Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Además del reordenamiento
territorial, el Gobierno planea, un cambio constitucional, modificando los
artículos pétreos: aquellos que establecen la forma del Estado, extensión territorial
y sucesión en el Gobierno y, su parte dogmática, que establece los derechos del
individuo, inclusive los derechos de propiedad privada, libertad religiosa y
garantías procesales. Una modificación constitucional que excedería por mucho,
las modificaciones anteriores a los Acuerdos de Paz de 1992 y, los cambios que
se introdujeron con la Constitución de 1983, con respecto a las Constituciones
posteriores a 1950.
Las únicas organizaciones
que poseen las estructuras, con capacidad de oponerse, son los dos partidos
políticos opositores mayoritarios (ARENA y el FMLN), los cuales pudieron
completar sus planillas electorales, en todo el territorio nacional, lo que
prueba su presencia nacional. Como sociedad civil, sólo podrían oponerse,
aquellas que son agrupaciones políticas, sin personería jurídica, pues todas las
que están legalmente establecidas: ASI, Cámara de Comercio, ANEP, FUSADES,
sindicatos etc., ya han sido silenciadas por la infiltración y espionaje, para ejercer presión directa a
sus miembros, mediante amenazas a sus empresas o a ellos mismos, en el caso que
hayan sido funcionarios públicos, en Gobiernos anteriores.
Para desestabilizar a los
dos partidos mayoritarios, se ha tratado de poner en duda el liderazgo de sus
cúpulas, acusándolos de corruptos y, creando división interna, haciendo
ofrecimientos de privilegios, a quienes colaboren en dichas acciones.
Los juicios por
enriquecimiento ilícito, buscan dañar la imagen de los líderes históricos del
FMLN y los procesos por sobresueldo, a exfuncionarios de ARENA, buscan la
disgregación de todos ellos, sobre todo si se “recomienda un distanciamiento de
todo aquel que sea señalado por el oficialismo, pues es quien tiene el 83% de
aprobación, según encuestas”, así ARENA se ha distanciado de Norman Quijano,
Alfredo Cristiani y otras personas que fueron relevantes, para el partido.
Para sembrar dudas sobre
la sociedad civil, sin personería jurídica, Joel Sánchez, ha afirmado que todas
estas organizaciones le habían solicitado dinero para hacer su campaña y, que
su candidatura, fue el resultado de una negociación económica con ARENA. En tal
sentido, al no tener el financiamiento proveniente de la deuda política y,
tener que enfrentar el gasto que implica la movilización de la defensa del voto:
en una reunión con todos los candidatos, Sánchez, afirmó que tenía la capacidad
para gestionar dichos fondos, resultando que el financiamiento del transporte y
alimentación, de la elección presidencial, fue pagada con fondos de los
candidatos, por lo que hubo una muy deficiente atención a los vigilantes de
ARENA.
La participación de la
sociedad civil, en la campaña, no fue organizada, sino a título personal de
cada miembro, apoyando a sus candidatos, en el ejercicio de su derecho
constitucional, razón por la que ninguna organización pudo haber solicitado
dinero para un apoyo organizado. La mención que hace de Resistencia, es porque
dicha organización no puede demandarlo por calumnia, ya que no existe en el
plano jurídico y en su seno se agrupan muchas organizaciones de la sociedad civil,
que ven con preocupación, los cambios que pretende impulsar el Gobierno y, de
esa manera, pretende crear un desprestigio sobre su dirigencia.
Tendrá que desarrollarse
una oposición coordinada, pues por ahora, el Gobierno ha procurado, mediante
ataques individuales, desarticular a quienes son disidentes, pero si no hay
unión, a aquellos proveedores del Estado que se les debe $ 1000,000,000.00, lo
perderán, a aquellos que están siendo perseguidos, irán a la cárcel y los $
9,000,000,000.00, no serán pagados a las AFP y los bonos librados a los bancos,
a corto plazo, por la liquidez al
disminuir del encaje legal, tampoco serán pagados.
