Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La Cucaracha, ha sido un
tema musical, del folklor español, peyorativamente aplicado en México, a los
franceses invasores y a los dictadores, en la Revolución mexicana, en su
versión moderna, se la dedican al dictador Victoriano Huerta.
Victoriano Huerta, presidente
de México de 1913 a 1914, luego de su Golpe de Estado, sufrió burlas, por su
adicción al alcohol y la mariguana y habiendo asumido el poder, por un Golpe de
Estado, su legitimidad, legalidad y gobernanza, se sustentaba en la fuerza, por
lo que se refieren a él, como la cucaracha, que habiendo perdido sus patas
traseras, aún se mueve y baila.
Las tropas
revolucionarias de Francisco Villa, entonaban esta canción para cuestionar la
legitimidad del Gobierno de Huerta y burlarse, de sus adicciones. La Cucaracha,
permite reflexionar sobre las consecuencias y efectos del “funcionario de
hecho”, o que ejerce un cargo público, pero con potestad cuestionable, porque
se pone en entredicho, la legalidad de su cargo y la validez de sus actos.
La candidatura
inconstitucional de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, no pudo ser legitimada por las
credenciales otorgadas por el Tribunal Supremo Electoral, pues no ha habido una
aceptación pública general, porque el Régimen de Excepción, la impide, y al no
haber aceptación o rechazo popular, sólo la sostiene el ejercicio de la
coacción del Estado.
Una abstención del 78.15%,
solo puede interpretarse como rechazo o inconformidad con el sistema, que ha
emitido las credenciales de las autoridades electas, por lo que, ni aún
formalmente, puede presumirse su legitimidad, luego de un “fraude
institucional”, para obtener dichas credenciales.
El “Régimen de
Excepción”, garantiza que la inconformidad política no pueda expresarse, pero
el incumplimiento del pacto con las pandillas, sí se esta manifestando, en un
aumento de los homicidios, extorsiones y demás actos delincuenciales contra la
población, que en definitiva, son un reto, a la autoridad electa.
El Gobierno, pese a no
tener legitimidad, aún se mueve y baila, o sea que funciona, pero la cuestión
es ¿cómo y con qué fin?, pues ya se habla de una nueva Constitución que
perpetue el triunfo de estos funcionarios y sus nuevos proyectos, que afectarán
la propiedad privada y la libre iniciativa. Se rumora que, bajo el pretexto de
preservar el interés público, deben desaparecer las garantías individuales,
incluyendo la libertad de culto y asociación. Vale notar que, en el último año,
no ha habido participación de los funcionarios ´públicos en actos religiosos y
que ya hay presiones sobre la Iglesia Católica y las demás instituciones evangélicas,
en cuanto a la libertad de estas, en su función social.
Todo lo realizado por la
presidencia, está bajo el concepto del “funcionario de hecho”, pues trasladar
millones de Bitcoin y la compra de los mismos, es un acto de Gobierno y su
traspaso a cuentas privadas, sin la debida auditoria y fuera de las normas para
el manejo de dineros públicos, puede considerarse como peculado, o cualquier
otra tipificación de delito contra la administración pública.
La Doctrina
administrativa francesa, no considera las actuaciones del funcionario de hecho,
pues éste, es un instrumento de la Ley y por la Ley, pero la jurisprudencia nos
dice que los actos del funcionario de hecho, pueden considerarse válidos, por
la institucionalidad, si considera que dichos actos, están enmarcados por la
Ley y, declararlos inexistentes, si han ido contra la Ley y el interés público,
por lo que seguramente, en algún momento, todos los actos de la presidencia,
serán revisados conforme al Derecho y al debido proceso. Esto será cuando la
Cucaracha deje de bailar o, se quiebre su único apoyo, la fuerza.
Enrique A. Madero y José María
Pino Suarez, exigieron un retorno a la Constitución y derrocaron a Huerta, y se
revisaron sus actos de Gobierno, teniendo que morir en el exilio.
