

 

Para tener una idea, en una sociedad moderna, inmersa en la tecnología, sólo el 0.05% de la población entiende el funcionamiento de los sistemas tecnológicos modernos, con la capacidad de diagnosticar un error y repararlo, por lo que, si lo aplicamos a El Salvador, tenemos un sistema político, que depende de unas dos o tres personas, que manejan el software electoral: ¿Quién los supervisa?, y ellos dependen del oficialismo.

 

El oficialismo, controla el conteo electrónico, el que debe de coincidir con las actas de las Junta Receptora de Votos, pero cuando éstas no son entregadas a los partidos políticos, y sólo aparece la del partido oficial o la que posee la Fiscalía General de la República, controlada por el oficialismo, esto no implica una prueba de fraude electoral, pero sí, presenta las circunstancias propicias a la misma.

 

El activismo político para la verificación del proceso electoral, exige el ejerció pleno de los derechos……., pero …… ¿ejercerlo bajo un Régimen de Excepción? en que el derecho a la libre expresión, el derecho a la asociación y el derecho al libre desplazamiento… no existe y, la forma “normal de aplicación de la gobernabilidad es: obedece o aplico el Régimen …”, claramente no puede ejercerse la supervisión o el reclamo colectivo.

 

Esto presenta un problema de “legitimidad”, que significa:  el reconocimiento y la aceptación social del derecho de una autoridad o sistema institucional para gobernar. Se basa en la justicia, los valores compartidos y el consenso popular, permitiendo que el poder se ejerza de forma voluntaria sin necesidad de recurrir a la fuerza. Este concepto, va de la mano con la presunción del Derecho: todos acatamos voluntariamente la Ley, porque es surgida del consenso general y sólo a aquel que la rompe, al causar un daño social, es encarcelado.

 

La necesidad de mantener un Régimen de Excepción permanente, significa que sólo por la fuerza, en su ejercicio policial y  militar, puede mantenerse la paz interior, esto es porque no existe legitimidad en el ejercicio del presente Gobierno. El combate a las pandillas, viene siendo un mero pretexto, pues el orden público, puede mantenerse sin la supresión de garantías individuales, cuando la institucionalidad prueba claramente la infracción penal. En casos extremos, el ejercicio de la fuerza policial y militar, puede mantenerse constitucionalmente hasta por dos meses, o sea para “superar la crisis” social, pero ahora llevamos cuatro años y cuatro meses sin garantías individuales, se ha vuelto un sistema permanente.

 

La legislación electoral, no considera que la falta de actas de JRV en manos de los vigilantes o en los delegados partidarios en el Centro de Votación, sea considerado como causal de anulación de elecciones en ese lugar de votación, por no haber “fiabilidad” en el proceso. En la práctica, todo queda en manos del TSE, controlado por el oficialismo.

 

Parafraseando una película del actor Mario Moreno “Cantinflas”: “Cómo quiere su Excelencia que se hagan las elecciones…. Como se han hecho siempre, que el pueblo elija, para que se haga mi voluntad.” La realidad, suele superar en mucho a la mas descabellada ficción, o es ficción, pero cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia.

EL FUNCIONARIO PÚBLICO Y SU PACTO CON LA REPÚBLICA

 

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓNACCION 

 

Toda elección a cargo público, es un pacto implícito entre el gobernado y el gobernante, o sea, que hay un acuerdo basado en principios preestablecidos (una Constitución) que garanticen el acomodo pacífico de las libertades individuales del gobernado con el poder del Estado, ejercido por el gobernante. La presente elección en El Salvador, que culminará el 1 de mayo de 2027, con la toma de posesión de la nueva legislatura, obliga a plantear las responsabilidades adicionales a los políticos opositores, que puedan formar parte de la nueva legislatura en El Salvador, la que funcionará dentro de un sistema que se puede calificar como “democradura”, o sea, existe la institucionalidad democrática formal, pero sin que ésta opere como tal, por estar dominada por un poder central, sin llegar a considerarse formalmente como dictadura, pero teniendo efectos similares.

 

El concepto “democradura”, fue acuñado por el político y académico argentino-irlandés, Guillermo O´Donnell, en sus investigaciones sobre el autoritarismo en América Latina; no describe un concepto jurídico formal, de Teoría del Estado, sino que lo formula desde de las ciencias política y la sociología, planteándolo como un sistema “hibrido” entre la formalidad de la democracia y los efectos del autoritarismo, pero que destruye el Estado de Derecho y deja al funcionario público, sin legitimidad.

 

La pasada elección de 2024: presidencial, legislativa y municipal, fue un proceso muy cuestionado, por su forma y ejecución; reelección presidencial “contra legem”, disminución de la representación legislativa y cambio en la forma de recuento del voto, en detrimento del pluralismo político y disminución de la representación municipal, todo, mediante reformas inconstitucionales e interpretación de dichas normas, que claramente reñían con la hermeneútica jurídica, con el objetivo de favorecer el autoritarismo.

