PRINCIPIOS TRIBUTARIOS
Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Las bases de la
tributación son: equidad, igualdad, certeza y economía, desarrollándose en un
sistema económico saludable y, en crecimiento. La tributación es base del
Derecho Público: es la relación soberana del Estado, con el individuo que
sostiene al Estado, que es ente superior rector, cuya finalidad es servir a la
persona humana. Esta relación, no se cumple hoy, en El Salvador: porque
actualmente, la relación entre el Gobierno y el individuo, es como de soberano
y vasallo, creándose un sistema feudal de tributación, que no tiene relación
con la concepción moderna del tributo, cuyas bases son los procesos
democráticos, transparencia y eficiencia.
Si bien el Órgano
Ejecutivo, no ha presentado a la Asamblea Legislativa, un alza a la tarifa
tributaria, las municipalidades, que son parte del Ejecutivo, están aplicando
tarifas no aplicadas anteriormente, ya sea porque son Derecho Positivo no
Vigente (derogadas tácitamente, inaplicables por alguna inconstitucionalidad o,
que conllevan una doble tributación). Esta aplicación de tributos, implica la
deconstrucción de la Ley y un alza tributaria, en una economía en crisis.
La economía salvadoreña, sólo
equilibra su balanza de pagos por las remesas. Los gastos del Gobierno, no
están equilibrados, pues se complementan con préstamos. Los gastos del Estado,
están apalancados (financiados por la suspensión de pagos a proveedores). El
Gobierno, necesita maniobras financieras para tomar de fondos privados (fondos
de pensiones o de depósitos de largo plazo). Todas estas condiciones, no
permiten una economía sana (el resultado de la iniciativa privada que crea el
ahorro, la inversión y puestos laborales).
La economía sana, es la
que asegura que exista una capacidad tributaria óptima, basada en una economía
sostenible y que no sea confiscatoria. Existiendo una economía sana, es
necesario que la tasación tributaria, siga el proceso democrático, o sea que
exista la debida proporcionalidad, de acuerdo con la racionalización y
transparencia del gasto público, con los mecanismos de contraloría, con
capacidad de ejercer un debido control, o sea que, si hay exceso tributario,
éste pueda ser corregido administrativa o judicialmente.
Las Municipalidades, al tazar
impuestos, en base a la extensión de terreno utilizado, impedir el libre
comercio en su municipio, establecer “zonas para determinadas actividades”, está
suprimiendo el derecho de propiedad y estableciendo un tributo, sin relación con
la generación de ingresos de los inmuebles, por lo que es un impuesto
confiscatorio.
Estas Municipalidades, al
tazar impuestos que no son recurribles o apelables, por la ausencia de una
división real de poderes, violan el principio político del tributo, limitando
el derecho de propiedad, en su uso y usufructo. La falta de transparencia en el
manejo de los fondos públicos, convierte el impuesto, en una exigencia directa
de las necesidades del Gobernante y no, para el sostenimiento de un Estado
moderno.
El aumento de impuestos
en crisis económica, frenará aún más la economía, creando una mayor crisis, de
la que ya se vive. El actual proceso económico que establece el Órgano
Ejecutivo, es una economía mixta, que inevitablemente llevara a mayor
intervencionismo estatal, para corregir los errores económicos, creados por el
Gobierno. Ayer fue la regulación sobre la canasta básica y otros servicios,
mañana, sobre la contratación y otros derechos.
Las ofertas económicas
que da el Gobierno, son las financieras, relacionadas con el bitcoin o las micro
inversiones electrónicas, mientras el sector informal agoniza, el agro muere,
nuestras exportaciones decaen y, las grandes empresas, migran, quedando sus
operaciones en El Salvador, muy limitadas y secundarias, en sus esquemas de
negocios.
El Salvador, está
quedando para el salvadoreño, como país estéril, mientras sus Gobernantes tienen
dudosas relaciones con el crimen organizado y, estrafalarios gastos.
