Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
El caos que vive
actualmente El Salvador, y que puede acentuarse en los días subsiguientes; es desestabilización
perfectamente controlada, para probar la inoperancia del actual sistema
político, económico y social y, justificar
el forzar, a un cambio constitucional, que opere una transformación en la
estructura del país, iniciada ya, por la deliberación de los medios coactivos
del Estado y, la manipulación de las finanzas estatales, que ha provocado una
inercia social, que sólo augura, por el colapso económico nacional, una mayor
emigración.
Los troles de
Bukele, anuncian: “De aquí en adelante Decretos resoluciones y acciones anti
pueblo… deben de ser pasadas por “el arco del triunfo”. Este juego ya comenzó,
no tiene pueblo, policía ni Fuerza Armada”. Lo cual, prueba el control sobre el
caos que vive el país, dirigido desde Casa Presidencial, convirtiendo a Nuevas
Ideas, en su instrumento electoral.
El último pilar de
las instituciones del Estado, es la coercibilidad, nacida del imperio de la
ley, generando la coacción. Pero si la coacción es deliberante y no obediente,
asume las atribuciones de las otras instituciones del Estado, que establecen y
dirigen la vida social. Por ello, no deben ser permitidas las deliberaciones en
los actos del servicio. Los hechos del 9F y la desobediencia ordenada por
Bukele, en el Caso El Mozote, prueban la deliberación de la Fuerza Armada,
ejecutada por sus mandos, actos que recaen en la institución entera.
Al valorar, el
Director de la Policía, si es justificable, la no comparecencia del Ministro de
Hacienda a la Asamblea Legislativa o, si la presión que ejercen los
sindicalistas a la Alcaldía de San Salvador, es justa, asume atribuciones
propias del Ministerio Público y del Órgano Judicial, volviendo deliberante, a
la Policía Nacional Civil.
Con este quiebre
en la institucionalidad nacional, el Ejecutivo pretende extorsionar a las
Alcaldías, Órgano Judicial y a la Asamblea Legislativa, reteniéndoles los
fondos asignados en el Presupuesto General de la Nación. En el presente y,
según datos del Banco Central de Reserva, el Ejecutivo cuenta con poco más de
1500 millones, depositados en el BCR y en la banca nacional (sólo en agosto, ingresaron
mediante deuda pública, más de 800 millones a las arcas del Estado).
Situación que genera
un caos controlado, que va alimentándose sólo, pues las protestas de las Alcaldías,
afectan la vida cotidiana por los servicios que proveen. El fin de este caos
controlado, es justificar un cambio constitucional, que no sabemos lo que nos
traerá, sólo podemos especular, en base a expresiones anteriores: en su campaña
Bukele dijo: “No existen ni pastores, ni sacerdotes cristianos que valgan la
pena y, mucho menos, que vayan a ser tomados en cuenta para la realización de
nuestros planes para el futuro de la nueva patria”.
Dejó en claro, la
intención de cambiar la estructura nacional y, por los vínculos que se han
fortalecido con el mundo islámico, en el último año, es muy probable que, el
financiamiento futuro de El Salvador, provenga de intereses árabes y sus
aliados geopolíticos. Lo cual cambiaría el contexto actual, no sólo en el
interior del país, sino en el exterior: se vería agravado, por una repatriación
masiva.
La falta de
respuesta política ante estos acontecimientos, sólo puede ser explicada por el
“efecto manada” o “de arrastre”, (inducido por la manipulación de la opinión
pública) que es la tendencia a aceptar como válidas, las ideas de la mayoría,
sin analizar si son correctas desde el punto de vista lógico. Todo esto es
posible, por carecerse de liderazgo claro, basado en la ideología fundada en
los principios de libertad, que sustenta el Estado de Derecho.
