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jueves, 31 de enero de 2013

EL GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, EL PRIMER VETERANO DE CENTROAMÉRICA


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 31  de enero de 2013.




El 28 de diciembre del año recién pasado, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto N° 203, por el cual se declara “DÍA  NACIONAL DEL VETERANO DE LA FUERZA ARMADA”, el 31 de enero de cada año y, en una muy breve exposición de motivos, en el considerando II dice: “Que la Fuerza Armada desde su creación, la han constituido hombres de honor y valentía, que han servido con patriotismo, sacrificio y lealtad a la nación, en defensa de los altos intereses de la república; considerándose como veterano, aquél que ha estado de alta en las Fuerzas Armadas, por medio de una orden general, cualquiera que haya sido su función, pasando a una situación de retiro, o que haya dejado de prestar sus servicios activos a la Fuerza Armada”.

Como vemos,  el concepto de “veterano”, se aplica al militar que lleva un tiempo sirviendo en filas y conoce, en profundidad, la vida de cuartel.  Y, también titúlase como veterano a la persona que ha combatido en una guerra. Y aplicando  mejor el concepto de veterano militar, vale decir que, veterano es toda persona que, en el cumplimiento de su deber constitucional e institucional, ha representado el interés último del Estado, volviéndose su instrumento directo: el ejerció del poder legítimo, mediante el uso de la fuerza; y esto, en razón de lo que se expresa en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador,  ya sea de forma directa (ARTÍCULO 2.- En tiempo de guerra la Fuerza Armada cumplirá su misión Constitucional, asegurando mediante campañas y operaciones militares la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio.) o, indirecta (ARTÍCULO 3.- En tiempo de paz la Fuerza Armada coadyuvará al desarrollo y la promoción de las políticas y objetivos de la defensa nacional, y excepcionalmente el mantenimiento de la paz interna. Organizará, equipará e instruirá Unidades en situación activa y de reserva, capacitándolas para cumplir la misión en tiempo de guerra).

Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de la Fuerza Armada de El Salvador y sobre quienes recae tal honrosa calidad. La primera aclaración pertinente es que la calidad de veterano, es exclusiva de quienes han pertenecido a la Fuerza Armada  de El Salvador, y no, de quien han combatido  o quienes  hayan combatido en contra de la fuerza legítima del Estado de El Salvador. La diferencia estriba en que la Fuerza Armada, ha ejercido la fuerza en representación del Estado, mientras que, cualquiera otra persona o personas, ha o han ejercido violencia por la defensa de una ideología o de intereses propios o de grupo, pero en ningún momento posee la representación nacional; y, en segundo lugar, la convicción personal del veterano no se traduce en sus actos de servicio, pues sólo actúa de conformidad con el poder político, ceñido a la Constitución.

Teniendo muy cercano  aún, el fin de la Campaña Militar 1981 – 1992 (31 de enero de 1992, según el Parte a la Nación, dado por el Ministro de  la Defensa, General René Emilio Ponce), es natural que todos los que en aquel momento combatieron al Estado de El Salvador, quieran señalar como actos ilegítimos, todas las operaciones realizadas por la Fuerza Armada de El Salvador; sin embargo, para evitar la continuidad del conflicto, se tendió un velo de perdón y olvido, fundamento de los Acuerdos de Paz de Chapultepec. No obstante, este velo no oscurece las acciones de la Fuerza Armada, ni resta legitimidad a sus acciones, pues el valor de las mismas puede sólo apreciarse bajo la visión jurídica de la época y no, a la luz de las teorías modernas, que tienen propósitos políticos actuales.

El honor de ser los primeros defensores de los principios libertarios de Centroamérica corresponde a San Salvador y San Vicente, por lo cual, con mucho orgullo podemos afirmar que la primera defensa de la libertad Centroamericana corresponde a El Salvador, en la acción de La Batalla de El Espinal, del 11 de marzo de 1822.

El Comandante en jefe fue el  entonces Coronel Manuel José Arce y Faboaga, quien junto a sus 800 oficiales,  sub - oficiales y  personal de tropa, libraron la primera batalla en defensa del territorio patrio centroamericano, bajo los principios liberales proclamados en el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1921. El hecho de ser veterano de una campaña militar,  concede honor y gloria imperecederos a todos sus protagonistas: mientras ellos  viven, su ejemplo mueve el valor de los demás y, cuando mueren, sus virtudes militares, son  inmemorial ejemplo para el heroísmo de las generaciones futuras. El militar, con todo y ser una persona corriente que debe atender  a sus necesidades de vida personal, es sobre todo, un hombre público, un funcionario del Estado; del Estado como Nación, como totalidad de los ciudadanos; así, esta condición, no es suya sólo cuando  viste el uniforme, trasciende también sin disminuir, hasta el último de sus días y le inunda de gloria después de  su muerte.

