Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 6 de mayo
de 2013.
En días recientes, el
Señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, General David Munguía
Payés, opinó: es preferible que las “maras” se conviertan en partido político.
Esta afirmación que obtuvo muchas críticas de la sociedad civil, tuvo que ser
objeto de una aclaración posterior: afirmó,
el Señor Ministro, que su respuesta había sido tomada fuera de contexto,
por la habilidad del entrevistador pero, agregó: los familiares de los
pandilleros “son una fuerza política”. Esta afirmación, amerita hacer un
análisis de la evolución de la “mara” y que debe ser desde el punto de vista
sociológico, con relación a la estructura del Estado, desde la teoría jurídica
de su creación y veamos cuales son los errores en los que persistimos.
Ya desde la época de la
Presidencia del Lic. Francisco Flores, el Director de la Policía Nacional
Civil, Lic. Mauricio Sandoval, advirtió que, de no tomarse en serio y en su
verdadera dimensión el problema de las pandillas, llegaríase el momento en el que,
el Gobierno, veríase obligado a negociar con ellos. Así, al enfrentar el problema, por razones de
doctrina jurídica y, de conveniencia política, se consideró a las pandillas
como un fenómeno delincuencial originado por la exclusión social y es, por habérsele
atribuido este origen a dicho fenómeno de las pandillas, que
al calificar sus actos como de delincuencia común, se pierde la perspectiva de
su verdadera dimensión: son un fenómeno de PODER EXTRA Y CONTRA SISTEMA, en
constante crecimiento. La delincuencia común y la organizada, transgreden la
ley, pero para vivir y disfrutar sus ganancias, dentro del sistema, con
pensamiento y valores sociales comunes, propios del sistema.
Es de hacer notar que
tal potencial político del fenómeno de las “maras” ya fue vislumbrado por
Mauricio Funes, durante su candidatura a la Presidencia de la República:
durante su campaña política, llegó a los penales para visitar a los pandilleros
como dando, a las acciones de éstos, una visión o justificación política; estas
visitas no pudieron darse sin la anuencia de las autoridades penitenciarias y
muy probablemente de Casa Presidencial. En aquel momento, las pandillas
alcanzaban ya una madurez política pues, en sus páginas web, desde esa época,
se describen así mismas, como descendientes ideológicos del FMLN guerrillero,
siendo ellos nuevos abanderados del espíritu revolucionario. Esta forma de
pensar, es producto de la justificación que se hace de su condición
extra-social que, tuvo principio en los primeros años de la pasada década, con el movimiento “Homies Unidos”, un intento
de “Save The Children” de buscar solución a la rivalidad de pandillas,
considerándolas un producto de la guerra en El Salvador y el cual, derivó en el
surgir de una conciencia propia que considera que es el sistema social, el
responsable de su condición humana pero que puede someter mediante su fuerza.
En este sentido podemos considerar a la “Mara Salvatrucha”, mucho más evolucionada que la “Mara 18”. La
evolución significa el grado de complejidad dentro de su organización y la
capacidad de utilizar los medios a su alcance para lograr sus fines y lo cual,
no significa que se somete al sistema político y social reconocido por el
Estado de El Salvador o a la comunidad nacional. Las “maras” crean su propio
sistema y escala de valores, con una visión propia y muy particular de la
sociedad, de la cual ellos,
voluntariamente no forman parte.
Prueba de estos
acercamientos políticos con las “maras” y que pueden significar un caudal de
entre 120,000 a 150,000 votos y, cuya fuerza
política ya se ha hecho sentir en las dos elecciones pasadas, pues candidatos a
Alcaldes han recurrido a ellos para su
triunfo electoral, es que, en los primeros días del mandato del Presidente
Funes, la “Mara 18”, hace un llamamiento al diálogo, mediante una entrevista
publicada en Radio Nederland. Días después, se incluyó el tema de las pandillas,
en la agenda de la Asamblea de la OEA, a celebrarse en San Salvador.
No es posible
considerar estos eventos como si fuesen de mera coincidencia: por el contrario,
se advierte un planeamiento meticuloso, tal
vez orquestado en el gobierno anterior y,
continuado eficazmente por el actual, a la espaldas de la Fiscalía General de
la República y, a despecho de la opinión
de la ciudadanía.
Conforme a la doctrina
jurídica, la mara posee PODER, es decir, tiene la capacidad de hacer
realidad su voluntad, es decir capacidad para “de ser posible” o “ser capaz de”, lo cual implica
que posee la facultad, habilidad,
capacidad o autoridad para llevar a cabo una acción determinada de su
“voluntad”. El poder implica también que se posee mayor fortaleza corporal
e intelectual en relación a otro individuo o colectividad y superarlo en
una lucha física o en una planeación estratégica. La “mara” ha probado su
superioridad física e intelectual, pues
puede matar, extorsionar, establecer
territorios, privar de libertad etc. sin que la AUTORIDAD DEL ESTADO, pueda oponérsele eficazmente, razón por la
cual, nuestras autoridades han preferido favorecer un pacto entre las pandillas
entre sí y, otro con el Estado, y que la
sociedad salvadoreña se haga cargo de su sostenimiento, en un proceso de
LEGITIMACIÓN DE SU PODER.
Considerar que existe, dentro del Estado, otro
poder, opuesto y más fuerte que el suyo,
es incomprensible pero aquí en El Salvador,
es una realidad. Sin importar
como se justifique la FUERZA de las
pandillas, estas ejercen más que una mera fuerza, pues la ejercen de una manera
organizada, permanente, conforme a la jerarquía propia de su organización y,
tendiente a lograr fines que van en beneficio de su colectividad y no, de un
individuo, lo cual permite afirmar que,
poseen un PODER, que no es LEGITIMO, pero
el cual, si continuamos en el camino trazado por el Presidente Funes y, expresado
por su Ministro de Seguridad Pública, dentro de un plazo, no muy largo, sí se
volverá un poder LEGITIMADO.
La fuerza en el
Estado, no sólo sirve para asegurar el
cumplimiento de sus órdenes, es también la condición de la libertad de las
decisiones de sus gobernantes. El Gobierno será débil, mientras no disponga de
una fuerza capaz de vencer todos los obstáculos que puedan surgir en su
interior, pues la legitimidad de su
mandato, estriba en el mandato soberano del pueblo, para lograr el bien común.
Las pandillas no
pueden, de ninguna manera ser consideradas – ni individuos ni grupos – como
ciudadanos con los Derechos propios de la ciudadanía, pues la primera condición
de ésta, es la sumisión al poder del Estado, mediante su sometimiento a la ley
vigente y a la autoridad de sus gobernantes. Esta sumisión es adhesión
voluntaria e individual, que nace de la
confianza en el sistema o simpatía de la misma autoridad en un sentido
psicológico, situación y condición que, no se da con la “mara”: la “mara” juega
con el gobierno como a un pulso de muñecas y éste, en vez de ejercer todo su
poder para vencerla, espera sumarla a su conveniencia o interés político: no
comprende que, la “mara” ha llegado a ser un PODER transnacional y que actúa
definitivamente, con una entelequia propia.
