Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓNACCION
Analistas
oficialistas, exponen que la “externalización” de los servicios carcelarios
salvadoreños (ofrecerlos al servicio de potencia extranjera), es una forma de
industria estatal lucrativa para el país; beneficiosa para la seguridad global
y acorde con la política norteamericana, de la que espera El Salvador, provenga
ayuda diplomática internacional. Esta nueva política carcelaria merece un
análisis, pues presenta muchos problemas, de los cuales, se derivarán
responsabilidades para los funcionarios salvadoreños.
La
“externalización” es un concepto económico, que se describe como “encomendar la
realización de tareas o servicios propios a otra empresa”. La detención,
reclusión, o internamiento, es la privación temporal de la libertad de una
persona por parte de una autoridad competente, por lo que es un acto exclusivo
de la soberanía de un Estado. Esto implica que solo el Órgano Judicial,
puede ordenarlo o se inicie por un acto administrativo para luego
judicializarlo.
Si la prisión
de los deportados, se originó en Estados Unidos de forma administrativa, pero
un Juez Federal, emite una resolución sobre su no deportación, es que el Órgano
Judicial estadounidense considera que están sujetos a la jurisdicción de
Estados Unidos, aunque dicha resolución fuera materialmente incumplida.
Si los
deportados volaron en nave con bandera de Estados Unidos, hasta que pisaron
suelo salvadoreño salieron de la jurisdicción de dicho país, y es en ese punto
donde las cosas se complican. En Estados Unidos hay consenso en que dichas
personas fueron “depositadas” en El Salvador, o sea, siguen a la orden de
Estados Unidos, pues si no fuera así, al pisar suelo salvadoreño, su libertad
estaría garantizada.
Al ser su prisión,
a petición de un Gobierno extranjero y continuar esta en el país, se da la
externalización del servicio carcelario, o sea estas personas están detenidas
contra la legislación salvadoreña y por disposición de la norteamericana, con
la consecuente responsabilidad no solo de la detención, sino de lo que les
suceda en El Salvador, la responsabilidad va desde los funcionarios
salvadoreños hasta los funcionarios estadounidenses, por lo que se les puede
aplicar la Ley de Estados Unidos a nuestros ciudadanos que han participado en
esta situación. En El salvador, es un caso de “Plus Super Omnia” (poder
superior a la soberanía) y en Estados Unidos de “Rusticis pro exccesu imperii”
(responsabilidad por exceso en el ejercicio de la soberanía), en ambos casos,
los antecedentes sólo se encuentran en el Derecho antiguo.
Esta situacion
claramente ilegal, tiene como razón un pago, por lo cual, El Salvador, al
alquilar sus cárceles, alquila una función soberana y el funcionario, en su
carácter personal adquiere responsabilidad de Crímenes de Lesa Humanidad, en
responsabilidad directa con quien le ha contratado.
Las razones
por las cuales Nayíb Bukele realiza acciones de este tipo, es para que se olvide
que ha ofrecido a China ser parte de la Ruta de la Seda; a Rusia, ser parte del
desarrollo nuclear en Centroamérica junto a Nicaragua; a ofrecido a inversionistas
ser el centro de la explotación de la criptominería usando energía de los
volcanes; a asegurado a canadienses la explotación de oro y plata y a los
salvadoreños, proyectos de inversión financiera por medio del Banco Central de
Reserva.
La realidad
bajo estos proyectos fantásticos es que tenemos: oficiales estudiando con el Ejército
Rojo de China, asimilando su visión militar antinorteamericana; el país utiliza
su economía para el lavado internacional de activos; y que sin el Régimen de Excepción
sería imposible ejercer la gobernanza, pues es un país coaccionado. La economía
colapsa por las decisiones manadas por el Gobierno.
El Gobierno
salvadoreño necesita hacer de la internación, su modelo de Gobierno y
desarrollo económico.