Son muchas las virtudes que ha de poseer el soldado en su vida militar, pero, cuando ya ha participado en una campaña y recibe la categoría de veterano, ha probado poseer dos virtudes militares que le dan superioridad ciudadana: la fortaleza y la humildad. La fortaleza, durante las acciones militares y, en la responsabilidad de sus actos, pues cada uno de ellos, implica la interpretación y aplicación de la ley, según el bien común, dictado por las autoridades civiles de la época. La segunda, es la humildad, pues no espera recibir ningún honor por los actos realizados, a no ser por la satisfacción de haber cumplido con su deber, en beneficio de la patria y de sus conciudadanos.

Desde la Batalla del Espinal, hasta la participación en Iraq y Afganistán, en nuestros días, podríamos enumerar una  campaña por generación, lo cual confirma la necesidad de la existencia de la Fuerza Armada de El Salvador, para cumplir no sólo con sus obligaciones Constitucionales internas, sino también con sus obligaciones frente a la comunidad internacional.

La elección del 31 de enero como “El  DÍA  NACIONAL DEL VETERANO DE LA FUERZA ARMADA”, no ha sido la más apropiada, pues intrincadamente alude a la Campaña Militar 1981-1992, cuando el señalamiento de ese día, debe de ser universal para El Salvador y Centroamérica, y, especialmente, para todas las campañas en las que ha participado la Fuerza Armada de El Salvador. La Historia señala el día 14 de diciembre de 1847 como muy apropiado, pues en ese  día en que falleció el  del General Manuel José Arce y Faboaga, fundador del Ejército nacional y creador de nuestra primera insignia patria. Su visión político-militar lo concretó en el lema: EL EJERCITO VIVIRÁ MIENTRAS VIVA LA REPÚBLICA; lo que expresa que; si no hay nación organizada, no hay Ejercito, pues precisamente la misión del Ejército es sostener a la República, aún a costa de su vida, así para honrar y glorificar a nuestro prócer, el día del Veterano debería aludir a su heroísmo y ejemplo, que han imitado las generaciones posteriores de militares salvadoreños

La oposición a que el 14 de diciembre, fuese el día del veterano militar, estriba en que se reclama dicho día para la celebración de las acciones del Mozote. Sin embargo, si vemos esas acciones a la luz de la Historia, tenemos que, en aquel momento, en esa zona, se pretendía segregar el territorio nacional, para que pudiese ser declarado, ante las naciones extranjeras: “territorio liberado” y dar así a la insurgencia, legitimidad de lucha. Razón de más para consagrar en esa fecha el heroísmo del veterano en ese día, pues el General Manuel José Arce y Faboaga, jamás hubiese permitido la segregación del territorio nacional, pues se definió en ese día, la integridad del territorio nacional en época reciente. Y esto ha sido a costa, no sólo del sufrimiento físico del veterano militar, sino también del sufrimiento moral, pues por la acción del Mozote, ha traído acusaciones de crimen, por quienes en su momento, quisieron la segregación nacional.

La función de la Fuerza Armada, está expresada en la Constitución de la República y en su Ley Orgánica. Ahora bien,   las consecuencias para quienes atenten contra la seguridad e integridad del Estado, será  responsabilidad de quienes las realicen, pues la función de la Fuerza Armada, es conjurar la amenaza, para salvaguardar la integridad del territorio,  el ejercicio del poder legítimo y la integridad física de sus ciudadanos junto a sus derechos.




lunes, 10 de diciembre de 2012

NEGOCIACIÓN CON LAS MARAS: ¿SOLUCIÓN CORRECTA?



Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 10 de diciembre de 2012

El Gobierno ha negado insistentemente, estar negociando con las Maras  y,  el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, General David Munguía Payés, expresa: “nuestro Gobierno no tiene como política sentarse con pandilleros, ni con criminales, ni con terroristas a discutir los temas de violencia”. Pero a continuación agrega: “Generamos los espacios para que la Iglesia Católica y la sociedad civil pudieran desempeñar ese rol y ver si podían ellos detener esa guerra entre las pandillas”. Lo cual constituye a Monseñor Colindres, Mijango y Munguía Payes, como Embajadores o emisarios ante la Mara, del Gobierno, no obstante que, públicamente, se insista en negar dicha negociación y aceptar tal calidad.

