Publicación Acción

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miércoles, 11 de mayo de 2016

FINANCIAMOS NUESTRA PROPIA DESTRUCCIÓN.


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 11 de mayo de  2016.

Si  para iniciar la tregua, se financió a los cabecillas de las pandillas, con doscientos mil dólares ¿de cuánto sería para el país, el costo total de dicha tregua? Consideraremos que, según varios estudios publicados, cuesta a El Salvador esta violencia, como daño emergente, el 10.8% anual del PIB. Sólo el costo de la seguridad, es del 2% del PIB, siempre anual. Con tales cifras, y las pérdidas de lucro cesante, por falta de competitividad, asciende el costo, entre el 2009 y el 2015, al 71.8% del PIB. ¿Podría la tregua, llevar a la ilegitimidad del presente Gobierno?

Situación que es, fiscalmente insostenible y quien ha provocado esta descomposición social es el Gobierno, invirtiendo los fondos públicos sin control. Esta es contradicción, imposible de aceptar por los nacionales e, intolerable para los prestamistas del Estado; sobre todo si éstos esperan el retorno de dichas inversiones y es preocupación por haberse consumido fondos internacionales,  que se recibieron para ayuda y desarrollo.

El problema de las pandillas se inició poco después de los Acuerdos de Paz de 1992. Los Gobiernos anteriores a Mauricio Funes, las combatieron de manera ineficiente y errónea, pero sin financiarlas. Imposible es creer  que la visita del Presidente de la OEA a los pandilleros, fuese ajena al Gobierno y al conocimiento de Cancillería y que, el discurso de Mauricio Funes, en la ONU, no haya sido con el propósito de que le diesen apoyo a su proyecto de “tregua”, con las pandillas.

Las preguntas naturales son: ¿continuarán dando créditos al Estado de El Salvador, dado su riesgo país? ¿Estarán los cooperantes, anuentes a financiar obras en El Salvador, si el Gobierno gasta sus recursos propios y de los créditos, para favorecer el crimen organizado transnacional? El Gobierno salvadoreño confía contar con la inversión no  occidental (China continental) y, con el fondo de las pensiones, solventar su problema de caja. Hechos que plantean la necesidad de medidas extremas: la CICIES y mecanismos de contraloría alternos o ajenos al Gobierno. Estos dos mecanismos se derivan lógicamente, del razonamiento del mismo Gobierno: “no aceptamos ninguna injerencia extranjera o mecanismos que condicionen al Gobierno, porque sería un cogobierno”.

Y no lo son, ni la CICIES ni una supervisión de la empresa privada, en lo referente a los gastos de seguridad; son la adecuación de la democracia a una realidad política. Considera el FMLN, que el poder público ejercido por los funcionarios, debe ser total e irrestricto, lo cual no puede ser y, cuando los mecanismos normales fallan, porque son dirigidos por una misma entidad, dictador o poder centralizado, no existe la función de los organismos democráticos y, esta ausencia, obliga a contener ese poder, dentro de los límites constitucionales, mediante la función  de mecanismos alternos, no prohibidos por la Constitución.

Signo de su apoyo claro pero encubierto a las pandillas y, de su complicidad con ellas, es la negativa del Gobierno a destituir a los Ministros David Munguía Payés y a Arístides Valencia, por causa de sus vinculaciones con las pandillas. La gravísima cuestión es  ¿continuaremos sí, o no, financiando  con nuestros impuestos y préstamos, la consolidación de las pandillas, en detrimento de la seguridad del Triángulo Norte?


Consideremos otro punto: ¿Cómo juzgaremos unas elecciones que se realizaron bajo la coacción de las pandillas, cuya actividad fue financiada con fondos públicos? Si fue la coacción sobre más de seis mil personas, ¿Podría considerarse la ilegitimidad del presente Gobierno? Las investigaciones efectuadas por la Fiscalía General de la República, darán la respuesta.

lunes, 9 de mayo de 2016

TRES CORRIENTES POLITICAS Y SU EFECTO EN LAS PANDILLAS

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Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 9 de mayo de  2016.

