Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
El caso El Mozote, y el caso Jesuitas, como procesos
penales, han sufrido un continuo boicot, que ha impedido que la justicia, por
medio de la aplicación del Derecho, logre su objetivo, pues la política y, los
factores económicos resultantes, han deformado los procesos, con la pretensión
de construir una realidad, que se ajuste a intereses políticos presentes y, que
concuerde, con estructuras ideológicas preconcebidas.
En el caso El Mozote, se encuentran enjuiciadas
personas que no participaron en los hechos o cuyas órdenes, impartidas como
mandos superiores, sólo señalaban la recuperación del territorio, proclamado “territorio liberado” , por la insurgencia y,
sobre el cual ésta ejercía control por medio de las armas, reclutando de manera
forzosa a sus habitantes, aunque éstos no tuviesen la capacidad de ser
combatientes, exponiéndolos, de esa manera, a los rigores de la guerra.
El caso Jesuitas, fue juzgado bajo la observación
diplomática, especialmente de España y Alemania, en coordinación con la Iglesia
Católica. Se verificó la transparencia del proceso, seguido en el Juzgado 4° de
lo Penal, resultando en la condena de los implicados y únicos responsables
(según la investigación policial y judicial). Sin embargo, en la presunción
política de una “conspiración gubernamental”, se ha pretendido reabrirlo cuatro
veces más, terminando con sentencias, que cierran en cada instancia, el proceso
definitivamente, pero que, en el presente, se da una quinta reapertura.
El incidente del Mozote, inició como un señalamiento
de violación a los Derechos Humanos, para evitar que se ejerciese presión
militar, sobre los territorios que reclamaba la insurgencia. El Mozote, fue
sobre el control territorial que pretendía el ERP (Ejército Revolucionario del
Pueblo). El Mozote inició como una operación de contrainteligencia del FMLN, y
luego de los Acuerdos de Paz de 1992, se convirtió en el centro de la Justicia
Transicional y Restaurativa en El Salvador, la cual permitiría, sostener la
industria de las reclamaciones por Crímenes de Guerra.
En muchos casos, la reclamación de daños e
indemnizaciones por Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad son tan grandes, que
justifican procesos que dilatan años y, sostienen a organizaciones que se lucran
de ello.
La principal organización que realiza esta industria,
es el Centro de Justicia y
Responsabilidad (CJA), que recibe subsidio de la Unión Europea, donaciones particulares y la mayor parte de
las reclamaciones contra los condenados, que finalmente, terminan pagando los
Estados. Funciona como una controladora o “holding” transnacional, pues al
rastrear a los querellantes en cada caso, siempre se termina en el CJA, que
también ejerce su influencia, en los distintos organismos que señalan o deciden,
sobre violaciones a Derechos Humanos y Crímenes de Guerra.
El caso El Mozote, ya debería haber sido cerrado, pues
ya lleva casi cinco años, en fase de Instrucción y, ésta no avanza, ni es
diligenciado por el Tribunal al que corresponde la jurisdicción y, por lo tanto,
no es competente. Pero sí es necesaria una condena, para que procedan las
reclamaciones civiles contra el Estado, pues éstas condenas serian el resultado
de actos del servicio activo, por órdenes del Estado.
Al ser los procesos politizados, siguen la
conveniencia de los intereses del momento, por eso se ofrecen pruebas que no
existen, se ocultan las reales, se impiden las diligencias judiciales o se
fuerzan éstas, contra Derecho.
Mientras no cerremos nuestro pasado, se continuará utilizándolo,
para cubrir las arbitrariedades del presente y, justificar cuantiosas
reclamaciones al Estado, como la que favorecerá directamente, a la actual
Canciller.
Sólo librándonos de las cargas del pasado, podremos
enfocarnos en las arbitrariedades del presente y no desangrar más, las arcas
del Estado.
