Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICICACION ACCION
Con sus diferentes acciones, el Gobierno pretende que la
sociedad salvadoreña sea descartable: interesa sólo quienes sirvan a los propósitos
del Estado, los cuales son de variados géneros: desde consideraciones sobre la
existencia humana, hasta la eutanasia y, la capacidad de generar utilidades,
dentro de su sistema económico, excluyendo las estructuras políticas
democráticas, por un sistema autocrático, que pretende dominar la vida
cotidiana, suprimiendo las libertades individuales y así, ofreciendo la
migración, como única alternativa a su sistema.
Pretender que la vida humana comienza, cuando
criterios médicos lo establecen y no, desde el instante mismo de la concepción,
crea personas “descartables”, y se aplica igual criterio al autorizar la
eutanasia, pues las personas que ya no sea útiles al sistema o estorben a otras,
podrán ser “descartadas”.
La Ley Bitcoin, divide a los salvadoreños en dos
sociedades: la que posee la capacidad cognoscitiva o económica, de entender y
adquirir la tecnología y, quienes no tienen capacidad económica ni entienden su
mecanismo, por lo que esta es, población “descartable”, dentro del sistema
económico nacional.
Si se posee la capacidad economica suficiente, para
actuar dentro del mundo económico que pretende el Gobierno, no se será excluido.
Por esta razón, varios troles del Gobierno, han dicho que, si no se quiere la reelección
de Bukele, o el Bitcoin, pues que “vayan buscando a que país se van”: excluyen
a los salvadoreños, de su patria siendo “descartados” y en sentido jurídico, vuélvense
“apátridas”.
Los salvadoreños en el exterior, serán útiles, si
envían sus remesas por medio de la billetera electrónica del Gobierno, que le
dejará grandes ganancias; por lo demás, son ciudadanos que, no teniendo en El
Salvador condiciones, para su superación, han emigrado en su búsqueda. Estos
podrían considerarse doblemente desplazados, primero de sus lugares de origen
en El Salvador y luego, por el presente Gobierno, que ve en ellos, solo su
potencial económico, así que es una población “descartable”.
Las personas que habitan en los municipios que será
denominados “Zona Económica Especial”, controlada en un futuro, por una
potencia extranjera, serán personas “descartables” en beneficio del Estado. Los
que habitan hoy en las líneas férreas, tendrán que desalojar sus viviendas para
dar paso al tren anunciado por el Gobierno, por lo que son personas “descartables”.
La propuesta de la Defensoría del Consumidor, de elevar
el techo de la exoneración de impuestos, a quienes ganen menos de $ 1,000.00,
sería sensata, pero si se piensa en aumentar los impuestos a lo que el Gobierno
considere “comida chatarra” y bebidas carbonatadas, o a los más ricos (sin especificar
su fuente de ingresos, ni los montos a grabar), los de menor ingreso son
necesarios, para justificar el alza en la inflación y los ricos, también son
necesarios, para que su riqueza, pase a manos del Estado.
Los despidos masivos de empleados públicos, se deben a
que consideran innecesarios a quienes no son de Nuevas Ideas: son ciudadanos “descartables”. Los mayores de
60 años, también son “descartables”, porque no pagan seguridad social, por el
contrario, la consumen y su pensamiento, desarrollado en los valores patrios
tradicionales, no está acorde con los criterios de los “Millennials” que domina
Nayib Bukele: son “descartables”.
Un Estado, no puede sustentarse en la exclusión de su
sociedad, pues esta funciona de manera integral y no, sólo con una parte de
ella. Nonatos, niños, adultos y ancianos, cumplen una función social, igual que
ricos y pobres, comerciantes, industriales, asalariados y jornaleros.
Crece la organización de la sociedad “descartada”, en
la misma medida que el Gobierno profundice sus reformas autocráticas, crecerá
la resistencia social, porque la Patria, libre, soberana e independiente, no
debe perecer.