Vívese actualmente en El Salvador, conforme a tres praxis políticas, cuyo análisis permite vislumbrar algunos sucesos futuros. Estas tres corrientes de pensamiento, basan su estructuración en el constante debate ideológico, frente a la realidad existente y los objetivos trazados. La primera corriente es  la del partido Gobernante, la segunda, corresponde a la oposición, claramente definida y, la tercera, a la de los socialistas disidentes.

Mantiene el partido Gobernante, la misma estructuración de fines y objetivos revolucionarios perseguidos desde 1962, año en que se decidió la expansión revolucionaria en Centroamérica, y que se ha desarrollado en cuatro fases: primero la subversiva, concebida en 1962, segunda, la lucha armada, definida en 1975, tercera, la toma del poder, estructurada entre 1988-89,  y cuarta, la consolidación en el poder, planificada desde el 2006.

Conveniente es para un correcto análisis atender, no a la fecha de realización  de los objetivos, sino a su concepción, planeación y definición teórica pues, a partir de allí, habrá una constancia en la que el tiempo no importa. Una vez trazados los objetivos, son inamovibles para serán los dirigentes futuros, estableciéndose, en la praxis política, una línea continua y firme.

Se encuentran hoy esta corriente, en la fase de consolidación, por lo que el poder económico, es decisivo en su arsenal político; más,  debido a su poca o ninguna capacidad empresarial, en todo antagónica a su lógica política, no ha podido, dicho poder, desarrollarse a plenitud. Creadas al amparo del dinero del ALBA, sus empresas sólo pueden subsistir al amparo del Estado y éste, por esa razón, ataca furibundo a la empresa privada, pretendiendo anularla, tildándola de enemiga política,  persecución que puede arreciarse en los próximos meses. El Gobierno considerará como su enemigo político, a todo movimiento, gremio o persona, que exprese una opinión contraria. Esta pétrea forma de pensar, no toma en cuenta la realidad económica y social imperante y, sus acciones, sólo empeoraran la situación nacional. La revisión de objetivos, sólo se hará, si se logra el control absoluto del Estado o se pierde el poder.

La segunda corriente es la de la actual oposición al Gobierno: la conforman todos aquellos que fundan sus ideas en los principios de libertad y de la propiedad privada. Algunas veces esta corriente, conformada por la mayoría de los salvadoreños, es fragmentada y discontinua en el tiempo, pues en diferentes momentos históricos, cambia su curso y modifica sus fines y objetivos, cambios que no serían trascendentes, si no existiese un enemigo que pretende destruirla, para crear una nueva realidad.

Esta corriente, seguida por la mayoría de los salvadoreños, es fragmentada y discontinua en sus acciones, estableciendo fines y objetivos de muy corto plazo, según sean las necesidades del mercado, ignorando cualquier amenaza de mediano y largo plazo. Sus acciones responden a las necesidades individuales y no, a las de la mayoría, lo que  les impide enfrentar convenientemente, cualquier amenaza común; reacciona cuando el peligro es patente para todos y, aún en esos momentos, no es clara la unidad de acción, porque algunos ven, en tal circunstancia, la destrucción de sus competidores internos  y, cuando hay debate, éste es superficial,  y públicos los ataques personales, con gran resonancia en los medios, lo que no abona  la unidad política, frente a un enemigo cohesionado y se procede así, dando  falsa apariencia de relevancia política.

La fragmentación y discontinuidad, han sido por causa de no fijar objetivos comunes ni definir planes coordinados de acción, a mediano y largo plazo, como resultado de un debate ideológico y de la aplicación de los principios de libertad, motivando las alianzas temporales, sostenidas sólo en momentos coyunturales. Esto aclara la causa de que la Izquierda tuviese la capacidad para ascender al poder: aprovecho los errores de los gobiernos de ARENA y hoy busca consolidarse, no obstante su galopante desgaste, aprovechando las divisiones existentes en el gran empresariado, el cual se ve en la disyuntiva de colaborar con quienes buscan su destrucción, pero que les permite tener utilidades a corto plazo o, sacrificar éstas, en favor de una estructura política no sólo minoritaria, sino también, sin visión política.

La tercera corriente es de la izquierda que no gobierna: ha ido formándose lentamente desde la transformación del FMLN en partido político, a partir de 1992. Su origen está en las rivalidades personales nacidas de las preeminencias de las organizaciones que conformaron el FMLN guerrillero y, a las que se han unido, otros grupos de izquierda, ajenos al movimiento armado.

