PROFUNDISANDOSE LA CRISIS

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 21 de febrero  2016.

Desde las reformas, agraria y bancaria de principios de los años 80´s, no se había visto la solidaridad social  contra el Gobierno,  que en aquella época, evitó la reforma urbana. Tal cohesión social, permitió detener las reformas democristianas y evitar del FMLN, su rápido ascenso al poder, el cual hubiese sido inevitable, aún con la ayuda militar norteamericana. Hoy vemos también dicha solidaridad, pero con más amplia unión: alto empresariado, trabajadores, sindicatos (de izquierda),  veteranos y oficiales en situación de retiro. En la crisis actual hay una comunidad de ideas  y sólo falta que las partes, coordinen sus acciones. Para que no se hagan acciones conjuntas, el Gobierno confía en la natural desunión y comodidad de la  Derecha; y además, espera en poder comprar a algunos sectores, y Diputados, para resquebrajar una posible integración opositora.

El Gobierno pretende  disponer de 4,000 millones de dólares para sostenerse hasta el 2018 y poder preparar su plataforma electoral, para el 2019. Con tal propósito y como segundo paso, viene la reforma bancaria, para segmentar las estructuras económicas y, por último, la vuelta al Colón, para poder canalizar las remesas en dólares al BCR teniendo así, pleno control monetario. Sin embargo, por lo interrelacionado de las distintas AFP con las aseguradoras y éstas,  con la banca y las Casas Corredoras de Bolsas, traería dicho cambio, el colapso del sistema económico,  el cual el Gobierno espera, compensarlo con la inyección constante de efectivo sin respaldo.

Un colapso de este tipo, crearía el caos económico nacional, hundiéndonos en una crisis peor que la venezolana. Por esta razón la alarma se ha dado en todos los sectores, que ven sus intereses irremediablemente afectados. Llama la atención que ha causado alarma hasta en los inversionistas bancarios extranjeros,  que habitualmente se mantienen al margen de las políticas internas; hoy, sin embargo, tal aislamiento, ya no es posible,  pues perderían sus inversiones en El Salvador. Por su parte, el Gobierno divulga los nombres de los inversores nacionales y extranjeros, para atraer hacia ellos el repudio público y, señalarlos, como potenciales blancos para el crimen organizado.

Gracias a  las ofertas no cumplidas por parte del Gobierno y, a la insistencia del procurador de los Derechos Humanos, se ha logrado despertar entre la veteranía de la Fuerza Armada, el espíritu de cuerpo, ya cohesionado, por la amenaza de ver extintas sus exiguas pensiones, por la quiebra del IPSFA. Ahora vemos en las calles a los soldados veteranos junto a los ex combatientes del FMLN, todos exigiendo sus derechos y promesas incumplidas, frente al actual Gobierno. Vemos al cuerpo de Generales, en situación de retiro, en representación de las distintas organizaciones, cerrando filas en derredor se sus compañeros perseguidos por el Estado.

Salvador Sánchez Cerén prometió, en privado, no proceder a las capturas de los militares requeridos por España, ni promover ningún proceso contra militares, por hechos durante el Conflicto Armado,  pero no obstante, personalmente da la orden para su detención y alienta a investigar los actos de guerra de la Fuerza Armada para una futura judicialización. Esta veleidad, ha caracterizado  todos sus actos como Presidente: ofrecer y no cumplir, agravando las situaciones ya complicadas de por sí. Otro ejemplo,  es el del magisterio, al que  ofreció mantener los presupuestos para su funcionamiento, pero aún no lo ha hecho; ganándose el descontento de treinta mil maestros, alumnos y padres de familia.

Es tal la presión social para evitar que 4,000 millones sean tomados por el Gobierno que el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, ha amenazado con que si no obtienen ese dinero, procederán a retornar al Colón,  acto que depende exclusivamente, del Ejecutivo y que agravaría aún más, la situación económica  sin aliviar la situación del Gobierno, a un mediano y largo plazo, pero buscaría evitar que las inversiones sean canceladas, a no ser que paguen  un alto costo de oportunidad, el cual enriquecería a los funcionarios públicos y, sobre todo, dañaría  al inversionista y al ahorrante común.

Sólo la solidaridad social manifestada en un frente común y con el propósito firme de mantener las instituciones que defienden sus intereses, puede salvar al país, de la grave crisis que se nos avecina.