Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Las reformas constitucionales permitirán la
consolidación de poder que pretende Nayib Bukele, para dar al Estado, la forma
que le sea favorable a su estructura de poder. La oposición, no puede actuar,
pues está siendo sistemáticamente destruida en los medios, anulado su financiamiento,
y con los distintos procesos contra la corrupción, destruyendo a personas a
instituciones, para luego ir en contra de las ideas que sustentan el Estado de
Derecho, la República y la Democracia.
Esperar que estos cambios podrán ser revertidos en las
elecciones del 2024, es pura ilusión, pues el objetivo, es la destrucción de
toda estructura opositora, sea esta política o económica.
Las reformas a la Constitución no son tales, pues
cambian su espíritu, forma y procedimientos:
de democracia republicana y representativa, vuélvese sistema
presidencialista republicano, basado en la democracia participativa, con pleno
control del Estado sobre el poder de decisión individual y, de la economía,
convirtiéndolo en un sistema político y económico dirigido, típico del
autoritarismo
La nueva constitución ofrece varias contradicciones,
siendo la primera, en su exposición de motivos: llama a la unidad
centroamericana y luego, no lo desarrolla en ningún artículo, salvo en la
necesidad de un referéndum, para la integración centroamericana en su forma
económica, poniendo en riesgo la estabilidad de Centroamérica.
Este proceso desestabilizador, ya lo ha iniciado Nayib
Bukele, con la subvención de Nuevas Ideas en Honduras y Guatemala, utilizando
para ello, fondos destinados a la pandemia, explotando los resentimientos
contra los gobiernos hermanos, en una injerencia muy clara, que espera, si
alcanza a fructificar, poder tener la influencia necesaria a su favor, es una
nueva forma de expansionismo, a costa de donaciones, préstamos e impuestos.
En la propuesta de Constitución, el centro es el
Estado y en su derredor, giran el individuo, su actividad y bienes. En la
Constitución actual, el individuo es el centro de la actividad del Estado. Este
cambio, convierte al Gobierno en el centro del Estado, al que podrá dirigir a
conveniencia. Las garantías constitucionales, dependen de la voluntad del
Gobierno y no de los derechos manados de la Constitución y, garantizados por el
debido proceso, dentro de la institucionalidad nacional.
Las investigaciones desde la Asamblea, sobre los
sobresueldos y ONG´S, es parte de la publicidad gubernamental, para generar en
la oposición, un proceso sicológico, denominado “indefensión aprendida”: que la
oposición piense en su “culpabilidad” y admita el “castigo social”, en total indefensión.
Es evidente que las comisiones poseen más información de la que dicen tener y
la deforman en un teatro público, que asemeja un “juicio popular”, y que sirve
de ejemplificación, como lo fueron la tortura, el cepo o la ejecución pública y
no, la de una verdadera investigación institucional. Así, quien no participó en
los gobiernos anteriores, pero que tiene ideología antagónica al presente Gobierno,
piensa sobre las consecuencias de su participación actual: si participa, apoya
la corrupción e inmoralidad y, si participó, tuvo que lucrarse y será castigado
en el futuro.
Las reformas, en su parte medular, confunden garantías
constitucionales con derechos sociales, situación que sólo puede ser concebida,
en un Estado socialista, pues los Derechos, según lo vea el Gobierno, dependen
de las necesidades de la colectividad. Los bienes, estarán en función social,
lo cual es conforme a esta forma de gobernar.
La pregunta es ¿la oposición reaccionará, o esperará a
que sea en las próximas elecciones en del 2024? Las reformas constitucionales, plantean
que el período presidencial será de seis años y no cinco, pues al entrar en
vigencia, Nayib Bukele, podrá acogerse a esta disposición y, ampliar su
mandato, sin elección alguna.
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