El hecho de que el Estado de El Salvador, ha recurrido primero, a la fuerza  de Seguridad Pública,  después a su Fuerza Armada y, por último, a la negociación; es prueba de que ha fracasado en una de sus principales misiones: mantener la paz pública y que prevalezca la ley en el territorio nacional por sobre cualquiera otra voluntad y esto, sin importar la causa o causas del fracaso: legales, judiciales, de presupuestos, cooperación institucional, estratégicas, tácticas y operativas. La proliferación de las Maras, primero en los Estados Unidos, luego en El Salvador, y después en otros países latinoamericanos, ha obligado al Estado de El Salvador a iniciar negociaciones bajo una concepción criminológica positivista y, solicitando la cooperación de la OEA en ese sentido, buscando un ambiente político internacional, que le sea ventajoso y, no un trato directo con los Estados Unidos, en donde, su Gobierno, considera a las Maras, como un problema de criminalidad internacional y por consecuencia, de Seguridad Nacional y Hemisférica

La OEA,  por medio de su Secretario de Seguridad Multidimensional, Adam Blackwell – diplomático canadiense- afirma que la estrategia de “mano dura”, no ha dado los resultados requeridos, por lo cual, es necesario, para resolver el problema, que haya un “consenso nacional”,  que logre la reinserción de los pandilleros a la sociedad. Bajo este contexto, se ve que la OEA ve el problema de las Maras, como un conflicto entre dos poderes  y no, del Estado contra el delincuente que viola la ley. Esto es por que el conflicto de poderes, implica un acuerdo interno de paz entre las partes (Gobierno y Maras), con el aval de la comunidad internacional, mientras que si lo viésemos como un problema estrictamente delincuencial, tendría que tratarse por medio de políticas criminológicas, aplicables al delincuente, sin que éste participe en la planeación y discusión del problema, pues está sujeto a la soberanía del Estado, y el delincuente carece de derechos políticos necesarios y, esto último, es lo que verdaderamente ve y siente el ciudadano salvadoreño.

Los analistas del problema de las maras (pandillas) en los Estados Unidos, reunidos en Washington, vieron claro que, la solución al problema: es la “reinserción” del pandillero a la sociedad del país donde habita, lo cual implica el pleno sometimiento del individuo a la ley  y a la autoridad que la representa. Debe el pandillero reinserto, tener el convencimiento de que su sometimiento a la ley, es la mejor condición de vida y la mejor manera de relacionarse con los demás seres humanos. Pero los analistas están consientes,  de que las Maras saben que poseen un poder (físico y económico) y que éste, puede ser usado como factor de negociación, lo cual significa un riesgo, pues no se puede reinsertar a las Maras, como grupos, sino a individuos. Pues de lo contrario, existiría un peligro para la sociedad, pues existirían dos poderes sujetos a un equilibrio: el de las Maras y el del Gobierno, lo cual se plantea veladamente el la figura de los “Municipios Santuarios”.

El  la reinserción de las Maras, como grupo, implicaría tres peligros: primero, la legitimación de grupos delincuenciales, segundo, la existencia de un poder paralelo al del Estado, cuyo equilibrio fácilmente podría romperse en detrimento del Estado y, tercero, que la economía nacional, tendría una nueva carga, la cual tendría que ser forzada por el Estado, y el ciudadano común, tendría que cumplir con la Mara y con el Estado, lo cual derivaría en un conflicto de proporciones inimaginables, pues habría una disociación cultural.

Esto nos obliga a considerar algunos aspectos criminológicos de las Maras. Los inmigrantes salvadoreños que no pudieron o quisieron adaptarse a las normas de vida norteamericana, se agruparon con el propósito de resolver los problemas que el ambiente les presentaba. Así aparecieron las pandillas de la calle 13 y la calle 18, en la Ciudad de los Ángeles.

El conflicto armado en El Salvador, de los años 80´s, que provocó tal migración, no es responsable de los 8,000 pandilleros existentes en los Estados Unidos, pues estos,  son una ínfima parte de los casi dos millones de salvadoreños  (residentes legales e ilegales, ciudadanos norteamericanos  por naturalización o nacimiento) que existen en los Estados Unidos. La visión de los Homies Unidos (agrupación de pandilleros que pretende la reinserción o socialización de los mismos mediante la explicación de su condición) dice: “La violencia económica, social y política, todo ello contribuye a un ciclo de violencia que ocurre con los individuos, las familias y las comunidades. Homies Unidos reconoce que este ciclo de violencia no es la enfermedad en sí, sino un síntoma de las grandes desigualdades sociales, culturales y económicas que se producen a nivel local como global. Si tratamos tanto el síntoma y la causa de la enfermedad, entonces es posible crear una sociedad sana apacible.”