 

El Tribunal Supremo Electoral, declaró que en la elección pasada hubo una votación del 52%, pero documentos filtrados de ese organismo, aseguran que la votación fue del 23.6%. El voto en el exterior se contabilizó en 331,756, cuando en el 2019, había sido de 3,643 votos, sin que existan variables que expliquen el aumento en la votación. La diferencia entre el padrón del 2019 con el del 2024, tiene un aumento de más de 1,300,000 ciudadanos; lo que excede varias veces el aumento poblacional natural, de los mayores de edad que debieron engrosar dicho padrón en 2024. El 2006 hubo un aumento poblacional de 2.06% o sea, de 163,000 bebes y, considerando que existen en el extranjero entre 2.5 a 3 millones de salvadoreños, debieron de nacer, 61,000 salvadoreños fuera de El Salvador (la tasa de natalidad en el exterior, suele ser menor a la media nacional) por lo que el aumento máximo del padrón electoral en 2024 sería de 224,000 personas, por lo que se puede inferir, que existe un padrón inflado, para fines de fraude electoral. (Los datos de natalidad aquí citados, fueron tomados de la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESYC).

 

La creación de circunscripciones en el extranjero, rompe el principio de soberanía nacional expresado en el Art. 84 de la Constitución; cuando el voto en el exterior, ya estaba garantizado y regulado por el Código Electoral. La finalidad de esta reforma, ha sido limitar el número de diputados efectivos en los Departamentos de San Salvador y La libertad, para elevar el umbral mínimo de elección, para que éste sea mucho mayor que el que alcanzaron los tres únicos Diputados opositores actuales.

 

Esto plantea dos hipótesis: el oficialismo busca consolidar el sistema de partido único, como lo es actualmente en Cuba, o pretende, un cambio de rostros opositores, buscando que estos no se consoliden como líderes nacionales, para minimizar su impacto político, siguiendo en este modelo, el ejemplo del chavismo venezolano. Cualquiera de las dos estrategias, acerca el modelo político salvadoreño al autoritarismo, sumándolo al de Nicaragua.

 

El decrecimiento económico en Centroamérica, es directamente proporcional a prácticas autoritarias, por lo que, a mayor autoritarismo en El Salvador, habrá una mayor crisis económica y con ello, aumentará el riesgo de influencias extracontinentales, en su lucha contra Estados Unidos, recibiendo México, el primer impacto.

 

Los grandes proyectos de construcción pública en El Salvador, están siendo ejecutados por reos y empresas extranjeras, los proyectos tecnológicos, se comportan económicamente, como “capital golondrina”, por lo que no hay inyección real de efectivo a la economía, salvo el proveniente de las remesas provenientes de Estados Unidos, que amenaza finalizar con el TPS. La gentrificación y especulación inmobiliaria, deja al salvadoreño, por su limitada economía, sin la posibilidad de adquirir nuevos inmuebles, cediendo su tierra a capitales especulativos extranjeros.

 

Es innegable la baja aceptación del partido Nuevas Ideas, por su deficiente gestión política; primero la municipal, al ceder todas sus funciones al Órgano Ejecutivo, o entidades semi autónomas dependientes de Casa Presidencial. Segundo, los cincuenta y siete diputados oficialistas, han realizado su gestión alejados de sus departamentos, sin contacto con la población, por lo que el oficialismo ha realizado una purga en sus filas de funcionarios legislativos, poniendo nuevos rostros en los lugares de mayor desgaste o, y tercero,  el Ejecutivo, por buscar la gobernabilidad mediante el uso indebido de la Fuerza Armada y el Régimen de Excepción. Por lo que ha potenciado a partidos minúsculos, en aquellos lugares en que el repudio al oficialismo, es total.

 

En el caso que se permita que nuevos Diputados opositores puedan conformar la futura Asamblea Legislativa, seguramente serán en número inferior a una cuarta parte del pleno legislativo, pues si se sigue el patrón de la votación anterior, no se entregaran actas de Junta Receptora de Votos a los representantes de los partidos opositores, “por fallas en las impresoras”. Los escaños de los opositores Claudia Ortiz, Marcela Villatoro y Francisco Lira, fueron ganados gracias a lo masivo de sus votaciones, sin embargo, ocuparon las últimas posiciones en sus departamentos.

 

Sin embargo, es aquí donde debemos considerar el concepto de “gobernanza”; conjunto de reglas, procesos e instituciones mediante los cuales el Estado, el sector privado y la sociedad deciden y gestionan los asuntos públicos de manera conjunta, para lograr “la gobernabilidad”. Siendo actores fundamentales: el gobierno, la empresa y los ciudadanos, pues en su conjunto, se centra toda la actividad económica y la estabilidad nacional.

