Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
La estatización del agua es la finalidad de la campaña
“no a la privatización del agua”. Hasta hoy y desde 1859 (fecha de promulgación
del Código Civil) el agua es un bien nacional: puede ser usada a discreción,
por todo habitante que la desee y necesite. Por causa de la ineficiencia del
ANDA y la corrupción en la planificación urbanística estatal, el Estado está
reclamando mayor dominio del agua, lo que le daría un control absoluto sobre la
industria y la producción agrícola. En apoyo de los manifestantes, el
Presidente electo envió una muy peligrosa señal que sólo puede augurar el
principio del caos
El Art. 576 del Código Civil dice; “Los ríos y todas
las aguas que corren por cauces naturales, son bienes nacionales de uso público”.
Quiere decir que todo salvadoreño puede usar el agua, de acuerdo a la legislación
de avenamiento pertinente; sin embargo, la tendencia es a crear un ente
centralizador, que regule todo uso del agua:
significa que todo particular que extraiga agua de un poso, aunque hecho
por él, o tome agua de un rio, tendrá que hacerlo previo permiso y pagando el
aforamiento respectivo, lo cual provocara encarecimiento, en la producción
agropecuaria e industrial. En consecuencia, se verá afectado el consumo humano
del agua.
La industria del agua embotellada ha sido necesaria,
por el deficiente servicio del agua brindada por ANDA (fundada en 1961), pues
en muchos casos la calidad del agua servida, la hace impropia para el consumo
humano. La ineficiencia de ANDA como ente estatal, ha agravado el problema del
consumo de agua en un país, golpeado por el cambio climático.
El país sigue una tendencia hacia el socialismo, en la
cual, la iniciativa privada se ve cada vez más restringida, creciendo el poder
estatal; en dicho proceso, florecen la corrupción y el poder de los partidos
políticos, que se venden a conveniencia.
La ley de Ley Especial de Protección al Patrimonio
Cultural de El Salvador, despoja al propietario de su dominio: sólo le deja la nuda
propiedad, restringiéndole de tal modo, que ya no puede decidir sobre sus
bienes. Lo mismo sucede con la Ley de Ordenamiento Territorial, la cual da a
las Municipalidades, la potestad de decidir sobre el uso del suelo, de acuerdo
con la Secretaría Técnica de la Presidencia. Esto es porque las leyes no son “incentivas”
sino “restrictivas”: que restringen la
conducta, no promueven la libre iniciativa. Es un largo, pero seguro camino
hacia el socialismo, en el cual se extingue la iniciativa privada, que promueve
el desarrollo nacional.
Los eventos del día miércoles 20/3/2019 en el que la
turba, ataco a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia, Nayib
Bukele exige la libertad de los capturados; fue muy mal mensaje: augura que gobernará con acciones de calle y
no con la concertación democrática. Por otra parte, puede preverse que actué como
liberal y leal a Estados Unidos en las relaciones exteriores y socialista
populista en el país, lo cual es insostenible en términos de desarrollo.
La protesta de ayer, dirigida por la Universidad
Nacional y su reacción negativa para con la fracción del FMLN, muestra que éste
ya no tiene control sobre la masa, hoy la tiene Bukele, con los mismos
principios del FMLN guerrillero. Pedir la libertad para los detenidos con
amenaza contra la PNC, es violación expresa del Art 164 de la Constitución, e
indica rompimiento de la institucionalidad. Y si a tal proceder, le sumamos la
tendencia socialista, el país muy difícilmente, podrá alcanzar las metas de crecimiento
económico, tan necesarias para el bienestar de los salvadoreños.
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