Esta explicación de la razón de pertenencia a la pandilla, queda desvirtuada por dos razones: la relación de salvadoreños que han adoptado la forma de vida norteamericana: en Estados Unidos por cada 250 salvadoreños honrados existe un pandillero y, si vemos esta relación en El Salvador,  encontramos que por cada  183.33 personas honradas existe un pandillero. Y si para terminar, contabilizamos que en los últimos siete años, las Maras han dado muerte a 29,000 personas, un número mayor que las ocasionadas durante el conflicto armado en igual tiempo, podemos concluir que son una fuerza que ha rebasado el poder del Estado, pero que por su naturaleza anti social, es imposible conciliar su visión, con la del ciudadano común.

Otro punto a destacar, es que con la idea de los Homies Unidos, surgen nuevas estrategias delincuenciales: la primera es la del uso de la protección que da la ley a grupos sociales, con la finalidad de evadir la aplicación de la misma ley, porque tenemos la utilización de menores para sicariato y, de los mismos, en acciones criminales de la pandilla, contra la sociedad (realización de extorsiones, cobro de las mismas, ubicación de personas y acciones de inteligencia) y en los casos de que los menores fuesen ineficaces, emplear a personas de la tercera edad, para tales labores, obligándolas por medio de la amenaza, a realizar actos contra su voluntad. Además, incursionan en el tráfico de drogas, armas y personas, con la finalidad de obtener mayores utilidades y dominio constante sobre los territorios donde se encuentran.

Este nuevo proceder de las Maras, es contrario a lo establecido en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo contra la trata de personas), complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). Y últimamente tenemos Las Consideraciones en Materia de Trata de Personas desde la perspectiva del Derecho de los Refugiados y el Mandato del ACNUR (Segunda Reunión de Autoridades Internacional Nacionales en materia de trata de personas (OEA) de marzo de 2009, Buenos Aires, Argentina). Esta normativa internacional pretende evitar que personas vulnerables (menores, mujeres y ancianos) sean substraídos de la protección que les debe la autoridad de cada país, y que queden en desamparo, siendo aprovechada su vulnerabilidad, por personas que en ellos ven una forma de lucrarse o evadir la ley.


También hay  que destacar que la práctica de exigir “renta” (extorsión o protección), ocasiona que la persona que no tiene la capacidad de pago, para preservar su vida,   migra internamente o, hacia otro país, por lo cual debe de considerarse, tal migración, como  forzada, la cual junto al hecho de entrenar y proporcionar armas a menores para sicariato, constituye actos contrarios al Derecho Internacional Humanitario y señalados como delitos de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.


La actitud del marero o pandillero, constituye una filosofía de vida, la cual se  ve reforzada por su entorno dentro de la mara, pues existe una dependencia de vida, en todos sus aspectos, hacia la misma, lo que hace extremadamente difícil, que éste, el marero, la abandone, pues a la salida de la mara, se le aplica la pena de muerte. Una negociación con las cúpulas de las estructuras pandilleriles, refuerza la estructura y cohesión de la misma.


La discusión no es si el pandillero, como persona, puede o no,  ser reinsertado dentro de la sociedad, pues está claro que, si abandona la pandilla, acepta la convivencia social normal, será aceptado por la sociedad misma, pero la cuestión es que la propuesta de la pandilla, es que se les acepte como grupo, y esto se ve claramente, cuando los delegados del Gobierno, General David Munguía Payes, Monseñor Colindres y Raúl Mijango, se hacen eco de la propuesta y proponen la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, con la cual se pretende combatir a las “maras” y grupos ilegales armados, así como a quienes las financian. Esta ley, dentro de un contexto estrictamente práctico, adolece  para su aplicación, del problema de que es necesario probar que se pertenece a las Maras, pero con una negociación como la que se está dando, la ley tiene que aplicarse. Esta ley, es para combatir la estructura delincuencial de la misma, pero aún así, permite que el pandillero sea reinsertado en la sociedad, si es su voluntad y llena las condiciones requeridas.

Este impedimento legal para que el Gobierno continúe con su plan de negociación, iniciado desde junio de 2009, involucrando a la OEA el 2010 y pretendiendo que es la nación en conjunto, la que lo pide, el 2012, es decir, que es un clamor popular, obliga a examinar todas las aristas de este problema, pues las Maras, ahora han visto que pueden obtener un beneficio de la sociedad, por sus actos delictivos, lo cual es inmoral y atentatorio contra los Derechos Humanos.

No puede admitirse una negociación con quien ofrece como única carta, la capacidad de cometer crímenes,  cuando existe una relación de 30,000 pandilleros contra 5,500,000 habitantes, privilegiando a los primeros por sobre los segundos.