 

Por lo anterior, la primera responsabilidad de los Diputados opositores electos es procurar reestablecer la gobernanza desde la Asamblea Legislativa. El Régimen de Excepción, ya lleva cincuenta y tres meses de vigencia, sin garantizar que se hayan capturado a los pandilleros, pero sí tienen a 90,000 personas en detención sin un debido proceso y deben de demostrar, que el Régimen de Excepción, sólo destruye el sistema político y económico, pero que hay otros métodos que pueden salvaguardar la seguridad pública, sin coartar las garantías Constitucionales.

 

La rendición de cuentas del gasto público es esencial, para que el sistema económico pueda seguir funcionando, pues en la medida que se ocultan los gastos públicos, se resta maniobrabilidad al Estado en el manejo de sus finanzas, porque los pocos recursos que se logren obtener, son a un muy alto costo y de manera muy condicionada. A la larga, es una carga que inexorablemente será trasladada al sector empresarial, en la figura de “gran contribuyente”, o sea que su actividad, abarca un área tan grande de la actividad económica, que se vuelve quien recoge inicialmente el impuesto indirecto.

 

El candidato opositor, al buscar la gobernabilidad y gobernanza, para reestablecer el Estado de Derecho, logra tres objetivos: 1) Luchar contra el autoritarismo desde dentro del sistema político. 2) Reconstruir la imagen de su partido político, dañada por el populismo, nacido del presente autoritarismo. 3) Dar esperanza al salvadoreño, que su país, aún puede ser el lugar donde puede desarrollarse y permanecer, sin tener que ir a buscar otros lugares donde desarrollarse y vivir. Si no se logran estos objetivos, el autoritarismo, nos llevará a concluir, que sólo la violencia social o fuerzas extranjeras, pueden cambiar el destino de El Salvador, como ya reconocen algunos académicos, que será el destino de Nicaragua, por su presente autoritarismo.

 

 

MODELO BUKELE: APLICACIÓN MODERNA DEL PENSAMIENTO DE CARL VON CLAUSEWITZ, A LA POLÍTICA INTERNA DEL ESTADO.

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓNACCION 

 

El “Modelo Bukele”, es presentado como un sistema político de seguridad único, que garantiza la permanente efectividad del cumplimiento de la Ley, por medios coercitivos; el encierro o prisión de todo ser antisocial y, el control de la institucionalidad bajo un mismo criterio, en detrimento de las garantías Constitucionales o los Derechos inalienables del hombre.

 

Este modelo es muy bien visto en el extranjero; entre quienes tienen conflictos sociales o amenazas internas, que provoquen alarma social: sin embargo, el “Modelo Bukele”, se basa en la guerra continua del Estado, contra el ciudadano, para beneficio del Gobierno o el poder fáctico; lo que constituye una perversión en la utilización del “realismo político”, que lleva a considerar la “guerra, como parte de la política interna”, y el interés nacional es confundido con el interés de un grupo familiar, por lo que es conveniente analizar el “Método Bukele” y la conveniencia  o no, de su replicación y, las vulnerabilidades que presenta, en el nuevo contexto mundial.

 

 

El uso de la guerra continua o permanente, para alcanzar fines políticos, es premisa central de la filosofía política y la estrategia militar contemporánea. La idea de que el conflicto no es un evento aislado, sino una herramienta de dominación y gestión del poder político, ha sido abordada de dos formas: la subordinación de la guerra a la política y, que la paz, es una simulación. El estratega clásico prusiano, Carl von Clausewitz acuñó el axioma fundamental de esta forma de pensar, en su obra, “De la guerra”: "La guerra es la continuación de la política por otros medios". O sea, la guerra es un instrumento, más nunca un fin en sí mismo.

 

Solo es un vehículo violento y explícito, para forzar al adversario a cumplir la voluntad política de un Estado. Este realismo se basa en los intereses colectivos hacia el exterior del Estado y no hacia el interior, o sea, nunca en contra de su ciudadanía, que es de donde nace la legitimación del poder mismo, en el sistema democrático y republicano, sino en contra de otras soberanías o estructuras geopolíticas.

 

Clausewitz sostiene en el realismo pragmático, que combina la aceptación de los hechos físicos y objetivos de la realidad, con el criterio de que el valor y la verdad de una idea, se miden por sus consecuencias prácticas y su utilidad, en la resolución de problemas. La guerra abstracta o "pura" tiende conceptualmente al uso absoluto de la fuerza sin límites éticos.

