Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 29 de
noviembre de 2016.
Muy arraigada está en
la comunidad internacional, la creencia de que son necesarios nuevos Acuerdos
de Paz o Pacto de Nación, debido a la polarización política actual y, a la
incapacidad del Gobierno, para controlar a las pandillas; sin embargo, cabe preguntarse
¿Qué se negociaría en relación con la estructura Constitucional, creada en
1992? Pues sólo la libertad económica y el sometimiento del Estado, a una
fuerza superior: la de las pandillas.
Todo el esfuerzo
político y constitucional desde 1992, ha tenido por objeto crear una estructura
y vigencia del Estado de Derecho, para lograr el Estado Social de Bienestar (Wohlfahrtsstaat), teniendo como fundamento constitucional, los
artículos 1, 2 y 103 de nuestra Constitución, los cuales aseguran la supremacía
del Estado, en beneficio del individuo y, el derecho de éstos, a gozar en plena
libertad económica, el fruto de su esfuerzo.
El Gobierno ha
pretendido interpretar la “función social”, sólo en su significado excepcional:
la capacidad del Estado para disponer de los bienes privados y, poder cumplir
su función pública y no, la amplia y conveniente a la sociedad: generar riqueza
particular que, en conjunto, sostiene la economía nacional. La interpretación
del Gobierno, considera la riqueza particular, como objeto a distribuir entre
las pandillas, para que puedan satisfacer sus necesidades, considerándolas no
como delincuentes, sino como una fuerza política de la que podría disponer.
Si sobre temas
económicos, se celebrase un nuevo “pacto de nación” o Acuerdo de Paz, se
alteraría el orden constitucional y se debilitaría el Estado de Derecho,
haciendo imposible aspirar a estadios superiores de bienestar social. Para
cualquier consideración, el primer requisito es el sometimiento de las
pandillas, pues conllevaría la superioridad del Estado y cumplimiento del
Estado de Derecho; de no ser así, el Estado y las pandillas serían equivalentes
en su poder: no puede haber en consecuencia, acuerdo, sin sometimiento de las
pandillas al Estado.
La percepción de que
existen dos fuerzas en conflicto, sosteniendo una polarización ideológica, ha
sido creada por una maniobra del Gobierno y, en la cual ha caído ARENA, pues al
asistir su Presidente, para negociar con el Presidente de la República y el
Secretario General del FMLN, formando una comisión bilateral, han roto la estructura política del país, aceptando
que la Asamblea Legislativa sea formalizadora de los Acuerdos alcanzados en
Casa Presidencial, por un bipartidismo. Los acuerdos formalizados mediante
Actas de entendimiento, pasan de lo fáctico, al orden constitucional y, lo
constitucional, queda relegado a un formalismo.
Se ha transformado el
FMLN, de “partido en el Gobierno”, a “Gobierno” y, ARENA, de oposición, a “estructura
paralela de Gobierno”, sin tener las atribuciones ni la fuerza correspondientes. Esta
transformación, forzada por el Presidente, crea una polarización política que sale
de su esfera natural, creando el escenario que justificaría, nuevos Acuerdos de
Paz, los que darían al FMLN, el alcance de sus objetivos económicos, planteados
dentro de sus propuestas del pasado conflicto armado. De igual manera, se legitimaría
una fuerza ilegalmente armada, y que serviría a quien tuviese mayor capacidad
para manipularla satisfaciendo sus intereses, en detrimento de la seguridad
del área centroamericana.
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