Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La “Ranfla Nacional” de la MS 13, compuesta por sus
líderes máximos hoy en prisión y reclamados por Estados Unidos, por terrorismo.
Son un Grupo de “extraditables”, que utilizan el aparato del Estado, para
evitar su deportación, lo cual induce a la pregunta ¿Por qué El Salvador se
niega a extraditarlos?
El artículo intitulado “¿Pacto entre MS13 y gobierno
de El Salvador detuvo temporalmente las extradiciones a Estados Unidos?”,
publicado por InSight Crime el 1 de julio de 2021, responsabilizado por Steven
Dudley y Carlos García, da algunas respuestas. Es de notar que la entidad que
publica este artículo, tiene como objetivo el estudio del crimen en Latinoamérica,
mediante el periodismo investigativo y la cooperación académica, por lo que sus
exposiciones, buscan la rigurosidad científica, y ya tienen varios artículos,
sobre este tema.
En síntesis, se plantea a la mara como una realidad
política: el pacto de la MS 13, con el Gobierno y que su naturaleza trascienda
de mera acción criminal, a una organización social, que utiliza la violencia,
como su forma normal de proceder, sin llegar a considerársela organización
terrorista, similar a Hezbolá o Al Qaeda. El estudio “La Norma a la Luz de la Fisiología
Humana”, de mi autoría, llega a conclusiones similares.
Sin embargo, sus actos hoy, en El Salvador, son
políticos, desde el momento en que tiene la capacidad de obligar a la Fiscalía
y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a resolver en su favor, por
el poder que ejerce como organización social, sobre el sistema político.
Otro factor a considerar, es que en sus territorios,
ya se “imparte justicia”, como ya lo ha expresado el analista Jorge Villacorta,
lo que indica, ausencia de autoridad del Estado, lo que solo ha sido posible, por
abandono de la influencia ejercida por el Gobierno, por exclusión, ante la
estructura social de la mara o, porque la de ésta, es superior a la ejercida
por el Estado o, por la existencia de un pacto Gobierno-mara, lo que presenta
una nueva realidad política, que se le impone a la población.
En entrevistas de funcionarios, refiriéndose a la desaparición
de dos hermanos, se reconoció el control que ejercen las pandillas, sobre la
población, afirmando esta nueva realidad política, que el Gobierno pretende
ocultar mediante distractores.
El beneficio a las maras, que da el Gobierno, es por
medio de los múltiples programas sociales destinados a sus territorios y, por
los beneficios concedidos en las prisiones. Una tibia represión policial,
aunado a una acción ineficaz de la Fuerza Armada, permiten dar la apariencia de
un combate a las maras, pero ineficaz, sufriendo sus consecuencias los
estamentos de menor rango de la PNC y soldados.
Una extradición de los cabecillas de las pandillas,
pudiera enviar el mensaje de ruptura del pacto Gobierno-mara y generar una
nueva lucha de poder entre las pandillas, lo cual dejaría en evidencia el
pacto, o la zonificación de la mara.
La razón del pacto Gobierno-mara, ha sido la
influencia política para las elecciones: garantiza, no sólo el voto, sino la
obstaculización del contrario en el terreno y, los beneficios gubernamentales
que se pueden ganar, para las comunidades controladas por la mara. Esto también
cobra sentido al relacionarlo, con la desaparición del ISDEM y el FISDL, la
disminución del FODES, para que una nueva institución, controle los proyectos
municipales, así estos podrán ser otorgados, según lo que convenga
políticamente, a la exigencia de la mara, ocupando las alcaldías como cubierta.
El pacto Gobierno-mara, nos aleja cada vez más, de los
países democráticos y el salvadoreño es ganado que alimenta al Gobierno y a la
mara.
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