 

 Advirtió que "introducir un principio de moderación en la filosofía de la guerra es un absurdo". En lugar de principios éticos, propuso que la naturaleza de la guerra está dominada por tres fuerzas dinámicas indispensables: 1) La pasión y el odio (vinculados al pueblo). 2) El juego de las probabilidades y el azar (vinculados al talento del jefe militar). 3) La subordinación política y la razón (vinculados al gobierno que dirige el conflicto). Estos tres elementos los podemos distinguir en el “Modelo Bukele”.

 

Significa que el uso de la fuerza hacia el interior de El Salvador, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta extrema que el Gobierno utiliza cuando la gobernanza y gobernabilidad dentro de la institucionalidad del Estado, impiden los objetivos propios del Gobernante. La lógica de Clausewitz, en su obra “De la Guerra”, argumenta que la política es la mente rectora y la guerra es únicamente el instrumento. Pero advierte que todo conflicto bélico, debe estar subordinado a un objetivo político claro, lo que, en nuestro caso, son los intereses de Bukele, su familia y allegados políticos.

 

Por lo tanto, la guerra es una extensión del "comercio político". Los medios violentos cambian la naturaleza de la interacción, pero la finalidad sigue siendo moldear un nuevo orden político favorable para el vencedor. Esta forma de pensar, quedo claramente expuesta cuando exigió a la Fuerza Armada, obediencia hacia su persona y combate a los enemigos internos, lo que ha implicado en la práctica, la anulación de los Derechos individuales y los Derechos propios del ciudadano.

 

Von Clausewith, pensaba que la cabeza del Estado era un monarca y su finalidad esa la unificación del pangermanismo, una realidad distinta a la nuestra. El “modelo Bukele”, lo vuelca hacia el interior del mismo Estado, o sea contra sus propios ciudadanos, en el entendido que la mayoría de los mismos, transgrede la legislación o las normas de convivencia, establecido por el mismo poder soberano.

 

Las consecuencias de este modelo son dos: 1) Una lucha interna que impide el desarrollo social y económico, por lo que los recursos del Estado son consumidos en su existencia y no en la satisfacción de las necesidades públicas y subsidiariedad. De la primera consecuencia se deriva la segunda: 2) Consumo de la riqueza nacional, sin posibilidad de ser regenerada.

 

La deuda pública ha llegado en El Salvador al 92% del PIB, o sea a $ 34,630.96 millones, con un incremento de 0.48% mensual. Es de hacer notar, que según el estudio “Growth in a Time of Debit” (Crecimiento en Tiempos de Deuda, publicado el 2010), elaborado por los economistas de la Universidad de Harvard Carmin Reinhart y Kenneth Rogoff, establece que toda deuda arriba del 90%, se convierte en una deuda de altísimo riesgo y frena toda posibilidad de crecimiento económico, lo que explica que El Salvador, es casi tan riesgoso como Argentina, el país de mayor riesgo de América. Si modificamos los parámetros, y comparamos recursos naturales y capacidad productiva latente – industrial y agrícola- (para Argentina) versus maquila, exportaciones industriales limitadas a Centroamérica y remesas (para El Salvador), el país con mayor riesgo es El Salvador, por lo que este país es por su alta densidad poblacional y poseedor de un grave daño medio ambiental, facilitado desde el Gobierno, un potencial polo de desestabilización para Centroamérica: todo generado por el “Modelo Bukele”, el cual actúa como un precursor de todos los conflictos sociales latentes, previamente acumulados.

Los riesgos de adoptar el “Modelo Bukele” son tres: 1) Crear a mediano y largo plazo mayores problemas sociales, que los que pretende evitar. 2) Consumir mas recursos que los que la nación puede producir y 3) Favorecer la emigración hacia lugares donde existe mayor seguridad jurídica y satisfacción de las necesidades sociales y personales.

 

P.D.

 

En las elecciones internas del partido ARENA, llevadas a cabo el día 26 de julio de 2026, obtuve la primera posición en las elecciones para Diputados por el Departamento de Santa Ana, por lo que, luego de las publicaciones realizadas por la Comisión Electoral Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, hago pública mi intención de competir por uno de los cinco curules que le corresponden al Departamento de Santa Ana, en la creencia, que la imagen del partido por el cual participo, puede reconstruirse y recuperarse, mediante las acciones directas de los candidatos que hoy aspiran a un cargo público.

En la convicción que el desarrollo y estabilidad nacional, dependen de la libertad que pueda tener el individuo y el respeto que el Estado tenga de la propiedad privada, como extensión de la personalidad. Que el manejo responsable de las finanzas públicas, es lo que puede garantizar la acción subsidiaria del Estado, sin la cual, los conflictos sociales tienden a ser más agudos y que sólo, el debido proceso, puede garantizar la represión de la delincuencia y el combate del crimen organizado. Espero poder difundir el pensamiento conservador desde las diferentes plataformas que la ley permite; con la intención de presentar una alternativa a la realidad que preténdese imponer mediante el “Modelo Bukele”.