Observamos muchos actos
gubernamentales que, sin ser delitos sí, son inmorales o reprobables por la
sociedad, en mayoría relacionados con el abuso de los fondos públicos:
nepotismo, indebido uso de los recursos del Estado o, abuso en el ejercicio del
poder.
La sociedad ha sufrido
degradación en su moralidad, valores cívicos y conciencia de los principios de
Buen Gobierno, con que debe actuar todo
funcionario público. La pérdida de estos valores, tiene origen en el conflicto
nacional internacionalizado que sufrimos,
pues se rebasaron los principios sociales
occidentales y, se cometieron Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra.
Los fusiles callaron,
pero la concepción militar estratégica del conflicto, aún subsiste, al igual
que los objetivos ideológicos, localmente planteado; sólo cambiaron los fines geoestratégicos
mundiales, que fueron asumidos regionalmente, por el Socialismo del Siglo XXI, Aspecto
este, irrelevante para el ciudadano, aunque, sin percibirlo, le afecta directamente, pues sus diarias
necesidades de supervivencia, ocupan todos sus sentidos, haciendo de ello, el
centro de su actividad.
Vemos cómo los
funcionarios del FMLN tienen tres y hasta cuatro sueldos públicos, en la medida
que le sirven a su partido y, en esa medida, escalan puestos con mayores
prestaciones. Vemos como, los familiares del Presidente, Vicepresidente de la
República y sus ministros, desempeñan puestos públicos, con salarios arriba de
$5,000.00, alimentados dichos sueldos, con el dinero de las pensiones. La
Inteligencia del Estado es para el espionaje político y no para combatir las
amenazas a la Seguridad Nacional. Aumenta en la Asamblea Legislativa, el clientelismo político.
Para cubrirse, están siendo controlados por el mismo Gobierno,
los distintos entes contralores del Estado.
¿Quién va a denunciar ante el Tribunal de Ética Gubernamental a Salvador
Sánchez Cerén y a Oscar Ortiz, por haber nombrado a sus hijos esposas y nietos
en cargos públicos?, cuando el Presidente de dicho organismo fue, en la
insurgencia, su subalterno y hoy, es su subalterno
partidario.
Tampoco puede operar la
Corte de Cuentas de la República, cuando la Presidente proviene del PCN y por
tal motivo estaría inhabilitada, pero
no, por el contrario eso le da la idoneidad
necesaria para ingresar dentro de la estructuración de impunidad partidaria.
Tampoco puede operar ya la Fiscalía General de la República, pues el volumen de trabajo es nulificada por
una congestión de trabajo.
Si vemos la situación
actual de impunidad, se ha señalado de corrupto al que no lo es y, se da, baño
de pureza, el corrupto. Fue origen de la presente corrupción: fue el conflicto
armado, los mismos que dirigieron el conflicto contra el Estado, están hoy en
su Gobierno, con una impunidad de casi
cincuenta años.
Ya se les denunció por
Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad: asesinatos selectivos, uso de
menores y de minas, asesinatos de Alcaldes y funcionarios públicos y, todo
sigue igual, poro se vuelca la atención
pública y judicial, hacia quienes ya no tienen poder. El empleo de la Justicia
Transicional, en procesos contra personas ya sin poder político,
es auténtica venganza y manipulación política y económica de la misma,;
los procesos deben ser contra quienes poder y lo mantienen en un ejercicio presente
de corrupción, si queremos pasar del Autoritarismo a la Democracia.
Antes se asesinaba,
hoy legalmente, se roba y extorsiona, se transa con la justicia y la ley. Ante la corrupción generalizada los
diferentes grupos sociales piden justicia: el mecanismo del Estado, protege al corrupto y
calla al denunciante. Debemos que buscar
justicia presente en hechos del pasado; hasta que la impunidad desaparezca, podremos dar al país un futuro de progreso y
sana convivencia.
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