Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Los Decretos legislativos de los días anteriores,
encubren una inconstitucionalidad y, facilitan el máximo desfalco a la nación,
quebrando la institucionalidad y destruyendo la capacidad de resistencia
nacional.
Pretender encubrir un régimen de excepción, por medio
de una ley, es fraude de ley, pues si invocando ésta, se coartan la libertad
individual, de alimentación y el derecho al trabajo, a nivel nacional, dejando
a decisión de una institución de Gobierno, decidir sobre dichos Derechos, sin
la intervención del Órgano Judicial y Ministerio Público, implica la aplicación
del Art. 29 Cn. (suspensión de garantías individuales o régimen de excepción).
Más, si para lograrlo, se ha recurrido a negociaciones fuera del protocolo
legislativo (registro de la negociación o de argumentos expuestos), tenemos un
rompimiento constitucional.
Teniendo claro ya, el rompimiento constitucional, cabe
analizar las posibles razones internas para generarlo y, sus repercusiones internacionales.
Internamente, pretende encubrir el desfalco de fondos públicos, pues la
emergencia nacional, permite que el gobierno maneje a su antojo, todo gasto, endeudándonos
hasta más allá, de nuestras posibilidades. Si quiebra la Economía, desaparece toda
capacidad de resistencia social, generándose una sociedad sumisa, dominada por
hambre y miedo, a la voluntad de un tirano.
El evitar que el cuerpo social pueda opinar y, evaluar
las medidas sobre la pandemia, permite el desfalco a las finanzas del Estado, pues
mientras exista la emergencia nacional, los controles que da la LACAP, serán
inútiles y, más aún, si las restricciones que se mantienen, imposibilitan la
libre contraloría ciudadana. Los robos de Saca y Funes, fueron insignificantes,
hoy, tiene nexos con Bukele, toda empresa que aún funciona.
Debemos hoy, $ 24 mil millones de dólares, que eleva
nuestro endeudamiento al 90% del PIB, siendo muy riesgoso para los inversores, comprar
las nuevas emisiones de Bonos soberanos y, la solicitud de dinero, sigue incrementándose.
Muy probablemente, el Gobierno se verá en iliquidez a partir del mes de
octubre, obligándose a volverse más activo en el juego de la geopolítica
mundial, para conseguir donaciones o satisfacer la creciente necesidad de
liquidez. Los salvadoreños ya olvidaron los efectos de no pagar la deuda
externa. El General Maximiliano Hernández Martínez pago la deuda, para recobrar
la soberanía nacional. Si hay iliquidez, el Gobierno reservará los
dólares para las importaciones y usará el colon como moneda local, lo que
generaría una hiperinflación.
El dinero que como ayuda ha ofrecido el Gobierno a la
ANEP, no podrá entregarse si no se colocan los Bonos en el exterior y, esta
“ayuda”, podrá concretarse hasta el próximo año, pero las empresas lo necesitan
hoy, pues el 30% de ellas ha quebrado. Estas acciones tienen el fin de quebrar
la capacidad de resistencia política, y fortalecer el autoritarismo de Bukele; a
la larga, los impuestos los ahogarán. El IVA como mínimo, tendrá que subir al 18%
y las propiedades que dis ociosas, tendrán que ser vendidas o enajenadas en
favor del Estado.
Cada centavo que el Gobierno gasta, lo ha producido la
economía nacional anteriormente y las medidas populistas implementadas, tienen
por fin, destruir la capacidad productiva y cortar su resistencia social, hasta
el punto de aceptar cualquier medida, tal como se ha hecho hoy.
Hoy pueden vislumbrarse cambios en la educación,
cuando el Gobierno propone una moratoria en el pago de los colegios privados,
pues estos, que viven en situación económica crítica, por las exigencias del
Ministerio de Educación, tendrían que cerrar. Todo en conjunto, nos obliga a preguntarnos
¿realmente a donde nos lleva el Gobierno?, por hoy, para consolidar su
autoritarismo ha comprado a muchos diputados y destruido nuestras instituciones
políticas.