Esta tercera fuerza, por su concepción ideológica y conveniencia, ve en las maras un segmento social, pero “excluido”, con el cual ha creado afinidad: grupo misántropo, cuyo actuar cotidiano es la transgresión del sistema normativo que nos rige. Mauricio Funes fue el primero que vio en este sector social, un potencial político y quien tomó  contacto directo con él, durante su campaña electoral y con la anuencia del ex - Presidente Saca, que consideró que era ésta, una gestión estéril, dentro de la campaña electoral.  

A esta tercera corriente responden todos los voceros de las maras: Raúl Mijango, el Padre Antonio Rodríguez Tercero, Paolo Lüers y también David Munguía Payés y Monseñor Colindres. Sin embargo, este último no seguía originalmente esta forma de pensar, pero fue arrastrado por dicha corriente, en su relación con las pandillas.

En la captura de Mijango y de toda la estructura que permitía los beneficios a los mareros, ha habido una aceptación general de la gestión del Gobierno, pero se va a revertir a mediano plazo, en cuanto poco a poco, se vayan conociendo las relaciones de las pandillas con el Gobierno, quien buscó en ellas, un apoyo político-electoral. Resultará como en España, las negociaciones secretas entre el PSOE y ETA, durante el gobierno de Zapatero (2004-2008), un desgaste político impresionante para el Gobierno. Mientras ETA estaba llegando a su fin, como entidad político-terrorista, aquí las maras están desarrollando su potencial, en vista de lo cual, es conveniente  analizar la cuestión más a fondo.

Un peligro a la seguridad Nacional es que las maras ya disputan el poder al Estado, lo cual ha trascendido las fronteras patrias, generando al Gobierno presión internacional, con la exigencia de que se las contenga; esta presión ha permitido que se conozcan muchos entretelones de la tregua. El FMLN, en esta coyuntura, busca cumplir tres objetivos: 1) contener a las pandillas, para destruirlas o someterlas, para una utilización futura 2) relacionar a las pandillas con la oposición política,  para revertir su propio desgaste y 3) manipular a ARENA para que apruebe, de manera irrestricta, todos los préstamos que solicita el Gobierno.

Para la desarticulación de las pandillas no será suficiente, la captura de las cabezas visibles de las negociaciones; creará ésta, un nuevo clandestinaje y cohesión entre las maras que tendrán que enfrentar a un enemigo común. Y se podrá hacer así, porque las acciones del Gobierno son limitadas y no suficientemente contundentes. Las pandillas están abandonando las ciudades y asentándose en las zonas rurales y también emigrando a Honduras. Al observar el número de enfrentamientos de la PNC y las Fuerzas Armadas con las pandillas, que van en ascenso y cada vez mejor estructuradas, no sería de extrañar que el contacto de éstas, con disidentes de la Izquierda, sean los que les están proporcionando los esquemas de guerra, usados durante el pasado conflicto armado.

Débese aclarar que ya no existe la polarización política en El Salvador, porque la lucha ideológica y política actual está, dentro de los parámetros normales del sistema democrático; sin embargo, las pandillas ejercen la violencia utilizando armas, lo cual prueba que existe polarización en la sociedad salvadoreña: a) mareros y sus allegados (400,000 personas) beneficiados con utilidades ilícitas y b) la población que sufre las consecuencias del actuar ilícito (5,500,000 personas). Esta situación encaja a la perfección, en los presupuestos que plantea el brasileño Carlos Marighella, en su obra “Guerra de Guerrillas Urbana”. Sólo una respuesta rápida y extensa del Gobierno, puede evitar que estos grupos delincuenciales, cambien a una lucha política y se cumpla así, lo que, en su visión plantea   Dagoberto Gutiérrez, dándose la “somalización” del país.  

La destitución y captura de los funcionarios implicados en la tregua y la de los particulares que colaboraron, no debe ser para castigar una ya pasada conducta, según un concepto penal, sino para evitar una amenaza presente,  a la Seguridad Nacional: en tal sentido, la remoción de los Ministros de Defensa y el de Gobernación son imprescindibles, pues con ellos aún existe la estructura que planeó la utilización política de las maras.