Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La guerra es un conflicto
armado entre dos o más países o facciones y no, cuando el Estado impone orden
social, en base a la Ley o la necesidad pública, tampoco hay guerra, cuando el
Estado, mediante sus controles institucionales, persigue el cohecho y se aplica
la contraloría pública.
El Presidente Bukele, en
pocos meses ha llamado dos veces a la guerra: primero, contra las pandillas,
como si no fuese obligación del Estado, mantener la paz pública, en cumplimiento
del Estado de Derecho, según lo indica la Constitución. Ahora llama a la guerra
contra la corrupción, sin perseguir la que hoy, realiza el gobierno, pero lo
endereza contra sus rivales políticos y comerciales. Estamos siendo arrastrados
a una verdadera guerra.
La amenaza de extinguir
262 municipios y crear 44 nuevos, implica la derogatoria tácita del calendario
electoral y, la suspensión de las elecciones. La supresión de diputados implica
la modificación del pluralismo político y, una nueva estructura representativa
nacional, muy diferente de la actual, cuyos principios se desconocen, pero deben
de estar enunciados en el nuevo proyecto de Constitución, desconocido por la
totalidad de la nación salvadoreña pero del cual, ha insinuado el vicepresidente,
Félix Ulloa.
Dichas modificaciones,
acarrearán un cambio en todas las legislaciones: electoral, municipal,
tributaria, incluyendo los registros de ciudadanos y lo relacionado con las
disposiciones sobre el uso del suelo, la planificación urbanística y, todo lo
relativo al Centro Nacional de Registro, provocando confusión en los catastros,
pues la nueva distribución, no ha tomado en cuenta los límites arcifinios, sino
intereses políticos del Gobierno.
Esta situación ha creado
dos facciones: la que procura la destrucción de la nación, para sumirla en un
caos de autoritarismo y, quienes desean el orden y la estabilidad para lograr
el desarrollo humano. Por esta razón, el presidente Bukele, arrastrando está al país, a una guerra.
Su popularidad ha
descendido a un 40%, razón que le impulsa a realizar actos, cada vez más teatrales
y descabellados, como arrastrarnos al caos, mientras se asegura un Régimen de
Fuerza, que procura mantener, satisfecha a la tropa, pero rompe la unidad con
la oficialidad: situación, que puede volver inestable la verticalidad del
mando.
Uno de los propósitos de
beneficiar a la tropa y no, a la oficialidad, es quebrar esa disciplina, con la
intención de que la tropa, sea política y leal, a los intereses de quien le
paga, e incita a romper la apoliticidad de la Fuerza Armada. Veteranos,
activistas del oficialismo, han abogado por la participación política de la
tropa, sin atender a la función institucional de la Fuerza Armada.
Este desorden, que ha
dejado en suspenso todas las candidaturas y la participación política de los
partidos políticos, hace irrelevante toda discusión sobre las candidaturas
presidenciales, diputados y alcaldes. Una situación que obliga a todas las
fuerzas a aglutinarse en dos posiciones diametralmente opuestas: quienes
defienden la Constitución y quienes defienden el autoritarismo.
El oficialismo, busca en
este tiempo, formalizar el mayor número de partidos políticos que respondan a
los intereses de Bukele, que son claramente identificables, pues son los únicos
que poseen los medios para una campaña política tradicional: fiestas,
transporte, acercamiento a comunidades con láminas, camisetas y activismo
político pagado.
La creencia de un cambio político
por la vía electoral, ha finalizado y la confianza de que un solo candidato
pueda aglutinar a la oposición, también se ha desvanecido, lo que nos arrastra
a una confrontación entre dos facciones: el resultado, dependerá de la
capacidad de cohesión de la oposición y, la capacidad de mantener la
estabilidad económica del país, por parte del oficialismo.
