Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La gobernanza, es proceso
de Gobierno, ejercido mediante sus instituciones, que deciden y regulan, los
asuntos que atañen a la sociedad, buscando soluciones, conformes al consenso nacional,
o sea, el Bien Común. La gobernanza finaliza con un proceso normativo y de legitimación,
que da origen a una revisión y evaluación posterior del proceso de gobernar.
Sin gobernanza, no hay garantía de estabilidad política o desarrollo social,
como consecuencia del desarrollo económico.
Según el Gobierno, la
participación electoral, fue del 30%, pero en realidad fue del 21.85%, de
cualquier modo, es insuficiente para asegurar que la participación ciudadana
garantice la estabilidad que necesita el país, la cual es base para las
inversiones y confiabilidad sobre la previsibilidad del Gobierno, en cuanto a
sus políticas públicas.
En la elección del 3 de
febrero, se dijo que la diáspora salvadoreña, había apoyado en un 97% la
reelección de Bukele y, que la votación había sido del 51%, cuando en realidad,
si descontamos la votación de la diáspora, la cual fue manifiestamente
manipulada y si se miden las discrepancias entre los votos contados por los
vigilantes de los partidos políticos, con las actas presentadas por Nuevas
Ideas y, validadas por el TSE, resulta que la votación no pudo ser mayor del
30%.
Así se explicaría que el
fraude estructural tuvo dos objetivos: ganar las elecciones y legitimarlas,
para crear una imagen de gobernanza, o sea que las instituciones públicas
funcionan conforme a Derecho y son legítimas, porque las políticas públicas, deben
ser acatadas voluntaria y obligatoriamente por la población. Esto es esencial
para garantizar a los inversionistas extranjeros, sus intereses, pues ninguna
inversión se realiza en un país en conflicto o, con un gobierno ilegitimo,
sujeto a algún cuestionamiento.
El régimen de excepción,
se ha vuelto permanente, o sea que los salvadoreños careen de derechos frente
al Estado, por lo tanto, sus necesidades, no pueden ser resueltas mediante las
acciones institucionales, sino por voluntad exclusiva del gobernante, conforme
a sus intereses. Esto genera una insatisfacción social creciente, la cual
degenerara en algún momento, en inestabilidad y anarquía.
Para agravar la
situación, el desaparecimiento de los 262 municipios y la creación de la
Dirección de Obras Municipales, ha destruido el municipalismo, quedando la
solución de los conflictos locales, a discreción del Gobierno central. El
municipalismo era un amortiguador social, que permitía descargar
responsabilidades e insatisfacciones en los alcaldes y sus consejos, por lo que
sus cambios, servían de alivio social y obligaban a solventar los problemas más
visibles del municipio.
Al disminuir la
participación de los políticos locales, ha disminuido también la participación
ciudadana, además del convencimiento de que su participación, no servirá para
un cambio en las políticas públicas. Es el inicio de la inestabilidad, por
insatisfacción social.
Esto obliga al
oficialismo, a controlar cualquier atisbo de oposición: ya controla a las
gremiales empresariales y sindicatos. Ahora controla a los partidos de falsa
oposición, a su antiguo aliado GANA, le ha disminuido poder electoral y por
ello, pretende controlar a ARENA, sugiriendo que su dirigencia debe cambiarse,
para permitir al partido, girar en apoyo del oficialismo, para construir una
oposición “propositiva”, como lo ha dicho Joel Sánchez.
Un giro en este sentido,
podría ser claramente conveniente al oficialismo, pero legitimaria el régimen
de excepción permanente, y legitimaria los asesinatos y la represión desde el Gobernó,
legitimaria las expropiaciones, que ya están planificadas y legitimaria el giro
geopolítico, hacia la autocracia y los intereses islámicos.
La gobernanza asegura la
solución de todos los conflictos sociales, con sus necesidades, en respeto a
los Derechos Humanos y la propiedad privada.
